Cacerolazo contra el paro. Cómo se gestó el grupo empresario que apoya a Milei
Surgió de contactos entre los miembros del Movimiento Empresarial Antibloqueo y busca que avancen las reformas laborales, sindicales y tributarias del Gobierno
Camila Dolabjian
En el sector privado el río está revuelto. Empresas pequeñas y medianas sienten que la representación que ofrecen sus entidades se ha desvirtuado en negociaciones políticas o ha sido tomada por actores cuya opinión no refleja a todas las organizaciones que contienen. En medio de los análisis y posturas que surgen en torno a la desregulación laboral, sindical y tributaria del DNU y la ley ómnibus, se gestó un grupo de cerca de 3000 pequeñas y medianas empresas, que incluyen a productores y emprendedores, cuya intención es mostrar apoyo público a las medidas del presidente Javier Milei. También organizan un cacerolazo, este domingo, contra el paro de la CGT convocado para el 24 de enero.
El grupo, llamado PEP, se reunió con varios legisladores, incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con la Cámara de Apelaciones del Trabajo que otorgó una cautelar en contra de las medidas del decreto de necesidad y urgencia.
El mayor revuelo se generó el viernes pasado, cuando desde la Oficina del Presidente emitieron un comunicado oficial en apoyo a esta nueva organización y agradecieron “su respaldo”.
Las suspicacias por parte de la oposición surgieron a partir de que se trataba de un grupo no reconocido formalmente y con poco tiempo de vida.
Sus impulsores, entre los que están Rodolfo Llanos, Gustavo Lazzari y Alejandra Bada Vázquez, iniciaron una convocatoria a otros empresarios utilizando como grupo base el Movimiento Empresarial Antibloqueo, creado a partir del trabajo de Florencia Arietto con Pymes que habían sufrido problemas en su normal operatoria por el actuar de los sindicatos. Llegaron, a través de grupos de WhatsApp y un formulario online, a unas 3000 empresas.
Llanos, uno de sus principales voceros, explicó se trata de un impulso genuino del sector privado y que no tienen vínculos con funcionarios del Gobierno.
También comentó que nunca habló con Milei y que incluso le envió un mensaje tras su victoria, pero fue bloqueado por el flamante mandatario. “El comunicado fue una sorpresa total, el chat explotaba porque no lo podían creer”, aseguró.
La intención de PEP es interceder con los actores necesarios para que el DNU quede vigente y que la ley se apruebe. Pidieron reuniones con múltiples organizaciones: desde la Unión Industrial Argentina a la Sociedad Rural, pasando por Coninagro, la Cámara de la Construcción y la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).
“Les estamos armando un lío tremendo a esas cámaras”, dijo Llanos.
“Algunas quedaron muy atrapadas en el proceso electoral. Por lo bajo, dicen que están de acuerdo en su mayoría, pero cada una tiene sus relaciones y negociaciones políticas”, agregó.
Por otra parte, sobre las pymes opinó que muchos dirigentes tienen “temor” a entender que “el mundo está bajo otro paradigma”, aunque no ve deshonestidad sino miedo a perder lo conseguido.
El Comité PEP, según Llanos, no tiene líder, ni jefe ni personería, aunque ya tiene página web (creada el 12 de enero). Según sus estimaciones, el 40% de los miembros tienen relación con el campo y “están dispuestos a bancarse las retenciones si es para sacar el país adelante en un año”.
A principios de enero, le entregaron un petitorio a la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Cuando un grupo de 20 personas, aproximadamente, se acercó a ingresarlo por mesa de entradas formalmente, solicitaron una reunión con los magistrados, que accedieron. Fueron recibidos por la presidenta de la sala de feria del tribunal, María Dora González, que falló en contra de la cautelar, y Andrea Érica García Vior, cuya decisión fue a favor.
“Reconocemos que el DNU representa un cambio de paradigma y entendemos que requerirá un esfuerzo colectivo. No obstante, estamos profundamente convencidos de que, sin estas transformaciones vitales, el pueblo argentino quedará sumido en la más inhumana pobreza”, decía el petitorio.
