El debate en comisión, entre el malestar sindical y el duro planteo empresario
Héctor Daer ratificó la convocatoria al paro del 24 de este mes; fuerte reclamo a los legisladores
Delfina Celichini
Luego de que un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados recibiera a representantes de la sociedad civil y organizaciones sectoriales alcanzados por la ley ómnibus, el oficialismo accedió a abrir la discusión del megaproyecto de 664 artículos, tras aceptar un planteo de legisladores de la oposición, especialmente de Unión por la Patria (UP) y la izquierda.
La cumbre comenzó con un clima enrarecido tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien instó a los diputados a avanzar con la ley y anticipó que podría adoptar una postura más dura si la norma no lograra los votos necesarios para aprobarse en el recinto.
La Libertad Avanza (LLA) no descarta aprobar antes del 25 de enero el proyecto para darle tiempo al Senado a sancionarlo dentro del período extraordinario de sesiones, que vence el 31 de enero. Sus planes, sin embargo, pueden chocar en el Congreso.
Si bien la mayor parte de los más de 60 expositores fueron críticos de la iniciativa del Gobierno, la intervención más política fue la de Héctor Daer, de la CGT, quien advirtió que “la institucionalidad de la Argentina hoy depende de esta casa”, en alusión al Congreso. Argumentó que la iniciativa “se fundamenta en falacias como que el país es un aquelarre para plantear la emergencia en todos los aspectos de la vida y la sociedad”.
“Cuando se propone debatir todo es que no se quiere debatir nada. Hay que frenar la ley ómnibus y suprimir la vigencia del DNU en cada una de las Cámaras. La institucionalidad hoy depende de esta casa y por eso el 24 [de enero] vamos a venir a apoyarlos para decirle no a la ley y no al DNU”, subrayó el sindicalista, acompañado de Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL).
Daer cuestionó la delegación de facultades del Congreso por cuatro años. “Algo nunca visto en el país”, observó. Criticó también el paquete de privatizaciones de empresas del Estado y advirtió sobre los perjuicios de dejar de lado “el patrimonio estratégico”. Y enfatizó que “no se puede dejar a discrecionalidad el ajuste jubilatorio”.
Daer aprovechó el espacio frente a los legisladores para pronunciarse sobre el DNU que desregula la economía, genera cambios en derechos laborales y limita la protesta. “El artículo 654 de la ley ómnibus habla de la ratificación del ilegal e ilegitimo DNU. El capítulo cuatro no ataca privilegios, ataca derechos individuales, colectivos y restringe la acción sindical en el mayor momento de vulnerabilidad del país”, dijo, al llamar a “consolidar su institucionalidad democrática”.
En la misma línea, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, puso el foco en “condenar la suma del poder público que está implícita en el DNU y explícita en el proyecto de ley”.
Ambas intervenciones se dieron en la antesala del paro general convocado para el miércoles 24, que incluirá una movilización al Congreso.
Las centrales sindicales se oponen principalmente a los cambios en la ley laboral que trae aparejado el decreto de Milei, y que incluyen nuevas alternativas a la indemnización por despido, la eliminación de las multas a los empleadores por falta o deficiente registración laboral, la desregulación del financiamiento a las obras sociales de los sindicatos y restricciones a la huelga para distintos sectores como el de salud y el educativo. En las últimas semanas, estas medidas fueron frenadas por cautelares dictadas por distintos tribunales.
Momentos de tensión
Las chicanas, gritos y discusiones tuvieron su punto cúlmine con la intervención de Rodolfo Llanos, por la Asociación de Emprendedores, quien acorraló a los diputados en el plenario.
“El señor que tienen delante con traje es una persona que sabe lo que es dormir en la calle, esperar que McDonald’s tire la comida para comer. Sabe lo que es que alguien te ofrezca sexo a cambio de un plato de comida. Los escucho cuando hablan de pobres, pero este señor sufrió la pobreza”, resumió. Y agregó: “Ustedes forman parte de la conducción de un país que llevó a la mitad de la población argentina a la pobreza [...] el momento de poner de pie al país, son nuestros representantes. Están para que los argentinos puedan pagar una pieza donde vivir. Reaccionen”.
