Autorizan una millonaria suba del gasto en subsidios y para empresas públicas
Suman nuevas erogaciones por $7,6 billones; deuda y planes, entre las principales
Diego CabotFuente: Asap, sobre la base de datos del Boletín Oficial
El Gobierno autorizó ayer una millonaria suba del gasto público que, discrecionalmente, será aplicada en la ampliación de subsidios sociales, pagos de deuda y para engrosar las cajas de empresas públicas. Parte de ese aumento, que totaliza $7,6 billones, responde al ajuste derivado de una inflación que podría superar el doble de lo calculado por el ministro de Economía, Sergio Massa, en el presupuesto 2023 (del 60%). Al analizar el decreto, la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) estimó que se sumaron recursos por $3,64 billones, algo que, frente a la suba del gasto, implica un aumento del déficit fiscal de $4 billones. La letra chica de la norma señala que hay más dinero discrecional para 370 programas presupuestarios, mientras que se redujeron apenas tres, por $292 millones.
Más allá del ajuste por la suba de precios, los analistas dudan de si Massa podrá cumplir con la meta de déficit pactada con el FMI, de 1,9% del PBI, en plena campaña electoral.
Hace poco menos de un año, el ministro de Economía, Sergio Massa, llegó a la Cámara de Diputados y presentó el presupuesto para 2023. Eran momentos en los que tenía la espalda ancha y evangelizaba un sendero hacia una baja de la inflación para 2023. Optimista, sereno, seguro y sonriente, entregó sus cálculos y basó todo el aumento del gasto en una premisa: la inflación sería de 60% para este año.
Con un envión de precios que se prevé por encima del 150% anual, el Gobierno firmó un decreto en el que se incluye un cheque billonario para aumentar el gasto. La billetera electoral está desatada.
Los números dan cuenta de que se sumaron recursos por $3,64 billones (si, con b, es decir, una cifra y doce ceros) provenientes de una recaudación que también estaba estimada a un 60%. El punto es que se autorizaron gastos por $7,6 billones, un equivalente al 26% del crédito vigente. Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), hay más dinero discrecional para 370 programas presupuestarios, mientas que se redujeron apenas 3, por $292 millones.
La consecuencia es simple: el déficit para 2023 aumentó en $4 billones. El movimiento discrecional se esperaba, ya que el fracaso de aquellas previsiones del inicio de la gestión Massa era definitivo. Pero más allá de eso, la ampliación tiene enormes proporciones.
La pregunta que surge pasa por saber qué sucederá con la meta fiscal de 1,9% del PBI de déficit que el Gobierno comprometió para este año ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dos fuentes consultadas coincidieron en que aún hay margen para cumplir. Claro que para que eso suceda habrá que ver cómo terminan el año los subsidios energéticos, además de desacelerar aún más la obra pública. LA NACION consultó al Ministerio de Economía, pero allí no quisieron responder
Solo para tener idea del monumental aumento del gasto. El Ministerio de Desarrollo Social tenía presupuestados para políticas alimentarias $486.620 millones y ya se había gastado el 92%. Pues ayer, el decreto le entregó $289.680 millones más, es decir, subió su capacidad de gasto en 60%. Pero ahí no termina lo que recibió la ministra Victoria Tolosa Paz. Para el programa Potenciar Trabajo hay $413.031 millones, 70% más de lo que tenía.
La bacanal de gastos no deja dudas del error de previsión en aquel presupuesto. El Ministerio de Obras Públicas, actor principal alguna vez en las campañas electorales de cortes de cintas e inauguraciones, está lejos de lo que fue en otras elecciones. Por caso, para Corredores Viales, la compañía que maneja las rutas nacionales estatizadas por Gabriel Katopodis, recibió $3013 millones para pagar sueldos.
Para Fabricaciones Militares se despacharon $1500 millones, mientras que para la Fábrica Argentina de Aviones General San Martín hay otros $4300 millones. El mundo de los trenes también tiene su cheque millonario. Ferrocarril es Argentinossumó $500 millones; el B el grano Cargas, $11.000 millones, y la Operadora Ferroviaria, que es la que tiene la mayoría de los empleados, tendrá $66.000 millones más. En total, los trenes sumaron $95.295 millones para gastar hasta fin de año.
La campaña en las provincias también será asistida con fondos nacionales. En el rubro “Asistencia financiera a provincias y municipios” hay un cheque disponible de $97.064 millones. Desde la Presidencia de la Nación, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social tendrá $1335 millones.
