Se dispara el gasto en alimentos y no cede la pobreza
Se usó 72,6% de la partida anual, $1821 millones diarios
Diego Cabot
Los comedores sociales, financiados por el Tesoro
Las partidas presupuestarias que el Gobierno destinó a alimentos han tomado una velocidad asombrosa, a tal punto que en los primeros 180 días consumió casi el 73% de lo previsto para todo el año. El punto crítico es que aún no empezó la campaña, cuando se afloja la billetera, y el Ministerio de Desarrollo Social tiene 27 de cada 100 pesos que presupuestó. En esa partida están la Tarjeta Alimentar y el dinero para organizaciones sociales.
Dicen que el dinero no hace a la felicidad. Otros le agregan: “Pero ayuda”. Algo así se podría decir de los miles de millones que conforman la partida “alimentos” y que por más que se amplíen, se acelere el gasto, se ponga en marcha una versión recargada del “plan platita”, pues nada alcanza para parar la pobreza en momentos de inflación de tres dígitos.
En la primera mitad del año, el Gobierno ya gastó el 72,6% del total del presupuesto que le había entregado al Ministerio de Desarrollo Social para todo el año. Es decir, en el 50% del año se consumió casi el 73% del total.
¿Una comparación más? Pues si tenía $100 para todo el año, le deberían quedar $50 para la mitad restante. Pero cuando la ministra Victoria Tolosa Paz abre el cajón de las reservas solo puede contar $27. Si a eso se le suma la inflación de los alimentos, que consume el dinero actual, pues la excandidata a gobernadora tiene un par de gasas para frenar una hemorragia.
Los datos que surgen de los registros públicos que elabora y pone en línea el Ministerio de Economía dan cuenta de que la funcionaria firmó cheques por $327.784 millones.
En ese mundo, que genéricamente se engloba en una partida llamada “Políticas alimentarias”, se cuentan principalmente la prestación Alimentar, que antes se llamaba Tarjeta Alimentar, y gran parte del dinero que se destina a las organizaciones sociales para que sean ellas quienes atiendan la enorme cantidad de comedores que administran.
“No alcanza, solo con dinero no alcanza. [El expresidente de Bolivia] Evo Morales, que fue el más inteligente de todos los populistas de la región, nunca generó inflación porque sabe que va en contra de cualquier política redistributiva”, dijo hace unos días el eonomista de Idesa Jorge Colina
Se podría hacer una gran cantidad de cálculos con aquellos números del dinero diario que se destina a las partidas de alimentos. Pero lo cierto es que por más que se intente dar respuesta a la pobreza con más presupuesto, la inflación es lo que carcome todos los ingresos, genera aumento en el precio de los alimentos y, finalmente, produce más pobreza.
Uno de los economistas que siguen de cerca este mundo es Martín González-Rozada, profesor y director de la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), además de investigador del Centro de Investigación en Finanzas (CIF). Según el monitor que determina cómo se mueve el indicador, la canasta básica total promedio de la región del Gran Buenos Aires (GBA) para el primer semestre del año se estimó en $63.985 por adulto equivalente. Esto es un aumento interanual de 115,2%. “Para el promedio del ingreso total familiar se proyectó para el semestre un incremento interanual de 87,5%. Con estos datos y la simulación de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del primer y el segundo trimestre de 2023 se proyectó la tasa de pobreza. El “nowcast” estima una tasa de pobreza de 43% para el semestre que va entre enero y junio de 2023. La incidencia proyectada es un promedio ponderado de una tasa de pobreza estimada en 40,3% para el primer trimestre de 2023 y 45,5% para el segundo trimestre de 2023”, explica en la publicación.
Vale la pena detenerse en este número. De acuerdo con la proyección del economista, el semestre terminará con 45,5% de pobreza, una cifra descomunal en cualquier contexto y más aún en el que el ministro de Economía, Sergio Massa, responsable de la política económica que es gran causa de esta coyuntura, buscará ser elegido presidente. Una rareza más de la Argentina y sus fenómenos electorales.
Cuando se mira la ejecución presupuestaria total del Ministerio de Desarrollo Social, si bien todo está pasado de gastos, el desbalance de alimentos se neutraliza con algunas partidas que tienen muy baja ejecución. De hecho, algunos de los programas ni siquiera empezaron a ejecutarse.
Para junio, los beneficiarios de lo que fue la Tarjeta Alimentar, tras el aumento del 35% otorgado en mayo, podrán acceder al cobro de un extra mensual que llega hasta $34.000 adicionales a otros planes, como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Cuando termine julio y se vuelva a liquidar el mes en curso, la cartera de la ahora candidata a diputada habrá consumido el 80% de su presupuesto. Seguramente caminará unas cuadras al Palacio de Hacienda a requerir un aumento de partidas. Y Massa, en campaña, se lo dará. Ese camino es lo que se ha dado en llamar “plan platita”.
