EDITORIAL Y Ganancias no imponibles y cargas de familia

Arsat, ¿la nueva Entel?
Un nuevo proyecto para el área de las comunicaciones retoma las tan viejas prácticas estatistas como el nefasto capitalismo de amigos
Recientemente trascendió que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) tendría en estudio un pedido formulado por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA (Arsat) para que se le otorgue espectro en la banda de 3,5 GHz. Según la información que circula en el sector, aquel ente nacional tendría en evaluación un plan para dar curso a dicha solicitud. Se plantearía atribuir la banda de 3600-3700 MHz para servicios de 5G y asignárselos a Arsat en el orden nacional durante 20 años.
El proyecto dispondría asimismo que la empresa estatal utilice esas frecuencias para la adopción de la tecnología 5G en la industria y el sector público nacional, provincial y municipal, además de la posibilidad de firmar convenios con cooperativas y con pequeñas y medianas empresas (pyme). Según trascendió también, el pliego para el futuro concurso de otras tres bandas para los servicios de 5G contemplaría que, en caso de quedar vacante algún lote, este podría adjudicarse a la Arsat.
Hasta ahora, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA –tal su nombre legal– se había mantenido esencialmente como una firma mayorista. De prosperar este proyecto, entrará en competencia con el resto de las empresas de telecomunicaciones, particularmente con las móviles. Sin embargo, carente de financiamiento legítimo, lo hará del único modo que saben hacerlo las empresas estatales: con subsidios directos o implícitos.
En este caso, mientras sus competidoras deberán adquirir el espectro a título oneroso, la Arsat lo recibe gratis. Si fuera una sociedad anónima con propósitos comerciales, la Arsat debería regirse por las mismas reglas que sus competidoras. Por otra parte, si el Estado debe acudir a formas propias del derecho privado, es un claro indicio de que estamos frente a tareas que no son propias de él.
Cabe preguntarse de dónde saldrán los recursos para el despliegue de la red, que requiere de cuantiosas inversiones, sin que se conozca hasta ahora que exista un plan de negocios sustentable.
Lo más probable es que, de llevarse a cabo esta aventura, se termine generando otro innecesario aumento del gasto público, que, una vez más, deberemos subsidiar todos los argentinos, usemos o no sus servicios, como sucede con la deficitaria Aerolíneas Argentinas, por citar un solo ejemplo.
La Arsat, una sociedad comercial con fines de lucro, no sería una empresa viable si no fuera por los aportes del Estado nacional, que en un país empobrecido como la Ardecir, gentina podrían tener mejor destino.
Tampoco se justifica este proyecto en la presunta inexistencia de iniciativas privadas para satisfacer esas necesidades de comunicación, ya sean las del propio Estado o de los particulares, más ligada a la situación actual del país que a otra cosa. En la actualidad, las tres empresas de telefonía móvil existentes deben cubrir con la tecnología 4G toda localidad de más de 500 habitantes y los principales corredores viales del país.
Cabe señalar que, para llegar donde el mercado no puede hacerlo por falta de incentivos económicos, se encuentra el fondo del servicio universal, cuya administración debe ser mejorada y transparentada, como ya se ha comentado en este espacio editorial.
Tampoco deja de levantar suspicacias la posibilidad de que la firma de convenios con pequeñas y medianas empresas y cooperativas, pueda derivar en adjudicaciones indirectas a particulares de este valioso espectro, por intermedio de la Arsat. Eventualmente, ello ocurriría en absoluta violación de principios de concurrencia y publicidad que deben orientar cualquier adjudicación de recursos estatales y, con más razón, si son escasos. Algún fiscal debería investigar, además, si este proyecto no resulta violatorio de la ley por la que se estableció el régimen federal de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno
A tono con la sinuosa trayectoria del ministro-candidato presidencial, a quien reportan las autoridades del sector, este proyecto mezcla el estatismo perimido de los que añoran a la vieja Entel con el tan harto conocido como nefasto capitalismo de amigos.
No deja de levantar suspicacias, entre otros muchos aspectos, la posibilidad de que la firma de convenios con las pymes pueda derivar en adjudicaciones indirectas a particulares por parte de la Arsat

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Ganancias no imponibles y cargas de familia
Es sabido que el impuesto a las ganancias de personas humanas debe contemplar una base que hace a la subsistencia del individuo contribuyente y su grupo dependiente, libre del impuesto a las ganancias. Superados esos montos, las rentas netas gravadas se someten a la escala progresiva del impuesto
Para 2023 esas deducciones son: Un mínimo no imponible de 451.683,19 pesos.
Cargas de familia que prevén para cónyuge o conviviente 421.088,24 pesos y para hijos, 212.356,24 pesos.
Para determinar los ingresos de trabajo personales, relación de dependencia y jubilaciones existen montos adicionales, insuficientes también, pero merecen un comentario por separado.
Tomemos por ejemplo una persona sin cargas de familia que vive de sus rentas financieras o de sus alquileres. Le corresponderá pagar por ingresos netos de gastos, en la medida en que superen 451.683,19 pesos, es ingresos mensuales superiores a 37.640,26 pesos. Según el Indec, la canasta básica alimentaria para una persona era en mayo último de 32.055,87 pesos para no ser indigente, y la canasta básica total ascendía a 70.522,91 para no ser considerado bajo la línea de pobreza. En pocas palabras: gran parte de la población más necesitada queda disparatadamente sujeta al impuesto a las ganancias. Resulta ctastrófico si ese rentista, además, tiene más de 60 años, edad en la que los gastos cotidianos de subsistencia suelen ser mucho mayores.
Si queremos tomar ejemplos de otros países, en los Estados Unidos un soltero empieza a pagar impuesto a las ganancias a partir de 13.850 dólares equivalente a 7.617.500 pesos sobre la base de un dólar a 550 pesos. Por más que haya un desfase en el poder adquisitivo, nunca podemos pensar en una comparación que multiplica nuestro mínimo no imponible por 17 para arribar al estadounidense.
La deducción mensual por hijo de 17.696,36 pesos es paupérrima frente al costo de crianza que ha publicado el Indec para mayo del corriente año, en el que podemos apreciar que el costo de bienes y servicios, más el de cuidado, es de entre 88.659 y 116.050 pesos, según la edad del menor. En otras palabras, las rentas necesarias para hacer frente a los gastos de mantenimiento de los hijos menores están sujetas al impuesto en gran medida.
Otro tema importante es la escala de alícuotas del impuesto a las ganancias, que se encuentra totalmente desactualizada. Para rentas imponibles por escala corresponde pagar el 35% sobre los montos que excedan para el período fiscal 2023 los 2.781.353,85 pesos. Si nos comparamos con los Estados Unidos, allí pagan el 35% las rentas que exceden 245.951 dólares. Tomando como base estimativa 550 pesos cada dólar, resultan 135.273.050 de pesos.
Casi todos los importes que están contemplados en la ley del impuesto a las ganancias merecen la revisión de su cuantía.

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