Frente a la tensa situación, el jefe de bloque kirchnerista, Germán Martínez, pidió orden al presidente del plenario y señaló fuera de micrófono: “El debate no está planteado en estos términos”.
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Evalúan dar de baja unos 150.000 planes
Fuentes oficiales afirman que solo falta definir cómo se comunicará; se trata de beneficiarios que salieron del país pese a que la asistencia considera que están en situación vulnerable
Luego de que un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados recibiera a representantes de la sociedad civil y organizaciones sectoriales alcanzados por la ley ómnibus, el oficialismo accedió a abrir la discusión del megaproyecto de 664 artículos, tras aceptar un planteo de legisladores de la oposición, especialmente de Unión por la Patria (UP) y la izquierda.
La cumbre comenzó con un clima enrarecido tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien instó a los diputados a avanzar con la ley y anticipó que podría adoptar una postura más dura si la norma no lograra los votos necesarios para aprobarse en el recinto.
La Libertad Avanza (LLA) no descarta aprobar antes del 25 de enero el proyecto para darle tiempo al Senado a sancionarlo dentro del período extraordinario de sesiones, que vence el 31 de enero. Sus planes, sin embargo, pueden chocar en el Congreso.
Si bien la mayor parte de los más de 60 expositores fueron críticos de la iniciativa del Gobierno, la intervención más política fue la de Héctor Daer, de la CGT, quien advirtió que “la institucionalidad de la Argentina hoy depende de esta casa”, en alusión al Congreso. Argumentó que la iniciativa “se fundamenta en falacias como que el país es un aquelarre para plantear la emergencia en todos los aspectos de la vida y la sociedad”.
“Cuando se propone debatir todo es que no se quiere debatir nada. Hay que frenar la ley ómnibus y suprimir la vigencia del DNU en cada una de las Cámaras. La institucionalidad hoy depende de esta casa y por eso el 24 [de enero] vamos a venir a apoyarlos para decirle no a la ley y no al DNU”, subrayó el sindicalista, acompañado de Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL).
Daer cuestionó la delegación de facultades del Congreso por cuatro años. “Algo nunca visto en el país”, observó. Criticó también el paquete de privatizaciones de empresas del Estado y advirtió sobre los perjuicios de dejar de lado “el patrimonio estratégico”. Y enfatizó que “no se puede dejar a discrecionalidad el ajuste jubilatorio”.
Daer aprovechó el espacio frente a los legisladores para pronunciarse sobre el DNU que desregula la economía, genera cambios en derechos laborales y limita la protesta. “El artículo 654 de la ley ómnibus habla de la ratificación del ilegal e ilegitimo DNU. El capítulo cuatro no ataca privilegios, ataca derechos individuales, colectivos y restringe la acción sindical en el mayor momento de vulnerabilidad del país”, dijo, al llamar a “consolidar su institucionalidad democrática”.
En la misma línea, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, puso el foco en “condenar la suma del poder público que está implícita en el DNU y explícita en el proyecto de ley”.
Ambas intervenciones se dieron en la antesala del paro general convocado para el miércoles 24, que incluirá una movilización al Congreso.
Las centrales sindicales se oponen principalmente a los cambios en la ley laboral que trae aparejado el decreto de Milei, y que incluyen nuevas alternativas a la indemnización por despido, la eliminación de las multas a los empleadores por falta o deficiente registración laboral, la desregulación del financiamiento a las obras sociales de los sindicatos y restricciones a la huelga para distintos sectores como el de salud y el educativo. En las últimas semanas, estas medidas fueron frenadas por cautelares dictadas por distintos tribunales.
Momentos de tensión
Las chicanas, gritos y discusiones tuvieron su punto cúlmine con la intervención de Rodolfo Llanos, por la Asociación de Emprendedores, quien acorraló a los diputados en el plenario.
“El señor que tienen delante con traje es una persona que sabe lo que es dormir en la calle, esperar que McDonald’s tire la comida para comer. Sabe lo que es que alguien te ofrezca sexo a cambio de un plato de comida. Los escucho cuando hablan de pobres, pero este señor sufrió la pobreza”, resumió. Y agregó: “Ustedes forman parte de la conducción de un país que llevó a la mitad de la población argentina a la pobreza [...] el momento de poner de pie al país, son nuestros representantes. Están para que los argentinos puedan pagar una pieza donde vivir. Reaccionen”.
