La UIA criticó la suba de impuestos y dijo que tiene un “sesgo antiexportador”
A la vez, los abogados laboralistas cuestionaron la reforma a la legislación del trabajo que forma parte del megaproyecto
Delfina Celichini
Diego Coatz, director ejecutivo de la UIA
La Unión Industrial Argentina (UIA) cuestionó la suba de retenciones que propone el Poder Ejecutivo en la ley ómnibus, advirtió que presentan un “sesgo antiexportador”, y pidió “que se revea” esta medida.
La exposición fue en el marco del plenario de la Cámara de Diputados, donde desde ayer exponen organizaciones sectoriales y de la sociedad civil afectadas por el megaproyecto impulsado por el Presidente Javier Milei.
La Unión Industrial Argentina (UIA) cuestionó la suba de retenciones que propone el Poder Ejecutivo en la ley ómnibus, advirtió que presentan un “sesgo antiexportador”, y pidió “que se revea” esta medida.
La exposición fue en el marco del plenario de la Cámara de Diputados, donde desde ayer exponen organizaciones sectoriales y de la sociedad civil afectadas por el megaproyecto impulsado por el Presidente Javier Milei.
“Desde el sector industrial advertimos la necesidad de incorporar un criterio de competitividad e incentivo a la producción en el esquema de Derechos de Exportación, que no desincentive las exportaciones industriales, lo que llevaría a profundizar aún más las dificultades de divisas y macroeconómicas que enfrenta nuestro país”, indicó el director ejecutivo de la UIA, Diego Coatz, a la vez que solicitó al Gobierno “que se revea la suba al 15% para los complejos industriales exportadores, evitando penalizar el agregado de valor y la salida exportadora”.
Coatz argumentó asimismo que “Argentina necesita divisas y para eso una política que fomente las exportaciones, en un mundo competitivo y que compense los costos sistémicos que enfrentan las empresas”.
En la misma línea, el director destacó el potencial de la actividad industrial en cuanto a su función integradora, y destacó que “genera cerca de un quinto de los puestos de trabajo formales del sector privado (1,2 millones de un total de 6 millones)”.
La Unión Industrial se sumó, así, a un sector de la oposición que no ve con buenos ojos el aumento de la carga tributaria a determinados sectores económicos.
De hecho, dentro del paquete de reformas fiscales que el Gobierno pretende impulsar a través de la ley ómnibus, este punto así como el capítulo de reforma laboral, en conjunto con la supresión de la fórmula de movilidad jubilatoria, son las cuestiones que más fricciones genera con los bloques dialoguistas que podrían acompañar la iniciativa.
Por eso, ayer fue una jornada clave por la discusión en detalle del paquete económico. Se mantuvo abierta la mesa de negociación entre emisarios del Poder Ejecutivo y referentes de los bloques UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal, para llegar a un dictamen común mañana.
En esta instancia participan funcionarios de segundas o terceras líneas de la cartera que conduce el ministro Luis Caputo, quien por estos días acompaña al presidente Milei en su visita a Davos.
Es por esta razón que durante la nueva ronda de debate en el plenario de comisiones la convocatoria de diputados fue reducida, en contraste con el centenar que desfiló por esta misma sala en la seguidilla de reuniones que se desarrollaron la semana pasada.
Abogados laboralistas
Uno de los temas más discutidos que componen tanto el proyecto de “Ley de Bases” como el DNU 70/23 tiene que ver con la reforma laboral que pretende llevar adelante el Gobierno.
De hecho, es uno de los principales cuestionamientos de las centrales sindicales englobadas en la CGT y las dos CTA que impulsan el paro general convocado para el 24 de este mes.
Matías Cremonte, representante de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) disertó ayer en la reunión plenaria y reforzó el argumento en contra de los cambios en materia laboral.
“La reforma laboral que se impulsa en la ley ómnibus y el DNU viola el principio de progresividad y de irregresividad del derecho social. Si la aprueban, Argentina va a ser sancionada, va a aumentar el desempleo y la informalidad laboral como pasó en todos los países que hicieron lo mismo. Pero sobre todo, las y los trabajadores van a perder más derechos y sus vidas van a ser más miserables”, subrayó.
El foco de sus cuestionamientos se centró en la eliminación de las indemnizaciones agravadas para empleados no registrados, así como la criminalización de la protesta social.
“Es muy contradictorio”, sentenció.
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DNU: el Gobierno subsanó un insólito error tras un revés en la Justicia laboral
Por una omisión, la Cámara del Trabajo había revocado un planteo del Estado contra el amparo de la CGT
El Gobierno protagonizó un insólito traspié en su marcha hacia la reconfiguración del Estado y la desregulación de la economía. Por un error formal, que luego requirió una nueva intervención para subsanarlo, la Cámara Nacional de Trabajo dejó sin efecto la apelación presentada por el Gobierno, por la cual buscaba llegar a la Corte Suprema en el expediente iniciado por la CGT contra el capítulo laboral del DNU.
