EL FUTURO DE LA REFORMA Y JURISTAS

Diferencias sobre retenciones y jubilaciones traban la ley ómnibus
Reuniones en la cámara de diputados El Gobierno y los bloques dialoguistas avanzaron ayer con las negociaciones en torno a la ley ómnibus; si bien hubo avances, la falta de acuerdo en materia fiscal demora un entendimiento
Laura SerraPablo Quirno, el secretario de Finanzas, llega a la Cámara baja para participar de las negociaciones
El clima de cordialidad se desvaneció cuando los interlocutores, reunidos en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, comenzaron a abordar el paquete fiscal del megaproyecto de ley del Gobierno, el corazón de la iniciativa. De un lado de la mesa de negociaciones los delegados de la oposición dialoguista dejaron en claro que acompañarán la iniciativa siempre y cuando el oficialismo dé marcha atrás en dos puntos claves: la derogación lisa y llana de la ley de movilidad jubilatoria y la suba de retenciones en productos de las economías regionales.
Del otro lado de la mesa, los representantes del Poder Ejecutivo tomaron nota, aunque no mostraron demasiada disposición a aceptarlas. Ambos ítems –jubilaciones y retenciones– representan al menos un punto del PBI en la carrera hacia el déficit cero que obsesiona al presidente Javier Milei. “Propusimos vías alternativas, pero no hubo caso”, se lamentaban en la oposición. Igualmente, los delegados del Gobierno prometieron que darían una respuesta a más tardar mañana, tras consultar con los altos mandos de la Casa Rosada. Las conversaciones recomenzarán hoy.
El despacho de Menem fue, a lo largo de la jornada, un constante ir y venir de funcionarios y legisladores. El Gobierno presiona para apurar la media sanción de la ley en la Cámara de Diputados en lo posible antes del paro convocado por la CGT para el miércoles próximo. Menem insinuó la posibilidad de sesionar este sábado. “Difícil”, le respondieron los opositores, conscientes de que resta un largo camino en la negociación.
Al frente de la delegación del Gobierno Pablo Quirno, secretario de Finanzas, llevaba la batuta; lo acompañaban Carlos Guberman, secretario de Hacienda; Martín Fariña, asesor de Federico Sturzenegger –autor intelectual del proyecto– y funcionarios de segunda línea del Ministerio de Economía. José Rolandi, vicejefe de Gabinete, seguía las conversaciones al detalle para transmitírselas a su jefe, Nicolás Posse, de gira junto al presidente Javier Milei en Davos. Estaba claro que en los temas más ríspidos la decisión de aceptar o no las modificaciones propuestas por la oposición los excedía.
Los bloques de la oposición dialoguista (Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal) acordaron armar un equipo negociador para evitar que el oficialismo intente quebrarlos con concesiones bilaterales.
Del radicalismo participaron Lisandro Nieri, Alejandro Cacace, Danya Tavella y Karina Banfi; el bloque de Pro envió a Luciano Laspina, Diego Santilli y Laura Rodríguez Machado, mientras que la bancada que conduce Miguel Pichetto estuvo representada por Nicolás Massot, Emilio Monzó, Juan López y Paula Olivetto.
A la mesa de negociación llevaron el mismo libreto: las delegaciones legislativas deberán ser acotadas en materias y en plazo (a lo sumo un año, no cuatro como pretende el Gobierno); autorizarán eventuales privatizaciones de empresas públicas siempre y cuando sean por ley del Congreso; no avalarán una suba generalizada de las retenciones a las economías regionales como tampoco la derogación de la ley de movilidad jubilatoria.
Sobre este último punto, tanto Laspina como Cacace propusieron alternativas. “La eliminación de la ley de movilidad significaría un retroceso enorme para los jubilados y un ahorro significativo para el Gobierno a costa de ellos; hay que explorar una nueva fórmula de indexación mensual, atada al IPC, para que los haberes, no solo los de la mínima, no pierdan con la inflación”, sostienen.
Los avance
Si bien en este tema las conversaciones parecen estancadas, en otros hubo avances. Por caso, en la cuestión del régimen de blanqueo de capitales que propone el proyecto. “En principio se aceptaría que exfuncionarios públicos y sus cónyuges que ejercieron en los últimos cinco años no puedan acogerse al régimen”, indicaron en la oposición. Respecto de la moratoria, se accedería a incluir algún tipo de incentivo para los contribuyentes cumplidores.
En las horas previas a la reunión con el Gobierno los jefes de los distintos bloques pactaron como estrategia llegar a la mesa de negociación con un compendio unívoco de propuestas para modificar el proyecto. La oferta básicamente consiste en aprobarle al Gobierno el paquete fiscal –con los cambios mencionados– y postergar para las sesiones ordinarias del Congreso, que arrancarán el 1° de marzo próximo, los capítulos que consideran menos urgentes, como la reforma política y electoral y los capítulos referidos a educación, salud y cultura.
Asimismo, propondrán eliminar del proyecto el artículo por el cual el Gobierno pretende la aprobación del megadecreto de necesidad y urgencia que emitió el presidente Milei para desregular la economía. “Ese es un tema que debe abordar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, no debe estar incluido en la ley”, sostienen los opositores.
Las cuatro bancadas dialoguistas reúnen poco más de 100 diputados; sin ellos, el oficialismo no tiene chance alguna de emitir un dictamen de mayoría, menos aún en tiempo récord. Aun así en la oposición persisten los resquemores y las dudas. Temen que en un rapto de intransigencia el presidente Milei eche por tierra todas las negociaciones, se resista a aceptar las modificaciones propuestas y ordene a su tropa ir al recinto “a matar o morir” con el proyecto original.
“Será una decisión suya. Está claro que la oposición ha mostrado una predisposición más que generosa a mejorar el proyecto de ley. Ahora la pelota está en la cancha del Poder Ejecutivo”, advierten los opositores

