Un dólar de verano caliente y el búmeran de una consulta popular por las reformas
Francisco Jueguen
El “veranito” con el dólar comenzó a ahogarse esta semana. La cotización que usan las empresas para sacar divisas del país se disparó más de $150 y la que utilizan los sectores formales saltó $100. El blue –que se referencia en el MEP– sigue estable. Los “cueveros”, parece, siguen aún de vacaciones.
La brecha cambiaria, termómetro por excelencia, llegó a estar en 8% el 27 de diciembre unos días después de las medidas anunciadas por Luis “Toto” Caputo; esta semana se estiró a 40%, un gap controlable y lejano al 217% de octubre pasado. Sin embargo, ya genera ansiedades.
En el mercado, aquellos que suelen intercambiar mensajes con los técnicos del Gobierno encuentran tres explicaciones a la hora de evaluar este cambio de clima. Consideran que el mercado está “más pesado” en el exterior, que una brecha tan baja mantenía a los importadores más enfocados en el contado con liquidación (CCL) que en el bono para importadores del Banco Central (BCRA), el Bopreal, y finalmente que el freno al megadecreto y a la ley ómnibus impulsados por Javier Milei comienzan a generar incertidumbre sobre la gobernabilidad.
La apuesta de Caputo siempre fue riesgosa. La motosierra para eliminar el déficit fiscal en un año como promesa principal. Mientras tanto, una devaluación más alta a la prevista por el mercado, un dólar moviéndose al 2% mensual –atrayendo lo que queda del stock del campo y sumando reservas con importaciones casi frenadas–, una licuación total de pesos con tasas de entre 8% y 9% mensuales (lo que implica una tasa implícita en dólares positiva) mientras los precios corren –según dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni–, al 30% en diciembre.
La jugada por el peso –por perder menos– en un contexto de alta inflación se mantendría un tiempo bajo algunas condiciones: que aparecieran más dólares, el ajuste y que las reformas estructurales para desregular, liberalizar y simplificar (del DNU y la ley de reforma del Estado) pasaran. Con cepo, licuadora y aspiradora de pesos, la inflación de diciembre, enero y febrero haría luego su trabajo para que en los próximos meses la plata dejara de alcanzar para consumir y la recesión contuviera los aumentos.
Con cautela, el sector agroexportador respondió al mejor tipo de cambio y al futuro atraso cambiario. Sin contar el viernes, totalizó ingresos por US$379 millones en la semana. Sumado a otros sectores, el BCRA pudo comprar unos US$631 millones. Se trata de un comienzo de mes que supera todos los de los últimos dos años. “Estamos en el inicio de la colocación de la cosecha fina, lo cual parece indicar que este ritmo de ingresos tiende a mantenerse o incrementarse”, contó un operador.
Hay que ver si la soja, su precio, acompaña. Ayer tocó el valor más bajo desde 2021. Además, se prendió otra luz de alerta: la brecha puede comenzar a desincentivar liquidaciones. Y cuentan en el sector que el BCRA tiene trabados pagos pendientes de soja importada temporalmente que chocan contra la disposición de que lleguen dólares frescos. Hoy les deben US$650 millones por esas comprastemporalesenelexterioryel BCRA no puede destrabarlas. Es una gresca insólita que habla de la sequía de dólares que dejó el kirchnerismo.
Vale recordar que el sector aportó US$40.000 millones en 2022. ¿Qué queda en el campo para liquidar? En el mercado dicen que habrían unos 4,4 millones toneladas de soja, 2 millones de maíz y 4 millones de trigo de la cosecha vieja.
Hay más señales del desmantelamiento de reservas del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Para pagar deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) a acreedores de Bonar y Global y a otros organismos, la entidad que dirige Santiago Bausili tuvo que suscribir obligatoriamente una letra (deuda) del Tesoro por US$3200 millones. Las críticas vinieron desde lugares impensados. “El fin de la inocencia”, escribió Alfonso Pratgay. “DNU para saltear la carta orgánica del BCRA, dejándolo así más débil y menos independiente. El Tesoro tomó $3 billones de pases de los bancos. Con esos pesos tendría que haberle comprado dólares, no bonos, al BCRA. Error no forzado”, cuestionó el ex presidente de la entidad en tiempos de Néstor Kirchner y exministro de Hacienda de Mauricio Macri. Algunos pícaros le recordaban ayer a Prat-gay la resolución 159/16 firmada por él mismo. Dispuso, cuando fue ministro, la emisión de una letra por US$400 millones a ser suscripta por el BCRA para pagarle al Fondo. Ironías del destino.
