Ya votaron los tres jueces en Hotesur y en agosto se sabrá si Cristina va a juicio
Luego de siete meses de idas y venidas, la jueza Figueroa expresó su voto y el fallo debe ser compaginado y firmado por Petrone y Barroetaveña, actualmente de licencia
Hernán Cappiello
La vicepresidenta, anteayer, durante el acto por el Gasoducto Néstor Kirchner
El caso Hotesur y Los Sauces, donde Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, fueron investigados por lavado de dinero y sobreseídos, entró, ahora sí, en su etapa de definición: los tres jueces de la Cámara de Casación que deben decidir si confirman el cierre del caso o lo reabren ya emitieron su voto y la sentencia se conocería en la primera semana de agosto, luego de la feria judicial, dijeron fuentes judiciales
Se trata de los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, que votó última y el 28 de junio trasladó la causa a sus colegas. La jueza, que venía estudiando el asunto en su vocalía desde diciembre, giró la causa al juez Petrone, que a su vez la envió a Barroetaveña. Con este pase, del que se tiene conocimiento por fuentes con acceso a los registros del sistema informático de gestión de causas, la sentencia está en condiciones de compaginarse, ser firmada y notificada a los acusados y al fiscal del caso, Mario Villar.
Una fuente judicial dijo a la nacion que la definición se conocerá una vez que regresen de sus licencias Petrone y Barroetaveña, lo que ocurrirá luego de la feria judicial de invierno, que tiene lugar entre lunes el 17 y el viernes 28 de julio de 2023.
Si bien el contenido de los votos de los tres jueces es secreto, a fin del año pasado trascendió que Barroetaveña y Petrone votarían por reabrir el caso y ordenar la realización del juicio oral, y que Figueroa votaría en disidencia, apoyando el cierre del asunto. Pero nada es definitivo hasta ver las tres firmas en el veredicto.
Máxime si se tiene en cuenta que en estos siete meses hubo numerosos amagues y el fallo nunca se conoció. En este período, Figueroa –de fluidos lazos con el Gobierno, crítica de la política judicial de Mauricio Macri y una de las que denunciaron haber sufrido presiones– le pidió a Alberto Fernández que eleve su pliego al Senado para un nuevo acuerdo, de modo de seguir siendo magistrada después de los 75 años, que cumplirá el 9 de agosto próximo.
La jueza ya tuvo su entrevista personal con los senadores el mes pasado, donde contestó sus preguntas, y el próximo paso es que voten su pliego, para lo cual el oficialismo debe reunir el quorum y sesionar.
Figueroa también interviene en otros dos casos sensibles para el kirchnerismo: la firma del pacto con Irán, donde Cristina Kirchner está absuelta, y Oil Combustibles, donde Cristóbal López y Fabián de Sousa están absueltos y Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, fue condenado a prisión por facilitarle planes de pago con perjuicio para el Estado.
La definición en el caso Hotesur y Los Sauces es de alta sensibilidad política. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por fraude al Estado con las obras públicas de Santa Cruz en el caso conocido como Vialidad. El tribunal oral estableció en su sentencia que ese delito lo cometió ella con el propósito de beneficiar a su socio comercial Lázaro Báez.
En el caso Hotesur y Los Sauces se investigan dos actividades paralelas. Por un lado, la transferencias de dinero de las empresas de Báez al patrimonio de Cristina Kirchner y sus hijos, mediante contratos de alquiler de servicios y explotación de sus hoteles en El Calafate. La hipótesis de la acusación es que esos servicios no se brindaron, sino que fueron una simulación para justificar retornos en compensación por las obras adjudicadas a Báez.
La otra actividad que se investiga es la trasferencia de dinero a los Kirchner por parte de Cristóbal López, en concepto de alquileres de propiedades. Esa parte de la causa Hotesur está conectada con el caso de Oil Combustibles, donde López fue absuelto y el fiscal Villar pide que se revierta esa medida y se lo condene.
Para los jueces Jorge Gorini,Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, parte del dinero obtenido por Báez en la obra pública pasó a manos de los Kirchner. Sin embargo, los jueces del caso Hotesur, que son de otro tribunal oral (Adrián Grümberg y Daniel Obligado, con la disidencia de la jueza Adriana Palliotti) directamente sobreseyeron a Cristina Kirchner y a sus hijos, sin hacer el juicio oral.