Ahora bien, ese dinero disponible que miran los economistas que siguen el gasto también lo ven los líderes de las organizaciones sociales. Ellos también perciben que no se llega. Y como están entrenados para reclamar, lo harán. Y la 9 de Julio será un “piquetódromo”.
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El peso billonario de impuestos que no se cobran
Los regímenes especiales, como el de Tierra del Fuego, y las exenciones tendrán un costo fiscal de $8 billones
Las partidas presupuestarias que el Gobierno destinó a alimentos han tomado una velocidad asombrosa, a tal punto que en los primeros 180 días consumió casi el 73% de lo previsto para todo el año. El punto crítico es que aún no empezó la campaña, cuando se afloja la billetera, y el Ministerio de Desarrollo Social tiene 27 de cada 100 pesos que presupuestó. En esa partida están la Tarjeta Alimentar y el dinero para organizaciones sociales.
Dicen que el dinero no hace a la felicidad. Otros le agregan: “Pero ayuda”. Algo así se podría decir de los miles de millones que conforman la partida “alimentos” y que por más que se amplíen, se acelere el gasto, se ponga en marcha una versión recargada del “plan platita”, pues nada alcanza para parar la pobreza en momentos de inflación de tres dígitos.
En la primera mitad del año, el Gobierno ya gastó el 72,6% del total del presupuesto que le había entregado al Ministerio de Desarrollo Social para todo el año. Es decir, en el 50% del año se consumió casi el 73% del total.
¿Una comparación más? Pues si tenía $100 para todo el año, le deberían quedar $50 para la mitad restante. Pero cuando la ministra Victoria Tolosa Paz abre el cajón de las reservas solo puede contar $27. Si a eso se le suma la inflación de los alimentos, que consume el dinero actual, pues la excandidata a gobernadora tiene un par de gasas para frenar una hemorragia.
Los datos que surgen de los registros públicos que elabora y pone en línea el Ministerio de Economía dan cuenta de que la funcionaria firmó cheques por $327.784 millones.
En ese mundo, que genéricamente se engloba en una partida llamada “Políticas alimentarias”, se cuentan principalmente la prestación Alimentar, que antes se llamaba Tarjeta Alimentar, y gran parte del dinero que se destina a las organizaciones sociales para que sean ellas quienes atiendan la enorme cantidad de comedores que administran.
“No alcanza, solo con dinero no alcanza. [El expresidente de Bolivia] Evo Morales, que fue el más inteligente de todos los populistas de la región, nunca generó inflación porque sabe que va en contra de cualquier política redistributiva”, dijo hace unos días el eonomista de Idesa Jorge Colina
Se podría hacer una gran cantidad de cálculos con aquellos números del dinero diario que se destina a las partidas de alimentos. Pero lo cierto es que por más que se intente dar respuesta a la pobreza con más presupuesto, la inflación es lo que carcome todos los ingresos, genera aumento en el precio de los alimentos y, finalmente, produce más pobreza.
Uno de los economistas que siguen de cerca este mundo es Martín González-Rozada, profesor y director de la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), además de investigador del Centro de Investigación en Finanzas (CIF). Según el monitor que determina cómo se mueve el indicador, la canasta básica total promedio de la región del Gran Buenos Aires (GBA) para el primer semestre del año se estimó en $63.985 por adulto equivalente. Esto es un aumento interanual de 115,2%. “Para el promedio del ingreso total familiar se proyectó para el semestre un incremento interanual de 87,5%. Con estos datos y la simulación de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del primer y el segundo trimestre de 2023 se proyectó la tasa de pobreza. El “nowcast” estima una tasa de pobreza de 43% para el semestre que va entre enero y junio de 2023. La incidencia proyectada es un promedio ponderado de una tasa de pobreza estimada en 40,3% para el primer trimestre de 2023 y 45,5% para el segundo trimestre de 2023”, explica en la publicación.
Vale la pena detenerse en este número. De acuerdo con la proyección del economista, el semestre terminará con 45,5% de pobreza, una cifra descomunal en cualquier contexto y más aún en el que el ministro de Economía, Sergio Massa, responsable de la política económica que es gran causa de esta coyuntura, buscará ser elegido presidente. Una rareza más de la Argentina y sus fenómenos electorales.
Cuando se mira la ejecución presupuestaria total del Ministerio de Desarrollo Social, si bien todo está pasado de gastos, el desbalance de alimentos se neutraliza con algunas partidas que tienen muy baja ejecución. De hecho, algunos de los programas ni siquiera empezaron a ejecutarse.