El comunicado, que fue enviado al Presidente, decía: “Sin industria del juicio, con condiciones justas de contratación y condenando expresamente los bloqueos de las mafias se dan las condiciones necesarias para la inversión y la creación de trabajo genuino. Queremos dar un salto hacia adelante impulsando las propuestas que buscan ordenar los costos laborales para las pymes y emprendedores, fomentando la pronta creación desempleo privado de calidad, generando un mayor bienestar para las familias argentinas que hoy se encuentran arrasadas por la caída del poder adquisitivo. Trabajamos juntos todas las vertientes del sector productivo en el mismo sentido”.
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El Gobierno evalúa descontarles el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro de la CGT
Lo reconoció el vocero presidencial, Manuel Adorni; la medida de fuerza está programada para el próximo 24 de enero y se prevé que no habrá transportes
El vocero Adorni, ayer, en la Casa Rosada
Durante su conferencia diaria, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno está estudiando la posibilidad de descontarles el día a los trabajadores del Estado que se adhieran al paro general organizado por la CGT para el próximo 24. “Lo estamos analizando como una posibilidad cierta”, expresó.
La central sindical convocó a una protesta contra el decreto que reduce el poder de los gremios y elimina el sistema automático de su recaudación.
La parte de la reforma laboral incluida en el decreto, que también contempla modificaciones en los cálculos indemnizatorios, fue suspendida por la Justicia del Trabajo, donde tienen una gran incidencia los gremios.
Los sindicatos resisten, en especial, la eliminación de los aportes automáticos que se quitan a los sueldos de los trabajadores para dárselos a los gremios. El decreto contempla que ahora los trabajadores deban informar expresamente que quieren derivar el aporte a los gremios antes de descontarlo de sus sueldos.
El Gobierno intenta que la controversia judicial llegue a la Corte Suprema (ver aparte).
En su plataforma de gobierno que presentó ante la Justicia Electoral, Milei había propuesto una “modernización laboral” y mencionaba su intención de implementar un fondo de cese laboral o seguro de desempleo en reemplazo para las indemnizaciones.
En ese momento tomó como ejemplo en su presentación el modelo que tiene implementado la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (Uocra).
El decreto contempla este sistema indemnizatorio, pero con una salvedad: será voluntario y debe acordarse por convenio colectivo, en acuerdo entre las partes empresarias y sindicales.
La convocatoria de la CGT parte del rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 y la ley “bases y puntos de partida para la libertad”, que se discute en el Congreso, conocida como ley ómnibus.
En particular, las centrales sindicales se oponen a los cambios en la ley laboral que traen aparejados estos textos legislativos, que finalmente fueron frenados por las medidas cautelares dictadas por distintos tribunales en el país, hasta que la Corte Suprema de Justicia defina su constitucionalidad en febrero.
La protesta también engloba la declaración de emergencia en las áreas económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, que le da facultades legislativas al Poder Ejecutivo por dos años, con la posibilidad de que esta potestad sea prorrogada por dos años más, es decir, el total del mandato de Javier Milei.
El paro
La jornada de paro incluirá una movilización al Congreso, donde se prevé que hablen los triunviros de la CGT: Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.
Daer, ayer, llevó sus críticas contra el DNU y la ley ómnibus a la Cámara de Diputados.
Además, se sumaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Sitralab (Sindicato de Trabajadores de Laboratorios), el SUOR (Sindicato Único de Obreros Rurales), el Soesgype (Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, GNC, Playa de Estacionamiento), entre otros. La adhesión de los gremios del transporte garantiza gran parte de las ausencias a los puestos de trabajo.
El Gobierno espera que el proyecto, que empezó a tratarse esta semana en las comisiones de la Cámara de Diputados, pueda debatirse cuanto antes. “Independientemente del paro, si puede ser esta semana, bienvenido sea. No manejamos eso nosotros, pero esperemos que sea lo antes posible por el bien de todos los argentinos”, expresó el vocero.