En su apelación del sobreseimiento de Hotesur y Los Sauces, los fiscales Diego Velasco y Mario Villar fueron durísimos al denostar el fallo de Grümberg y Obligado. Velasco habló de la “gravedad institucional” de la decisión que “con un simple análisis dogmático”, sin valorar pruebas, “devastó” años de investigación, sin posibilidad de debatir en juicio frente a la sociedad “el posible lavado de dinero llevado adelante por quienes ocuparon la Primera Magistratura de la Argentina durante más de 12 años”.
Villar, por su parte, al cuestionar a los jueces, dijo que “su único norte era cerrar la causa” contra Cristina Kirchner. Señaló que el fallo fue un “capricho” que no está derivado de la lógica de lo que ocurrió en el proceso. Habló de que en el caso hay una “estructura asociativa de carácter estable y permanente, organizada en base a una clara división de roles concretamente definidos y sostenida en forma ininterrumpida cuanto menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, la cual tenía por objeto la comisión de múltiples delitos que permitirían apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de cuantiosas sumas de dinero del erario público”.
Señaló que sus integrantes eran Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, como jefes, mientras que como organizadores habrían tomado intervención Máximo Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner, Guillermo Periotti, Alberto Sancho, Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Cristóbal López y Fabián de Sousa. También integrarían dicha asociación, esta vez en calidad de miembros, Florencia Kirchner, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Martín Báez, Emilio Carlos Martín, Jorge Marcelo Ludueña y Ricardo Leandro Albornoz.
Villar sostuvo que, en una primera etapa, la organización criminal diseñó una “cuidadosa ingeniería (...) para sustraer los fondos públicos del Estado y, posteriormente, apoderárselos mediante distintos mecanismos de lavado de dinero”. Y agregó: “En una segunda etapa, la asociación habría elaborado un sistema destinado a transferir y disimular el origen ilícito de parte de las ganancias obtenidas de los empresarios Báez, López y De Sousa al patrimonio de la familia Kirchner, por medio de una serie de préstamos, compra de propiedades, alquileres de distintos complejos hoteleros”
En este caso, Cristina Kirchner y sus hijos fueron sobreseídos sin llegar a juicio oral
Se investigan como posibles retornos los alquileres de Báez y López a los Kirchner
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El caso Hotesur y Los Sauces, donde Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, fueron investigados por lavado de dinero y sobreseídos, entró, ahora sí, en su etapa de definición: los tres jueces de la Cámara de Casación que deben decidir si confirman el cierre del caso o lo reabren ya emitieron su voto y la sentencia se conocería en la primera semana de agosto, luego de la feria judicial, dijeron fuentes judiciales
Se trata de los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, que votó última y el 28 de junio trasladó la causa a sus colegas. La jueza, que venía estudiando el asunto en su vocalía desde diciembre, giró la causa al juez Petrone, que a su vez la envió a Barroetaveña. Con este pase, del que se tiene conocimiento por fuentes con acceso a los registros del sistema informático de gestión de causas, la sentencia está en condiciones de compaginarse, ser firmada y notificada a los acusados y al fiscal del caso, Mario Villar.
Una fuente judicial dijo a la nacion que la definición se conocerá una vez que regresen de sus licencias Petrone y Barroetaveña, lo que ocurrirá luego de la feria judicial de invierno, que tiene lugar entre lunes el 17 y el viernes 28 de julio de 2023.
Si bien el contenido de los votos de los tres jueces es secreto, a fin del año pasado trascendió que Barroetaveña y Petrone votarían por reabrir el caso y ordenar la realización del juicio oral, y que Figueroa votaría en disidencia, apoyando el cierre del asunto. Pero nada es definitivo hasta ver las tres firmas en el veredicto.
Máxime si se tiene en cuenta que en estos siete meses hubo numerosos amagues y el fallo nunca se conoció. En este período, Figueroa –de fluidos lazos con el Gobierno, crítica de la política judicial de Mauricio Macri y una de las que denunciaron haber sufrido presiones– le pidió a Alberto Fernández que eleve su pliego al Senado para un nuevo acuerdo, de modo de seguir siendo magistrada después de los 75 años, que cumplirá el 9 de agosto próximo.
