NEGOCIACIÓN Y EMPRESARIOS

FMI: una agenda con dos temas conflictivos
El juicio por la estatización de YPF y la baja aceptación de los bonos para pagar a importadores están en la mesa de negociación; intento de destrabar un desembolso
Diego CabotMilei y Caputo iniciarán formalmente la negociación con el FMI
El Gobierno empieza hoy la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para tratar de destrabar un desembolso de US$3280 millones, pendiente desde noviembre, cuando la administración anterior incumplió las metas acordadas. Sin embargo, dos temas millonarios se colaron en la agenda. El primero, la poca aceptación hasta ahora –apenas el 7,6%– del bono diseñado para pagar la deuda con los importadores; el segundo, el multimillonario juicio por la estatización de YPF.
En los últimos años, cualquier ministro de Economía que asuma tiene algunos procesos que se podría decir que son obligatorios: jurar, asumir, nombrar sus funcionarios, llegar al Palacio de Hacienda y, luego, negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o con bonistas en default.
Este rito de iniciación para el ministro Luis Caputo empieza hoy, cuando se formalice el encuentro con los representantes del organismo multilateral, más allá de que durante el fin de semana hubo reuniones de los equipos técnicos. Y como siempre sucede, los temas de agenda tienden a repetirse.
Sin embargo, dos puntos ganaron espacio en el temario de esta vez. El primero, la llamada deuda comercial, o, más fácil, los dólares que el Banco Central les debe a los exportadores para pagar las compras en el exterior que se hicieron en el último tiempo. El otro, el juicio por la expropiación de YPF, donde la Argentina, no la petrolera, está condenada y, aunque aún no se conoce el monto de la sentencia, se estima que la cifra será de varios miles de millones de dólares.
Formalmente, la misión liderada por los economistas Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja se verá hoy con Caputo y con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Los funcionarios del FMI regresaron a la Argentina en el marco del acuerdo de facilidades extendidas que se firmó en la gestión de Martín Guzmán y se renegoció durante los tiempos de Sergio Massa al comando del Palacio de hacienda.
De aquella letra, que en el Gobierno no dudan en describir como “acuerdo caído”, hay un punto que Caputo y el presidente del Banco Nación, Santiago Bausili, lo tienen resaltado: intentar destrabar los desembolsos por US$3280 millones que quedaron pendientes de noviembre pasado, cuando la anterior gestión económica incumplió todas las metas con las que se había comprometido. Eso generó que nunca se realice a cabo la séptima revisión del acuerdo de facilidades extendidas.
Pero la semana en la que se inicia el intento por hacerse de aquellos dólares pendientes no es la mejor. Sucede que el jueves pasado el Gobierno no logró convencer al mercado sobre las bondades del recién bautizado Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal). El papel, que se diseñó para cumplir con las obligaciones que contrajo la administración de Alberto Fernández con los importadores, logró apenas un 7,6% de suscripción en la segunda licitación.
Anotó, además, un número inferior a la primera, que, unos días antes, había tenido colocación de alrededor de 9%.
La herramienta tiene dos finalidades concretas y que estaban inscriptas con parte del plan de estabilización que el Gobierno tenía armado para presentar al FMI. Por un lado, calendarizar, tal el término que utilizó un negociador del staff de Caputo, una deuda heredada que, finalmente, iba a ser reprogramada a 4 años. Por el otro, utilizarla como aspiradora masiva de pesos en poder de las empresas prontos a dolarizarse.
“La verdad es que hay que dar una explicación más. No es lo mismo mostrar número de aceptación masiva y un programa de emisión de deuda que sea aceptado por el mercado que exhibir números tan magros. No es grave, pero hay que explicar un poco más”, se sinceraba un hombre al corriente de estas reuniones. Está claro que el tema se filtró fuerte: el monto de esa deuda comercial, al menos, asciende a 31.000 millones de dólares. Es lógico que el FMI pregunte sobre el asunto.
Horas claves en el caso YPF
El otro tema es YPF, una cuenta que por ahora no está determinada, pero que podría terminar en una contingencia de alrededor de 16.000 millones de dólares. En estos días de reuniones entre funcionarios de la Argentina y los enviados del FMI habrá novedades fuertes. Pasado mañana vence el plazo para que el Estado, condenado en el proceso, presente garantías como para evitar que el jueves, el fondo dueño del juicio, tenga vía libre para empezar con los embargos.
“Es imposible presentar esas garantías; la Argentina no las tiene ni siquiera con todas sus reservas líquidas del Banco Central. La opción de entregar las acciones de YPF como una suerte de fianza es imposible dado que la ley de estatización impide disponer de las acciones. Con la ley ómnibus se podría, pero eso es un abstracto ya que este plazo vence el miércoles”, dijo un abogado que tiene acceso a ese expediente, el más importante que tiene la Procuración del Tesoro, que maneja Rodolfo Barra.
Sin garantías posibles, solo queda alguna prórroga de último momento, aunque son pocas las esperanzas de que la jueza de Nueva York Loretta Preska acceda a algún planteo de los abogados del país.
De hecho, ya negó uno donde se pedía aplazar este plazo motivado en que la nueva administración tenía que conocer el expediente. “Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo gobierno le prestaría atención inmediata”, escribió al rechazar el planteo.
En el Palacio de Hacienda reconocen que el juicio por la expropiación de la petrolera se coló fuerte en la agenda. No es para menos, regresará aquel fantasma de los holdouts, los bonistas que no entraron al canje, que durante años no frenaron su ímpetu para cobrar y que, continuamente, trataban de paralizar cualquier desembolso a la Argentina.