¿Cuál fue el error? La abogada Carolina Soledad Maidana no acreditó debidamente la personería jurídica de la Procuración del Tesoro y entonces la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocó el traslado del recurso extraordinario.
Según la notificación de la cámara laboral, la abogada Maidana “no acompañó los instrumentos idóneos para acreditar la representación que dice investir y tampoco se invocó imposibilidad alguna de presentarlos”. Por un breve período la apelación quedó así sin efecto, pero el Gobierno contaba con 48 horas para corregir el error, dado que hoy vence el plazo que había sido fijado por la justicia para que el Poder Ejecutivo presentara el recurso extraordinario.
La Procuración del Tesoro, finalmente, rectificó el accionar. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de informar que el Gobierno había reencauzado el trámite y despegar las dudas en torno a la continuidad de la medida judicial. Adorni lo atribuyó, sin embargo, a un problema de “información que circuló” y no señaló el error del Gobierno.
“Ante la confusa información que circuló, quedó subsanada la cuestión jurídica en relación a la apelación presentada. Fin”, escribió el portavoz en su cuenta de X. Acompañó el mensaje con la comunicación efectuada por el Juez de la Cámara de Apelaciones Alejandro Sudera: “Proveyendo la presentación digital efectuada por el Estado Nacional con fecha 16.01.2024 a las 1.17hs. Tiénese por presentados a los firmantes del escrito en despacho, en el carácter invocado y con el domicilio constituido y del recurso extraordinario interpuesto por la parte de la demanda, traslado a la contraria por diez días”, escribió el magistrado.
Si la Procuración del Tesoro no corregía el error antes del vencimiento del plazo, la apelación hubiese quedado sin efecto alguno.
Recurso
El planteo que fue puesto en riesgo es un recurso extraordinario con el que el oficialismo apuesta a que sea la Corte Suprema la que resuelva la disputa.
El Gobierno busca que la Corte analice y deje sin efecto el fallo de la Cámara del Trabajo que suspendió, mediante el dictado de una medida cautelar, el capítulo de reformas laborales del DNU. La decisión de conceder la medida cautelar la tomaron los camaristas Andrea García Vior y Alejandro Sudera, con la disidencia de la tercera integrante del tribunal, María Dora González. El fallo de la Cámara del Trabajo fue el primer freno que impusieron los tribunales a los alcances del decreto de necesidad y urgencia 70/2023.
El trámite, luego de haber enmendado el error, sigue su curso: la Cámara puede aceptar el recurso de Barra y habilitar el juego a la Corte Suprema o, simplemente, rechazarlo. En este caso, el oficialismo podría insistir con un recurso de queja.
En el fallo que dictó la medida cautelar y suspendió los efectos del DNU, García Vior y Sudera esgrimieron que tanto la necesidad y la urgencia no estaban debidamente justificadas en el decreto. “Las formas republicanas no son mera retórica, sino que hacen a la esencia misma del sistema”, advirtieron.
González, la disidente, solicitó que el expediente se tramitara en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso. Sobre esa línea interpretativa se recostaba el oficialismo que entendía, al igual que el fiscal general de la Cámara laboral, Juan Manuel Domínguez, que la justicia laboral no tiene dominio. El plan de Barra es que el fuero contencioso se quedara con la causa promovida por la CGT.
Coatz argumentó asimismo que “Argentina necesita divisas y para eso una política que fomente las exportaciones, en un mundo competitivo y que compense los costos sistémicos que enfrentan las empresas”.
En la misma línea, el director destacó el potencial de la actividad industrial en cuanto a su función integradora, y destacó que “genera cerca de un quinto de los puestos de trabajo formales del sector privado (1,2 millones de un total de 6 millones)”.
La Unión Industrial se sumó, así, a un sector de la oposición que no ve con buenos ojos el aumento de la carga tributaria a determinados sectores económicos.
De hecho, dentro del paquete de reformas fiscales que el Gobierno pretende impulsar a través de la ley ómnibus, este punto así como el capítulo de reforma laboral, en conjunto con la supresión de la fórmula de movilidad jubilatoria, son las cuestiones que más fricciones genera con los bloques dialoguistas que podrían acompañar la iniciativa.
Por eso, ayer fue una jornada clave por la discusión en detalle del paquete económico. Se mantuvo abierta la mesa de negociación entre emisarios del Poder Ejecutivo y referentes de los bloques UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal, para llegar a un dictamen común mañana.
En esta instancia participan funcionarios de segundas o terceras líneas de la cartera que conduce el ministro Luis Caputo, quien por estos días acompaña al presidente Milei en su visita a Davos.
Es por esta razón que durante la nueva ronda de debate en el plenario de comisiones la convocatoria de diputados fue reducida, en contraste con el centenar que desfiló por esta misma sala en la seguidilla de reuniones que se desarrollaron la semana pasada.
