La oposición denuncia un plan del oficialismo para colonizar la Justicia
Desde Juntos por el Cambio apuntan a nombres “poco conocidos” que aparecen en los 75 pliegos que quiere aprobar Cristina Kirchner; nexos con el kirchnerismo y el garantismo
Gustavo Ybarra
Cristina Kirchner impulsa una nueva sesión con la mira en la Justicia
Sus nombres son poco conocidos para el público en general, pero no para el mundillo judicial, y menos para el bloque de Juntos por el Cambio del Senado, que los considera parte de la ofensiva kirchnerista para colonizar la Justicia que podría desembarcar esta semana si es que el Frente de Todos logra reunir el quorum y habilitar una sesión para darles acuerdo este jueves.
Según sostienen en la oposición las listas de 75 pliegos judiciales que tienen dictamen y de 16 que esperan tomar estado parlamentario, lo que los habilitaría para su tratamiento en la Comisión de Acuerdos, están plagadas de candidatos que tienen estrechos vínculos con el kirchnerismo y destacados adherentes a la línea ultragarantista.
Como corolario, aseguran en Juntos por el Cambio, la aprobación de los pliegos le permitiría al oficialismo ocupar varios sitiales en la Justicia Nacional y Federal con sede en la Capital Federal, anticipando un traspaso de esos juzgados a la órbita de la ciudad. Además, les servirá para volcar el padrón a favor de la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados, que en noviembre tendrá una elección clave para elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura.
Es lo que una senadora de Pro bautizó “la oleada celeste”, en alusión a la expresión kirchnerista en la interna de los magistrados que agrupa a conspicuos miembros de Justicia Legítima.
En ese casillero aparecen anotados en los ayudamemorias de la oposición de la Cámara alta el nombre de Adrián Martín, postulado para la Cámara Nacional de Casación Penal y que fue candidato “celeste” en las elecciones de 2021. En la misma situación aparece Constanza Borghini, con dictamen para ser nombrada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, que fue una de las firmantes de la segunda solicitada de Justicia Legítima.
Entre los pliegos que esperan ser aprobados también figura el de Maximiliano Alberto Callizo, que fue protesorero de la Lista Celeste y espera recibir acuerdo como titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 17. Adherente de la agrupación es también Leonardo César Fillia, nominado para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
También candidato de la agrupación kirchnerista fue Fernando Poviña, que espera su acuerdo para convertirse en miembro de la Cámara Federal de Tucumán. Otro que también integró las listas de la Celeste fue Gerardo Pettigiani, compitió en las elecciones de 2016, quien fue nominado por el Poder Ejecutivo como juez de un tribunal oral de menores de Mercedes, pago chico del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y de su hermanastro, Juan Ustarroz, siempre activos a la hora de intervenir en los nombramientos judiciales.
En el principal bloque opositor también están alertas por el ingreso a la Justicia de fiscales y defensores a quienes consideran militantes kirchneristas. Son los casos de María Ángeles Ramos y de María Candelaria Migoya.
Ramos, que espera su acuerdo como fiscal general, fue propuesta por los diputados kirchneristas como testigo en el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Además, cumplió funciones en el Ministerio Público Fiscal durante la gestión de Alejandra Gils Carbó.
Migoya, por su parte, adhirió a las dos solicitadas de Justicia Legítima y está postulada como defensora oficial ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara de Apelaciones.
Si bien todos estos candidatos tienen dictamen de la Comisión de Acuerdos, donde el kirchnerismo tiene garantizada la mayoría para firmar dictamen, el interbloque opositor que todavía comanda el flamante gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), también objetará en el recinto algunos pliegos por haber sido elegidos de listas complementarias, salteándose a postulantes que estaban en las nóminas principales enviadas por el Consejo de la Magistratura por haber obtenido mejores puntajes en los concursos.
Son los casos de Alfonsina Bava (defensoría oficial Hurlingham), Carina Inés Gregoraschuk (Juzgado Federal 2 de Jujuy), Gonzalo Stordeur (defensor oficial, Jujuy), Carlos Pietragalla (fiscal del trabajo, Capital), José Chumbita (defensor oficial, La Rioja), Romina Magnano (defensora oficial, Morón) y Laura Ayala (defensora oficial, Capital).
Los nominaciones del Ejecutivo de nombres de listas complementarias también fueron encontradas por la oposición en la lista de 17 pliegos que esperan tomar estado parlamentario.
