Legislatura: la Justicia detectó a otros dos Chocolate
Retiraban plata de empleados con decenas de tarjetas
Hugo Alconada Mon
La imagen de la mujer y el hombre identificados por la Justicia en el cajero
LA PLATA.– Él, canoso y con anteojos; ella, morocha y más joven. Juntos se movieron por varios cajeros automáticos de esta capital, donde cruzaron con JulioRigau palabras, gestos y sonrisas de madrugada. Chocolate ex traía fortunas ilegales de las arcas públicas con 48 tarjetas de débito de la Cámara de Diputados bonaerense; ellos también retiraban fortunas, pero con al menos 33 plásticos del Senado provincial.
La fiscal Betina Lacki avanza ahora con la identificación de ese hombre y de esa mujer tras recibir un informe detallado del Banco Provincia sobre la procedencia de las 33 tarjetas de débito que manipulaban como propias. Todas pertenecen a empleados –y acaso ñoquis– del Senado de la provincia de Buenos Aires, que preside la vicegobernadora Verónica Magario. Todos, además, registrarían salarios de al menos $700.000 de bolsillo.
De confirmarse, la nueva operatoria delictiva conllevaría un perjuicio a las arcas públicas superior a los $23 millones mensuales o, anualizado, cercano a los $300 millones, aunque permanece en las sombras a qué espacio político responderían ese hombre y esa mujer, aunque las opciones se reducen a sólo dos.
En el momento de las operaciones bancarias bajo sospecha, los 92 legisladores del Senado bonaerense respondían a solo dos bloques: Unión por la Patria y Juntos por el Cambio.
La fiscalía detectó a esa pareja misteriosa mientras reconstruía los movimientos de Rigau por distintos cajeros automáticos de La Plata. Verificó que solía recorrerlos entre las 5 y 7 de la mañana, horario menos proclives a las miradas indiscretas y los testigos molestos. Pero la misma soledad de Chocolate en las sucursales bancarias tornó más notable la presencia recurrente de esos otros dos habitués.
Según verificaron los investigadores, Chocolate Rigau se cruzó con el hombre y la mujer durante las madrugadas del viernes 11, jueves 17 y martes 5 de septiembre. El canoso –que en al menos una ocasión aparece ante las cámaras con anteojos de lectura– extrajo fondos de “aproximadamente” 16 tarjetas de débito provenientes del Senado provincial; la morocha, de otros 17 plásticos de la Cámara alta.
Ante la renuencia de las autoridades de la Legislatura bonaerense a colaborar con la investigación criminal, sin embargo, la fiscal Lacki decidió recurrir a otra senda investigativa. Convocó a todo aquel que pueda ayudar a la fiscalía a identificar a ambos sospechosos. Para tal fin, habilitó un correo electrónico –ufij2.lp@mpba.gov.ar– para recibir datos y pistas que permitan avanzar la pesquisa.
Apoyada en la información que hasta ahora recolectó sobre Rigau y sobre esa pareja misteriosa, sin embargo, Lacki consideró ya probada “la existencia de una operatoria [criminal] que incluye más miembros, aunque hasta el momento no se encuentren identificadas, pero que sin lugar a dudas permite sostener, como ya lo hiciera Vuestra Señoría [por el juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio], que ‘con el devenir de la pesquisa se llegará a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia’”.
Consultados por la nacion, voceros de la titular del Senado bonaerense, Verónica Magario, indicaron que hasta el cierre de esta edición no habían recibido en la Cámara ningún pedido de informe ni oficio desde el Poder Judicial bonaerense. Las cámaras de seguridad del Banco Provincia muestran que el hombre y la mujer coincidieron con Chocolate, por ejemplo, en los cajeros ubicados en la parte posterior de la casa matriz de la entidad, sobre la esquina de las calles 6 y 47, el viernes 11 de agosto. Ambos ya extraían fondos de los cajeros, cuando a las 5.41 apareció Rigau. Todavía no había amanecido. Cinco minutos después se retiró el canoso; al minuto siguiente, la morocha.
La dinámica se invirtió el miércoles 17 de agosto. Chocolate operaba un cajero automático del Bapro desde hacía 10 minutos cuando a las 5.41 apareció ella: zapatillas blancas, jean, remera y campera. Llovía. Ella giró su rostro hacia Rigau, pero no lo saludó, a diferencia del hombre, que la seguía a unos metros de distancia. Zapatos, jeans y abrigo oscuro, el canoso le dijo algo a Chocolate, quien levantó su mano derecha a modo de saludo, y el otro esbozó una mueca, acaso una sonrisa, mientras avanzaba hacia otro cajero.
