El campo espera alcanzar la segunda mayor cosecha de la historia en esta campaña
Entre todos los granos sumarán 140,9 millones de toneladas, 7% más que en la anterior; las exportaciones crecerán en US$1500 millones
Fernando Bertello
Si el clima acompaña en los próximos meses, la primera campaña agrícola completa con el gobierno de Javier Milei se encamina a ser la segunda más importante de la historia en volumen, según una estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario y de la consultora Agritrend, que consideraron para el cálculo todos los granos producidos en el país. El ingreso por exportaciones, en tanto, afectado por menores precios de los granos y lejos del récord de 2021/2022, estará en el top 3 de aquel ranking. Dejará US$1500 millones más que el último ciclo. Por su parte, una bolsa de cereales que toma solo seis complejos productivos prevé que la cosecha sea la cuarta en relevancia de todos los tiempos y la tercera en aporte de dólares.
Esa es la foto general que adelanta hacia 2025 el campo, cerca de cumplirse un año de Milei en el poder. Y que tuvo para el sector, hasta el momento, la quita de trabas para exportar, el fin de regulaciones burocráticas, una remoción de retenciones a la leche y la carne porcina y una rebaja leve de ese impuesto para las carnes vacuna y aviar. Pero que todavía no da el premio mayor anhelado por los productores: la eliminación de los derechos de exportación para los cultivos de mayor importancia en volumen, como la soja, el maíz y el trigo. Son los productos también de mayores ingresos para los productores.
Según los expertos, la producción en general viene estancada y los movimientos que se explican entre años se dan más por cuestiones climáticas que por un despegue sostenido. Para muchos las retenciones son limitantes en esa carrera. En especial donde, advierten, los números son negativos en planteos en campos alquilados.
“Para 2024/25 se proyecta una producción total de granos que pueda alcanzar los 140,9 millones de toneladas, un aumento del 7% respecto de los 131,6 millones de toneladas de la actual campaña, 2023/24”, dijeron en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ante una consulta . “Eso sería tomando un rinde normal; será clave en este sentido lo que ocurra con el clima en el verano”, aclararon en la entidad. En rigor, enero y febrero se presentan como decisivos en el calendario de la campaña que se está sembrando ahora. Son meses en los que no debe faltar el agua. A esto se pueden sumar imponderables que al interior de una región pueden golpear, como los temporales con granizo registrados en los últimos días.
En septiembre pasado, en una primera suerte de “boca de urna”, la BCR calculaba 143,2 millones de toneladas, pero un ajuste sobre el maíz y el trigo ahora la hizo recortar la previsión a 140,9 millones de toneladas, que quedarían levemente abajo del récord de 2018/19 con Mauricio Macri: 141,5 millones de toneladas.
“En cuanto al impacto en las exportaciones, se proyecta que los granos y subproductos generen despachos en el próximo ciclo por US$33.600 millones, US$1500 millones más que en la campaña 2023/24”, señalaron en la BCR. Es, según su información, una cifra menor a los 41.800 millones de dólares del récord de 2021/2022 con precios altos.
En este marco, Gustavo López, de la consultora Agritrend, tiene también sus proyecciones:espera una cosecha total de 138,5 millones de toneladas, la segunda en relevancia tras el récord de 2018/2019, e ingresos por ventas al exterior por US$32.698 millones, el tercero en el podio, según su ranking, luego de los registros de US$43.786 millones de 2021/2022 y 32.800 millones de 2010/11, años de buenos precios promedio. Para 2024/25 espera un valor promedio FOB de exportación de 332 dólares por tonelada para todos los granos, levemente inferior a los US$345 promedio del último ciclo, pero a buena distancia de los US$472 de 2021/2022.
López estimó también cuánto recaudará por retenciones el Estado el año próximo: serán US$7481 millones, una suba del 7% versus 2024. Es inferior al récord de US$9992 millones de 2021/2022.
Más estimaciones
Para Ramiro Costa, economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, los productores se enfrentan en la campaña con retos productivos y económicos. Tienen que ver con las grandes cosechas en países competidores como los Estados Unidos y Brasil, pero también con el clima, los costos y los bajos precios.