Es el caso del nombre que más inquieta a Juntos por el Cambio y que es el de María Laura Manín, propuesta como vocal en la sala de defensa de la competencia de la Cámara en lo Civil y Comercial. Además de no haber figurado entre los mejores resultados del concurso, esta joven es funcionaria del Ministerio del Interior y de estrecho vínculo político con De Pedro.
También fue tomado de una lista complementaria el nombre de Juan Rafael Stinco, que además de haber sido funcionario de Axel Kicillof cuando el actual gobernador era ministro de Economía, fue impugnado ante la Justicia porque buscará obtener su segundo acuerdo para un juzgado, ahora en uno contencioso administrativo, en poco más de dos años.
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“Quieren meterme preso”: Bento se defendió con acusaciones
El magistrado afirmó que se pretende desplazarlo para “poder quedarse con el cargo de juez federal electoral de Mendoza”
Sus nombres son poco conocidos para el público en general, pero no para el mundillo judicial, y menos para el bloque de Juntos por el Cambio del Senado, que los considera parte de la ofensiva kirchnerista para colonizar la Justicia que podría desembarcar esta semana si es que el Frente de Todos logra reunir el quorum y habilitar una sesión para darles acuerdo este jueves.
Según sostienen en la oposición las listas de 75 pliegos judiciales que tienen dictamen y de 16 que esperan tomar estado parlamentario, lo que los habilitaría para su tratamiento en la Comisión de Acuerdos, están plagadas de candidatos que tienen estrechos vínculos con el kirchnerismo y destacados adherentes a la línea ultragarantista.
Como corolario, aseguran en Juntos por el Cambio, la aprobación de los pliegos le permitiría al oficialismo ocupar varios sitiales en la Justicia Nacional y Federal con sede en la Capital Federal, anticipando un traspaso de esos juzgados a la órbita de la ciudad. Además, les servirá para volcar el padrón a favor de la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados, que en noviembre tendrá una elección clave para elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura.
Es lo que una senadora de Pro bautizó “la oleada celeste”, en alusión a la expresión kirchnerista en la interna de los magistrados que agrupa a conspicuos miembros de Justicia Legítima.
En ese casillero aparecen anotados en los ayudamemorias de la oposición de la Cámara alta el nombre de Adrián Martín, postulado para la Cámara Nacional de Casación Penal y que fue candidato “celeste” en las elecciones de 2021. En la misma situación aparece Constanza Borghini, con dictamen para ser nombrada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, que fue una de las firmantes de la segunda solicitada de Justicia Legítima.
Entre los pliegos que esperan ser aprobados también figura el de Maximiliano Alberto Callizo, que fue protesorero de la Lista Celeste y espera recibir acuerdo como titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 17. Adherente de la agrupación es también Leonardo César Fillia, nominado para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
También candidato de la agrupación kirchnerista fue Fernando Poviña, que espera su acuerdo para convertirse en miembro de la Cámara Federal de Tucumán. Otro que también integró las listas de la Celeste fue Gerardo Pettigiani, compitió en las elecciones de 2016, quien fue nominado por el Poder Ejecutivo como juez de un tribunal oral de menores de Mercedes, pago chico del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y de su hermanastro, Juan Ustarroz, siempre activos a la hora de intervenir en los nombramientos judiciales.
En el principal bloque opositor también están alertas por el ingreso a la Justicia de fiscales y defensores a quienes consideran militantes kirchneristas. Son los casos de María Ángeles Ramos y de María Candelaria Migoya.
Ramos, que espera su acuerdo como fiscal general, fue propuesta por los diputados kirchneristas como testigo en el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Además, cumplió funciones en el Ministerio Público Fiscal durante la gestión de Alejandra Gils Carbó.
Migoya, por su parte, adhirió a las dos solicitadas de Justicia Legítima y está postulada como defensora oficial ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara de Apelaciones.
Si bien todos estos candidatos tienen dictamen de la Comisión de Acuerdos, donde el kirchnerismo tiene garantizada la mayoría para firmar dictamen, el interbloque opositor que todavía comanda el flamante gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), también objetará en el recinto algunos pliegos por haber sido elegidos de listas complementarias, salteándose a postulantes que estaban en las nóminas principales enviadas por el Consejo de la Magistratura por haber obtenido mejores puntajes en los concursos.