Finalmente, Adorni volvió a hacer referencia a que “el norte” de la presidencia es que la ley se aplique de la forma en la que está planteada. “Acá no hay nada para negociar. Se reciben sugerencias para mejorar la ley y se tienen conversaciones para aclarar inquietudes, pero el norte no se modifica ni se va a modificar nunca”.
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En el sector privado el río está revuelto. Empresas pequeñas y medianas sienten que la representación que ofrecen sus entidades se ha desvirtuado en negociaciones políticas o ha sido tomada por actores cuya opinión no refleja a todas las organizaciones que contienen. En medio de los análisis y posturas que surgen en torno a la desregulación laboral, sindical y tributaria del DNU y la ley ómnibus, se gestó un grupo de cerca de 3000 pequeñas y medianas empresas, que incluyen a productores y emprendedores, cuya intención es mostrar apoyo público a las medidas del presidente Javier Milei. También organizan un cacerolazo, este domingo, contra el paro de la CGT convocado para el 24 de enero.
El grupo, llamado PEP, se reunió con varios legisladores, incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con la Cámara de Apelaciones del Trabajo que otorgó una cautelar en contra de las medidas del decreto de necesidad y urgencia.
El mayor revuelo se generó el viernes pasado, cuando desde la Oficina del Presidente emitieron un comunicado oficial en apoyo a esta nueva organización y agradecieron “su respaldo”.
Las suspicacias por parte de la oposición surgieron a partir de que se trataba de un grupo no reconocido formalmente y con poco tiempo de vida.
Sus impulsores, entre los que están Rodolfo Llanos, Gustavo Lazzari y Alejandra Bada Vázquez, iniciaron una convocatoria a otros empresarios utilizando como grupo base el Movimiento Empresarial Antibloqueo, creado a partir del trabajo de Florencia Arietto con Pymes que habían sufrido problemas en su normal operatoria por el actuar de los sindicatos. Llegaron, a través de grupos de WhatsApp y un formulario online, a unas 3000 empresas.
Llanos, uno de sus principales voceros, explicó se trata de un impulso genuino del sector privado y que no tienen vínculos con funcionarios del Gobierno.
También comentó que nunca habló con Milei y que incluso le envió un mensaje tras su victoria, pero fue bloqueado por el flamante mandatario. “El comunicado fue una sorpresa total, el chat explotaba porque no lo podían creer”, aseguró.
La intención de PEP es interceder con los actores necesarios para que el DNU quede vigente y que la ley se apruebe. Pidieron reuniones con múltiples organizaciones: desde la Unión Industrial Argentina a la Sociedad Rural, pasando por Coninagro, la Cámara de la Construcción y la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).
“Les estamos armando un lío tremendo a esas cámaras”, dijo Llanos.
“Algunas quedaron muy atrapadas en el proceso electoral. Por lo bajo, dicen que están de acuerdo en su mayoría, pero cada una tiene sus relaciones y negociaciones políticas”, agregó.
Por otra parte, sobre las pymes opinó que muchos dirigentes tienen “temor” a entender que “el mundo está bajo otro paradigma”, aunque no ve deshonestidad sino miedo a perder lo conseguido.
El Comité PEP, según Llanos, no tiene líder, ni jefe ni personería, aunque ya tiene página web (creada el 12 de enero). Según sus estimaciones, el 40% de los miembros tienen relación con el campo y “están dispuestos a bancarse las retenciones si es para sacar el país adelante en un año”.
A principios de enero, le entregaron un petitorio a la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Cuando un grupo de 20 personas, aproximadamente, se acercó a ingresarlo por mesa de entradas formalmente, solicitaron una reunión con los magistrados, que accedieron. Fueron recibidos por la presidenta de la sala de feria del tribunal, María Dora González, que falló en contra de la cautelar, y Andrea Érica García Vior, cuya decisión fue a favor.
“Reconocemos que el DNU representa un cambio de paradigma y entendemos que requerirá un esfuerzo colectivo. No obstante, estamos profundamente convencidos de que, sin estas transformaciones vitales, el pueblo argentino quedará sumido en la más inhumana pobreza”, decía el petitorio.
