Seguirá presa la familia acusada de una estafa millonaria en Rafaela
Dictaron la prisión preventiva de tres acusados por tiempo indeterminado y disponen embargos por $200.000.000
José E. Bordón
GooGle Maps El frente de las oficinas del Grupo Spaggiari en la ciudad de Rafaela
SANTA FE.– Los tres integrantes del grupo inmobiliario Spaggiari, de la ciudad de Rafaela –la madre, de 71 años, y dos hijos varones, de 45 y 48 años–, detenidos el lunes pasado acusados de estafar a ahorristas con una mesa de dinero que habría alcanzado cifras millonarias en dólares, continuarán con prisión preventiva. Así lo dispuso cerca de la medianoche del sábado la Justicia, que, además, procedió a inhibir bienes de los tres acusados por más de 200 millones de pesos.
En tanto, los otros cinco imputados, trabajadores de la firma, recuperarán su libertad.
Mirta Condotto, de 71 años, y sus hijos Matías Spaggiari, de 45, y Fernando Spaggiari, de 48, eran los responsables de la firma que alcanzó prestigio con una inmobiliaria y luego con dos firmas de insumos para la construcción. En 2019 comenzaron a operar captando fondos, en moneda extranjera, para futuros emprendimientos, hasta desarrollar la base de lo que luego se transformó en una denominada “estafa piramidal” similar al conocido esquema Ponzi. Esto derivó en una investigación judicial en la que los acusados están involucrados en 173 hechos, con 85 denuncias ratificadas en sede judicial, por un monto que podría alcanzar cerca de los 5 millones de dólares. Sin embargo, se cree que esa cifra sería mucho más elevada, teniendo en cuenta que muchos ahorristas no pudieron presentar todavía su reclamo formal en la Justicia.
La audiencia, realizada el sábado en la Sala 3 de los Tribunales de Rafaela, se extendió por 15 horas. Durante el transcurso de esta, el fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Guillermo Loyola, ratificó el pedido de prisión preventiva de los acusados. “Si bien la asociación ilícita conlleva una pena de 5 a 10 años, es importante recordar que en este caso estamos tratando con acusados que han causado daños irreparables. Las víctimas han sufrido profundamente, algunas requieren asistencia psicológica y otras han enfrentado problemas de salud graves, como ataques al corazón. Además, estas personas se han visto privadas de sus ahorros y de los sueños que habían depositado en sus inversiones”, indicó.
El fiscal también apuntó: “En ninguno de los allanamientos se ha encontrado documentación relacionada con los ahorristas o la actividad de la empresa. Esto sugiere que los acusados han ocultado deliberadamente esta información en los últimos meses, lo que refuerza la sospecha de que han estado involucrados en actividades fraudulentas y engañosas. Además, se ha hecho mención a posibles amenazas dirigidas a quienes se atrevieron a denunciar estos hechos”.
Loyola destacó “la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas cautelares”, como la prisión preventiva, “para garantizar que los acusados no eludan la justicia y que se puedan llevar a cabo las investigaciones pertinentes” porque “las víctimas merecen justicia y reparación, y es esencial asegurar que los responsables rindan cuentas por sus acciones”, subrayó.
El abogado José María Silvela, defensor de los imputados, argumentó que en la presentación fiscal se planteó que “los acusados estaban involucrados en maniobras fraudulentas, sin proporcionar detalles precisos sobre las acciones en cuestión y cuándo ocurrieron”.
“Según la normativa vigente, un contrato de mutuo acuerdo implica que una parte entrega una cantidad de bienes que la otra parte está autorizada a consumir. En otras palabras, se trata de un acuerdo voluntario en el que el prestamista actúa con discernimiento y libre albedrío al entregar el dinero”, dijo el defensor, para luego añadir: “La cuestión de si se estaba ante un tipo de contrato o no, debería discutirse en otro ámbito y no en un proceso penal”.
Silvela argumentó también que “no se ha demostrado la existencia de una asociación ilícita entre los acusados, ya que, según la ley, esto requiere un acuerdo de sus miembros para cometer delitos”.