“Los precios a cosecha de soja y de maíz registraron niveles particularmente bajos para la etapa de presiembra, con caídas del 15% y 7% respecto al año anterior, ubicándose además por debajo del promedio de las últimas cinco campañas”, comparó. Y agregó: “La caída en los precios, junto con una reducción de los costos de los insumos, que no fue proporcional, afectó los márgenes brutos, con un deterioro del 26% a nivel nacional en comparación con el ciclo anterior. Al incorporar los costos de alquiler, la situación se torna aún más crítica, limitando la rentabilidad de los productores”.
Costa señaló que la Bolsa de Cereales porteña proyecta una producción total de 128,9 millones de toneladas, un 2% por encima del ciclo anterior, pero un 8% por debajo del récord del ciclo 2018/19. La entidad hizo la estimación con soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo.
El experto hizo esta observación: “Desde entonces [por el récord de 2018/2019], la producción se ha mantenido en un rango de entre 126 y 131 millones de toneladas, exceptuando la campaña 2022/23, marcada por la sequía, cuando la producción se ubicó en 83,6 millones de toneladas. Más que si es la segunda, tercera o cuarta [cosecha], la cuestión es el estancamiento. El agro dejó de crecer y esos pequeños movimientos son mas explicados por clima que por inversiones”.
Costa le puso el foco a la presión impositiva: “Aunque en el último año se implementaron algunas políticas y reformas con impactos positivos, la continuidad de impuestos como los derechos de exportación sigue siendo un desafío para la competitividad del sector, limitando su capacidad de crecimiento. Al analizar las cantidades exportadas ajustadas a precios constantes de 2015, se observa que el nivel de las exportaciones se encuentra estancado, mientras que los incrementos recientes responden principalmente a variaciones en los precios internacionales”. Respecto de las exportaciones, dijo que se estima que el sector agrícola genere US$30.568 millones en la campaña 2024/25, “apenas US$292 millones más que el ciclo previo”.
Números
Para quienes tienen que enfrentar la inversión, los productores, los números no son fáciles. “La interminable caída de precios determina que algunos cultivos den rentabilidad negativa cuando se desarrollan en campos alquilados, como es el caso de la soja en el sur de la provincia de Buenos Aires, que dejará una pérdida de 28 dólares por hectárea”, advirtió un reporte de la consultora AZ-Group. En cambio, en esa zona el cultivo estrella es el girasol, con un resultado positivo de 241 dólares por hectárea, dijo.
“En otras regiones, por ejemplo, el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires, los mejores resultados esperados son para el maíz de siembra temprana y la combinación del trigo con la soja, seguidos por el girasol y, en último lugar, la soja como único cultivo, muy castigada por el bajo precio ofrecido para el momento de cosecha”, señaló.
Otros datos bastan para explicar que, en términos económicos, para los productores, los números son ajustados. Según Javier Roca, de esa consultora, el 27 de noviembre de 2023 el precio ofrecido para la cosecha de soja (mayo de 2024) era de US$330 por tonelada, un 20% mayor al de igual fecha de este año, con 275 dólares. Agregó que, en el caso del valor del maíz, el 27 de noviembre de 2023 para la época de recolección (abril de 2024) era de 190 dólares por tonelada, un 7% más alto que el que ofrecido en 2024, con 177 dólares.
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La ARCA acelera el ajuste: antes de fin de año tendrá 1600 empleados menos
Se sumarán a los 1500 que ya echó la ex-AFIP; el gasto anual del organismo se reducirá en US$100 millones
Ignacio Grimaldi
El recorte prometido en la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzará antes de lo esperado. Cuando el Gobierno disolvió la AFIP, dispuso que el fisco tenía tiempo para reestructurarla hasta el 22 de enero. Sin embargo, el cronómetro libertario aceleró y en diciembre el organismo buscará presentar su nueva nómina, con 3100 empleados menos que a principios de año.