El comunicado, que fue enviado al Presidente, decía: “Sin industria del juicio, con condiciones justas de contratación y condenando expresamente los bloqueos de las mafias se dan las condiciones necesarias para la inversión y la creación de trabajo genuino. Queremos dar un salto hacia adelante impulsando las propuestas que buscan ordenar los costos laborales para las pymes y emprendedores, fomentando la pronta creación desempleo privado de calidad, generando un mayor bienestar para las familias argentinas que hoy se encuentran arrasadas por la caída del poder adquisitivo. Trabajamos juntos todas las vertientes del sector productivo en el mismo sentido”.
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El Gobierno evalúa descontarles el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro de la CGT
Lo reconoció el vocero presidencial, Manuel Adorni; la medida de fuerza está programada para el próximo 24 de enero y se prevé que no habrá transportes
Durante su conferencia diaria, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno está estudiando la posibilidad de descontarles el día a los trabajadores del Estado que se adhieran al paro general organizado por la CGT para el próximo 24. “Lo estamos analizando como una posibilidad cierta”, expresó.
La central sindical convocó a una protesta contra el decreto que reduce el poder de los gremios y elimina el sistema automático de su recaudación.
La parte de la reforma laboral incluida en el decreto, que también contempla modificaciones en los cálculos indemnizatorios, fue suspendida por la Justicia del Trabajo, donde tienen una gran incidencia los gremios.
Los sindicatos resisten, en especial, la eliminación de los aportes automáticos que se quitan a los sueldos de los trabajadores para dárselos a los gremios. El decreto contempla que ahora los trabajadores deban informar expresamente que quieren derivar el aporte a los gremios antes de descontarlo de sus sueldos.
El Gobierno intenta que la controversia judicial llegue a la Corte Suprema (ver aparte).
En su plataforma de gobierno que presentó ante la Justicia Electoral, Milei había propuesto una “modernización laboral” y mencionaba su intención de implementar un fondo de cese laboral o seguro de desempleo en reemplazo para las indemnizaciones.
En ese momento tomó como ejemplo en su presentación el modelo que tiene implementado la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (Uocra).
El decreto contempla este sistema indemnizatorio, pero con una salvedad: será voluntario y debe acordarse por convenio colectivo, en acuerdo entre las partes empresarias y sindicales.
La convocatoria de la CGT parte del rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 y la ley “bases y puntos de partida para la libertad”, que se discute en el Congreso, conocida como ley ómnibus.
En particular, las centrales sindicales se oponen a los cambios en la ley laboral que traen aparejados estos textos legislativos, que finalmente fueron frenados por las medidas cautelares dictadas por distintos tribunales en el país, hasta que la Corte Suprema de Justicia defina su constitucionalidad en febrero.
La protesta también engloba la declaración de emergencia en las áreas económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, que le da facultades legislativas al Poder Ejecutivo por dos años, con la posibilidad de que esta potestad sea prorrogada por dos años más, es decir, el total del mandato de Javier Milei.
El paro
La jornada de paro incluirá una movilización al Congreso, donde se prevé que hablen los triunviros de la CGT: Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.
Daer, ayer, llevó sus críticas contra el DNU y la ley ómnibus a la Cámara de Diputados.
Además, se sumaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Sitralab (Sindicato de Trabajadores de Laboratorios), el SUOR (Sindicato Único de Obreros Rurales), el Soesgype (Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, GNC, Playa de Estacionamiento), entre otros. La adhesión de los gremios del transporte garantiza gran parte de las ausencias a los puestos de trabajo.
El Gobierno espera que el proyecto, que empezó a tratarse esta semana en las comisiones de la Cámara de Diputados, pueda debatirse cuanto antes. “Independientemente del paro, si puede ser esta semana, bienvenido sea. No manejamos eso nosotros, pero esperemos que sea lo antes posible por el bien de todos los argentinos”, expresó el vocero.
Finalmente, Adorni volvió a hacer referencia a que “el norte” de la presidencia es que la ley se aplique de la forma en la que está planteada. “Acá no hay nada para negociar. Se reciben sugerencias para mejorar la ley y se tienen conversaciones para aclarar inquietudes, pero el norte no se modifica ni se va a modificar nunca”.
