EL ANÁLISIS Y REGULACIÓN

La Corte le puso un plazo a la política para que acuerde cómo gobernará Milei
Hernán CappielloHoracio Rosatti, presidente de la Corte suprema de Justicia
La señal fue tan clara que le bastó con una carilla, unas 200 palabras y solo 12 horas. Así la Corte Suprema de Justicia le dio a la política el plazo de un mes, por ahora, para acordar la manera en que el presidente Javier Milei va a gobernar, entre decretos de necesidad y urgencia y proyectos de ley ómnibus que reforman el Estado, ponen fin a centenares de regulaciones, prebendas y privilegios, pero también derechos adquiridos cuya caída afectaría intereses de grupos económicos, políticos y sociales.
La provincia de La Rioja planteó a las 11 de la noche del jueves 28 de diciembre una “acción declarativa de certeza” para que la Corte diga si es constitucional o no el DNU de Milei que deroga 300 leyes y afecta el derecho de huelga de los docentes, el régimen de las farmacias y la ley de alquileres, entre otras decenas de consecuencias. La acción fue firmada por el gobernador Ricardo Quintela con el patrocinio del exjuez Eugenio Zaffaroni y el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra. Allí piden que se declare la nulidad absoluta e insanable del decreto por inconstitucional y, como medida cautelar, que se lo suspenda en sus efectos.
La Corte pudo no hacer nada y aplicar la “cronoterapia”, un tratamiento que no es ajeno a los tribunales ante los problemas más calientes. Sin embargo, eligió otro camino y dio una señal. A las 13.16 del día siguiente, en 200 palabras decidió formar un incidente para tramitar la medida cautelar pedida por Quintela y le pidió al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que opine si es un caso de competencia originaria de la Corte.
Hasta aquí lo usual, pero rápido y explícito. Además dijo que iba a resolver el asunto después de la feria judicial de enero. Y llenó el resto de la carilla de su decisión con precedentes de la Corte en este sentido. La resolución fue firmada por el secretario de juicios originarios de la Corte, pero en rigor fue de todo el tribunal.
Con este breve escrito, la Corte prácticamente admitió tramitar la demanda de La Rioja contra el DNU y consideró analizar la medida cautelar que pidió el gobernador, pero además dijo que lo iba a hacer luego de este mes de enero, cuando el Congreso debe conformar la comisión bicameral permanente que debe analizar el decreto de Milei.
La Constitución prevé un plazo que se cumple la semana que viene para que el jefe de Gabinete envíe al Congreso el DNU, mientras que la comisión bicameral permanente que controla esos decretos –que está en proceso de conformación– tiene diez días más para dictaminar si corresponde que se lo rechace o que se lo admita. Ese dictamen debe ser tratado luego de manera simultánea por ambas cámaras (Diputados y el Senado). Pero la intervención de la comisión bicameral es la que da legitimidad a la norma.
El megadecreto de Milei caerá en el Congreso solo si ambas cámaras lo rechazan. Si una de ellas lo aprueba y otra lo rechaza, el DNU queda vigente. Este es el trabajo estival que debe hacer Congreso. Esta es su tarea. La Corte le dio a la política el espacio y el tiempo para que pueda cumplir con esos mandatos constitucionales antes de tomar una decisión judicial. No obstante, el Poder Judicial se reserva el derecho de analizar la constitucionalidad de ese DNU, aun cuando el propio Congreso lo hubiera aprobado.
Esto no siempre fue así. La doctrina de la Corte fue cambiando en este sentido y, si bien por momentos fue zigzagueante, pasó de ser muy permisiva con los decretos de necesidad y urgencia a ser restrictiva en su convalidación. Sobre todo luego del abuso de los DNU durante el primer menemismo, entre 1989 y 1994.
Justamente la reforma constitucional de 1994, en pleno gobierno de Carlos Menem, incluyó la posibilidad de que el presidente dicte los DNU, pero no para ampliar su poder, sino para limitarlo. Y, bajo la influencia del expresidente radical Raúl Alfonsín, estableció que el Congreso debe controlarlos con una ley. Fue Cristina Kirchner en 2006 quien la promovió con un control débil y aparente, ya que para que un DNU sea rechazado es necesaria la uniformidad de ambas cámaras. Quería asegurarse la sobrevida de los DNU del kirchnerismo.
Esta es la tarea que tendrá que hacer la política en medio de las vacaciones. Y si cumplido el plazo de la feria judicial no hay aún una solución, la Corte entonces verá si es que está encaminado un principio de acuerdo o si es necesaria su intervención.