Fuentes de la ex-AFIP involucradas en la transformación indicaron que el diseño de la reforma de la repartición estará listo en las próximas semanas para que el presidente Javier Milei lo apruebe definitivamente. “Ahí vendrá un recorte realmente grande”, anticiparon. De hecho, la semana pasada el Gobierno se mostró en la Casa Rosada con un modelo renovado de la motosierra.
En el caso de la ARCA, tal cual adelantaron, buscarán desarmar “una caja política” que, entre otras cosas, enfrenta la resistencia de funcionarios investigados por presunta corrupción, pero que siguen en planta permanente. El caso más destacado es el de el extitular Ricardo Echegaray.
La AFIP comenzó el año con 22.028 empleados, de acuerdo con cifras del Indec. Hasta el momento, el ajuste totalizó 1500 desvinculaciones y en el horizonte de la nueva ARCA asoman otras 1600 como parte de la reestructuración impulsada por el Gobierno. Es decir, la reducción de la planta que planean las nuevas autoridades para las próximas semanas será más grande que la registrada en lo que va de 2024.
De hecho, indicaron que la agencia tributaria terminará el año con un ahorro de US$100 millones. Esa es la diferencia del gasto que estaba previsto para el organismo y el que finalmente terminará erogando cuando concluya el año.
Según las cifras que se manejan en despachos públicos, “el congelamiento salarial” desde marzo pasado generó un “ahorro de $66.000 millones”. A su vez, la disminución del 16% de los cargos jerárquicos y la reducción del plus que recibían los altos mandos como directores, subdirectores y administrativos evitaron gastar otros $35.000 millones.
Esto se suma a la reducción de la Cuenta de Jerarquización, compuesta por el 0,65% del importe de la recaudación y que se repartía entre el personal de la agencia. Esto hizo que el salario de la directora de la ARCA pase de más de $30 millones por mes a unos $4 millones, según afirmó el Gobierno. Además, describió que esto también se aplicó para los directores de las áreas del organismo, cuyos ingresos superaban los $17 millones por mes. “Ahora van a pasar a cobrar sueldos equivalentes o equiparables a los que cobran los ministros o los secretarios de Estado”, explicaron en el Gobierno.
Actualmente, trabaja un tridente compuesto por Florencia Misrahi, quien fue la última directora de la AFIP y pasó a la ARCA como directora ejecutiva, y “los Andreses”, como se conocen en el organismo a los integrantes del binomio compuesto por Andrés Vázquez, designado al frente de la Dirección General Impositiva (DGI), y José Andrés Velis, que conduce la Dirección General de Aduanas (DGA). De esta manera, conviven una “vieja y nueva guardia”, que son quienes terminarán de definir su reestructuración.
Los destinos de la motosierra anunciada parecen presentar algunos indicios. “La creación de la ARCA tiene como objetivo la reducción del Estado, la eliminación de cargos innecesarios, la profesionalización del ente, la destrucción de los circuitos corruptos”, sostuvo el Gobierno. Este último punto encendió alarmas, ya que, tras los movimientos internos, podrían comenzar acciones judiciales contra personas sospechadas, aunque su desvinculación representa un obstáculo mayor.
Existen antecedentes recientes sobre casos como ese. Uno de ellos es el de Rosana Lodovico, quien fuera la primera directora de Aduanas de la era Milei. Fue removida del cargo tras una investigación judicial iniciada por un préstamo que tomó de una empresa acusada de contrabando. Pesqufueremplazada,Lodovico continúa com miembro de la planta permanente de la ex-AFIP, tal como confirmó a través de la base pública del Directorio del Estado.
En la ARCA explicaron que no se puede echar a ningún empleado hasta que no haya una sentencia judicial. La misma situación aplica para Echegaray, quien aún permanece como planta permanente. Fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión en marzo de 2022 por una maniobra de defraudación al Estado con el otorgamiento irregular de planes de pago a Oil Combustibles, la petrolera de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, quienes, en cambio, fueron absueltos. Pese a eso, la Cámara de Casación Federal les pidió a los jueces de primera instancia revisar el fallo.
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