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La Casa Rosada intenta que la Corte interceda para reactivar el DNU
El Gobierno se presentó ante la Corte Suprema y calificó de “hipotéticos” los perjuicios que ocasionaría a los trabajadores el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia 70/23 de desregulación económica.
El objetivo de la Casa Rosada es que la Corte interceda en la controversia y que revierta el fallo que dio lugar a una medida cautelar que lo suspendió.
En el escrito presentado, el Gobierno consideró que la decisión de suspender ese capítulo del DNU “puede traer consecuencias irreversibles” y acusaron de “privilegiar a un sector gremial por sobre los intereses de toda la población”.
“No se acreditaron ni mínimamente los perjuicios que ocasionaría la norma, sino que son hipotéticos y meramente conjeturales”, sostuvieron los abogados que representan al Estado nacional en el recurso extraordinario presentado el viernes último por ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el marco del expediente iniciado por una presentación de la CGT.
El recurso, cuyos detalles se conocieron recién ayer, lleva la firma del procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, y tiene por objetivo lograr la intervención de la Corte Suprema ante la cautelar que logró la CGT que suspendió, para ese caso, los efectos del capítulo laboral del DNU.
En esa presentación, Barra sostuvo que “la sentencia no tuvo en cuenta los graves efectos irreversibles que ocasiona a la población argentina, y que cobra especial relevancia en el contexto actual de emergencia. Como contracara, la beneficiaria de la precautoria no acreditó ni mínimamente los perjuicios que le ocasionaría la norma, sino que son hipotéticos y meramente conjeturales”.
Además, señaló que “la decisión trasciende al interés perseguido por la actora, puesto que las medidas estatales suspendidas forman parte de una reforma normativa integral imprescindible para la subsistencia del Estado”.
“Adviértase que la política pública fue impulsada por DNU porque precisamente es necesario y urgente adoptar decisiones que eviten una catástrofe económica y social: concretamente una hiperinflación y porcentajes extremos de pobreza, circunstancias que son hoy de público conocimiento”, añadió el procurador del Tesoro en el texto.
El Gobierno se presentó ante la Corte Suprema y calificó de “hipotéticos” los perjuicios que ocasionaría a los trabajadores el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia 70/23 de desregulación económica.
El objetivo de la Casa Rosada es que la Corte interceda en la controversia y que revierta el fallo que dio lugar a una medida cautelar que lo suspendió.
En el escrito presentado, el Gobierno consideró que la decisión de suspender ese capítulo del DNU “puede traer consecuencias irreversibles” y acusaron de “privilegiar a un sector gremial por sobre los intereses de toda la población”.
“No se acreditaron ni mínimamente los perjuicios que ocasionaría la norma, sino que son hipotéticos y meramente conjeturales”, sostuvieron los abogados que representan al Estado nacional en el recurso extraordinario presentado el viernes último por ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el marco del expediente iniciado por una presentación de la CGT.
El recurso, cuyos detalles se conocieron recién ayer, lleva la firma del procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, y tiene por objetivo lograr la intervención de la Corte Suprema ante la cautelar que logró la CGT que suspendió, para ese caso, los efectos del capítulo laboral del DNU.
En esa presentación, Barra sostuvo que “la sentencia no tuvo en cuenta los graves efectos irreversibles que ocasiona a la población argentina, y que cobra especial relevancia en el contexto actual de emergencia. Como contracara, la beneficiaria de la precautoria no acreditó ni mínimamente los perjuicios que le ocasionaría la norma, sino que son hipotéticos y meramente conjeturales”.
Además, señaló que “la decisión trasciende al interés perseguido por la actora, puesto que las medidas estatales suspendidas forman parte de una reforma normativa integral imprescindible para la subsistencia del Estado”.
“Adviértase que la política pública fue impulsada por DNU porque precisamente es necesario y urgente adoptar decisiones que eviten una catástrofe económica y social: concretamente una hiperinflación y porcentajes extremos de pobreza, circunstancias que son hoy de público conocimiento”, añadió el procurador del Tesoro en el texto.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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