Parte del éxito de Milei en la campaña electoral fue su manera de conectar por redes sociales con sus votantes. Bastaba un tiktok para simplificar la medida de política pública propuesta (dolarizar, acabar con la casta) y la magia de la comunicación permitía interpretar que para hacerla realidad bastaba con el voto popular. Con ese aval del 55,6% en el balotaje, avanzó en el uso de facultades legislativas para derogar 300 leyes con un solo decreto de necesidad y urgencia. o con una ley ómnibus, que cambia la arquitectura política, electoral, penal, tributaria y penal de la Argentina. Una “reforma constitucional encubierta”, exageró un constitucionalista.
Pero el sistema político no se basa en gobernar por Tiktok, sino en tomar decisiones administrativas en el marco institucional de las reglas de la Constitución, con la intervención del Congreso y el control del Poder Judicial, pero teniendo en cuenta el contexto político en que se toman esas medidas de gobierno. “El Poder Ejecutivo no puede sustituir discrecionalmente el funcionamiento del Congreso, y mucho menos, que sus atribuciones excepcionales no se encuentren sujetas al control judicial”, escribió la constitucionalista Marcela Basterra.
Una particularidad que tiene esta demanda paradójicamente riojana ante la Corte es que se trata de un caso donde una provincia denuncia que tiene un conflicto con el Estado nacional y por eso reclama la competencia originaria del máximo tribunal. Esto quiere decir que el caso tramita directamente ante los estrados del máximo tribunal sin pasar por jueces inferiores.
No se trata de un recurso extraordinario donde la intervención de la Corte está limitada a discutir lo que llega a su estudio. Acá la Corte puede analizar el caso a lo largo y a lo ancho sin límites y esto le da la posibilidad de decir lo que viene diciendo en materia de DNU (que debe probarse la excepcionalidad de la emergencia y que el Congreso está imposibilitado de actuar a tiempo) y al mismo tiempo analizar este caso particular a la luz del avance que tenga su aprobación parlamentaria.
El actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, fue convencional constituyente en 1994, al igual que Juan Carlos Maqueda y que el exjuez supremo Zaffaroni. Saben lo que quisieron decir cuando les pusieron límites a la facultades del presidente para dictar un DNU y es probable que lo que vean no les guste.
Por lo que aun cuando el Congreso apruebe el DNU, la Corte podría opinar sobre su constitucionalidad, pero teniendo en cuenta ese aval legislativo. El fallecido juez Carlos Fayt lo dijo así en su voto en el caso “Guida”: “El hecho de que el Congreso haya asumido sus facultades de contralor no descarta sino que refuerza el necesario control de constitucionalidad inherente al Poder Judicial de la Nación”.
Los competencia originaria, según explica el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, “es la más importante de la Argentina, que es amplia para la discusión federal”. Y esa es la que se abrió esta semana. “Es la competencia de la paz y la armonía federal, así fue imaginada desde 1853. Esa es el alma de la demanda”, señala el abogado que patrocina al gobernador riojano Quintela.
En paralelo, la Justicia pareció alinearse de abajo hacia arriba. Todos los jueces que tenían en sus manos los más de 32 demandas para frenar el DNU, como si se hubieran puesto de acuerdo y hubieran actuado en sintonía con la Corte, se abstuvieron de dictar alguna medida cautelar. Se concentraron muchas de esas demandas en el juzgado de Esteban Furnari, que empezó sus vacaciones y no habilitó los días del fin de semana para resolver. Es más, hasta intimó a la Justicia Laboral para que no siga con la demanda de la CGT y se la mande a su juzgado en lo contencioso administrativo federal.
Ya es tarde para que cualquiera de los jueces que tienen esas demandas en trámite dicte una cautelar, porque arrancó la feria judicial. Solo podría dictar esa cautelar el juez de feria en lo contencioso administrativo federal. Sin embargo, la Corte ya envió su mensaje. Es el tiempo de la política.

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El Gobierno derogará más de 160 leyes “obsoletas”
Es una continuación del DNU de reforma y del megaproyecto; esperan que no sume controversia

Cecilia Devanna
El Gobierno enviará un nuevo y voluminoso proyecto al Congreso. En este caso buscará eliminar leyes que se volvieron “obsoletas” y ahora resultan “absurdas”. Abarcan diferentes y áreas. Javier Milei buscará con este nuevo envío derogar más de 160 normas que en su administración considera que ya no solo no funcionan, sino que “obstaculizan” las actividades de diferentes áreas, entre ellas, la económica. La idea es con este nuevo envío, junto al mega-dnu y la ley ómnibus, girados en las últimas dos semanas, se pueda avanzar en lo que consideran la “gran transformación” de la Argentina.
