La “maldita policía”, Telleldín y Ubeira
El abogado de Brenda Uliarte y de Cristina Kirchner tienen viejos vínculos
Carlos Telleldín abogado
Los crímenes protagonizados por miembros de la bonaerense en la década del noventa llevó a que fuera bautizada “maldita policía”. En aquel entonces, el comisario Juan José Ribelli comandaba la Brigada de Investigaciones de Lanús y la División Sustracción de Automotores de Vicente López. Su carrera se truncó cuando se lo acusó de formar parte de la conexión local del atentado terrorista contra la sede de la AMIA. Ribelli fue liberado a fines de 2004 y finalmente sobreseído. En la cárcel se recibió de abogado y luego se sumó al estudio de José Manuel Ubeira, quien lo había defendido en la causa AMIA y a quien Cristina Fernández de Kirchner eligió como su representante en la investigación por el atentado fallido frente a su casa. No es el único camino de la “maldita policía” que reaparece en el caso.
El desarmador de autos Carlos Telleldín logró transformarse en el abogado de Brenda Uliarte, la novia del pistolero Fernando Sabag Montiel. Telleldín fue quien señaló a Ribelli en la venta de la camioneta que explotó frente a la AMIA. En su momento comentó que llegó de la mano del padre de la novia, Leonardo Uliarte. Aparentes causalidades unen a Ubeira y Telleldín en el expediente del atentado.
El abogado de Cristina Kirchner, como Ribelli, tuvo entre sus defendidos a empresarios acusados de lavar dinero proveniente del narcotráfico y representó también a Federico Elaskar, el financista que enviaba al exterior los fondos negros de la corrupción del empresario Lázaro Báez. En 2016, en un show televisivo, Ubeira consagró la frase “qué lástima que uno no estaba allí”, cuando le mostraron el video de la financiera donde se veía al hijo de Lázaro Báez contando fajos de dólares.
De la mano de Telleldín, y tras estar detenida hace más de un año acusada de ser coautora del intento de asesinato de Cristina Kirchner, Brenda Uliarte dijo ahora que su novio, Fernando Sabag Montiel, estaba vinculado a la agrupación Revolución Federal y sugirió que también al diputado de Pro Gerardo Milman. Nada de eso aparece acreditado en la causa y quien lo dice es una acusada, que no está obligada por ley a decir la verdad. Sus dichos se acomodan a la acusación de Ubeira. Más casualidades, entre viejos conocidos
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Uliarte vinculó a Sabag Montiel con el grupo Revolución Federal
La detenida por el atentado ahora intentó salpicar a Milman
Uliarte está detenida por intento de homicidio
Brenda Uliarte, acusada del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, presentó un escrito con un sugestivo cambió de estrategia defensiva. Dijo, por primera vez, que “había gente contactada al gobierno anti-K que pagaba” para que ella y su novio, Fernando Sabag Montiel, fueran a las marchas y actos. Sostuvo que él tenía relación con Revolución Federal y sugirió que también con Gerardo Milman, exdiputado que era la mano derecha de Patricia Bullrich.
“En realidad le pagaban a él [por Sabag Montiel] y él me llevaba a mi”, dijo. Uliarte es defendida por Carlos Telleldín (ver aparte).
“Yo no sé por qué Nando hizo esto, pero sí sé que el no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás”, se indica en el escrito. “Yo nunca vi a Milman, pero decían que les pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner. A ver, yo no digo que financiaron el atentado, pero sí financiaban para agitar y armar quilombo”, afirmó.
Fuentes de la investigación dijeron a que este escrito es simplemente la declaración de una imputada en la causa. Como acusada, la ley no pena que mienta.
Sobre el día del atentado, dijo: “Ese día Nando estuvo raro, era jueves. Estaba estudiando y estaba haciendo UBA XXI Medicina, el CBC. Cuando me mostró el arma, pensé que era una réplica. Me apuntó con el arma, y me decía ‘ahora, si quiero, te mato’. Ahí me dio miedo”.
“Fuimos para Juncal, llegamos al acto y cuando vi que se acercaba, lo agarré del brazo y le dije que no lo haga, que ya está la joda, que el chiste no era gracioso y que me estaba dando mucho miedo. Me llamó cobarde. Yo lo quise agarrar del brazo de nuevo, me grita cobarde y ahí, en ese momento, cuando me di cuenta de que realmente lo iba a hacer, que iba derecho a Cristina, me fui a la esquina, estaba paralizada”, añadió en el escrito, en el que insistió en culpar a Sabag.