La jueza ya tuvo su entrevista personal con los senadores el mes pasado, donde contestó sus preguntas, y el próximo paso es que voten su pliego, para lo cual el oficialismo debe reunir el quorum y sesionar.
Figueroa también interviene en otros dos casos sensibles para el kirchnerismo: la firma del pacto con Irán, donde Cristina Kirchner está absuelta, y Oil Combustibles, donde Cristóbal López y Fabián de Sousa están absueltos y Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, fue condenado a prisión por facilitarle planes de pago con perjuicio para el Estado.
La definición en el caso Hotesur y Los Sauces es de alta sensibilidad política. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por fraude al Estado con las obras públicas de Santa Cruz en el caso conocido como Vialidad. El tribunal oral estableció en su sentencia que ese delito lo cometió ella con el propósito de beneficiar a su socio comercial Lázaro Báez.
En el caso Hotesur y Los Sauces se investigan dos actividades paralelas. Por un lado, la transferencias de dinero de las empresas de Báez al patrimonio de Cristina Kirchner y sus hijos, mediante contratos de alquiler de servicios y explotación de sus hoteles en El Calafate. La hipótesis de la acusación es que esos servicios no se brindaron, sino que fueron una simulación para justificar retornos en compensación por las obras adjudicadas a Báez.
La otra actividad que se investiga es la trasferencia de dinero a los Kirchner por parte de Cristóbal López, en concepto de alquileres de propiedades. Esa parte de la causa Hotesur está conectada con el caso de Oil Combustibles, donde López fue absuelto y el fiscal Villar pide que se revierta esa medida y se lo condene.
Para los jueces Jorge Gorini,Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, parte del dinero obtenido por Báez en la obra pública pasó a manos de los Kirchner. Sin embargo, los jueces del caso Hotesur, que son de otro tribunal oral (Adrián Grümberg y Daniel Obligado, con la disidencia de la jueza Adriana Palliotti) directamente sobreseyeron a Cristina Kirchner y a sus hijos, sin hacer el juicio oral.
En su apelación del sobreseimiento de Hotesur y Los Sauces, los fiscales Diego Velasco y Mario Villar fueron durísimos al denostar el fallo de Grümberg y Obligado. Velasco habló de la “gravedad institucional” de la decisión que “con un simple análisis dogmático”, sin valorar pruebas, “devastó” años de investigación, sin posibilidad de debatir en juicio frente a la sociedad “el posible lavado de dinero llevado adelante por quienes ocuparon la Primera Magistratura de la Argentina durante más de 12 años”.
Villar, por su parte, al cuestionar a los jueces, dijo que “su único norte era cerrar la causa” contra Cristina Kirchner. Señaló que el fallo fue un “capricho” que no está derivado de la lógica de lo que ocurrió en el proceso. Habló de que en el caso hay una “estructura asociativa de carácter estable y permanente, organizada en base a una clara división de roles concretamente definidos y sostenida en forma ininterrumpida cuanto menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, la cual tenía por objeto la comisión de múltiples delitos que permitirían apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de cuantiosas sumas de dinero del erario público”.
Señaló que sus integrantes eran Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, como jefes, mientras que como organizadores habrían tomado intervención Máximo Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner, Guillermo Periotti, Alberto Sancho, Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Cristóbal López y Fabián de Sousa. También integrarían dicha asociación, esta vez en calidad de miembros, Florencia Kirchner, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Martín Báez, Emilio Carlos Martín, Jorge Marcelo Ludueña y Ricardo Leandro Albornoz.
Villar sostuvo que, en una primera etapa, la organización criminal diseñó una “cuidadosa ingeniería (...) para sustraer los fondos públicos del Estado y, posteriormente, apoderárselos mediante distintos mecanismos de lavado de dinero”. Y agregó: “En una segunda etapa, la asociación habría elaborado un sistema destinado a transferir y disimular el origen ilícito de parte de las ganancias obtenidas de los empresarios Báez, López y De Sousa al patrimonio de la familia Kirchner, por medio de una serie de préstamos, compra de propiedades, alquileres de distintos complejos hoteleros”
En este caso, Cristina Kirchner y sus hijos fueron sobreseídos sin llegar a juicio oral
Se investigan como posibles retornos los alquileres de Báez y López a los Kirchner
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El oficialismo apura una sesión por el pliego de una jueza clave
Figueroa necesita que le extiendan el mandato antes del 9 de agosto; de lo contrario, deberá jubilarse
Gustavo Ybarra
Cristina Kirchner y el bloque oficialista convocará mañana a una sesión en el Senado para tratar el pliego que extiende por cinco años la continuidad en el cargo de Ana María Figueroa, la presidenta de la Cámara de Casación Penal, que acaba de emitir su voto sobre el futuro de la vicepresidenta en la causa Hotesur.