Frente a la tensa situación, el jefe de bloque kirchnerista, Germán Martínez, pidió orden al presidente del plenario y señaló fuera de micrófono: “El debate no está planteado en estos términos”.
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Evalúan dar de baja unos 150.000 planes
Fuentes oficiales afirman que solo falta definir cómo se comunicará; se trata de beneficiarios que salieron del país pese a que la asistencia considera que están en situación vulnerable
Cecilia Devanna
La ministra Pettovello prometió auditar los planes sociales y eliminar la intermediación
La decisión del Gobierno de dar de baja más de 150.000 planes sociales que presentaron irregularidades, luego de que una investigación judicial detectara que sus beneficiarios viajaron a países limítrofes y otros destinos en el exterior ya está tomada. Así se lo confirmaron a la nacion altas fuentes gubernamentales. “Tenemos poca plata, no la podemos dejar para corrupción”, sintetizó uno de los funcionarios consultados por este diario. La decisión, que estuvo cerca de concretarse este último fin de semana, estaría próxima a ejecutarse, según aseguraron fuentes del Poder Ejecutivo.
Ante la consulta desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, de quien depende la anterior estructura de Desarrollo Social, buscaron remarcar que “no hay nada confirmado aún”. Sin embargo, en otras áreas sostuvieron que la decisión es un hecho y solo resta ver “cómo y cuándo se comunicará”.
Los planes Potenciar Trabajo que se acercan a la baja, al menos preventivamente, son aquellos que fueron detectados por el fiscal federal Guillermo Marijuan en octubre pasado, cuando Desarrollo Social todavía era ministerio y su titular, la hoy diputada Victoria Tolosa Paz.
De acuerdo con el informe de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), el entrecruzamiento de datos entre beneficiarios del Plan Potenciar y los de la Dirección Nacional de Migraciones arrojó que 159.919 de ellos presentaban salidas del país en distintos medios: aviones, cruceros, autos, yates, al mismo tiempo que cobraban planes. Una incompatibilidad con los requisitos de vulnerabilidad que establece el Estado para otorgar los planes.
Por eso Marijuan presentó la denuncia en los tribunales de Comodoro Py, donde por sorteo inicialmente recayó en el juzgado de María Servini y el fiscal Franco Picardi. Al recibir la denuncia, Servini consideró que debía acumularse, por conexidad con la que ya tenía su par Julián Ercolini, que investiga a otro grupo más de 253.000 beneficiarios luego de que un informe de la AFIP detectara que cobraban el plan pero tenían, entre otras incompatibilidades, más de una propiedad a su nombre, habían comprado dólares y hasta había personas fallecidas en los listados. Ambos expedientes tramitan ahora de forma conjunta y están delegados en la fiscalía 8, que subroga Eduardo Taiano.
Según pudo saber la nacion, Capital Humano pidió a la Justicia la nómina de personas bajo la lupa, para “analizar y actuar”. En tiempos de la administración de Tolosa Paz se insistía en que muchas de las personas que figuraban entrando y saliendo del país vivían en zonas de frontera y que, por ende, sus actividades diarias los ubicaban entrando y saliendo del país. No contemplaban una posibilidad también escandalosa: que se tratara de residentes en países vecinos que cruzaban la frontera hacia la Argentina cada vez que buscaban cobrar el plan, una modalidad que ya fue registrada en el pasado. Entonces, la gestión anterior decidió suspender el cobro del plan de poco más de 1000 personas que se consideraba que viajaron a destinos “onerosos”. Ahora, la baja, al menos preventivamente, alcanzaría a todos los demás.
Esa decisión de evaluar y ajustar los planes sociales con presuntas irregularidades se da a la par de la auditoría que comenzó Capital Humano a comienzos de año para conocer en detalle el universo de beneficiarios y sus condiciones. Ese trabajo daría lugar a un eventual reempadronamiento de los planes sociales, en caso de algún error que se pueda detectar para subsanar si la baja no obedece a un acto irregular.