“Hoy estoy viviendo un infierno por él y sus decisiones, y encima es evidente que ‘los copitos’ lo defienden, están de su lado, por los mensajes de Carrizo [Nicolás, el líder del grupo de vendedores de copos de azúcar], yo creo que lo defiende por ese lado. Yo fui un solo día a la sede de Revolución Federal, a vender copitos, que me llevó Fernando. Él era parte de todo eso, no yo”. En otro tramo de su escrito, Uliarte dijo: “Yo lo escuché hablando con una chica, de nombre Carolina, y cuando le pregunté quién era, me dijo que era la secretaria de un amigo”. Podría ser un intento de ligar a Sabag con Carolina López Mónaco, secretaria de Milman que estaba con él en el bar Casablanca cuando, según un testigo, él habría dicho, en posible alusión a Cristina: “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”.
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Investigan a dos presuntos inorgánicos de la AFI que habrían espiado a Nisman
Una misma dirección IP los conecta con el fiscal fallecido, la jueza Arroyo Salgado y el espía Stiusso
Hernán Cappiello
Empezó a correrse el velo que cubre las operaciones de inteligencia realizadas alrededor del fiscal Alberto Nisman horas antes de que apareciera muerto de un tiro en la cabeza, tras denunciar en 2015 a la entonces presidenta Cristina Kirchner.
Un dato revelador permitió establecer que el celular de Nisman tenía instalado un virus troyano para espiar sus comunicaciones y que el mensaje provino de la misma dirección IP que usaron dos especialistas en computación entrerrianos para vigilar las entradas y salidas del país de la jueza Sandra Arroyo Salgado y del exjefe de contrainteligencia de la AFI Jaime Stiuso.
Esta información, que hizo pública Clarín, fue confirmada por dos fuentes de los tribunales nacion que dijeron que se consolida una línea de investigación para corroborar si hubo incidencia del gobierno kirchnerista para ordenar espiar a Nisman en días previos a su muerte y en la guerra de espías que se libró en torno al fiscal. Así se busca determinar quién está detrás de estas maniobras de espionaje y de la muerte del fiscal, que la Justicia considera un asesinato.
Estos dos entrerrianos son sospechosos de ser agentes inorgánicos de la AFI que monitorearon registros migratorios con un usuario de la agencia de inteligencia. Esta investigación forma parte del espionaje que se hizo a políticos, jueces y periodistas en 2015. Son Pablo Palá, un ingeniero informático que trabajaba en el Tribunal de Cuentas de la provincia, y Alexis Lesa, que se despeñaba como director general de Informática de Entre Ríos, ambos procesados con el procesamiento firme. Los dos fueron apartados la semana pasada de sus funciones por el gobierno provincial. A Palá le otorgaron una licencia por seis meses sin goce de sueldo.
La IP desde la que se consultaron las entradas y salidas del país y se envió el troyano es 190.210.180.181, instalada en Urquiza 1701, Paraná, Entre Ríos, y registrada a nombre de Palá, pero con línea telefónica a nombre de Lesa. La Justicia estableció esta coincidencia entre la IP de origen del troyano y de los movimientos migratorios al cruzar los datos de dos expedientes: aquel en el que se investiga la muerte de Nisman y otra causa paralela por el espionaje sobre Arroyo Salgado y Stiuso. El juez que maneja ambas causas es el mismo, Julián Ercolini, pero la investigación de la muerte de Nisman está delegada en el fiscal Eduardo Taiano y la del espionaje sobre Arroyo Salgado la tiene el fiscal Ramiro González. La Cámara Federal, al confirmar los procesamientos de Palá y Lesa, dio a entender que estas averiguaciones sobre movimientos migratorios de Stiuso la tarde del 18 de enero de 2015, cuando faltaban algunas horas para que apareciera el cadáver de Nisman, eran parte de una operación de organismos de inteligencia relacionados con la muerte del fiscal.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah escribieron que al analizar todos los datos juntos la reunión de información de la que supuestamente participaron Palá y Lesa “fue realizada con la intervención de agencias de inteligencia estatales” y que “hay razones fuertes para presumir que los eventos no fueron aislados, sino que obedecieron a una actividad generalizada dirigida a determinados objetivos, en un contexto (por la época de los acontecimientos y los hechos que se produjeron por entonces) particularmente relevante”.
La Cámara recomendó profundizar el link entre el celular de Nisman hackeado con el troyano y estos dos sospechosos entrerrianos, avisando al fiscal Taiano que investiga la muerte de Nisman sobre estos avances. “Lo expuesto fortalece la hipótesis –planteada, entre otros, por los testigos que revestían como agentes de inteligencia, cuya identidad (dado el curso tomando desde ahora por la investigación) deberá ser reservada– de que habría existido involucramiento de funcionarios de los organismos en danza en el seguimiento y búsqueda de información de los damnificados”.
De hecho, Ercolini estaba aportando estas piezas al fiscal la semana pasada para cruzar la información con las declaraciones de agentes de inteligencia que viene tomando Taiano.
