Las telefónicas piden que se revise el pliego para la licitación de 5G
Telecom, Claro y Movistar pusieron en duda su participación; “es un hecho de enorme inseguridad jurídica”, alertaron sobre la cesión de un bloque para la estatal Arsat
María Julieta RumiLas empresas podrían dejar desierta la licitación
En un hecho inédito, las tres operadoras de telefonía celular que operan en el país –Telecom, Claro y Movistar– publicaron ayer un comunicado conjunto en el que les pidieron a las autoridades que revisen las condiciones del pliego de la licitación de espectro para la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G) que se publicó anteayer en el Boletín Oficial.
Según el escrito conocido por la tarde, un primer “obstáculo” es el valor asignado a cada uno de los bloques de 100 MHz de la banda de 3,5 GHz. ”Es muy elevado respecto de la situación macroeconómica del país, de nuestros clientes y del sector. A título de referencia, el precio base fijado por Enacom supera en un 300% al de igual banda establecido por Brasil, que tiene una situación económica completamente distinta y es uno de los mejores ejemplos de subasta de espectro 5G en la región”, dijeron. El pliego publicado habla de un precio base de US$350 millones por bloque.
En segundo lugar, las operadoras se refirieron a una resolución que salió de forma complementaria a la licitación (la 1289/2023) que le entrega 100 MHz a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat). Según ellas, la asignación a Arsat a título gratuito “es otra contradicción y distorsión económica anticompetitiva e irregular”, y agregaron que “es un hecho de enorme inseguridad jurídica”.
También apuntaron a otra condición de la licitación que afirma que “las empresas estarán obligadas a ofrecer un plan de servicio destinado a sectores de bajos ingresos, una vez que más del 50% de los usuarios de cada firma estén utilizando dispositivos 5G”. Sobre esto, sostuvieron que “se imponen planes y regulaciones de precios, en un claro remedo del DNU 690/2020, cuyos efectos fueron negativos, distorsivos y recesivos para el país”.
Por último, incluyeron en el reclamo que “resulta necesario, para atender en forma eficiente al crecimiento de las redes móviles actuales, que se incluya en un procedimiento competitivo oneroso, la asignación del espectro 4G que se encuentra sin utilizar desde hace más de siete años”, en referencia al espectro que se reservó en su momento también a Arsat para el proyecto de la telco estatal Libre.Ar.
Para finalizar, Claro, Personal y Movistar dijeron que quieren invertir y competir, colaborar con el desarrollo del país y desplegar el 5G, que es un paso muy importante que la Argentina tiene que dar y darlo bien. Sin embargo, por todo lo dicho, reiteraron a las autoridades “la necesidad de revisar las condiciones, dado que en este escenario es imposible el despliegue de 5G y será, en consecuencia, difícil la presentación al concurso por parte de las operadoras móviles”.
En duda
De esta forma, las empresas terminan poniendo en duda su participación en la subasta que, según el Gobierno, podría tener lugar en los primeros días de noviembre.
Según lo publicado en el Boletín Oficial, las empresas tienen tiempo de presentar sus ofertas hasta el 29 de septiembre. Una vez recibidas, la Comisión de Preclasificación estudiaría la documentación y realizaría un dictamen, y luego procedería al acto de subasta.
En diálogo el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini –a cargo de la licitación–, había dicho el lunes que ellos habían establecido las condiciones y los precios de referencia sobre la base de experiencias internacionales y que el espectro que recibiría Arsat se inscribe en un plan estratégico de conectividad y que no es para explotarlo comercialmente.
Sin embargo, fuentes del sector insisten en que el ingreso de Arsat sería “competencia desleal”. La directora por la oposición, Silvana Giudici, dice, por su parte, que el otorgamiento a la empresa estatal podría violar derechos constitucionales, como la defensa de la competencia, porque “nada imposibilita que alquile o disponga del espectro contratando a terceros prestadores privados, sin un proceso de compulsa pública”.
“Si esto fuera así, sería ilegal e inválido. Va en contra del desarrollo de las inversiones de la industria”, coincidieron en el sector privado.
El espectro es el medio por el cual se trasmiten las frecuencias de ondas electromagnéticas utilizadas para los servicios de telefonía móvil. Permite que los dispositivos se comuniquen con la radio base y así acceden al contenido y a conectarse con el resto de los usuarios.