Son los casos de Alfonsina Bava (defensoría oficial Hurlingham), Carina Inés Gregoraschuk (Juzgado Federal 2 de Jujuy), Gonzalo Stordeur (defensor oficial, Jujuy), Carlos Pietragalla (fiscal del trabajo, Capital), José Chumbita (defensor oficial, La Rioja), Romina Magnano (defensora oficial, Morón) y Laura Ayala (defensora oficial, Capital).
Los nominaciones del Ejecutivo de nombres de listas complementarias también fueron encontradas por la oposición en la lista de 17 pliegos que esperan tomar estado parlamentario.
Es el caso del nombre que más inquieta a Juntos por el Cambio y que es el de María Laura Manín, propuesta como vocal en la sala de defensa de la competencia de la Cámara en lo Civil y Comercial. Además de no haber figurado entre los mejores resultados del concurso, esta joven es funcionaria del Ministerio del Interior y de estrecho vínculo político con De Pedro.
También fue tomado de una lista complementaria el nombre de Juan Rafael Stinco, que además de haber sido funcionario de Axel Kicillof cuando el actual gobernador era ministro de Economía, fue impugnado ante la Justicia porque buscará obtener su segundo acuerdo para un juzgado, ahora en uno contencioso administrativo, en poco más de dos años.
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“Quieren meterme preso”: Bento se defendió con acusaciones
El magistrado afirmó que se pretende desplazarlo para “poder quedarse con el cargo de juez federal electoral de Mendoza”
Hernán Cappiello
La primera audiencia del juicio político a Bento
En el inicio del juicio político en su contra, en el que la acusación formuló graves cargos por mal desempeño, el juez de Mendoza Walter Bento dijo que lo quieren destituir y meter preso para quedarse con su cargo de magistrado federal con competencia electoral.
“Le pido al jurado que consienta esto: lo que se busca es meterme preso y quedarse a cargo del Juzgado Federal Electoral de Mendoza”, dijo Bento al jury de enjuiciamiento y acusó como principal responsable de esa maniobra al fiscal general de Mendoza Dante Vega.
Bento está suspendido en sus funciones y procesado con prisión preventiva firme acusado de ocho hechos de coimas, de enriquecerse de manera ilícita, de lavado de dinero y de integrar una asociación ilícita. Por esos cargos enfrenta desde el 26 de julio pasado un juicio penal en Mendoza. El juez está libre porque tiene fueros como magistrado federal.
En paralelo, en Buenos Aires se inició hoy su juicio político. En este proceso no se lo juzga por la comisión de delitos penales, sino por conductas que hacen a su desempeño como magistrado. El juicio político puede terminar con la destitución, lo que implica la pérdida de sus fueros y que de inmediato quede preso, en prisión preventiva, mientras se sustancian los juicios en su contra.
En el juicio político, a cargo del jury de enjuiciamiento, solo se analiza su desempeño como magistrado. Es un jury acotado porque solo hay 15 testigos y no se revisarán las acusaciones penales. Por ejemplo, la de recibir sobornos o incrementar ostensiblemente sus bienes.
Los acusadores hicieron graves cargos contra el magistrado para conseguir su remoción. Los acusadores que actúan como fiscales en este juicio son los consejeros de la Magistratura Miguel Piedecasas (abogado radical), Roxana Reyes (diputada de Juntos por el Cambio) y Eduardo Vischi (senador de Juntos por el Cambio).
Los consejeros
El jurado que decidirá el futuro del juez Bento fue elegido por sorteo y está integrado por los jueces Javier de la Fuente, de la Cámara del Crimen, y Javier María Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia; los senadores nacionales Daniel Bensusán (Frente de Todos-La Pampa) y José Torello (Pro-Buenos Aires); las diputadas nacionales Anahí Costa (Frente de Todos-Catamarca) y Ana Clara Romero (Pro-Chubut), y el abogado Alfredo Barrau.
Piedecasas enumeró los hechos de los que se acusa al magistrado, que van desde faltar a la verdad a la hora de tomar un crédito hipotecario, ocultando su calidad de persona políticamente expuesta, haberse negado a entregar su celular para que fuera investigado por la Justicia o cuando se burló del juez que lo investigaba, al vaciar su caja de seguridad antes de que fuera allanada.
Se lo acusa, también, de incumplir normas constitucionales, legales y de la ley de ética pública y del régimen de declaraciones juradas; de haber incluido datos falsos en un préstamo con garantía hipotecaria, ya que dijo que no tenía otra vivienda –sí la tenía– y darle al dinero otro destino que el declarado.
Bento enfrenta el cargo de no haberse inhibido en una causa en la que estaba comprometida su imparcialidad, entre varias irregularidades.