En una parte de la audiencia, el juez Gustavo Bumaguin permitió a las víctimas presentes dar su testimonio. Una mujer expresó: “En una reunión privada, Matías y Fernando me dijeron que no estaban dispuestos a desinvertir para devolverme mi capital, a pesar de que construyeron su fortuna con nuestros fondos, sacrificio y ahorros de toda una vida. Necesitábamos el dinero porque mi hijo iba a una operación. En abril, teníamos la fecha programada y pedimos que nos devolvieran el dinero. No solo carecieron de empatía, sino que nos enviaron a un estudio jurídico para intentar hacernos firmar otro contrato. Le pido, señor juez, que se imponga una pena ejemplar, porque nos han robado nuestros sueños”, aseguró.
También expusieron dos exempleados del grupo, de apellidos Gareto y Ullman, quienes comentaron el desenvolvimiento de la empresa, la expansión esta y los problemas financieros que derivaron en la modalidad de recibir y administrar el dinero de los ahorristas, hasta que a fines de 2022 se cortó la cadena de pagos de intereses.
La versión de un acusado
En tanto, prestó declaración Matías Spaggiari, quien aseguró que “todo fue en blanco” y que los ahorristas, ahora damnificados, entregaron sus fondos en forma voluntaria. Agregó que “los empleados siempre estuvieron en blanco, por ende no hay una asociación ilícita”, e insistió en que el objetivo del grupo inmobiliario “nunca tuvo un fin criminal”, sino que “simplemente se atrasaron con los pagos”.
Cerca de las 23 del sábado, el juez Bumaguin resolvió ordenar la prisión preventiva para los hermanos Spaggiari y su madre, quien cumplirá dicha medida bajo la modalidad domiciliaria. Además, cada uno de ellos sufrirá la inhibición de sus bienes por unos $200 millones.
El juez también resolvió que los 5 acusados restantes enfrentarán una caución de $50 millones, no podrán acercarse a las víctimas ni salir del país y semanalmente deberán presentarse ante la Justicia.
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Juicio oral para once policías por matar a un inocente durante un procedimiento
Los peritajes determinaron que la víctima era un trabajador y estaba desarmado
Gustavo Carabajal
Archivo
Esteban Bellido tenía 39 años, era padre de tres hijos y trabajaba en una distribuidora de gaseosas en Virrey del Pino cuando fue a protestar por la inacción de la policía ante las denuncias contra un grupo de narcotraficantes que se instaló en un terreno tomado.
El 31 de octubre del año pasado, un grupo de efectivos llegó hasta el predio en el que los narcos vendían droga e intentaron desalojar a los traficantes. Los policías de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) abrieron fuego contra los manifestantes. Uno de los balazos mató al trabajador.
Según consta en el informe de la autopsia, Bellido murió a causa de una “hemorragia aguda secundaria provocada por las lesiones causadas por el paso del proyectil”. A partir de la investigación encarada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) se determinó que a Bellido le dispararon por la espalda y que el proyectil no había sido encontrado.
En las últimas horas, la Justicia fijó la fecha de inicio para el juicio oral por el asesinato de Bellido, en el que serán juzgados los once policías bonaerenses que participaron en el operativo. Entre los uniformados, que serán sometidos al juicio por jurados, figuran los efectivos que dispararon contra Bellido y los que encubrieron a los autores del homicidio.
El debate comenzará en marzo próximo y será dirigido por el juez del Tribunal Oral N° 5, de La Matanza, Matías Deane, que aceptó el requerimiento presentado por el fiscal, Carlos Arribas, y la elevación del sumario. De los once policías imputados, tres serán juzgados como presuntos coautores del “homicidio agravado por haber sido cometido por un miembro de la fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego”.
Los policías que se desempeñaban en la UTOI habrían sido identificados por fuentes judiciales como Kevin Vallejos, Nicolás Torres y Maximiliano Villalva. Actualmente, los tres efectivos están detenidos en un penal bonaerense.
Quiénes dispararon
Los tres policías acusados de abrir fuego manifestaron que dispararon porque hubo una agresión previa y que nunca tiraron a matar. “Los disparos fueron dirigidos al piso. En todo caso, se tratará de un homicidio culposo”, indicó uno de los letrados que defiende a los uniformados.
En sus declaraciones, los policías afirmaron que la escena del crimen fue modificada por la gente que rodeó el lugar cuando encontraron el cuerpo de Bellido y que alguna de esas personas se habría llevado un arma. Durante la investigación realizada por los funcionarios del MPF de La Matanza y por los peritos de la Gendarmería se determinó que la víctima estaba desarmada.
El hecho de brutalidad policial ocurrió a tres cuadras del descampado donde funcionaban dos puestos de venta de droga. Esas construcciones de madera, lona y bolsas fueron incendiadas por los vecinos en medio de una protesta en la que exigieron presencia policial en el barrio para frenar la ola de delitos y expulsar a los narcos.