“Lo mismo que hacía Cristina. Le quitó las reservas al BCRA y lo llenó de letras intransferibles”, criticó Roberto Cachanosky, economista enfrentado a Milei, en la red social X. Un hombre que conoce al BCRA desde adentro cree que fue una operación “desprolija” y coincide en el camino marcado por Prat-gay. “Muchas opciones no tenían, porque la deuda había que pagarla, o sea, peor hubiera sido que no pagaran”, matizó.
El desierto de dólares hizo peregrinar ayer a los industriales de la UIA al Banco Central. Curioso para un gobierno liberal: se quejaron de las trabas para registrar deudas en el padrón abierto en la Secretaría de Comercio. Los empresarios llevaron un menú de opciones. En el banco les contestaron con lo que hay: para el stock, el Bopreal y para el flujo, el plazo en cuartos (a 30, 60, 90 y 120 días). La UIA no se puede quejar: ya se llevaron la victoria de la liberación de las importaciones temporales del impuesto PAIS. Sin embargo, todavía sufren –dicen– el impacto de ese gravamen en insumos con componentes importados que terminan de fabricarse en el país y que terminan luego en productos exportados.
En ese contexto de faltantes de dólares, llegó la misión del Fondo. El equipo técnico del FMI y las autoridades locales comenzaron ayer las conversaciones. El fin de semana, continuará el intercambio. El lunes Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja se verán las caras con Caputo y con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. El Gobierno espera conseguir los waivers (el perdón) por las metas incumplidas de la séptima revisión durante el gobierno de Alberto Fernández y con eso destrabar el fondeo de las cuotas que le tocarían al país. Son unos US$3280 millones. La pregunta clave, claro está, se develará el lunes: ¿qué terminará pidiendo el FMI por esos waivers?
Había otros instrumentos que tenía Caputo en mente para captar dólares. El blanqueo y los cambios en Bienes Personales esperan en la ley ómnibus que llegó al Congreso.
El jueves a las 18, Caputo y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, recibieron a varios bancos en el Palacio de Hacienda. El ministro habló de las proyecciones de 2024 y volvió a prometer el déficit cero. El último tema, fue primicia de Bloomberg. Un masivo canje de toda la deuda en pesos que vence este año (unos US$71.000 millones) por bonos atados a la inflación a vencer en 2025, 2026, y 2027. Tres bancos confirmaron que esa propuesta se hizo. En el Ministerio de Economía afirmaron: “No hubo ni hay ninguna propuesta. Se expuso el programa económico y se intercambiamos ideas sobre liability management”. En un banco contaron que sería un buen “marketing” para el Gobierno. “Te trae calma y te sacás todos los vencimientos del año. Sería una buena señal al mercado. También dice que no va a venir plata del exterior”, agregaron. Pese al malestar que se generó por la difusión del encuentro secreto, se supo que ahora, para sacarle punta a la iniciativa pensada para el mes que viene, se reunirán en grupos de trabajo más pequeños. Será para evitar las filtraciones a los medios.
Pese a esta novedad, lo que pone nerviosos a muchos es la mala performance, hasta ahora, del bono para importadores, ya que era un instrumento para sacar pesos sobrantes del mercado. “Estamos tratando de valuar el Bopreal, que es un caos”, describió un veterano de la banca. En el BCRA entienden que hasta que no haya volumen será difícil encontrarle precio. “Al tratarse de instrumento novedoso, con múltiples opcionalidades, la valuación del BOP27 queda sujeta a una serie de supuestos que el mercado se encargará de convalidar o descartar. Pese al arranque poco auspicioso de los montos ofertados, creemos que este título puede llegar a cotizar en un rango en torno a los US$74-80, lo que dejaría un CCL implícito a fin de mes para el importador en torno a $1100”, estimó el último informe del Banco Galicia escrito por su economista en jefe, Diego Chameides.
Al desequilibrio entre pesos y dólares se suman las trabas a las reformas. “Se enviaron muchos temas juntos, en vez de las prioridades”, aseguró un empresario, que sigue a Milei. El terror general de los hombres de negocios es que un fracaso estrepitoso de las ideas liberales devuelva al peronismo kirchnerista. No faltan igual quienes critican, ya no tanto el pragmatismo de subir impuestos (retenciones o PAIS), sino la protección en las normativas a algunos sectores protegidos del sur.
“La viabilidad política del plan es más importante que el plan, porque el principal problema no es no saber lo que hay que hacer, sino implementarlo. Se entiende que Milei quiera ir rápido, pero no se entiende que quiera ir solo. Sin un acuerdo político amplio no va a funcionar”, escribió el politólogo Lucas Romero sobre el reformismo de Milei, quien amenazó con una consulta popular si no avanzan sus proyectos.
