Trastornos y desconcierto por paro de colectivos

Un sorpresivo paro de colectivos amenaza con extenderse hoy a ocho provincias
La rama disidente de la UTA frenó ayer 51 líneas ante la falta de pago de los salarios; las empresas reclaman fondos

Nicolás Balinotti

Por la falta de pago y el retraso en la actualización salarial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó un paro de colectivos que afectará hoy la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, así como La Plata y las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones y Tucumán. La protesta iba a tener un alcance mayor, pero ayer por la noche se levantó en seis ciudades y 13 provincias ante “el cumplimiento en el pago del aumento salarial”, según informó el gremio que encabeza Roberto Fernández.
Ayer, el sector disidente del sindicato que encabeza Miguel Ángel Bustinduy, ligado al grupo empresario DOTA, adelantó el reclamo y cortó desde las 16 el servicio de 51 líneas que transitan el área metropolitana, con perjuicio para miles de pasajeros que se vieron obligados a buscar servicios alternativos.
No es un conflicto paritario más, sino un entramado complejo en el que se entremezclan subsidios estatales e inversión privada, y en el que el Gobierno juega fuerte para contener el precio del boleto.
Desde temprano se abrió una pulseada a tres bandas entre los ministerios de Transporte y Trabajo con la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la UTA. La intención de todos era desactivar la huelga de hoy y garantizar el servicio. Pero la solución parcial no aparecía anoche. El Gobierno responsabiliza a los empresarios por la falta de pago, mientras que los empresarios apuntan contra el Estado por el retraso y la falta de actualización de los subsidios. El sistema tendría un déficit mensual de $13.000 millones, según fuentes confiables del sector consultadas . En el medio están los choferes, que no solo son víctimas de la falta de pago, sino que además están sometidos a una interna sindical por el control del gremio, que reúne a unos 40.000 afiliados.
En el conflicto mucho tiene que ver el ministro de Economía, Sergio Massa. Primero, porque el área de Transporte depende de Diego Giuliano, un hombre que responde a él. Pero también porque fue Massa quien le impuso al jefe de la UTA aceptar en enero una paritaria de 31%, por seis meses, para dar señales de estabilidad y control de la inflación. Después de varias amenazas de paro, Fernández logró un reajuste, pero con una polémica: obtuvo un adicional mediante una resolución del Ministerio de Trabajo objetada por las cámaras empresarias, que preparan un recurso de amparo para judicializar la medida.
Fernández les hizo saber ayer a Giuliano y a los empresarios que, sin el pago de sueldos, la protesta de hoy sería inevitable. Lo que habría dilatado la resolución del conflicto era una cuestión burocrática del Banco Nación sobre la acreditación de los subsidios en las cuentas de las empresas. Para atajarse de una eventual escalada de la pelea, el Ministerio de Transporte apuró un comunicado en el que desligó responsabilidades. “Es importante informar a los pasajeros que el Estado nacional abonó esta semana $27.000 millones a las empresas prestatarias del servicio, lo que significa $6500 millones más que el mes anterior. Se trata de un incremento suficiente para pagar los aumentos salariales de los trabajadores que deben cobrar su salario el quinto día hábil del mes”, informó el organismo, y agregó: “Asimismo, en este anticipo está contemplada la actualización de los costos no salariales, como el combustible, neumáticos, seguro y mantenimiento del sistema a valores de abril”.
Desde las cámaras empresarias, sin embargo, afirmaron que el Estado les debe aún $7000 millones y que el dinero depositado no alcanza para cubrir los costos. “Las cámaras de transporte automotor del AMBA informan que las escalas salariales dispuestas por el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Transporte de la Nación no están homologadas y son ilegítimas. La
El paro se adelantó ayer en las 51 líneas que controla Miguel Bustinduy, rival de Fernández en la UTA
UTA reclama que se aplique en la liquidación de salarios incrementos dispuestos por una resolución que no tiene validez jurídica, dado que impone un aumento salarial sin acuerdo del gremio y de las cámaras del sector”, expresaron en un comunicado. Y añadieron: “Al margen de las cuestiones legales, la economía de nuestras empresas está estrictamente regulada por el Estado, con ingresos totalmente trazables; se integran actualmente el 12% con lo que paga el pasajero y el 88% con las compensaciones tarifarias. El Ministerio de Transporte de la Nación calcula y dispone el pago de los fondos de dichas compensaciones, que, con excepción de los costos salariales, están calculados a precios de diciembre de 2022”.
Para los empresarios el boleto debería estar entre los 300 y los 315 pesos. Es decir, seis veces más de lo que está actualmente. Fernández, de la UTA, piensa de manera similar. “Si no hay aporte, el boleto debería costar hoy $160, pero mañana no lo sé”, dijo en una entrevista en abril pasado.
Con el conflicto abierto, en el Gobierno buscaban anoche una alternativa para evitar el paro. Se evaluaba dictar una nueva conciliación obligatoria, un atajo que Fernández no aceptaría ya que le generaría complicaciones en su interna con Bustinduy.

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