Los tres volvieron a encontrarse el martes 5 de septiembre –tres días antes de la detención de Rigau–, en otra sucursal del Banco Provincia. Coincidieron en los cajeros de 7 y 54, frente a la Plaza San Martín, a metros de la Legislatura bonaerense. Madrugadores, la pareja arribó a las 5.45 y cinco minutos después apareció Chocolate. Cruzaron un saludo, antes de abocarse cada cual a una máquina distinta. A las 6.03 se retiró la pareja, mientras que Rigau permaneció hasta las 7.19, extrayendo fondos de una tarjeta tras otra.
Una Cámara que se resiste
A pesar de las evidencias, sin embargo, la fiscal Lacki lidia con la resistencia de las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense a entregarle, incluso, el listado de los empleados que integran la Dirección de Personal, sean de planta temporaria o permanente. Es decir, los nombres de aquellos que están a cargo de los legajos administrativos del personal de la Legislatura, incluidos los 48 ñoquis o prestanombres cuyas tarjetas tenía Rigau cuando fue detenido.
Desde la Cámara, que desde hace unas semanas preside Alejandro Dichiara (Unión por la Patria), pretenden decidir quién será el empleado jerárquico o funcionario o autoridad que deberá presentarse ante la Justicia para ofrecer una versión oficial sobre el personal de la Legislatura, mientras que la fiscal Lacki reclama la lista de todo el equipo que integra el área de Personal para citarlos a declarar.
No solo eso. Las mismas autoridades de la Legislatura que se niegan a dar precisiones sobre el presupuesto de la propia Cámara invocaron ante la Justicia el derecho al acceso a la información pública en un intento, por ahora fallido, por acceder a la investigación penal. ¿La respuesta que cosecharon? El interesado deberá identificarse de manera fehaciente y demostrar un interés legítimo para obtener ese acceso.
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Revisarán el pago de salarios en San Luis
La Justicia tratará un amparo gremial contra el desdoblamiento
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de San Luis anunció que la Justicia habilitó la feria judicial para tratar la medida cautelar presentada por esa organización gremial y la Defensoría del Pueblo para que se cumpla con el pago total de los sueldos y no se los abone en dos cuotas, como anunció el gobierno provincial para los haberes de diciembre y enero.
El gobernador Claudio Poggi tomó la determinación de desdoblar el pago de los salarios de los empleados públicos provinciales la misma semana en la que inició su mandato. Argumentó la falta de recursos financieros heredados de la anterior administración.
Poggi, quien ya fue gobernador entre 2011 y 2015, en ese momento aliado a los hermanos Rodríguez Saá, anunció un fuerte ajuste tras denunciar un déficit de “más de 125.000 millones de pesos” (equivalentes a unos 119 millones de dólares al dólar MEP, calculó) que dejó la gestión saliente de Alberto Rodríguez Saá.
El nuevo gobernador puntano, elegido por la coalición Juntos por el Cambio (JxC), subrayó que debe eliminar el déficit. Para ello convocó a la Legislatura provincial a sesiones extraordinarias para que lo habilite a tomar deuda por un monto superior, incluso, al que afirmó que la administración anterior le dejó. Una deuda de 150.000 millones de pesos (casi 143 millones de dólares MEP). Según precisó el mandatario provincial, equivale a seis meses de coparticipación.
Poggi decretó, además, el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, social, sanitaria, alimentaria, educativa y de seguridad por el término de un año en la provincia.
En relación con la planta de empleados del Estado provincial, el gobernador puntano explicó que llevará adelante un censo presencial a los empleados de la administración pública y a los beneficiarios de planes sociales, ya que, según afirmó, hubo un aumento del 66% del plantel de recursos humanos en ocho años de gestión de Rodríguez Saá.
También anunció que revisará los contratos realizados en 2023, sobre todo los celebrados a partir de la elección provincial de junio.
En línea con las iniciativas del gobierno nacional, Poggi también suspendió la obra pública y determinó que solo continuarán las obras que están en ejecución, “con su correspondiente auditoría”.
En esa línea, lamentó que una de las fortalezas que tenía San Luis era la de tener “las cuentas en orden, mientras hoy es una de las debilidades” del Estado provincial.