La movida oficialista tiene un segundo objetivo: iniciar el tratamiento de un conjunto de pliegos para designar a abogados con fuertes vínculos con el kirchnerismo en juzgados claves, como la sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que se encuentran empantanados porque, al no haber habido sesión desde que los envió el Poder Ejecutivo, no tomaron estado parlamentario.
El tiempo apremia para el kirchnerismo y Figueroa, que cumplirá 75 años el próximo 9 de agosto y que se vería obligada a jubilarse, como lo establece la Constitución, si para esa fecha no obtuviera un nuevo acuerdo del Senado que le permita mantenerse en el tribunal. Según pudo saber la nacion, el kirchnerismo tendría cerrado un acuerdo con al menos tres senadores del bloque Unidad Federal, bancada integrada por cinco miembros: cuatro que abandonaron el Frente de Todos y la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti.
El aporte de estos senadores, sumados a los 31 legisladores propios y otros tres de fuerzas aliadas, le permitiría a la bancada que conduce José Mayans (Formosa) alcanzar el quorum y vencer, así, la resistencia de Juntos por el Cambio, que se opone de manera cerrada a que Figueroa pueda continuar en el cargo.
Según confiaron fuentes oficialistas, los senadores que se sumarían a la jugada del kirchnerismo serían Guillermo Snopek (Jujuy), presidente de Unidad Federal; María Eugenia Catalfamo (San Luis), y Edgardo Kueider (Entre Ríos).
Los tres abandonaron el Frente de Todos en febrero, aduciendo diversos malestares con el gobierno nacional, y con su partida dejaron a Cristina Kirchner sin el control de la Cámara alta. Tanto Vigo como el cuarto senador que dejó la bancada oficialista, el correntino Carlos Espínola, no se prestarían a favorecer la estrategia de la vicepresidenta. El voto decisivo sería el de Kueider, quien hasta la semana pasada se resistía a sesionar si no le trataban algunos de los proyectos que venía reclamando. Este escollo podría salvarse hoy, a las 16.30, con la convocatoria a la Comisión de Minería para discutir una serie de iniciativas, entre las que figura un proyecto presentado por el senador por Entre Ríos para “disminuir tarifas del servicio eléctrico”. En realidad, el primer gesto de seducción del kirchnerismo a Kueider fue simplificar el trámite legislativo, mediante la reducción a una de las tres comisiones a las que, inicialmente, había sido girada la iniciativa.
“Quiero la ley para bajar tarifas. Necesito la ley; de mínima, dictamen aprobado; las conversaciones no alcanzan”, planteó sus condiciones Kueider en diálogo
Para convencer a Snopek, en tanto, el oficialismo le permitiría continuar al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que está convocada para hoy a las 14.30, a pesar de que ya no forma parte del Frente de Todos y que se trata de una de las denominadas “comisiones de gobierno”, cuya presidencia siempre ejerce un representante del oficialismo. En la oposición, que promete trabajar para que fracase la sesión, ven escaso el premio a Snopek y Kueider. “Huele a poco que se sienten a votar porque le constituyan la comisión a uno y al otro le aprueben un proyecto que después se lo van a cajonear en Diputados”, afirmó un integrante de Juntos por el Cambio. “Una de dos: o les prometieron algo más o el kirchnerismo no tiene el quorum”, agregó el legislador.
El pliego que le permitiría a Figueroa seguir como jueza hasta que cumpla 80 años obtuvo dictamen luego de que la magistrada se presentó ante la Comisión de Acuerdos, el 31 de mayo. Desde entonces, el kirchnerismo viene intentando convocar a una sesión para darle un nuevo acuerdo.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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