Una encuesta de Zuban Córdoba preguntó qué tan de acuerdo se está con la idea de que el DNU desregula el funcionamiento de la economía y está a favor de la gente común. Un 51,2% respondió que está muy en desacuerdo. Un 41,6% contestó que está muy de acuerdo o de acuerdo. Sobre la ley ómnibus, la encuesta preguntó sobre la idea de darle a Milei poderes especiales para modificar leyes y códigos. Un 52,9% contestó que estaba muy en desacuerdo. Un 37,3%, en cambio, que estaba muy de acuerdo o de acuerdo. El 53,1% aseguró que no se puede aprobar ese proyecto a libro cerrado. Un 56% cree que el megadecreto es inconstitucional. La posibilidad de una consulta popular puede terminar siendo al final un búmeran.
Esto despierta al dólar. Un informe de Econométrica desconfía de que el BCRA pueda sostener al dólar oficial creciendo al 2% mensual. Lo ve saltando un 30% en enero y 20% en febrero. Con menos demanda de dinero, ese último mes, la brecha con el CCL crecería. “El traspié del Bopreal no ayuda a contener el exceso de pesos en Leliq. La licuadora puede acelerar”, vaticinan allí
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El precio de la soja cayó al nivel más bajo en dos años
En Chicago, la posición enero se cotizó en US$459,2
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El precio de la soja cayó al nivel más bajo en dos años
En Chicago, la posición enero se cotizó en US$459,2
Dante Rofi
Pese a que las estimaciones sobre la nueva cosecha de Brasil se recalculan a la baja casi a diario, el precio de la soja en la Bolsa de Chicago retrocedió un 3,4% durante la semana; acentuó la tendencia negativa que desde noviembre último lo mantiene debajo de los 500 dólares por tonelada, y quedó ayer en el nivel más bajo desde el 13 de diciembre de 2021, cuando las pizarras marcaron 457,10 dólares para la oleaginosa.
Tras el cierre de las operaciones diarias, la plaza estadounidense marcó quebrantos de US$4,51 y de 4,14 sobre las posiciones enero y marzo de la soja, cuyos ajustes pasaron de 463,71 a 459,20 y de 465,73 a 461,59 dólares por tonelada. En el balance semanal estos contratos resignaron un 3,4 y un 3,2% en la comparación con los 475,28 y con los 465,73 dólares vigentes el viernes de la semana pasada.
Entre las razones que influyeron en la tendencia bajista de la soja se destacó la evolución del clima en Sudamérica. En detalle, por un régimen de lluvias normalizado en la Argentina –hay nuevos pronósticos de precipitaciones para el fin de semana sobre zonas agrícolas clave de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y de Entre Ríos–, que sustenta las buenas perspectivas para el desarrollo de la campaña 2023/2024, en la que se regularizaría la oferta local tras la grave sequía que redujo a menos de la mitad de lo esperado la producción en el ciclo 2022/2023.
A la par, en Brasil la semana dejó importantes acumulados de lluvias en el centro y en el norte del país, las regiones que vinieron padeciendo déficit hídrico desde octubre. Ese aporte de humedad, que continuaría durante el fin de semana, contribuiría a detener el deterioro de los cultivos que ya afectó su potencia de rinde y mejoraría –muy en el límite– las perspectivas de los cultivos sembrados en forma tardía en esta campaña, que comenzó en septiembre con un objetivo récord en torno de los 163 millones de toneladas y que hoy mantiene a muy pocos estimadores augurando un volumen mayor a los 154,61 millones dejados por el ciclo 2022/2023, según la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab).
Otro fundamento para entender la debilidad del valor de la soja está en la caída del preciso de la harina de soja. Ayer, la posición marzo del subproducto de la oleaginosa en Chicago bajó un 1,8%, de 414,68 a 407,19 dólares por tonelada. En el transcurso del último mes, ese contrato perdió un 8,6% de su valor. La razón de esta tendencia negativa de la harina no es solo la recomposición de la oferta argentina, que pesa y mucho, sino, también, el mayor uso de aceite de soja en la industria del biodiésel estadounidense, que impulsa un mayor procesamiento de soja y que deja remanentes de harina que no están encontrando un destino cierto
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El Gobierno busca aprovechar la llegada del Fondo para destrabar US$3280 millones
El monto corresponde a la séptima revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas, que debería haberse hecho en noviembre
Pese a que las estimaciones sobre la nueva cosecha de Brasil se recalculan a la baja casi a diario, el precio de la soja en la Bolsa de Chicago retrocedió un 3,4% durante la semana; acentuó la tendencia negativa que desde noviembre último lo mantiene debajo de los 500 dólares por tonelada, y quedó ayer en el nivel más bajo desde el 13 de diciembre de 2021, cuando las pizarras marcaron 457,10 dólares para la oleaginosa.