La billetera estatal también les arrimó dinero a los medios públicos. La empresa Contenidos Públicos tendrá $435 millones; Radio y Televisión Argentina, $10.860 millones, y Télam, $2965 millones. En total, habrá $14.260 millones para el esquema de contenidos estatales.
Las empresas de energía tampoco se quedaron atrás. Energía Argentina (Enarsa) adicionó $150.000 millones; Yacyretá, $11.000 millones, y otros $16.000 millones fueron para Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT). El Ministerio de Transporte, para los colectivos, embolsó $171.829 millones extras.
Una de las notas particulares es el detalle de las obras con impacto en los presupuestos futuros. La provincia de los Kirchner se aseguró la construcción del Teatro de la Ría, ubicado en Río Gallegos. Este año habrá un desembolso de $2296 millones, mientras que comprometió gastos para el año que viene de alrededor de $9184 millones.
En el artículo 1 de la resolución también llama la atención una disposición. “Suspéndese para el corriente ejercicio lo dispuesto en el último párrafo del artículo 56 de la ley de administración financiera”, dice la norma que se publicó con la firma de todos los ministros. Ahora bien, ¿qué dice ese último párrafo? “Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos”, establece. Es decir, es como gastar un crédito hipotecario en la cuenta del supermercado; pedir un préstamo para comer. En eso está la Argentina.
El Gobierno autorizó ayer una millonaria suba del gasto público que, discrecionalmente, será aplicada en la ampliación de subsidios sociales, pagos de deuda y para engrosar las cajas de empresas públicas. Parte de ese aumento, que totaliza $7,6 billones, responde al ajuste derivado de una inflación que podría superar el doble de lo calculado por el ministro de Economía, Sergio Massa, en el presupuesto 2023 (del 60%). Al analizar el decreto, la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) estimó que se sumaron recursos por $3,64 billones, algo que, frente a la suba del gasto, implica un aumento del déficit fiscal de $4 billones. La letra chica de la norma señala que hay más dinero discrecional para 370 programas presupuestarios, mientras que se redujeron apenas tres, por $292 millones.
Más allá del ajuste por la suba de precios, los analistas dudan de si Massa podrá cumplir con la meta de déficit pactada con el FMI, de 1,9% del PBI, en plena campaña electoral.
Hace poco menos de un año, el ministro de Economía, Sergio Massa, llegó a la Cámara de Diputados y presentó el presupuesto para 2023. Eran momentos en los que tenía la espalda ancha y evangelizaba un sendero hacia una baja de la inflación para 2023. Optimista, sereno, seguro y sonriente, entregó sus cálculos y basó todo el aumento del gasto en una premisa: la inflación sería de 60% para este año.
Con un envión de precios que se prevé por encima del 150% anual, el Gobierno firmó un decreto en el que se incluye un cheque billonario para aumentar el gasto. La billetera electoral está desatada.
Los números dan cuenta de que se sumaron recursos por $3,64 billones (si, con b, es decir, una cifra y doce ceros) provenientes de una recaudación que también estaba estimada a un 60%. El punto es que se autorizaron gastos por $7,6 billones, un equivalente al 26% del crédito vigente. Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), hay más dinero discrecional para 370 programas presupuestarios, mientas que se redujeron apenas 3, por $292 millones.
La consecuencia es simple: el déficit para 2023 aumentó en $4 billones. El movimiento discrecional se esperaba, ya que el fracaso de aquellas previsiones del inicio de la gestión Massa era definitivo. Pero más allá de eso, la ampliación tiene enormes proporciones.
La pregunta que surge pasa por saber qué sucederá con la meta fiscal de 1,9% del PBI de déficit que el Gobierno comprometió para este año ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dos fuentes consultadas coincidieron en que aún hay margen para cumplir. Claro que para que eso suceda habrá que ver cómo terminan el año los subsidios energéticos, además de desacelerar aún más la obra pública. LA NACION consultó al Ministerio de Economía, pero allí no quisieron responder
Solo para tener idea del monumental aumento del gasto. El Ministerio de Desarrollo Social tenía presupuestados para políticas alimentarias $486.620 millones y ya se había gastado el 92%. Pues ayer, el decreto le entregó $289.680 millones más, es decir, subió su capacidad de gasto en 60%. Pero ahí no termina lo que recibió la ministra Victoria Tolosa Paz. Para el programa Potenciar Trabajo hay $413.031 millones, 70% más de lo que tenía.
La bacanal de gastos no deja dudas del error de previsión en aquel presupuesto. El Ministerio de Obras Públicas, actor principal alguna vez en las campañas electorales de cortes de cintas e inauguraciones, está lejos de lo que fue en otras elecciones. Por caso, para Corredores Viales, la compañía que maneja las rutas nacionales estatizadas por Gabriel Katopodis, recibió $3013 millones para pagar sueldos.