En el caso del 5G se espera que las redes no solo sean utilizadas por telefonía móvil, sino que den lugar también a aplicaciones en áreas como, por caso, internet de las cosas (IoT) por las ventajas que presentan en términos de una menor latencia (el retraso entre el envío y recepción de la información).
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Hace dos meses que no entran autos importados
Por la falta de dólares, hace 60 días que las empresas no reciben autorizaciones para ingresar modelos
Pablo Ortega
A las automotrices se les acabó la paciencia. Lo que empezó como una restricción transitoria en los últimos días de junio con horizonte incierto está cumpliendo 60 días: por la falta de dólares, las terminales no pueden ingresar modelos importados desde hace dos meses, y la preocupación del sector por esa y otras restricciones se transformó en desesperación.
“Nada”, es la palabra repetida a lo largo de las semanas cada vez que se consulta a una terminal sobre la aprobación de los permisos para ingresar autos. “No salen SIRA”, reiteran en las automotrices consultadas Pero la irritación no termina hoy en el problema comercial que implica para las marcas no poder traer vehículos, fundamentalmente de Brasil: las advertencias se extienden ahora al abastecimiento de piezas para la producción de pick ups y autos.
“Estamos muy ‘finitos’, se puede parar la producción en cualquier momento”, alertan en una terminal. “Por el momento seguimos fabricando, pero es día a día ”, comparten en otra. Hasta ahora, ninguna terminal debió parar este año más de un día por falta de insumos, como sucedió en 2022, cuando se produjo la crisis de los neumáticos por una disputa gremial y había faltantes globales de microchips. Lo que sí ocurrió en algunos casos fueron “microparadas” de unas horas por un faltante puntual de una autoparte, que es revertido al día siguiente, como sucedió el lunes último en la planta de Renault en Córdoba en la línea de producción de las pick ups Nissan Frontier y Renault Alaskan.
En otras circunstancias, ante la falta de una pieza, las terminales optan por sacar el modelo incompleto de la línea y agregar después la parte restante, dentro del mecanismo de relojería que sigue la producción automotriz con su abastecimiento en el momento de los insumos necesarios.
La preocupación de las terminales por lo que pueda suceder en las próximas semanas está ligada con las señales de alarma que reciben de sus proveedores, quienes también deben lidiar con las autorizaciones para poder importar. “Hay riesgo de que las paradas de un turno aisladas pasen a ser más largas”, reconocen entre los autopartistas.
Hasta el momento, a la hora de asignar los dólares, el Gobierno vino priorizando el abastecimiento de piezas para que no se detenga la producción, que en los primeros siete meses del año creció casi 12% con respecto a 2022. Eso llevó a frenar por completo las aprobaciones para importar autos al dólar oficial (35% de los modelos que se venden en el mercado local llegan del exterior).
“Es un combo de cosas”, cuenta una fuente sectorial que resume el enojo que envuelve a las empresas. En la lista no solo figura la falta de aprobación de las SIRA para ingresar autos desde hace dos meses: se agrega además el impuesto PAIS del 7,5% a las importaciones, el nuevo tributo que aplicó el Gobierno desde fines de julio y que encareció todos los insumos.
Según comunicó el Ministerio de Economía cuando anunció la medida, el 24 de julio último, el impuesto PAIS sobre las importaciones regiría, en el caso de la industria automotriz, solo para los vehículos importados y las piezas destinadas a la producción para el mercado interno, pero no para las partes que son empleadas en las unidades destinadas a la exportación. Es decir que Toyota, Ford o Fiat, por ejemplo, no pagarían el 7,5% del impuesto sobre las partes que usan para fabricar las pick ups Hilux, Ranger o el sedán Cronos que exportan a Brasil y otros destinos.
Por ahora, las terminales están pagando ese 7,5% en Aduana, independientemente de que las piezas las usen para una unidad que luego se exporta, confirmó una fuente del sector. La devolución les llega recién cuando ingresan los dólares de la exportación en el mercado de cambios, lo cual representa un costo adicional a la inflación y las otras trabas que enfrenta el sector, advierten.