Tras el cierre de las operaciones diarias, la plaza estadounidense marcó quebrantos de US$4,51 y de 4,14 sobre las posiciones enero y marzo de la soja, cuyos ajustes pasaron de 463,71 a 459,20 y de 465,73 a 461,59 dólares por tonelada. En el balance semanal estos contratos resignaron un 3,4 y un 3,2% en la comparación con los 475,28 y con los 465,73 dólares vigentes el viernes de la semana pasada.
Entre las razones que influyeron en la tendencia bajista de la soja se destacó la evolución del clima en Sudamérica. En detalle, por un régimen de lluvias normalizado en la Argentina –hay nuevos pronósticos de precipitaciones para el fin de semana sobre zonas agrícolas clave de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y de Entre Ríos–, que sustenta las buenas perspectivas para el desarrollo de la campaña 2023/2024, en la que se regularizaría la oferta local tras la grave sequía que redujo a menos de la mitad de lo esperado la producción en el ciclo 2022/2023.
A la par, en Brasil la semana dejó importantes acumulados de lluvias en el centro y en el norte del país, las regiones que vinieron padeciendo déficit hídrico desde octubre. Ese aporte de humedad, que continuaría durante el fin de semana, contribuiría a detener el deterioro de los cultivos que ya afectó su potencia de rinde y mejoraría –muy en el límite– las perspectivas de los cultivos sembrados en forma tardía en esta campaña, que comenzó en septiembre con un objetivo récord en torno de los 163 millones de toneladas y que hoy mantiene a muy pocos estimadores augurando un volumen mayor a los 154,61 millones dejados por el ciclo 2022/2023, según la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab).
Otro fundamento para entender la debilidad del valor de la soja está en la caída del preciso de la harina de soja. Ayer, la posición marzo del subproducto de la oleaginosa en Chicago bajó un 1,8%, de 414,68 a 407,19 dólares por tonelada. En el transcurso del último mes, ese contrato perdió un 8,6% de su valor. La razón de esta tendencia negativa de la harina no es solo la recomposición de la oferta argentina, que pesa y mucho, sino, también, el mayor uso de aceite de soja en la industria del biodiésel estadounidense, que impulsa un mayor procesamiento de soja y que deja remanentes de harina que no están encontrando un destino cierto
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El Gobierno busca aprovechar la llegada del Fondo para destrabar US$3280 millones
El monto corresponde a la séptima revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas, que debería haberse hecho en noviembre
Sofía Diamante
Posse y Caputo, en un encuentro en el FMI en Washington
Ayer llegó al país la comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), liderada por los economistas Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja. Los funcionarios mantuvieron reuniones técnicas que se repetirán todo este fin de semana en el Palacio de Hacienda y en el Banco Central y, recién el lunes, tendrían el encuentro formal con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El Gobierno busca destrabar lo antes posible los desembolsos por US$3280 millones que quedaron pendientes de noviembre pasado, cuando la anterior gestión económica incumplió todas las metas establecidas con el FMI, y nunca se llevó a cabo la séptima revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés).
Este mes, la Argentina debe pagar US$1974,4 millones al organismo de crédito por vencimientos de capital, mientras que el 1º de febrero debería girarle otros US$877 millones por intereses.
Al mismo tiempo, enfrenta vencimientos de intereses de la deuda con privados por US$1500 millones (Bonares y Globales).
Para cubrir todos estos pagos, el Gobierno publicó ayer un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en el Boletín Oficial, que dispuso la emisión de una nueva letra en dólares intransferible por US$3200 millones por parte del Tesoro a ser suscripta por el Banco Central (ver página 19). “La misma tendrá 10 años de plazo, como es costumbre. Esta letra será utilizada para abonar servicios de deuda en dólares”, aclara el informe diario de la consultora Outlier.
Con este nuevo pedido de dólares del Ministerio de Economía al Central, la entidad monetaria mantiene su balance en estado de fragilidad, con reservas netas negativas en alrededor de US$9000 millones.
El economista venezolano Cubeddu es el único funcionario del FMI que queda del equipo original que negoció el acuerdo vigente con el exministro de Economía Martín Guzmán, en el verano de 2022. El organismo volvió a prestarle al país US$45.000 millones para cancelar el anterior préstamo con el FMI que pidió el gobierno de Mauricio Macri, luego de la recomendación de Caputo, quien era ministro de Finanzas en ese entones. El economista tailandés Ashvin Ahuja es jefe de misión para la Argentina.