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Juristas piden quitar del proyecto la reforma del Código Civil
Kemelmajer solicitó un “estudio sistémico” de los cambios y en sesiones ordinarias; Gallo Tagle rechazó el traspaso de la Justicia nacional
Delfina Celichini
En representación de más de un centenar de profesores universitarios, la jurista Aída Kemelmajer, exintegrante de la Corte Suprema de la provincia de Mendoza, pidió eliminar el capítulo de la ley ómnibus que pretende reformar el Código Civil y Comercial de la Nación. Fue en el marco del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que discute la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei.
“Las reformas propuestas al Código no tienen ninguna relación con el déficit del Estado, ni con la inflación, ni con la economía desregulada, ni con la libertad ni mucho menos con lo que el pueblo votó, a quien nunca se le dijo en campaña que se reformaría el Código Civil y Comercial”, argumentó Kemelmajer, quien indicó que su intervención se da en representación del Instituto Argentino del Derecho del Consumidor y “de más de un centenar de profesores universitarios que me acompañaron en la carta abierta”.
Según precisó la jurista, se solicita eliminar los artículos 352 a 403 del proyecto. “Pido a los diputados que pasen este capítulo a la Comisión de Legislación General para que puedan ser analizados en sesiones ordinarias”, instó, a la vez que subrayó que este tipo de cambios requieren de un “estudio sistémico del código”.
Tal como precisó, “el proyecto de ley contradice la sistemática del Código Civil, generando un foco de conflicto interpretativo con la consecuente inseguridad jurídica que acarrea su reinterpretación y, consecuentemente, el perjuicio que le causa a las destinatarias y destinatarios de las normas; es decir, a todas las personas que están en el territorio argentino”.
La jurista dio luego una serie de ejemplos ligados a un impedimento que es eliminado por el proyecto de ley: el que establecen varios artículos del Código frente a contratos y actos que van en contra de “la moral, las buenas costumbres y el orden público”. Luego de enumerar el impacto de esa eliminación, Kemelmajer concluyó que “es un peligro reformar el Código sin un estudio sistémico”.
¿El Código Civil y Comercial no se puede tocar? Sí se puede tocar, siempre lo hemos dicho. El Código de Vélez duró más de 150 años. En un mundo cambiante como en el que vivimos, no pretendemos que dure lo mismo. Pero cuando hacemos las reformas, hay que hacerlas de forma sistemática”, cerró.
De la exposición también participó el juez Marcelo Gallo Tagle, quien planteó la preocupación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional frente al artículo 439 de la iniciativa, que plantea el traspaso de la Justicia nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Gallo Tagle recordó que la entidad que presidió hasta 2023 plantea la inconstitucionalidad de ese traspaso desde hace años. “Lo que se está defendiendo es el respeto a la independencia del Poder Judicial y la división de poderes”, señaló. Dijo que se alargarían los procesos, agregando una cuarta instancia (el Tribunal Superior de la Ciudad), planteó dudas en cuanto al financiamiento de los tribunales trasladados y rechazó que el Congreso delegue en el Presidente la facultad para instrumentar ese traspaso.

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