Para junio, los beneficiarios de lo que fue la Tarjeta Alimentar, tras el aumento del 35% otorgado en mayo, podrán acceder al cobro de un extra mensual que llega hasta $34.000 adicionales a otros planes, como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Cuando termine julio y se vuelva a liquidar el mes en curso, la cartera de la ahora candidata a diputada habrá consumido el 80% de su presupuesto. Seguramente caminará unas cuadras al Palacio de Hacienda a requerir un aumento de partidas. Y Massa, en campaña, se lo dará. Ese camino es lo que se ha dado en llamar “plan platita”.
Ahora bien, ese dinero disponible que miran los economistas que siguen el gasto también lo ven los líderes de las organizaciones sociales. Ellos también perciben que no se llega. Y como están entrenados para reclamar, lo harán. Y la 9 de Julio será un “piquetódromo”.
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El peso billonario de impuestos que no se cobran
Los regímenes especiales, como el de Tierra del Fuego, y las exenciones tendrán un costo fiscal de $8 billones
Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– De la recaudación tributaria nacional efectiva prevista en el presupuesto en ejecución, el 20% se pierde en gasto tributario como se define al que se hace para “beneficiar o favorecer el desarrollo” de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos. El ítem equivale al 2,49% del PBI, porcentaje más bajo que en 2021 (2,79%) y 2022 (2,67%). En total, para este año, el beneficio importará entre $7 y $8 billones a moneda de hoy.
Los orígenes principales son las exenciones incluidas en leyes impositivas –casi el 73% del total– y los regímenes de promoción económica, que explican el 27%. Los datos se desprenden de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dirigido por Nadin Argañaraz. El 57% del costo total es asumido por la Nación y el 43% restante les corresponde a las provincias.
El punto ha cobrado relevancia ya que, en plena campaña electoral, los precandidatos están discutiendo temas relacionados con subsidios y exenciones impositivas. El impacto de estas políticas de Estado es importante.
Argañaraz explica que el costo fiscal global de estos mecanismos es de 20,6% de toda la recaudación tributaria nacional. El impuesto que tiene la mayor relación entre instrumento y recaudación es Bienes Personales; es significativa, por su importancia, la relación del 30% existente en el IVA, mientras que las contribuciones a la seguridad social serían las de menor pérdida de recaudación relativa (5,6%), aunque por peso en la recaudación el costo en términos de recursos es alto.
Este año las pérdidas más importantes de recaudación corresponden, principalmente, al IVA (55%), Ganancias (20,5%), combustibles (12%), contribuciones de seguridad social y comercio exterior (4% cada uno) y los impuestos internos, tres puntos porcentuales.
En lo que hace al IVA, las causas de gasto tributario más importantes surgen en alícuotas reducidas de productos primarios, con 0,3 puntos porcentuales (p.p.) del PBI; exención a las prestaciones médicas (0,21 p.p.), alícuota reducida de la construcción de viviendas (0,19 p.p.) y exención de los servicios educativos (0,11 p.p.).
Entre 0,05 y 0,1 p.p. del PBI cuentan la exención para medicamentos de uso humano, libros, diarios y revistas y la alícuota reducida a la medicina prepaga y a los productos de panadería.
La menor significación corresponde a exenciones a intereses por préstamos de bancos oficiales y para vivienda y venta de leche fluida.
En Ganancias, las exenciones más importantes son: a magistrados y funcionarios del Poder Judicial, 0,16 p.p. del producto (creció 0,04 p.p. respecto de 2021); asociaciones y fundaciones, 0,07 p.p., y deducción especial a trabajadores de la Patagonia, 0,04 p.p.
Para el impuesto sobre los combustibles, el gasto proviene básicamente de la diferencia de alícuotas aplicadas a naftas y gasoil (0,18 p.p. del PBI) y de la exención que tiene el sur del país (0,05 p.p.). En seguridad social, la reducción de contribuciones patronales por zonas geográficas representa 0,04 p.p. del producto y en Bienes Personales, la exención a los depósitos equivale a 0,02 p.p. del PBI.
En materia de gasto tributario originado en regímenes de promoción económica sobresalen la promoción económica que está vigente para aplicarse en Tierra del Fuego, con 0,35 p.p. del PBI; el que permite a las micro y pequeñas empresas computar a cuenta el 100% del impuesto al cheque, 0,15 p.p.; la actividad minera, la economía del conocimiento y biocombustibles implican entre 0,3 y 0,4 p.p. del producto.
Por debajo, con valores de entre 0,1 y 0,2 p.p. del PBI hay regímenes de promoción industrial de los decretos 2054/92, 804/96 1553/98 y 2334/06 (en su conjunto), el reintegro a los bienes de capital, la promoción a las sociedades de garantía recíproca (SGR), el régimen de fomento al uso de energías renovables y el de las autopartistas.
