DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN....GRAVES PROBLEMAS

Discapacidad y educación Hay fuertes retrasos en los aranceles de las prestaciones y escasez de profesionales
Los grupos interdisciplinarios que acompañan a los alumnos cobrarán hacia fin de año, por su trabajo de septiembre, un 66% más de lo que recibían a fines 2022, frente a una inflación de 103,2% en nueve meses; se paga un bono, pero no es para todos Silvia StangLas prestaciones educativas están previstas en la ley de discapacidad
Con un nivel de inflación que entre enero y septiembre de este año acumuló un 103,2%, los problemas de financiamiento para la prestación de servicios de salud, que se arrastran desde hace años sin que surjan políticas de fondo, toman más fuerza en cada mes de este año. Los anuncios sobre el cobro de bonos para la atención de los pacientes; las subas mensuales de las cuotas de las prepagas con mecanismos burocráticos para pedir su reducción o su suspensión; las demoras en los turnos; el encarecimiento de los insumos, y las dificultades para concretar operaciones de importación de productos básicos son algunas de las señales que se van emitiendo de manera constante.
En el caso de las prestaciones vinculadas a la discapacidad –un tema en el cual el ministro de Economía y candidato a presidente por la oficialista Unión por la Patria, Sergio Massa, centró en parte algunos de sus más discursos de campaña– la cámara que agrupa a los centros que dan Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (SAIE) advirtió sobre un fuerte desfase entre la inflación y el reajuste de los aranceles, y puso el foco en que la situación provoca crecientes dificultades para encontrar profesionales que cubran los puestos laborales para el acompañamiento a los alumnos.
“A septiembre y en lo que va del año, los aranceles tuvieron una suba de 66%, con una inflación que llegó a 103,2%, y hay que tener en cuenta que las prestaciones se cobran a partir de los 60 días después de haberse realizado”, dijo a la na
Elizabeth Foschi, presidente de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (Casaie), quien agregó que las demoras para el cobro suelen ser mayores y llegar hasta los 4 o los 5 meses.
El trabajo que hacen los grupos interdisciplinarios (conformados por psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, profesores especiales y coordinadores) es el de acompañar y dar apoyo a los alumnos que concurren a escuelas comunes. Cada chico tiene a una persona que trabaja en el ámbito escolar y, además, por cada 30 alumnos (como máximo) hay un equipo de cinco personas. La prestación educativa está prevista en la ley 24.901, referida a discapacidad.
Según explica Foschi, lo que se cobra está sujeto a lo que indica un nomenclador nacional, más allá de que los chicos dependan de una obra social, una prepaga, el PAMI o el sistema público de salud. La resolución 5 que emitieron en agosto de este año el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad establece los valores por las diferentes prestaciones entre ese mes y diciembre. El reajuste fue de 10% para los aranceles de julio y de 5% para los de agosto y septiembre. Para cada mes del tercer trimestre se previó otro 5%.
Así, dados los valores establecidos en resoluciones anteriores, se llegaría a fin de año con un aumento nominal de 92%, frente a un índice de precios al consumidor que, según se estima, treparía en todo 2023 por arriba del 180%, según el dato surgido del último Relevamiento de Expectativas de Mercado publicado por el Banco Central.
En el caso de los servicios de inclusión educativa, según puntualizó Foschi, el monto por el servicio prestado en agosto (que se cobrará en noviembre), por chico y para todo el equipo y el mantenimiento de la sede de cada servicio, es de $171.352,18, mientras que por las prestaciones de septiembre es de $179.919,79 y por las de octubre (que se cobrarán efectivamente ya en 2024), de $188.915,78. Más allá de esas cifras y el retraso frente a la inflación, la directiva sostiene que “por enero y febrero no se cobra”, lo cual hace que sea “casi inviable trabajar en esto” y de allí se derivan problemas para encontrar profesionales.
“Nos cuesta conseguir personas que quieran trabajar, porque la paga es, en promedio, de $130.000 por el trabajo de cuatro horas [para quien hace el acompañamiento en el ámbito escolar], y a eso se suma el hecho de que no se cobra por enero y febrero; la demanda crece, porque hay cada vez más niños por los que se pide el servicio, y a la vez hay menos profesionales capacitados” para brindarlo.
El dinero, dependiendo de la afiliación de las familias, proviene del Fondo Solidario de Redistribución que tiene el sistema y que funciona bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud. El fondo, que también debe hacerse cargo de otras prestaciones, se financia con una parte de los aportes hechos por los trabajadores con descuentos de sus salarios. Por el circuito del mecanismo de pagos, “al servicio de apoyo le llega el dinero dos meses después” del trabajo, resume la directiva.
Según afirma, ante la aceleración de la inflación, en septiembre se iba a abrir una mesa de diálogo, pero eso no ocurrió. A fines de ese mes, la Agencia Nacional de Discapacidad anunció el pago de un bono excepcional, durante octubre, de 25% de la facturación emitida por las prestaciones correspondientes a julio. Ese cobro tiene requisitos que hace que no abarque a todos. “Además, la presentación para cobrar es complejísima; es un bono para distraer por la falta de convocatoria a la mesa de diálogo”, dicen en la cámara.
Según un comunicado de la entidad, los grupos que están allí nucleados dan apoyo a más de 10.000 alumnos de escuelas de todo el país.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA