El Gobierno le pidió a la Justicia que no intervenga
Lo hizo al responderle al juez Lavié Pico en el trámite del megadecreto
Candela Ini
El gobierno nacional respondió a dos de las demandas que recibió el Estado por el mega-DNU, dijo que es competencia del Congreso analizarlo porque se encuentra en estado parlamentario y le pidió al Poder Judicial que no intervenga. En sendos escritos presentados en los tribunales en lo contencioso administrativo, los abogados del Estado dijeron que están fundadas la necesidad y urgencia del decreto en una cuestión política que debe ser considerada como “no justiciable”.
Las dos presentaciones se hicieron ante el juez Enrique Lavié Pico en respuesta a las acciones de amparo promovidas por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y por el presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo. Las presentaciones del Estado fueron en torno de los pedidos de las medidas cautelares para suspender los efectos del DNU, pero no sobre el fondo de las demandas. Lavié Pico quedó ahora en condiciones de resolver sobre los pedidos de medidas cautelares para suspender la vigencia del DNU.
“La necesidad y urgencia constituyen una verdadera cuestión política (institucional) que debe ser considerada como no justiciable”, dijo el Poder Ejecutivo al Judicial. Y agregó el escrito que la evaluación respecto del DNU es de valoración política: “Asimismo, la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes, es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad mérito y conveniencia, lo cual también es de valoración estrictamente política”, plantearon los abogados del Estado en el marco de la causa iniciada por el abogado Rizzo, quien presentó una acción de amparo pocos días después de que fuera firmado el DNU.
En ambas respuestas los abogados Carolina Soledad Maidana y Gastón Aguirre plantearon que el caso es improcedente y la falta de legitimación activa de los demandantes por no ser, en el caso de Rizzo, titular de un derecho que resulte afectado por el DNU cuestionado. “Ya solicitamos que se declare la falta de legitimación activa de la demandante, se declara la falta de caso y se disponga el rechazo de la medida cautelar y de la demanda, con costas”.
Según los abogados, ambas demandas constituyen una maniobra para interrumpir la vigencia del DNU. “Ante la clara inexistencia de “caso” o “controversia” y la falta de concreción de la cuestión constitucional formulada, solo cabe ponderar que la acción incoada se traduce en una maniobra que intenta interrumpir la vigencia de una norma dictada por el Poder Ejecutivo en ejercicio de atribuciones constitucionales por el solo hecho de no estar de acuerdo con las medidas que en dicha norma se establecen sobre la base de meras suposiciones”, esgrimieron. Mientras tanto, se espera una pronta definición de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en respuesta a dos recursos de apelación presentados por el Gobierno.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Retiran el artículo que exigía pedir permiso para hacer reuniones
Bullrich confirmó la enmienda en el proyecto de ley, pero defendió a ultranza el cambio en el concepto de la legítima defensa policial
El gobierno nacional respondió a dos de las demandas que recibió el Estado por el mega-DNU, dijo que es competencia del Congreso analizarlo porque se encuentra en estado parlamentario y le pidió al Poder Judicial que no intervenga. En sendos escritos presentados en los tribunales en lo contencioso administrativo, los abogados del Estado dijeron que están fundadas la necesidad y urgencia del decreto en una cuestión política que debe ser considerada como “no justiciable”.
Las dos presentaciones se hicieron ante el juez Enrique Lavié Pico en respuesta a las acciones de amparo promovidas por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y por el presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo. Las presentaciones del Estado fueron en torno de los pedidos de las medidas cautelares para suspender los efectos del DNU, pero no sobre el fondo de las demandas. Lavié Pico quedó ahora en condiciones de resolver sobre los pedidos de medidas cautelares para suspender la vigencia del DNU.
“La necesidad y urgencia constituyen una verdadera cuestión política (institucional) que debe ser considerada como no justiciable”, dijo el Poder Ejecutivo al Judicial. Y agregó el escrito que la evaluación respecto del DNU es de valoración política: “Asimismo, la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes, es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad mérito y conveniencia, lo cual también es de valoración estrictamente política”, plantearon los abogados del Estado en el marco de la causa iniciada por el abogado Rizzo, quien presentó una acción de amparo pocos días después de que fuera firmado el DNU.
En ambas respuestas los abogados Carolina Soledad Maidana y Gastón Aguirre plantearon que el caso es improcedente y la falta de legitimación activa de los demandantes por no ser, en el caso de Rizzo, titular de un derecho que resulte afectado por el DNU cuestionado. “Ya solicitamos que se declare la falta de legitimación activa de la demandante, se declara la falta de caso y se disponga el rechazo de la medida cautelar y de la demanda, con costas”.