Frente a estas medidas de ajuste, el sindicato presentó un recurso de amparo el viernes.
LA PLATA.– Él, canoso y con anteojos; ella, morocha y más joven. Juntos se movieron por varios cajeros automáticos de esta capital, donde cruzaron con JulioRigau palabras, gestos y sonrisas de madrugada. Chocolate ex traía fortunas ilegales de las arcas públicas con 48 tarjetas de débito de la Cámara de Diputados bonaerense; ellos también retiraban fortunas, pero con al menos 33 plásticos del Senado provincial.
La fiscal Betina Lacki avanza ahora con la identificación de ese hombre y de esa mujer tras recibir un informe detallado del Banco Provincia sobre la procedencia de las 33 tarjetas de débito que manipulaban como propias. Todas pertenecen a empleados –y acaso ñoquis– del Senado de la provincia de Buenos Aires, que preside la vicegobernadora Verónica Magario. Todos, además, registrarían salarios de al menos $700.000 de bolsillo.
De confirmarse, la nueva operatoria delictiva conllevaría un perjuicio a las arcas públicas superior a los $23 millones mensuales o, anualizado, cercano a los $300 millones, aunque permanece en las sombras a qué espacio político responderían ese hombre y esa mujer, aunque las opciones se reducen a sólo dos.
En el momento de las operaciones bancarias bajo sospecha, los 92 legisladores del Senado bonaerense respondían a solo dos bloques: Unión por la Patria y Juntos por el Cambio.
La fiscalía detectó a esa pareja misteriosa mientras reconstruía los movimientos de Rigau por distintos cajeros automáticos de La Plata. Verificó que solía recorrerlos entre las 5 y 7 de la mañana, horario menos proclives a las miradas indiscretas y los testigos molestos. Pero la misma soledad de Chocolate en las sucursales bancarias tornó más notable la presencia recurrente de esos otros dos habitués.
Según verificaron los investigadores, Chocolate Rigau se cruzó con el hombre y la mujer durante las madrugadas del viernes 11, jueves 17 y martes 5 de septiembre. El canoso –que en al menos una ocasión aparece ante las cámaras con anteojos de lectura– extrajo fondos de “aproximadamente” 16 tarjetas de débito provenientes del Senado provincial; la morocha, de otros 17 plásticos de la Cámara alta.
Ante la renuencia de las autoridades de la Legislatura bonaerense a colaborar con la investigación criminal, sin embargo, la fiscal Lacki decidió recurrir a otra senda investigativa. Convocó a todo aquel que pueda ayudar a la fiscalía a identificar a ambos sospechosos. Para tal fin, habilitó un correo electrónico –ufij2.lp@mpba.gov.ar– para recibir datos y pistas que permitan avanzar la pesquisa.
Apoyada en la información que hasta ahora recolectó sobre Rigau y sobre esa pareja misteriosa, sin embargo, Lacki consideró ya probada “la existencia de una operatoria [criminal] que incluye más miembros, aunque hasta el momento no se encuentren identificadas, pero que sin lugar a dudas permite sostener, como ya lo hiciera Vuestra Señoría [por el juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio], que ‘con el devenir de la pesquisa se llegará a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia’”.
Consultados por la nacion, voceros de la titular del Senado bonaerense, Verónica Magario, indicaron que hasta el cierre de esta edición no habían recibido en la Cámara ningún pedido de informe ni oficio desde el Poder Judicial bonaerense. Las cámaras de seguridad del Banco Provincia muestran que el hombre y la mujer coincidieron con Chocolate, por ejemplo, en los cajeros ubicados en la parte posterior de la casa matriz de la entidad, sobre la esquina de las calles 6 y 47, el viernes 11 de agosto. Ambos ya extraían fondos de los cajeros, cuando a las 5.41 apareció Rigau. Todavía no había amanecido. Cinco minutos después se retiró el canoso; al minuto siguiente, la morocha.
La dinámica se invirtió el miércoles 17 de agosto. Chocolate operaba un cajero automático del Bapro desde hacía 10 minutos cuando a las 5.41 apareció ella: zapatillas blancas, jean, remera y campera. Llovía. Ella giró su rostro hacia Rigau, pero no lo saludó, a diferencia del hombre, que la seguía a unos metros de distancia. Zapatos, jeans y abrigo oscuro, el canoso le dijo algo a Chocolate, quien levantó su mano derecha a modo de saludo, y el otro esbozó una mueca, acaso una sonrisa, mientras avanzaba hacia otro cajero.