Al igual que hizo el exministro de Economía Sergio Massa, la Argentina podría solicitar hacer la séptima y la octava revisión del acuerdo del FMI juntas, correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2023. Esto le permitiría destrabar no solo los US$3280 millones correspondientes a noviembre pasado, sino los US$1080 millones que se deberían liberar en marzo próximo.
El país terminó de incumplir durante el último semestre del año pasado las tres metas establecidas en el programa con el FMI. El déficit fiscal anual terminó más cerca de 2,8% del PBI, muy por arriba del 1,9% acordado. Para este año, la meta acordada era un déficit de 0,9% del producto, pero el objetivo de Caputo es obtener superávit fiscal.
Por otro lado, las reservas del Banco Central terminaron negativas en US$9000 millones en 2023, muy por debajo de la meta reformulada luego de la sequía, que era acumular US$1000 millones. En 2022, la Argentina había terminado con reservas netas positivas de más de US$5000 millones.
Finalmente, el Ministerio de Economía nunca cortó el financiamiento del Banco Central, que se hizo no solo a través de adelantos transitorios, sino de manera indirecta, cuando la entidad compraba deuda en el mercado secundario para darles liquidez a los inversores, que a su vez participaban de las licitaciones del Tesoro.
Ayer llegó al país la comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), liderada por los economistas Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja. Los funcionarios mantuvieron reuniones técnicas que se repetirán todo este fin de semana en el Palacio de Hacienda y en el Banco Central y, recién el lunes, tendrían el encuentro formal con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El Gobierno busca destrabar lo antes posible los desembolsos por US$3280 millones que quedaron pendientes de noviembre pasado, cuando la anterior gestión económica incumplió todas las metas establecidas con el FMI, y nunca se llevó a cabo la séptima revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés).
Este mes, la Argentina debe pagar US$1974,4 millones al organismo de crédito por vencimientos de capital, mientras que el 1º de febrero debería girarle otros US$877 millones por intereses.
Al mismo tiempo, enfrenta vencimientos de intereses de la deuda con privados por US$1500 millones (Bonares y Globales).
Para cubrir todos estos pagos, el Gobierno publicó ayer un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en el Boletín Oficial, que dispuso la emisión de una nueva letra en dólares intransferible por US$3200 millones por parte del Tesoro a ser suscripta por el Banco Central (ver página 19). “La misma tendrá 10 años de plazo, como es costumbre. Esta letra será utilizada para abonar servicios de deuda en dólares”, aclara el informe diario de la consultora Outlier.
Con este nuevo pedido de dólares del Ministerio de Economía al Central, la entidad monetaria mantiene su balance en estado de fragilidad, con reservas netas negativas en alrededor de US$9000 millones.
El economista venezolano Cubeddu es el único funcionario del FMI que queda del equipo original que negoció el acuerdo vigente con el exministro de Economía Martín Guzmán, en el verano de 2022. El organismo volvió a prestarle al país US$45.000 millones para cancelar el anterior préstamo con el FMI que pidió el gobierno de Mauricio Macri, luego de la recomendación de Caputo, quien era ministro de Finanzas en ese entones. El economista tailandés Ashvin Ahuja es jefe de misión para la Argentina.
Al igual que hizo el exministro de Economía Sergio Massa, la Argentina podría solicitar hacer la séptima y la octava revisión del acuerdo del FMI juntas, correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2023. Esto le permitiría destrabar no solo los US$3280 millones correspondientes a noviembre pasado, sino los US$1080 millones que se deberían liberar en marzo próximo.
El país terminó de incumplir durante el último semestre del año pasado las tres metas establecidas en el programa con el FMI. El déficit fiscal anual terminó más cerca de 2,8% del PBI, muy por arriba del 1,9% acordado. Para este año, la meta acordada era un déficit de 0,9% del producto, pero el objetivo de Caputo es obtener superávit fiscal.
Por otro lado, las reservas del Banco Central terminaron negativas en US$9000 millones en 2023, muy por debajo de la meta reformulada luego de la sequía, que era acumular US$1000 millones. En 2022, la Argentina había terminado con reservas netas positivas de más de US$5000 millones.
Finalmente, el Ministerio de Economía nunca cortó el financiamiento del Banco Central, que se hizo no solo a través de adelantos transitorios, sino de manera indirecta, cuando la entidad compraba deuda en el mercado secundario para darles liquidez a los inversores, que a su vez participaban de las licitaciones del Tesoro.
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