Según los abogados, ambas demandas constituyen una maniobra para interrumpir la vigencia del DNU. “Ante la clara inexistencia de “caso” o “controversia” y la falta de concreción de la cuestión constitucional formulada, solo cabe ponderar que la acción incoada se traduce en una maniobra que intenta interrumpir la vigencia de una norma dictada por el Poder Ejecutivo en ejercicio de atribuciones constitucionales por el solo hecho de no estar de acuerdo con las medidas que en dicha norma se establecen sobre la base de meras suposiciones”, esgrimieron. Mientras tanto, se espera una pronta definición de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en respuesta a dos recursos de apelación presentados por el Gobierno.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Retiran el artículo que exigía pedir permiso para hacer reuniones
Bullrich confirmó la enmienda en el proyecto de ley, pero defendió a ultranza el cambio en el concepto de la legítima defensa policial
Javier Fuego Simondet
Hernán zentenoLa ministra justificó la urgencia por aprobar la ley ómnibus, ayer, en Diputados
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expuso ante el plenario de comisiones de Diputados sobre las reformas en su área previstas en el proyecto de ley ómnibus. Comenzó haciendo una enfática defensa de la urgencia por aprobar la ley, bajo el argumento que de lo contrario se profundizaría la crisis, aunque luego admitió que el oficialismo hará cambios en el texto: el primero, eliminar el artículo que exigía pedir permiso para reuniones de más de tres personas. Por el contrario, defendió a ultranza la modificación del concepto de legítima defensa en favor de las fuerzas de seguridad, uno de los ejes más polémicos de la iniciativa.
“Pudo haber una mala interpretación del artículo 331, que plantea que se debería pedir un permiso para una reunión de tres personas. Ese artículo está vinculado a la Ley del Tránsito y no a la ley en general. Para facilitar la discusión, porque da lo mismo cuántos cortan el tránsito, les vengo a decir que vamos a retirar ese artículo porque está suficientemente explicado en otros. Denlo por retirado”, sostuvo.
En el Capítulo I del texto enviado al Congreso se establece la sustitución del artículo 194 del Código Penal y eleva las penas para quienes corten calles a un mínimo de un año y un máximo de tres años y seis meses. El artículo 331 del proyecto define a una “reunión o manifestación” como la “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”. El castigo se eleva (dos a cinco años de prisión) para los organizadores de las manifestaciones, “estén o no presentes en la manifestación o acampe”. Si obligan a otro a asistir, la pena sube: de tres a seis años de prisión.
Bullrich defendió ese incremento de penas y se focalizó en los organizadores. “Las personas no van autónomamente a estas manifestaciones. Hay organizadores, lo hacen con capacidad de presión sobre los concurrentes. Y van a ser solidariamente responsables por el daño que ocasionen”, resaltó. Otro de los puntos que desglosó Bullrich fue el de los cambios en el concepto de la legítima defensa. “La proporcionalidad del medio empleado debe ser interpretada en favor de quien actúa en cumplimiento del deber”, sintetizó. En este tramo de su explicación, Bullrich se puso de pie y “actuó” una hipotética escena de un motochorro disparando hacia atrás a quienes lo persiguen. “Si el agente de las fuerzas de seguridad repele, se plantea que el tiro por la espalda es fusilamiento; no, es legítima defensa”, sostuvo.
También, Bullrich defendió los cambios que proponen impedir que los delincuentes accionen judicialmente contra el Estado. “El que viola la ley, se enfrenta con la fuerza de seguridad y provoca un daño, puede presentarse y pedir resarcimiento. ¿Resarcimiento por qué, por ser chorro?”, se preguntó la excandidata presidencial.
A la hora de responder preguntas, Bullrich confrontó con algunos diputados de Unión por la Patria. A José Glinski, que fue titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), le dijo que “convirtió a una fuerza federal en un grupo que miraba valijas”, porque “le sacó las armas”. Y le reprochó un retroceso en el número de operativos antidroga durante su gestión. “Había pandemia, no había vuelos”, le retrucó Glinski. El kirchnerista Leopoldo Moreau planteó una advertencia por los hechos en Ecuador, donde dijo que “se ha retirado el Estado” y señaló que Javier Milei propone lo mismo. Bullrich respondió: “No se retira el Estado, lo que se retira es la burocracia, el Estado inservible”.
Tras un cruce con Myriam Bregman (FIT), que recordó el caso de gatillo fácil contra Carla Lacorte, una estudiante de veterinaria quilmeña que quedó en silla de ruedas por un disparo de un policía que creyó que era “campana” de un delincuente, Bullrich enfrentó el último bloque de preguntas con nuevos cruces con el kirchnerismo. Al diputado Sergio Palazzo, Bullrich le recalcó que “el derecho a la protesta está garantizado”, pero luego le hizo críticas por el modelo gremial. “El sindicalismo argentino tiene que cambiar. Tiene la vaca atada, reelección permanente y retención compulsiva. Ustedes, cuando gobierna su partido, no hacen un paro ni de casualidad”, le dijo la ministra al secretario general de la Asociación Bancaria (AB).
Cuando Bullrich se retiraba, se cruzaron en tono amistoso. “A Independiente no lo privatices, dejate de joder”, bromeó Palazzo, que comparte la simpatía por el Rojo de Avellaneda con Bullrich.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expuso ante el plenario de comisiones de Diputados sobre las reformas en su área previstas en el proyecto de ley ómnibus. Comenzó haciendo una enfática defensa de la urgencia por aprobar la ley, bajo el argumento que de lo contrario se profundizaría la crisis, aunque luego admitió que el oficialismo hará cambios en el texto: el primero, eliminar el artículo que exigía pedir permiso para reuniones de más de tres personas. Por el contrario, defendió a ultranza la modificación del concepto de legítima defensa en favor de las fuerzas de seguridad, uno de los ejes más polémicos de la iniciativa.
“Pudo haber una mala interpretación del artículo 331, que plantea que se debería pedir un permiso para una reunión de tres personas. Ese artículo está vinculado a la Ley del Tránsito y no a la ley en general. Para facilitar la discusión, porque da lo mismo cuántos cortan el tránsito, les vengo a decir que vamos a retirar ese artículo porque está suficientemente explicado en otros. Denlo por retirado”, sostuvo.
En el Capítulo I del texto enviado al Congreso se establece la sustitución del artículo 194 del Código Penal y eleva las penas para quienes corten calles a un mínimo de un año y un máximo de tres años y seis meses. El artículo 331 del proyecto define a una “reunión o manifestación” como la “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”. El castigo se eleva (dos a cinco años de prisión) para los organizadores de las manifestaciones, “estén o no presentes en la manifestación o acampe”. Si obligan a otro a asistir, la pena sube: de tres a seis años de prisión.
Bullrich defendió ese incremento de penas y se focalizó en los organizadores. “Las personas no van autónomamente a estas manifestaciones. Hay organizadores, lo hacen con capacidad de presión sobre los concurrentes. Y van a ser solidariamente responsables por el daño que ocasionen”, resaltó. Otro de los puntos que desglosó Bullrich fue el de los cambios en el concepto de la legítima defensa. “La proporcionalidad del medio empleado debe ser interpretada en favor de quien actúa en cumplimiento del deber”, sintetizó. En este tramo de su explicación, Bullrich se puso de pie y “actuó” una hipotética escena de un motochorro disparando hacia atrás a quienes lo persiguen. “Si el agente de las fuerzas de seguridad repele, se plantea que el tiro por la espalda es fusilamiento; no, es legítima defensa”, sostuvo.
También, Bullrich defendió los cambios que proponen impedir que los delincuentes accionen judicialmente contra el Estado. “El que viola la ley, se enfrenta con la fuerza de seguridad y provoca un daño, puede presentarse y pedir resarcimiento. ¿Resarcimiento por qué, por ser chorro?”, se preguntó la excandidata presidencial.
A la hora de responder preguntas, Bullrich confrontó con algunos diputados de Unión por la Patria. A José Glinski, que fue titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), le dijo que “convirtió a una fuerza federal en un grupo que miraba valijas”, porque “le sacó las armas”. Y le reprochó un retroceso en el número de operativos antidroga durante su gestión. “Había pandemia, no había vuelos”, le retrucó Glinski. El kirchnerista Leopoldo Moreau planteó una advertencia por los hechos en Ecuador, donde dijo que “se ha retirado el Estado” y señaló que Javier Milei propone lo mismo. Bullrich respondió: “No se retira el Estado, lo que se retira es la burocracia, el Estado inservible”.
Tras un cruce con Myriam Bregman (FIT), que recordó el caso de gatillo fácil contra Carla Lacorte, una estudiante de veterinaria quilmeña que quedó en silla de ruedas por un disparo de un policía que creyó que era “campana” de un delincuente, Bullrich enfrentó el último bloque de preguntas con nuevos cruces con el kirchnerismo. Al diputado Sergio Palazzo, Bullrich le recalcó que “el derecho a la protesta está garantizado”, pero luego le hizo críticas por el modelo gremial. “El sindicalismo argentino tiene que cambiar. Tiene la vaca atada, reelección permanente y retención compulsiva. Ustedes, cuando gobierna su partido, no hacen un paro ni de casualidad”, le dijo la ministra al secretario general de la Asociación Bancaria (AB).
Cuando Bullrich se retiraba, se cruzaron en tono amistoso. “A Independiente no lo privatices, dejate de joder”, bromeó Palazzo, que comparte la simpatía por el Rojo de Avellaneda con Bullrich.
RECHAZAN UN AMPARO POR EL DNU
La Cámara en lo Civil y Comercial rechazó habilitar la feria judicial para tratar una acción de amparo contra el DNU que había sido presentada para frenar los aumentos en las cuotas de servicio de medicina prepaga. La acción fue presentada un abogado que dijo ser afiliado de la prepaga Swiss Medical. La Cámara dijo que no había motivos para levantar la feria.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.