El Ministerio de Capital Humano recortó en los últimos días un total de 4588 planes. La cifra se definió en base a irregularidades detectadas también por Marijuan, “luego del entrecruzamiento de la base de datos de beneficiarios del Potenciar Trabajo y de la nómina de empleados públicos de 14 provincias”. Según pudo saber entonces
al menos hasta tanto se tenga terminada la auditoría, que se extenderá por los próximos tres meses, la Justicia colaborará con el Poder Ejecutivo mensualmente.
En su único mensaje público hasta ahora, a través de un video grabado, Pettovello, apuntó a la quita de planes sociales para quienes corten calles en el marco de protestas, confirmó que comenzarían “a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales” y prometió el desplazamiento de los intermediarios de los movimientos sociales.
Este último punto es considerado fundamental en el Gobierno, pero hasta ahora los funcionarios lo asociaron al éxito de medidas de dudoso impacto. La primera, que el pago de los planes sociales se haga mediante tarjetas, algo que ya se realiza desde hace años, porque la bancarización opera para todos los programas de asistencia nacionales, salvo la entrega de bolsones de alimentos y materiales de construcción. La segunda, quitarles a las organizaciones sociales el poder de “tomar asistencia” en los lugares de trabajo de las cooperativas, situación que solo podría aplicarse en las cooperativas de trabajo y construcción, que son cada vez menos y en muchos casos llevan meses sin recibir fondos y materiales.
La decisión del Gobierno de dar de baja más de 150.000 planes sociales que presentaron irregularidades, luego de que una investigación judicial detectara que sus beneficiarios viajaron a países limítrofes y otros destinos en el exterior ya está tomada. Así se lo confirmaron a la nacion altas fuentes gubernamentales. “Tenemos poca plata, no la podemos dejar para corrupción”, sintetizó uno de los funcionarios consultados por este diario. La decisión, que estuvo cerca de concretarse este último fin de semana, estaría próxima a ejecutarse, según aseguraron fuentes del Poder Ejecutivo.
Ante la consulta desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, de quien depende la anterior estructura de Desarrollo Social, buscaron remarcar que “no hay nada confirmado aún”. Sin embargo, en otras áreas sostuvieron que la decisión es un hecho y solo resta ver “cómo y cuándo se comunicará”.
Los planes Potenciar Trabajo que se acercan a la baja, al menos preventivamente, son aquellos que fueron detectados por el fiscal federal Guillermo Marijuan en octubre pasado, cuando Desarrollo Social todavía era ministerio y su titular, la hoy diputada Victoria Tolosa Paz.
De acuerdo con el informe de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), el entrecruzamiento de datos entre beneficiarios del Plan Potenciar y los de la Dirección Nacional de Migraciones arrojó que 159.919 de ellos presentaban salidas del país en distintos medios: aviones, cruceros, autos, yates, al mismo tiempo que cobraban planes. Una incompatibilidad con los requisitos de vulnerabilidad que establece el Estado para otorgar los planes.
Por eso Marijuan presentó la denuncia en los tribunales de Comodoro Py, donde por sorteo inicialmente recayó en el juzgado de María Servini y el fiscal Franco Picardi. Al recibir la denuncia, Servini consideró que debía acumularse, por conexidad con la que ya tenía su par Julián Ercolini, que investiga a otro grupo más de 253.000 beneficiarios luego de que un informe de la AFIP detectara que cobraban el plan pero tenían, entre otras incompatibilidades, más de una propiedad a su nombre, habían comprado dólares y hasta había personas fallecidas en los listados. Ambos expedientes tramitan ahora de forma conjunta y están delegados en la fiscalía 8, que subroga Eduardo Taiano.
Según pudo saber la nacion, Capital Humano pidió a la Justicia la nómina de personas bajo la lupa, para “analizar y actuar”. En tiempos de la administración de Tolosa Paz se insistía en que muchas de las personas que figuraban entrando y saliendo del país vivían en zonas de frontera y que, por ende, sus actividades diarias los ubicaban entrando y saliendo del país. No contemplaban una posibilidad también escandalosa: que se tratara de residentes en países vecinos que cruzaban la frontera hacia la Argentina cada vez que buscaban cobrar el plan, una modalidad que ya fue registrada en el pasado. Entonces, la gestión anterior decidió suspender el cobro del plan de poco más de 1000 personas que se consideraba que viajaron a destinos “onerosos”. Ahora, la baja, al menos preventivamente, alcanzaría a todos los demás.