La sequía de dólares en el Banco Central –con reservas negativas– obligó incluso a terminales a pedir asistencia a sus casas matrices para que paguen en el exterior los fletes de los barcos que traen autos hasta el puerto de Zárate, ya que desde la Argentina no podían hacer los giros. Mientras tanto, las unidades se siguen acumulando en la terminal portuaria, a la espera de la autorización oficial para que sean nacionalizadas. Van dos meses sin luz verde.
A las automotrices se les acabó la paciencia. Lo que empezó como una restricción transitoria en los últimos días de junio con horizonte incierto está cumpliendo 60 días: por la falta de dólares, las terminales no pueden ingresar modelos importados desde hace dos meses, y la preocupación del sector por esa y otras restricciones se transformó en desesperación.
“Nada”, es la palabra repetida a lo largo de las semanas cada vez que se consulta a una terminal sobre la aprobación de los permisos para ingresar autos. “No salen SIRA”, reiteran en las automotrices consultadas Pero la irritación no termina hoy en el problema comercial que implica para las marcas no poder traer vehículos, fundamentalmente de Brasil: las advertencias se extienden ahora al abastecimiento de piezas para la producción de pick ups y autos.
“Estamos muy ‘finitos’, se puede parar la producción en cualquier momento”, alertan en una terminal. “Por el momento seguimos fabricando, pero es día a día ”, comparten en otra. Hasta ahora, ninguna terminal debió parar este año más de un día por falta de insumos, como sucedió en 2022, cuando se produjo la crisis de los neumáticos por una disputa gremial y había faltantes globales de microchips. Lo que sí ocurrió en algunos casos fueron “microparadas” de unas horas por un faltante puntual de una autoparte, que es revertido al día siguiente, como sucedió el lunes último en la planta de Renault en Córdoba en la línea de producción de las pick ups Nissan Frontier y Renault Alaskan.
En otras circunstancias, ante la falta de una pieza, las terminales optan por sacar el modelo incompleto de la línea y agregar después la parte restante, dentro del mecanismo de relojería que sigue la producción automotriz con su abastecimiento en el momento de los insumos necesarios.
La preocupación de las terminales por lo que pueda suceder en las próximas semanas está ligada con las señales de alarma que reciben de sus proveedores, quienes también deben lidiar con las autorizaciones para poder importar. “Hay riesgo de que las paradas de un turno aisladas pasen a ser más largas”, reconocen entre los autopartistas.
Hasta el momento, a la hora de asignar los dólares, el Gobierno vino priorizando el abastecimiento de piezas para que no se detenga la producción, que en los primeros siete meses del año creció casi 12% con respecto a 2022. Eso llevó a frenar por completo las aprobaciones para importar autos al dólar oficial (35% de los modelos que se venden en el mercado local llegan del exterior).
“Es un combo de cosas”, cuenta una fuente sectorial que resume el enojo que envuelve a las empresas. En la lista no solo figura la falta de aprobación de las SIRA para ingresar autos desde hace dos meses: se agrega además el impuesto PAIS del 7,5% a las importaciones, el nuevo tributo que aplicó el Gobierno desde fines de julio y que encareció todos los insumos.
Según comunicó el Ministerio de Economía cuando anunció la medida, el 24 de julio último, el impuesto PAIS sobre las importaciones regiría, en el caso de la industria automotriz, solo para los vehículos importados y las piezas destinadas a la producción para el mercado interno, pero no para las partes que son empleadas en las unidades destinadas a la exportación. Es decir que Toyota, Ford o Fiat, por ejemplo, no pagarían el 7,5% del impuesto sobre las partes que usan para fabricar las pick ups Hilux, Ranger o el sedán Cronos que exportan a Brasil y otros destinos.
Por ahora, las terminales están pagando ese 7,5% en Aduana, independientemente de que las piezas las usen para una unidad que luego se exporta, confirmó una fuente del sector. La devolución les llega recién cuando ingresan los dólares de la exportación en el mercado de cambios, lo cual representa un costo adicional a la inflación y las otras trabas que enfrenta el sector, advierten.
La sequía de dólares en el Banco Central –con reservas negativas– obligó incluso a terminales a pedir asistencia a sus casas matrices para que paguen en el exterior los fletes de los barcos que traen autos hasta el puerto de Zárate, ya que desde la Argentina no podían hacer los giros. Mientras tanto, las unidades se siguen acumulando en la terminal portuaria, a la espera de la autorización oficial para que sean nacionalizadas. Van dos meses sin luz verde.
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