Para Fabricaciones Militares se despacharon $1500 millones, mientras que para la Fábrica Argentina de Aviones General San Martín hay otros $4300 millones. El mundo de los trenes también tiene su cheque millonario. Ferrocarril es Argentinossumó $500 millones; el B el grano Cargas, $11.000 millones, y la Operadora Ferroviaria, que es la que tiene la mayoría de los empleados, tendrá $66.000 millones más. En total, los trenes sumaron $95.295 millones para gastar hasta fin de año.
La campaña en las provincias también será asistida con fondos nacionales. En el rubro “Asistencia financiera a provincias y municipios” hay un cheque disponible de $97.064 millones. Desde la Presidencia de la Nación, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social tendrá $1335 millones.
La billetera estatal también les arrimó dinero a los medios públicos. La empresa Contenidos Públicos tendrá $435 millones; Radio y Televisión Argentina, $10.860 millones, y Télam, $2965 millones. En total, habrá $14.260 millones para el esquema de contenidos estatales.
Las empresas de energía tampoco se quedaron atrás. Energía Argentina (Enarsa) adicionó $150.000 millones; Yacyretá, $11.000 millones, y otros $16.000 millones fueron para Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT). El Ministerio de Transporte, para los colectivos, embolsó $171.829 millones extras.
Una de las notas particulares es el detalle de las obras con impacto en los presupuestos futuros. La provincia de los Kirchner se aseguró la construcción del Teatro de la Ría, ubicado en Río Gallegos. Este año habrá un desembolso de $2296 millones, mientras que comprometió gastos para el año que viene de alrededor de $9184 millones.
En el artículo 1 de la resolución también llama la atención una disposición. “Suspéndese para el corriente ejercicio lo dispuesto en el último párrafo del artículo 56 de la ley de administración financiera”, dice la norma que se publicó con la firma de todos los ministros. Ahora bien, ¿qué dice ese último párrafo? “Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos”, establece. Es decir, es como gastar un crédito hipotecario en la cuenta del supermercado; pedir un préstamo para comer. En eso está la Argentina.
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Juan Carlos de Pablo
Hoyes el último día de agosto, de manera que en pocos días más conoceremos las estimaciones privadas del aumento de los precios al consumidor entre julio y agosto pasados, y cerca de mediados de mes la estimación oficial.
Todo el mundo estima que la inflación de agosto fue de “dos dígitos”, pero, como esta categoría va de 10% a 99%, mucho no aclara. Más útil es prestarle atención a la estimación semanal de la evolución de los precios al consumidor, de FIEL. En la tercera semana de agosto, es decir, la primera luego del salto de val u a torio dispuesto por el Banco Central el 14 de agosto pasado, en promedio, dichos precios aumentaron 6%. Esto, agregado a los incrementos de las dos primeras semanas, acumula una suba de 13,2%, lo cual implica un aumento de 18% equivalente mensual.
Cualquier economista profesional diferencia entre los determinantes inmediatos y mediatos de la inflación. La suba de precios verificada a partir de la tercera semana de agosto es una consecuencia inmediata del citado salto devaluatorio, el cual, hace un par de semanas critiqué de manera contundente. Las políticas fiscales y monetarias impactan sobre la tasa de inflación, pero de manera mediata.
Sigo sosteniendo lo mismo. Luego de una derrota electoral, sin anunciar ni acompañar el salto devaluatorio con otras medidas que le dieran algún sentido, lo único que cabía esperar es lo que ocurrió. “Abriendo la tranquera” con respecto a lo que puede llegar a ocurrir. Claro que no estamos en híper, o en corridas bancaria o cambiaria, pero me resulta más difícil que hasta hace un par de semanas argumentar a favor de una terminación poco traumática del actual gobierno.
En este contexto hay que analizarlos denominados paliativos: los aumentos de suma fija (pésimos, como todo el mundo sabe), los bonos para ciertos jubilados, etcétera. No conozco a ningún beneficiario de estas medidas que piense que podrá neutralizar el aumento de los precios por la devaluación.
No es que veníamos fenómeno y el 14 de agosto el oficialismo metió la pata; veníamos con muchos problemas y encima esto. A caballo de lo cual, dado el resultado de las PASO, seguimos en campaña, lo cual dificulta la interpretación de mensajes. ¿Quién dijo que la vida es fácil? Comprendo, pero no termino de entender por qué la tenemos que hacer tan difícil.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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