A Bellido lo mataron casi seis meses después del asesinato del chofer la línea 620, Daniel Barrientos. Ambos homicidios ocurrieron el barrio Vernazza de Virrey del Pino. En la misma localidad fueron asesinados otros dos colectiveros, en los últimos cinco años.
Sucesión de homicidios
A Leandro Alcaraz y Pablo Flores los mataron entre los kilómetros 35 y 41 de la ruta 3. Alcaraz fue asesinado cuando llegaba a la parada situada en el cruce de Santiago Bueras y Concordia, del barrio San Pedro. A la altura del kilómetro 35 de la ruta 3. Le dispararon dos balazos en el tórax y otro en el cráneo.
El 1° de octubre de 2020 fue asesinado Pablo Flores. Lo mataron cuando conducía el interno 75 de la línea 218, de la empresa Almafuerte, en la esquina de San Javier y Bacigaluppi, cerca del kilómetro 38 de la ruta 3.
Barrientos fue asesinado en el barrio Vernazza, en la esquina de Cullen y Escribano, a la altura del kilómetro 41 de la ruta 3. Lo mataron cuando conducía el interno 87 de la línea 620. Había quedado en medio de un tiroteo entre dos delincuentes que asaltaron a los pasajeros y un oficial de la Policía de la Ciudad que viajaba en dicha unidad.
Tanto Virrey del Pino como Rafael Castillo figuran entre las zonas más conflictivas por la cantidad de homicidios que se registran en dichas localidades. Semejante sucesión de hechos de violencia está asociada a la instalación de numerosos puestos de venta de droga en ese sector de La Matanza.
Con respecto a los otros ocho policías acusados por el homicidio de Bellido, el Ministerio Público de La Matanza los consideró presuntos responsables de “violación de los deberes del funcionario público en concurso ideal con encubrimiento agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave y por ser funcionario público”.
Durante la investigación realizada por el fiscal Arribas se habría determinado “que los efectivos del grupo UTOI llegaron a bordo de varias patrullas a la intersección de las calles Padre Mujica y Alborada y, abusando de su función o cargo al ser miembros integrantes de una fuerza policial, efectuaron varios disparos de arma de fuego contra Bellido con la intención de causarle la muerte”
SANTA FE.– Los tres integrantes del grupo inmobiliario Spaggiari, de la ciudad de Rafaela –la madre, de 71 años, y dos hijos varones, de 45 y 48 años–, detenidos el lunes pasado acusados de estafar a ahorristas con una mesa de dinero que habría alcanzado cifras millonarias en dólares, continuarán con prisión preventiva. Así lo dispuso cerca de la medianoche del sábado la Justicia, que, además, procedió a inhibir bienes de los tres acusados por más de 200 millones de pesos.
En tanto, los otros cinco imputados, trabajadores de la firma, recuperarán su libertad.
Mirta Condotto, de 71 años, y sus hijos Matías Spaggiari, de 45, y Fernando Spaggiari, de 48, eran los responsables de la firma que alcanzó prestigio con una inmobiliaria y luego con dos firmas de insumos para la construcción. En 2019 comenzaron a operar captando fondos, en moneda extranjera, para futuros emprendimientos, hasta desarrollar la base de lo que luego se transformó en una denominada “estafa piramidal” similar al conocido esquema Ponzi. Esto derivó en una investigación judicial en la que los acusados están involucrados en 173 hechos, con 85 denuncias ratificadas en sede judicial, por un monto que podría alcanzar cerca de los 5 millones de dólares. Sin embargo, se cree que esa cifra sería mucho más elevada, teniendo en cuenta que muchos ahorristas no pudieron presentar todavía su reclamo formal en la Justicia.
La audiencia, realizada el sábado en la Sala 3 de los Tribunales de Rafaela, se extendió por 15 horas. Durante el transcurso de esta, el fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Guillermo Loyola, ratificó el pedido de prisión preventiva de los acusados. “Si bien la asociación ilícita conlleva una pena de 5 a 10 años, es importante recordar que en este caso estamos tratando con acusados que han causado daños irreparables. Las víctimas han sufrido profundamente, algunas requieren asistencia psicológica y otras han enfrentado problemas de salud graves, como ataques al corazón. Además, estas personas se han visto privadas de sus ahorros y de los sueños que habían depositado en sus inversiones”, indicó.