Los tres volvieron a encontrarse el martes 5 de septiembre –tres días antes de la detención de Rigau–, en otra sucursal del Banco Provincia. Coincidieron en los cajeros de 7 y 54, frente a la Plaza San Martín, a metros de la Legislatura bonaerense. Madrugadores, la pareja arribó a las 5.45 y cinco minutos después apareció Chocolate. Cruzaron un saludo, antes de abocarse cada cual a una máquina distinta. A las 6.03 se retiró la pareja, mientras que Rigau permaneció hasta las 7.19, extrayendo fondos de una tarjeta tras otra.
Una Cámara que se resiste
A pesar de las evidencias, sin embargo, la fiscal Lacki lidia con la resistencia de las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense a entregarle, incluso, el listado de los empleados que integran la Dirección de Personal, sean de planta temporaria o permanente. Es decir, los nombres de aquellos que están a cargo de los legajos administrativos del personal de la Legislatura, incluidos los 48 ñoquis o prestanombres cuyas tarjetas tenía Rigau cuando fue detenido.
Desde la Cámara, que desde hace unas semanas preside Alejandro Dichiara (Unión por la Patria), pretenden decidir quién será el empleado jerárquico o funcionario o autoridad que deberá presentarse ante la Justicia para ofrecer una versión oficial sobre el personal de la Legislatura, mientras que la fiscal Lacki reclama la lista de todo el equipo que integra el área de Personal para citarlos a declarar.
No solo eso. Las mismas autoridades de la Legislatura que se niegan a dar precisiones sobre el presupuesto de la propia Cámara invocaron ante la Justicia el derecho al acceso a la información pública en un intento, por ahora fallido, por acceder a la investigación penal. ¿La respuesta que cosecharon? El interesado deberá identificarse de manera fehaciente y demostrar un interés legítimo para obtener ese acceso.
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Revisarán el pago de salarios en San Luis
La Justicia tratará un amparo gremial contra el desdoblamiento
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de San Luis anunció que la Justicia habilitó la feria judicial para tratar la medida cautelar presentada por esa organización gremial y la Defensoría del Pueblo para que se cumpla con el pago total de los sueldos y no se los abone en dos cuotas, como anunció el gobierno provincial para los haberes de diciembre y enero.
El gobernador Claudio Poggi tomó la determinación de desdoblar el pago de los salarios de los empleados públicos provinciales la misma semana en la que inició su mandato. Argumentó la falta de recursos financieros heredados de la anterior administración.
Poggi, quien ya fue gobernador entre 2011 y 2015, en ese momento aliado a los hermanos Rodríguez Saá, anunció un fuerte ajuste tras denunciar un déficit de “más de 125.000 millones de pesos” (equivalentes a unos 119 millones de dólares al dólar MEP, calculó) que dejó la gestión saliente de Alberto Rodríguez Saá.
El nuevo gobernador puntano, elegido por la coalición Juntos por el Cambio (JxC), subrayó que debe eliminar el déficit. Para ello convocó a la Legislatura provincial a sesiones extraordinarias para que lo habilite a tomar deuda por un monto superior, incluso, al que afirmó que la administración anterior le dejó. Una deuda de 150.000 millones de pesos (casi 143 millones de dólares MEP). Según precisó el mandatario provincial, equivale a seis meses de coparticipación.
Poggi decretó, además, el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, social, sanitaria, alimentaria, educativa y de seguridad por el término de un año en la provincia.
En relación con la planta de empleados del Estado provincial, el gobernador puntano explicó que llevará adelante un censo presencial a los empleados de la administración pública y a los beneficiarios de planes sociales, ya que, según afirmó, hubo un aumento del 66% del plantel de recursos humanos en ocho años de gestión de Rodríguez Saá.
También anunció que revisará los contratos realizados en 2023, sobre todo los celebrados a partir de la elección provincial de junio.
En línea con las iniciativas del gobierno nacional, Poggi también suspendió la obra pública y determinó que solo continuarán las obras que están en ejecución, “con su correspondiente auditoría”.
En esa línea, lamentó que una de las fortalezas que tenía San Luis era la de tener “las cuentas en orden, mientras hoy es una de las debilidades” del Estado provincial.
Frente a estas medidas de ajuste, el sindicato presentó un recurso de amparo el viernes.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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