Al exponer su defensa, durante una hora y media, el juez dijo: “El móvil de esta maniobra, mediante la cual se generaron hechos falsos y pruebas falsas, era quedarse con el Juzgado Federal con Competencia Electoral de Mendoza”, dijo Bento. Y señaló que lo acusan de delitos de la causa penal, pero que aquí “son carriles separados y solo viene a defenderse de los hechos mencionados en su juicio político, no de los delitos de la causa penal”.
Insistió en responsabilizar por esa supuesta maniobra de quitarle el Juzgado Federal Electoral al fiscal federal mendocino que lleva adelante la acusación en el juicio penal de Mendoza.
En el inicio del juicio político en su contra, en el que la acusación formuló graves cargos por mal desempeño, el juez de Mendoza Walter Bento dijo que lo quieren destituir y meter preso para quedarse con su cargo de magistrado federal con competencia electoral.
“Le pido al jurado que consienta esto: lo que se busca es meterme preso y quedarse a cargo del Juzgado Federal Electoral de Mendoza”, dijo Bento al jury de enjuiciamiento y acusó como principal responsable de esa maniobra al fiscal general de Mendoza Dante Vega.
Bento está suspendido en sus funciones y procesado con prisión preventiva firme acusado de ocho hechos de coimas, de enriquecerse de manera ilícita, de lavado de dinero y de integrar una asociación ilícita. Por esos cargos enfrenta desde el 26 de julio pasado un juicio penal en Mendoza. El juez está libre porque tiene fueros como magistrado federal.
En paralelo, en Buenos Aires se inició hoy su juicio político. En este proceso no se lo juzga por la comisión de delitos penales, sino por conductas que hacen a su desempeño como magistrado. El juicio político puede terminar con la destitución, lo que implica la pérdida de sus fueros y que de inmediato quede preso, en prisión preventiva, mientras se sustancian los juicios en su contra.
En el juicio político, a cargo del jury de enjuiciamiento, solo se analiza su desempeño como magistrado. Es un jury acotado porque solo hay 15 testigos y no se revisarán las acusaciones penales. Por ejemplo, la de recibir sobornos o incrementar ostensiblemente sus bienes.
Los acusadores hicieron graves cargos contra el magistrado para conseguir su remoción. Los acusadores que actúan como fiscales en este juicio son los consejeros de la Magistratura Miguel Piedecasas (abogado radical), Roxana Reyes (diputada de Juntos por el Cambio) y Eduardo Vischi (senador de Juntos por el Cambio).
Los consejeros
El jurado que decidirá el futuro del juez Bento fue elegido por sorteo y está integrado por los jueces Javier de la Fuente, de la Cámara del Crimen, y Javier María Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia; los senadores nacionales Daniel Bensusán (Frente de Todos-La Pampa) y José Torello (Pro-Buenos Aires); las diputadas nacionales Anahí Costa (Frente de Todos-Catamarca) y Ana Clara Romero (Pro-Chubut), y el abogado Alfredo Barrau.
Piedecasas enumeró los hechos de los que se acusa al magistrado, que van desde faltar a la verdad a la hora de tomar un crédito hipotecario, ocultando su calidad de persona políticamente expuesta, haberse negado a entregar su celular para que fuera investigado por la Justicia o cuando se burló del juez que lo investigaba, al vaciar su caja de seguridad antes de que fuera allanada.
Se lo acusa, también, de incumplir normas constitucionales, legales y de la ley de ética pública y del régimen de declaraciones juradas; de haber incluido datos falsos en un préstamo con garantía hipotecaria, ya que dijo que no tenía otra vivienda –sí la tenía– y darle al dinero otro destino que el declarado.
Bento enfrenta el cargo de no haberse inhibido en una causa en la que estaba comprometida su imparcialidad, entre varias irregularidades.
Al exponer su defensa, durante una hora y media, el juez dijo: “El móvil de esta maniobra, mediante la cual se generaron hechos falsos y pruebas falsas, era quedarse con el Juzgado Federal con Competencia Electoral de Mendoza”, dijo Bento. Y señaló que lo acusan de delitos de la causa penal, pero que aquí “son carriles separados y solo viene a defenderse de los hechos mencionados en su juicio político, no de los delitos de la causa penal”.
Insistió en responsabilizar por esa supuesta maniobra de quitarle el Juzgado Federal Electoral al fiscal federal mendocino que lleva adelante la acusación en el juicio penal de Mendoza.
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