Esa decisión de evaluar y ajustar los planes sociales con presuntas irregularidades se da a la par de la auditoría que comenzó Capital Humano a comienzos de año para conocer en detalle el universo de beneficiarios y sus condiciones. Ese trabajo daría lugar a un eventual reempadronamiento de los planes sociales, en caso de algún error que se pueda detectar para subsanar si la baja no obedece a un acto irregular.
El Ministerio de Capital Humano recortó en los últimos días un total de 4588 planes. La cifra se definió en base a irregularidades detectadas también por Marijuan, “luego del entrecruzamiento de la base de datos de beneficiarios del Potenciar Trabajo y de la nómina de empleados públicos de 14 provincias”. Según pudo saber entonces
al menos hasta tanto se tenga terminada la auditoría, que se extenderá por los próximos tres meses, la Justicia colaborará con el Poder Ejecutivo mensualmente.
En su único mensaje público hasta ahora, a través de un video grabado, Pettovello, apuntó a la quita de planes sociales para quienes corten calles en el marco de protestas, confirmó que comenzarían “a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales” y prometió el desplazamiento de los intermediarios de los movimientos sociales.
Este último punto es considerado fundamental en el Gobierno, pero hasta ahora los funcionarios lo asociaron al éxito de medidas de dudoso impacto. La primera, que el pago de los planes sociales se haga mediante tarjetas, algo que ya se realiza desde hace años, porque la bancarización opera para todos los programas de asistencia nacionales, salvo la entrega de bolsones de alimentos y materiales de construcción. La segunda, quitarles a las organizaciones sociales el poder de “tomar asistencia” en los lugares de trabajo de las cooperativas, situación que solo podría aplicarse en las cooperativas de trabajo y construcción, que son cada vez menos y en muchos casos llevan meses sin recibir fondos y materiales.
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Manifestantes de Somos Barrios de Pie reclamaron alimentos para los comedores sociales ante un importante despliegue policial
Gustavo Schaposnik
Los manifestantes marcharon con ollas y pancartas
Horas antes de dejar el país rumbo a Davos, Javier Milei enfrentó ayer su primera protesta frente a las puertas de la residencia de Olivos. Unos 600 manifestantes de Somos Barrios de Pie marcharon en torno a la quinta presidencial para reclamar la entrega de alimentos para los comedores barriales. Lo hicieron de manera pacífica y sin cortar la calle, frente a un importante despliegue de efectivos policiales. La manifestación se extendió durante tres horas.
Norma Morales, referente de Barrios de Pie y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), le dijo a la nacion: “La comida no está llegando a los comedores y no recibimos respuesta del gobierno nacional, tenemos ayuda de los municipios, pero necesitamos una respuesta a nivel nacional”.
“Con las medidas de ajuste se profundizó la cantidad de familias que van a retirar el plato de comida”, continuó Morales. “Este gobierno tiene que poner en valor el trabajo que hacen las cuidadoras comunitarias. Si no estuviéramos nosotras en los barrios populares, este país sería diferente“, agregó.
“Milei, compadre, la olla está que arde, bajá los alimentos porque nos morimos de hambre”, fue uno de los coros que se repitieron entre los manifestantes de Somos Barrios de Pie, organización que participó en el gobierno de Alberto Fernández a través de su coordinador nacional, Daniel Menéndez, que fue funcionario en el exministerio de Desarrollo Social.
Los manifestantes se movilizaron sobre el frente de avenida Maipú en dirección a la calle Malaver, luego de regreso hacia la calle Villate, y así sucesivamente, evitando poner un pie en las calles que rodean la quinta.
“Con la ronda de las ollas vacías le estamos pidiendo a la ministra Sandra Pettovello una respuesta para 5600 barrios populares en todo el país”, agregó Morales. Los manifestantes no fueron recibidos por Pettovello, sino por Javier Sosa, designado por Milei como encargado de la quinta presidencial.