Para este nuevo proyecto, a diferencia de las dos anteriores presentaciones, en el Gobierno no esperan mayores controversias. “Es una depuración que cubre todas las áreas, no son temas conflictivos”, relativizan desde el oficialismo.
El envío del proyecto fue anticipado por Federico Sturzenegger, artífice detrás de los cambios presentados por Milei en las últimas semanas, en una entrevista con la agencia Bloomberg. Según aseguraron a la nacion fuentes con acceso al tema, entre las normas que buscarán derogar hay desde una que obliga a hacer microfilmaciones, cuando “ya no es la tecnología que se usa para guardar documentos”, hasta leyes que continúan vigentes pero que quedaron incluidas en otras de mayor jerarquía. También aparecen otras que tienen como “curiosidad” que “piden trámites que ya no se pueden hacer”. Como ejemplo del concepto de “absurdo” que buscan transmitir sobre las reglas a derogar figura la ley que “permite hacer una transmisión en color en la televisión, algo que no tiene ningún sentido en la actualidad”, detallan. “Es como la limpieza del disco duro del archivo de la computadora”, grafican desde las filas libertarias sobre lo que se planea con el nuevo proyecto.
En Casa Rosada explican que todas esas normas que mencionan como “absurdas” y “obsoletas” fueron encontrándose en la revisión que se va haciendo de las leyes locales en el “camino a un escenario de modernización”. Y agregan que va en línea con el DNU de más 300 puntos que apunta a reducir la participación del Estado en la economía local y con el proyecto de ley ómnibus que modifica 664 artículos y que comenzará a ser tratado en los próximos días, con la intención oficialista de tenerlo aprobado a finales del mes de enero.
La semana que comienza estará marcada fundamentalmente por la actividad parlamentaria para lograr la aprobación de la ambiciosa ley ómnibus, fundamental para el curso de la administración de Milei, que cifra sus expectativas en el proyecto. Mientras que desde el Gobierno se afirma que la negociación será a “todo o nada”, en La Libertad Avanza (LLA) confían en los acercamientos a los que pueden llegar con la oposición, para lograr las aprobaciones que buscan. Se trata de un escenario desafiante en medio de la debilidad parlamentaria del oficialismo.
En esa línea está la admisión de que guardaron como “carta de negociación” el proyecto de Ganancias, al no incluirlo en la ley ómnibus. Los cambios en esa normativa interesan particularmente a los gobernadores, sin distinción de color partidario, porque se trata de un impuesto coparticipable. El papel de los mandatarios provinciales, cuyo diálogo con el Gobierno se da a través del titular del Ministerio del Interior, Guillermo Francos, será fundamental para el devenir de lo que se vote en las próximas semanas a través de sus respectivos representantes en el Parlamento.
De extracción peronista, Francos funge como una suerte de contrapeso de la personalidad de Milei a la hora de las negociaciones. Mientras que el líder libertario aparece completamente rupturista con sus posturas, dichos y movimientos, el titular de la cartera más política del Gabinete mantiene diálogos con los diferentes actores que formarán parte de la discusión que se viene, entre los que están no solo los gobernadores, sino también sindicalistas, empresarios e intendentes.
“No dan los tiempos”, admiten incluso por lo bajo los libertarios, aunque insisten en que saben que la voluntad del mandatario es que así sea. “Si bien sabemos que todo se puede en política si hay voluntad amplia, la realidad es que el volumen de lo que se pide parece superar ampliamente la posibilidad de que un mes alcance. “No se puede subir la expectativa”, dicen.
En el Parlamento estarán a cargo de la estrategia para conseguir los votos Martín Menem, titular de la Cámara baja, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el Senado. Junto a ellos está el mendocino Omar De Marchi, designado como secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil, que depende de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posee, hombre de bajísimo perfil y extrema confianza del Presidente. A nivel macro y por afuera, sobre todo en el diálogo con los gobernadores, estará Franco colaborando con ellos.
Entre las normas aparece una que autoriza a transmitir en color por televisión
“Es como la limpieza del disco duro”, dicen en la Casa Rosada

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