El fiscal también apuntó: “En ninguno de los allanamientos se ha encontrado documentación relacionada con los ahorristas o la actividad de la empresa. Esto sugiere que los acusados han ocultado deliberadamente esta información en los últimos meses, lo que refuerza la sospecha de que han estado involucrados en actividades fraudulentas y engañosas. Además, se ha hecho mención a posibles amenazas dirigidas a quienes se atrevieron a denunciar estos hechos”.
Loyola destacó “la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas cautelares”, como la prisión preventiva, “para garantizar que los acusados no eludan la justicia y que se puedan llevar a cabo las investigaciones pertinentes” porque “las víctimas merecen justicia y reparación, y es esencial asegurar que los responsables rindan cuentas por sus acciones”, subrayó.
El abogado José María Silvela, defensor de los imputados, argumentó que en la presentación fiscal se planteó que “los acusados estaban involucrados en maniobras fraudulentas, sin proporcionar detalles precisos sobre las acciones en cuestión y cuándo ocurrieron”.
“Según la normativa vigente, un contrato de mutuo acuerdo implica que una parte entrega una cantidad de bienes que la otra parte está autorizada a consumir. En otras palabras, se trata de un acuerdo voluntario en el que el prestamista actúa con discernimiento y libre albedrío al entregar el dinero”, dijo el defensor, para luego añadir: “La cuestión de si se estaba ante un tipo de contrato o no, debería discutirse en otro ámbito y no en un proceso penal”.
Silvela argumentó también que “no se ha demostrado la existencia de una asociación ilícita entre los acusados, ya que, según la ley, esto requiere un acuerdo de sus miembros para cometer delitos”.
En una parte de la audiencia, el juez Gustavo Bumaguin permitió a las víctimas presentes dar su testimonio. Una mujer expresó: “En una reunión privada, Matías y Fernando me dijeron que no estaban dispuestos a desinvertir para devolverme mi capital, a pesar de que construyeron su fortuna con nuestros fondos, sacrificio y ahorros de toda una vida. Necesitábamos el dinero porque mi hijo iba a una operación. En abril, teníamos la fecha programada y pedimos que nos devolvieran el dinero. No solo carecieron de empatía, sino que nos enviaron a un estudio jurídico para intentar hacernos firmar otro contrato. Le pido, señor juez, que se imponga una pena ejemplar, porque nos han robado nuestros sueños”, aseguró.
También expusieron dos exempleados del grupo, de apellidos Gareto y Ullman, quienes comentaron el desenvolvimiento de la empresa, la expansión esta y los problemas financieros que derivaron en la modalidad de recibir y administrar el dinero de los ahorristas, hasta que a fines de 2022 se cortó la cadena de pagos de intereses.
La versión de un acusado
En tanto, prestó declaración Matías Spaggiari, quien aseguró que “todo fue en blanco” y que los ahorristas, ahora damnificados, entregaron sus fondos en forma voluntaria. Agregó que “los empleados siempre estuvieron en blanco, por ende no hay una asociación ilícita”, e insistió en que el objetivo del grupo inmobiliario “nunca tuvo un fin criminal”, sino que “simplemente se atrasaron con los pagos”.
Cerca de las 23 del sábado, el juez Bumaguin resolvió ordenar la prisión preventiva para los hermanos Spaggiari y su madre, quien cumplirá dicha medida bajo la modalidad domiciliaria. Además, cada uno de ellos sufrirá la inhibición de sus bienes por unos $200 millones.
El juez también resolvió que los 5 acusados restantes enfrentarán una caución de $50 millones, no podrán acercarse a las víctimas ni salir del país y semanalmente deberán presentarse ante la Justicia.
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Juicio oral para once policías por matar a un inocente durante un procedimiento
Los peritajes determinaron que la víctima era un trabajador y estaba desarmado
Gustavo Carabajal
Esteban Bellido tenía 39 años, era padre de tres hijos y trabajaba en una distribuidora de gaseosas en Virrey del Pino cuando fue a protestar por la inacción de la policía ante las denuncias contra un grupo de narcotraficantes que se instaló en un terreno tomado.
El 31 de octubre del año pasado, un grupo de efectivos llegó hasta el predio en el que los narcos vendían droga e intentaron desalojar a los traficantes. Los policías de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) abrieron fuego contra los manifestantes. Uno de los balazos mató al trabajador.