Abogados laboralistas
Uno de los temas más discutidos que componen tanto el proyecto de “Ley de Bases” como el DNU 70/23 tiene que ver con la reforma laboral que pretende llevar adelante el Gobierno.
De hecho, es uno de los principales cuestionamientos de las centrales sindicales englobadas en la CGT y las dos CTA que impulsan el paro general convocado para el 24 de este mes.
Matías Cremonte, representante de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) disertó ayer en la reunión plenaria y reforzó el argumento en contra de los cambios en materia laboral.
“La reforma laboral que se impulsa en la ley ómnibus y el DNU viola el principio de progresividad y de irregresividad del derecho social. Si la aprueban, Argentina va a ser sancionada, va a aumentar el desempleo y la informalidad laboral como pasó en todos los países que hicieron lo mismo. Pero sobre todo, las y los trabajadores van a perder más derechos y sus vidas van a ser más miserables”, subrayó.
El foco de sus cuestionamientos se centró en la eliminación de las indemnizaciones agravadas para empleados no registrados, así como la criminalización de la protesta social.
“Es muy contradictorio”, sentenció.
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DNU: el Gobierno subsanó un insólito error tras un revés en la Justicia laboral
Por una omisión, la Cámara del Trabajo había revocado un planteo del Estado contra el amparo de la CGT
El Gobierno protagonizó un insólito traspié en su marcha hacia la reconfiguración del Estado y la desregulación de la economía. Por un error formal, que luego requirió una nueva intervención para subsanarlo, la Cámara Nacional de Trabajo dejó sin efecto la apelación presentada por el Gobierno, por la cual buscaba llegar a la Corte Suprema en el expediente iniciado por la CGT contra el capítulo laboral del DNU.
¿Cuál fue el error? La abogada Carolina Soledad Maidana no acreditó debidamente la personería jurídica de la Procuración del Tesoro y entonces la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocó el traslado del recurso extraordinario.
Según la notificación de la cámara laboral, la abogada Maidana “no acompañó los instrumentos idóneos para acreditar la representación que dice investir y tampoco se invocó imposibilidad alguna de presentarlos”. Por un breve período la apelación quedó así sin efecto, pero el Gobierno contaba con 48 horas para corregir el error, dado que hoy vence el plazo que había sido fijado por la justicia para que el Poder Ejecutivo presentara el recurso extraordinario.
La Procuración del Tesoro, finalmente, rectificó el accionar. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de informar que el Gobierno había reencauzado el trámite y despegar las dudas en torno a la continuidad de la medida judicial. Adorni lo atribuyó, sin embargo, a un problema de “información que circuló” y no señaló el error del Gobierno.
“Ante la confusa información que circuló, quedó subsanada la cuestión jurídica en relación a la apelación presentada. Fin”, escribió el portavoz en su cuenta de X. Acompañó el mensaje con la comunicación efectuada por el Juez de la Cámara de Apelaciones Alejandro Sudera: “Proveyendo la presentación digital efectuada por el Estado Nacional con fecha 16.01.2024 a las 1.17hs. Tiénese por presentados a los firmantes del escrito en despacho, en el carácter invocado y con el domicilio constituido y del recurso extraordinario interpuesto por la parte de la demanda, traslado a la contraria por diez días”, escribió el magistrado.
Si la Procuración del Tesoro no corregía el error antes del vencimiento del plazo, la apelación hubiese quedado sin efecto alguno.
Recurso
El planteo que fue puesto en riesgo es un recurso extraordinario con el que el oficialismo apuesta a que sea la Corte Suprema la que resuelva la disputa.
El Gobierno busca que la Corte analice y deje sin efecto el fallo de la Cámara del Trabajo que suspendió, mediante el dictado de una medida cautelar, el capítulo de reformas laborales del DNU. La decisión de conceder la medida cautelar la tomaron los camaristas Andrea García Vior y Alejandro Sudera, con la disidencia de la tercera integrante del tribunal, María Dora González. El fallo de la Cámara del Trabajo fue el primer freno que impusieron los tribunales a los alcances del decreto de necesidad y urgencia 70/2023.
El trámite, luego de haber enmendado el error, sigue su curso: la Cámara puede aceptar el recurso de Barra y habilitar el juego a la Corte Suprema o, simplemente, rechazarlo. En este caso, el oficialismo podría insistir con un recurso de queja.
En el fallo que dictó la medida cautelar y suspendió los efectos del DNU, García Vior y Sudera esgrimieron que tanto la necesidad y la urgencia no estaban debidamente justificadas en el decreto. “Las formas republicanas no son mera retórica, sino que hacen a la esencia misma del sistema”, advirtieron.
González, la disidente, solicitó que el expediente se tramitara en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso. Sobre esa línea interpretativa se recostaba el oficialismo que entendía, al igual que el fiscal general de la Cámara laboral, Juan Manuel Domínguez, que la justicia laboral no tiene dominio. El plan de Barra es que el fuero contencioso se quedara con la causa promovida por la CGT.
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