Luciano Legascue, abogado defensor de Palá y Lesa, dijo a la nacion que se enteró por los medios de esta coincidencia de IP y que sus asistidos no son parte en la causa por la muerte de Nisman. “Procesalmente nada se ha dispuesto al respecto. Mis asistidos comercializaban IP de Iplan y no las controlaban cuando se consultaron los movimientos migratorios”, dijo el letrado. “Se perdió mucho y mucha prueba”, se lamentaba ante un funcionario la nacion judicial cercano al caso que busca determinar si esta evidencia conecta a Entre Ríos con los que ordenaron la operación de inteligencia sobre Nisman
Empezó a correrse el velo que cubre las operaciones de inteligencia realizadas alrededor del fiscal Alberto Nisman horas antes de que apareciera muerto de un tiro en la cabeza, tras denunciar en 2015 a la entonces presidenta Cristina Kirchner.
Un dato revelador permitió establecer que el celular de Nisman tenía instalado un virus troyano para espiar sus comunicaciones y que el mensaje provino de la misma dirección IP que usaron dos especialistas en computación entrerrianos para vigilar las entradas y salidas del país de la jueza Sandra Arroyo Salgado y del exjefe de contrainteligencia de la AFI Jaime Stiuso.
Esta información, que hizo pública Clarín, fue confirmada por dos fuentes de los tribunales nacion que dijeron que se consolida una línea de investigación para corroborar si hubo incidencia del gobierno kirchnerista para ordenar espiar a Nisman en días previos a su muerte y en la guerra de espías que se libró en torno al fiscal. Así se busca determinar quién está detrás de estas maniobras de espionaje y de la muerte del fiscal, que la Justicia considera un asesinato.
Estos dos entrerrianos son sospechosos de ser agentes inorgánicos de la AFI que monitorearon registros migratorios con un usuario de la agencia de inteligencia. Esta investigación forma parte del espionaje que se hizo a políticos, jueces y periodistas en 2015. Son Pablo Palá, un ingeniero informático que trabajaba en el Tribunal de Cuentas de la provincia, y Alexis Lesa, que se despeñaba como director general de Informática de Entre Ríos, ambos procesados con el procesamiento firme. Los dos fueron apartados la semana pasada de sus funciones por el gobierno provincial. A Palá le otorgaron una licencia por seis meses sin goce de sueldo.
La IP desde la que se consultaron las entradas y salidas del país y se envió el troyano es 190.210.180.181, instalada en Urquiza 1701, Paraná, Entre Ríos, y registrada a nombre de Palá, pero con línea telefónica a nombre de Lesa. La Justicia estableció esta coincidencia entre la IP de origen del troyano y de los movimientos migratorios al cruzar los datos de dos expedientes: aquel en el que se investiga la muerte de Nisman y otra causa paralela por el espionaje sobre Arroyo Salgado y Stiuso. El juez que maneja ambas causas es el mismo, Julián Ercolini, pero la investigación de la muerte de Nisman está delegada en el fiscal Eduardo Taiano y la del espionaje sobre Arroyo Salgado la tiene el fiscal Ramiro González. La Cámara Federal, al confirmar los procesamientos de Palá y Lesa, dio a entender que estas averiguaciones sobre movimientos migratorios de Stiuso la tarde del 18 de enero de 2015, cuando faltaban algunas horas para que apareciera el cadáver de Nisman, eran parte de una operación de organismos de inteligencia relacionados con la muerte del fiscal.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah escribieron que al analizar todos los datos juntos la reunión de información de la que supuestamente participaron Palá y Lesa “fue realizada con la intervención de agencias de inteligencia estatales” y que “hay razones fuertes para presumir que los eventos no fueron aislados, sino que obedecieron a una actividad generalizada dirigida a determinados objetivos, en un contexto (por la época de los acontecimientos y los hechos que se produjeron por entonces) particularmente relevante”.
La Cámara recomendó profundizar el link entre el celular de Nisman hackeado con el troyano y estos dos sospechosos entrerrianos, avisando al fiscal Taiano que investiga la muerte de Nisman sobre estos avances. “Lo expuesto fortalece la hipótesis –planteada, entre otros, por los testigos que revestían como agentes de inteligencia, cuya identidad (dado el curso tomando desde ahora por la investigación) deberá ser reservada– de que habría existido involucramiento de funcionarios de los organismos en danza en el seguimiento y búsqueda de información de los damnificados”.
De hecho, Ercolini estaba aportando estas piezas al fiscal la semana pasada para cruzar la información con las declaraciones de agentes de inteligencia que viene tomando Taiano.
Luciano Legascue, abogado defensor de Palá y Lesa, dijo a la nacion que se enteró por los medios de esta coincidencia de IP y que sus asistidos no son parte en la causa por la muerte de Nisman. “Procesalmente nada se ha dispuesto al respecto. Mis asistidos comercializaban IP de Iplan y no las controlaban cuando se consultaron los movimientos migratorios”, dijo el letrado. “Se perdió mucho y mucha prueba”, se lamentaba ante un funcionario la nacion judicial cercano al caso que busca determinar si esta evidencia conecta a Entre Ríos con los que ordenaron la operación de inteligencia sobre Nisman
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