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Los empresarios, atentos a los reflejos políticos del Presidente
Con cautela y menos apuro del que exhibe el Gobierno, esperan antes de tomar decisiones importantes
Los primeros días después de asumir, y a poco de haber anunciado la devaluación y la apertura del comercio exterior, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la mayoría de las cámaras empresarias más importantes.
Entonces, además de puntualizar aspectos técnicos del programa, hizo especial hincapié en presentar los ahora llamados Bopreal (Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre). Los hombres de negocios le expresaron sus dudas, pero el funcionario confiaba en que con el correr de los días se iban a despejar. Tras la segunda oferta para suscribir esos papeles, los empresarios siguen tan cautelosos como entonces.
“No es sencillo por ahora. No se sabe bien cómo se van a comportar estos bonos en el mercado. Una cosa es tener espalda para esperar el vencimiento; otra, muy distinta, es negociarlos a una paridad menor que la suscripción. Esa pérdida hay que explicarla afuera, muchas veces la propia casa matriz a la que se le debe. Entonces, más vale esperar y ver qué pasa”, dijo un ejecutivo de una automotriz que miro al detalle si convenía o no entrar ahora.
En una de las cámaras comentaron que desde el inicio se advirtió a que era necesario hacer atractivos esos papeles. “Por ejemplo, que sea sencillo aplicarlos a impuestos. Y aún faltan reglamentaciones”, dijo.
Un abogado, que atiende decenas de empresas, confesó que en los últimos días varios de sus clientes habían decidido ir por la suscripción. “Lo que pasa es que seguramente van a esperar otras licitaciones. Al menos, de los grandes, todos van a esperar qué pasará con la reunión con el FMI [Fondo Monetario Internacional] para ver qué disponibilidad de dólares habrá en el corto plazo”, sostuvo desde su despacho de Puerto Madero.
El jueves, el Banco Central ofreció a las empresas con permisos impagos la chance de suscribir hasta US$750 millones de la Serie 1 del denominado Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), pero solo logró que le presenten ofertas de compra –que aceptó en su totalidad– por US$57 millones, es decir, 7,6% del monto total ofrecido.
“Vamos a esperar otras series, que sean más atractivas”, contaron en otra industria.
Más allá del escaso apetito del mercado, nadie se atreve a vaticinar un fracaso del programa. Sucede que esa postura de cautela y poco apuro que exhibe el Gobierno no parece tener su correlato en los empresarios o en los ejecutivos de multinacionales. Prefieren ir más despacio y de paso, ser espectadores del destino final del famoso decreto de necesidad y urgencia y de la ley ómnibus. Mirar el mercado y también los reflejos políticos de la Casa Rosada. Y después, decidir

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