Sosa recibió de los manifestantes un petitorio referido a la falta de alimentos en los comedores. “Ya nos han recibido el petitorio, pero no alcanza, queremos una mesa de trabajo para tener diálogo permanente”, afirmó Norma Morales.
Morales cobró notoriedad por la advertencia que lanzó el 4 de diciembre pasado, en una reunión que la CGT y las dos CTA compartieron con movimientos piqueteros ligados al peronismo. “Si se atreven a tocar nuestros derechos, prepárense. Con nuestros cucharones, espumaderas, palas y machetes vamos a seguir defendiendo lo que construimos”, afirmó la dirigente en aquella reunión.
Las rondas de “ollas vacías” se vienen sucediendo desde que Milei asumió la presidencia, pero es la primera vez que los manifestantes se presentan en Olivos. Las dos primeras protestas se realizaron frente a la sede del Ministerio de Capital Humano. La tercera, frente al Hotel Libertador, donde Milei vivió durante casi tres meses, pero los militantes llegaron cuando el mandatario ya había partido hacia la Casa Rosada.
Horas antes de dejar el país rumbo a Davos, Javier Milei enfrentó ayer su primera protesta frente a las puertas de la residencia de Olivos. Unos 600 manifestantes de Somos Barrios de Pie marcharon en torno a la quinta presidencial para reclamar la entrega de alimentos para los comedores barriales. Lo hicieron de manera pacífica y sin cortar la calle, frente a un importante despliegue de efectivos policiales. La manifestación se extendió durante tres horas.
Norma Morales, referente de Barrios de Pie y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), le dijo a la nacion: “La comida no está llegando a los comedores y no recibimos respuesta del gobierno nacional, tenemos ayuda de los municipios, pero necesitamos una respuesta a nivel nacional”.
“Con las medidas de ajuste se profundizó la cantidad de familias que van a retirar el plato de comida”, continuó Morales. “Este gobierno tiene que poner en valor el trabajo que hacen las cuidadoras comunitarias. Si no estuviéramos nosotras en los barrios populares, este país sería diferente“, agregó.
“Milei, compadre, la olla está que arde, bajá los alimentos porque nos morimos de hambre”, fue uno de los coros que se repitieron entre los manifestantes de Somos Barrios de Pie, organización que participó en el gobierno de Alberto Fernández a través de su coordinador nacional, Daniel Menéndez, que fue funcionario en el exministerio de Desarrollo Social.
Los manifestantes se movilizaron sobre el frente de avenida Maipú en dirección a la calle Malaver, luego de regreso hacia la calle Villate, y así sucesivamente, evitando poner un pie en las calles que rodean la quinta.
“Con la ronda de las ollas vacías le estamos pidiendo a la ministra Sandra Pettovello una respuesta para 5600 barrios populares en todo el país”, agregó Morales. Los manifestantes no fueron recibidos por Pettovello, sino por Javier Sosa, designado por Milei como encargado de la quinta presidencial.
Sosa recibió de los manifestantes un petitorio referido a la falta de alimentos en los comedores. “Ya nos han recibido el petitorio, pero no alcanza, queremos una mesa de trabajo para tener diálogo permanente”, afirmó Norma Morales.
Morales cobró notoriedad por la advertencia que lanzó el 4 de diciembre pasado, en una reunión que la CGT y las dos CTA compartieron con movimientos piqueteros ligados al peronismo. “Si se atreven a tocar nuestros derechos, prepárense. Con nuestros cucharones, espumaderas, palas y machetes vamos a seguir defendiendo lo que construimos”, afirmó la dirigente en aquella reunión.
Las rondas de “ollas vacías” se vienen sucediendo desde que Milei asumió la presidencia, pero es la primera vez que los manifestantes se presentan en Olivos. Las dos primeras protestas se realizaron frente a la sede del Ministerio de Capital Humano. La tercera, frente al Hotel Libertador, donde Milei vivió durante casi tres meses, pero los militantes llegaron cuando el mandatario ya había partido hacia la Casa Rosada.
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