Según consta en el informe de la autopsia, Bellido murió a causa de una “hemorragia aguda secundaria provocada por las lesiones causadas por el paso del proyectil”. A partir de la investigación encarada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) se determinó que a Bellido le dispararon por la espalda y que el proyectil no había sido encontrado.
En las últimas horas, la Justicia fijó la fecha de inicio para el juicio oral por el asesinato de Bellido, en el que serán juzgados los once policías bonaerenses que participaron en el operativo. Entre los uniformados, que serán sometidos al juicio por jurados, figuran los efectivos que dispararon contra Bellido y los que encubrieron a los autores del homicidio.
El debate comenzará en marzo próximo y será dirigido por el juez del Tribunal Oral N° 5, de La Matanza, Matías Deane, que aceptó el requerimiento presentado por el fiscal, Carlos Arribas, y la elevación del sumario. De los once policías imputados, tres serán juzgados como presuntos coautores del “homicidio agravado por haber sido cometido por un miembro de la fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego”.
Los policías que se desempeñaban en la UTOI habrían sido identificados por fuentes judiciales como Kevin Vallejos, Nicolás Torres y Maximiliano Villalva. Actualmente, los tres efectivos están detenidos en un penal bonaerense.
Quiénes dispararon
Los tres policías acusados de abrir fuego manifestaron que dispararon porque hubo una agresión previa y que nunca tiraron a matar. “Los disparos fueron dirigidos al piso. En todo caso, se tratará de un homicidio culposo”, indicó uno de los letrados que defiende a los uniformados.
En sus declaraciones, los policías afirmaron que la escena del crimen fue modificada por la gente que rodeó el lugar cuando encontraron el cuerpo de Bellido y que alguna de esas personas se habría llevado un arma. Durante la investigación realizada por los funcionarios del MPF de La Matanza y por los peritos de la Gendarmería se determinó que la víctima estaba desarmada.
El hecho de brutalidad policial ocurrió a tres cuadras del descampado donde funcionaban dos puestos de venta de droga. Esas construcciones de madera, lona y bolsas fueron incendiadas por los vecinos en medio de una protesta en la que exigieron presencia policial en el barrio para frenar la ola de delitos y expulsar a los narcos.
A Bellido lo mataron casi seis meses después del asesinato del chofer la línea 620, Daniel Barrientos. Ambos homicidios ocurrieron el barrio Vernazza de Virrey del Pino. En la misma localidad fueron asesinados otros dos colectiveros, en los últimos cinco años.
Sucesión de homicidios
A Leandro Alcaraz y Pablo Flores los mataron entre los kilómetros 35 y 41 de la ruta 3. Alcaraz fue asesinado cuando llegaba a la parada situada en el cruce de Santiago Bueras y Concordia, del barrio San Pedro. A la altura del kilómetro 35 de la ruta 3. Le dispararon dos balazos en el tórax y otro en el cráneo.
El 1° de octubre de 2020 fue asesinado Pablo Flores. Lo mataron cuando conducía el interno 75 de la línea 218, de la empresa Almafuerte, en la esquina de San Javier y Bacigaluppi, cerca del kilómetro 38 de la ruta 3.
Barrientos fue asesinado en el barrio Vernazza, en la esquina de Cullen y Escribano, a la altura del kilómetro 41 de la ruta 3. Lo mataron cuando conducía el interno 87 de la línea 620. Había quedado en medio de un tiroteo entre dos delincuentes que asaltaron a los pasajeros y un oficial de la Policía de la Ciudad que viajaba en dicha unidad.
Tanto Virrey del Pino como Rafael Castillo figuran entre las zonas más conflictivas por la cantidad de homicidios que se registran en dichas localidades. Semejante sucesión de hechos de violencia está asociada a la instalación de numerosos puestos de venta de droga en ese sector de La Matanza.
Con respecto a los otros ocho policías acusados por el homicidio de Bellido, el Ministerio Público de La Matanza los consideró presuntos responsables de “violación de los deberes del funcionario público en concurso ideal con encubrimiento agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave y por ser funcionario público”.
Durante la investigación realizada por el fiscal Arribas se habría determinado “que los efectivos del grupo UTOI llegaron a bordo de varias patrullas a la intersección de las calles Padre Mujica y Alborada y, abusando de su función o cargo al ser miembros integrantes de una fuerza policial, efectuaron varios disparos de arma de fuego contra Bellido con la intención de causarle la muerte”
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