Rigen otros beneficios que no están incluidos en gastos tributarios. Por ejemplo, que no se difiera el ajuste por inflación impositivo representará 0,39 p.p. del PBI; la exención de Bienes Personales sobre los inmuebles rurales, 0,48 p.p., o la exención de IVA a los honorarios de directores de sociedades, 0,29 puntos porcentuales.
CÓRDOBA.– De la recaudación tributaria nacional efectiva prevista en el presupuesto en ejecución, el 20% se pierde en gasto tributario como se define al que se hace para “beneficiar o favorecer el desarrollo” de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos. El ítem equivale al 2,49% del PBI, porcentaje más bajo que en 2021 (2,79%) y 2022 (2,67%). En total, para este año, el beneficio importará entre $7 y $8 billones a moneda de hoy.
Los orígenes principales son las exenciones incluidas en leyes impositivas –casi el 73% del total– y los regímenes de promoción económica, que explican el 27%. Los datos se desprenden de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dirigido por Nadin Argañaraz. El 57% del costo total es asumido por la Nación y el 43% restante les corresponde a las provincias.
El punto ha cobrado relevancia ya que, en plena campaña electoral, los precandidatos están discutiendo temas relacionados con subsidios y exenciones impositivas. El impacto de estas políticas de Estado es importante.
Argañaraz explica que el costo fiscal global de estos mecanismos es de 20,6% de toda la recaudación tributaria nacional. El impuesto que tiene la mayor relación entre instrumento y recaudación es Bienes Personales; es significativa, por su importancia, la relación del 30% existente en el IVA, mientras que las contribuciones a la seguridad social serían las de menor pérdida de recaudación relativa (5,6%), aunque por peso en la recaudación el costo en términos de recursos es alto.
Este año las pérdidas más importantes de recaudación corresponden, principalmente, al IVA (55%), Ganancias (20,5%), combustibles (12%), contribuciones de seguridad social y comercio exterior (4% cada uno) y los impuestos internos, tres puntos porcentuales.
En lo que hace al IVA, las causas de gasto tributario más importantes surgen en alícuotas reducidas de productos primarios, con 0,3 puntos porcentuales (p.p.) del PBI; exención a las prestaciones médicas (0,21 p.p.), alícuota reducida de la construcción de viviendas (0,19 p.p.) y exención de los servicios educativos (0,11 p.p.).
Entre 0,05 y 0,1 p.p. del PBI cuentan la exención para medicamentos de uso humano, libros, diarios y revistas y la alícuota reducida a la medicina prepaga y a los productos de panadería.
La menor significación corresponde a exenciones a intereses por préstamos de bancos oficiales y para vivienda y venta de leche fluida.
En Ganancias, las exenciones más importantes son: a magistrados y funcionarios del Poder Judicial, 0,16 p.p. del producto (creció 0,04 p.p. respecto de 2021); asociaciones y fundaciones, 0,07 p.p., y deducción especial a trabajadores de la Patagonia, 0,04 p.p.
Para el impuesto sobre los combustibles, el gasto proviene básicamente de la diferencia de alícuotas aplicadas a naftas y gasoil (0,18 p.p. del PBI) y de la exención que tiene el sur del país (0,05 p.p.). En seguridad social, la reducción de contribuciones patronales por zonas geográficas representa 0,04 p.p. del producto y en Bienes Personales, la exención a los depósitos equivale a 0,02 p.p. del PBI.
En materia de gasto tributario originado en regímenes de promoción económica sobresalen la promoción económica que está vigente para aplicarse en Tierra del Fuego, con 0,35 p.p. del PBI; el que permite a las micro y pequeñas empresas computar a cuenta el 100% del impuesto al cheque, 0,15 p.p.; la actividad minera, la economía del conocimiento y biocombustibles implican entre 0,3 y 0,4 p.p. del producto.
Por debajo, con valores de entre 0,1 y 0,2 p.p. del PBI hay regímenes de promoción industrial de los decretos 2054/92, 804/96 1553/98 y 2334/06 (en su conjunto), el reintegro a los bienes de capital, la promoción a las sociedades de garantía recíproca (SGR), el régimen de fomento al uso de energías renovables y el de las autopartistas.
Rigen otros beneficios que no están incluidos en gastos tributarios. Por ejemplo, que no se difiera el ajuste por inflación impositivo representará 0,39 p.p. del PBI; la exención de Bienes Personales sobre los inmuebles rurales, 0,48 p.p., o la exención de IVA a los honorarios de directores de sociedades, 0,29 puntos porcentuales.
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