LA RELACIÓN DE LOS ALIADOS

Desde Pro piden al Gobierno interlocutores para negociar, pero la respuesta se demora
El bloque que conduce Ritondo advierte que faltan puentes políticos; en la Casa Rosada quieren manejar los tiempos de la conversación
Maia JastreblanskyEl ministro del Interior, Guillermo Francos, encabeza el diálogo político
El ministro del Interior, Guillermo Francos, le envió un saludo por el año nuevo a Cristian Ritondo. El presidente del bloque Pro en Diputados le respondió con gentileza. Fue un gesto significativo luego de las diferencias que ambos habían tenido en las semanas de la transición, cuando se debía definir la presidencia de la Cámara baja, una puja que Javier Milei finalmente saldó con el nombramiento del libertario Martín Menem. La conversación, sin embargo, quedó solo en el plano de las salutaciones.
La falta de diálogo entre el bloque Pro y la Casa Rosada genera impaciencia en los diputados que pretenden ser aliados del gobierno libertario y aseguran que quieren “ayudar” a aprobar el proyecto de “ley ómnibus”, siempre y cuando se introduzcan ciertos cambios. “No tenemos interlocutores en el Gobierno, no sabemos qué están dispuestos a modificar y qué es lo que no se toca. Falta la estrategia con los bloques que les pueden dar la base de los votos para sacar la ley”, se quejó un diputado de Pro. Y agregó: “Cristian (Ritondo) lo trata de ayudar a Menem, pero debería estar yendo dos veces por semana a la Rosada”.
“Ya hablaremos”, dicen en la Casa Rosada en alusión a Pro. Con el presidente de la UCR en Diputados, Rodrigo De Loredo, ya se activaron algunos diálogos telefónicos.
Hasta ahora, el Gobierno solo sometió a revisión los capítulos del proyecto que pusieron en alerta a los gobernadores. La semana pasada fue el caso de la pesca y esta semana, el del biodiésel. Las fuentes oficiales aseguran que no se dará marcha atrás con el espíritu de las reformas, sino que solo “se harán aclaraciones en el texto” cuya redacción -reconocen- tuvo algunos inconvenientes. Francos encaró esas conversaciones con las provincias y logró silenciar las alarmas que se habían encendido en los territorios cuando se conoció el texto de la ley. Sin embargo, esas gestiones no garantizan en sí los votos que La Libertad Avanza (que solo tiene 38 diputados) necesita en el Congreso.
“Al final, los gobernadores les están comiendo de a poquito el proyecto pero no les dan los votos que ellos necesitan”, se quejan en Pro.
La estrategia oficial
En la Casa Rosada no rechazan que vayan a encarar el diálogo con los opositores aliados (no solo Pro, sino también la UCR). Hasta ahora ese canal no se habilitó simplemente bajo el argumento que las tareas están repartidas y que “del Congreso para adentro se ocupan Menem y (la vicepresidenta, Victoria) Villarruel”. Hay, de fondo, una intención por mantener a raya a Juntos por el Cambio, que se arrastra desde la conformación del gabinete. La mesa chica de Milei quiere evitar que ese sector -en particular el más influenciado por Mauricio Macriproyecte una sombra sobre el poder presidencial.
A muchos sorprendió que el proyecto de ley incluyera una reforma electoral para pasar a un sistema de elección de diputados por circunscripción uninominal, un modelo que –según quienes empezaron a analizar sus efectos concretos– podría tender hacia el bicoalicionismo y beneficiar más al peronismo que al sector cambiemita. Un referente libertario apuntó: “Hay algo de apostar a que, al final del día, Pro y la UCR van a ayudarnos a nosotros y no van a querer votar con el kirchnerismo. De todas formas nos está faltando armar las mayorías”. Según pudo reconstruir la nacion, ante la falta de interlocutores en la Casa Rosada, un grupo de diputados de Pro y de la UCR acudió a Patricia Bullrich, que de competir con Milei en las elecciones generales pasó a ser su primera militante, además de su ministra de Seguridad. El principal enlace de Bullrich con el Congreso es el diputado Damián Arabia, que fue su asesor en la gestión de Macri y su mano derecha en la campaña, pero la ministra también mantuvo reuniones con otros diputados de Pro y de la UCR para convencerlos de acompañar las reformas que impulsa el líder libertario.
En Pro ya advirtieron cuáles son los puntos del proyecto que generan mayor resistencia. Hay dos temas que los aliados no quieren dejar pasar: el capítulo de las jubilaciones y las facultades delegadas al Ejecutivo por dos años y prorrogables a todo el mandato. En el primer caso, estarían dispuestos a suspender la fórmula de movilidad actual y facultar al Ejecutivo a definir aumentos por decreto, como dice el proyecto, pero quieren agregar una cláusula que garantice que las jubilaciones le ganen a la inflación. En el caso de los superpoderes, apuntan a otorgarlos solo por un año y que sea el Congreso el que pueda prorrogar a dos.
Cerca de Milei no ceden con el capítulo de las jubilaciones. “Eso no se toca”, dicen cerca del Presidente. El argumento es que el manejo “mes a mes” del gasto en las prestaciones es crucial para la botonera económica que controla el ministro de Economía, Luis Caputo, y que anclar las jubilaciones por ley puede incidir en las expectativas inflacionarias.
Dentro del oficialismo, no obstante, saben que, tarde o temprano, la Casa Rosada tendrá que fijar prioridades, ceder modificaciones en una parte del paquete y dejar algunos capítulos (algunos creen que será el apartado electoral) para después.

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Carta abierta de juristas y abogados contra la reforma del Código Civil
Pidieron debates legislativos “serios y profundos” frente a uno de los puntos resistidos de la ley
En la previa del comienzo del debate de la ley ómnibus, un grupo de juristas, académicos e integrantes del ámbito jurídico de distinta extracción ideológica mandaron una carta abierta dirigida a los diputados y senadores nacionales en la que rechazaron el proyecto por los cambios que pretende introducir en el Código Civil y Comercial. Entre los firmantes se encuentran la exjueza de la Corte mendocina Aída Kemelmajer y el exjuez y presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra. También, el extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, la académica Pamela Tolosa y la abogada especializada en derecho de familia Marisa Herrera, entre otros. “Venimos a expresar nuestro rechazo al proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Mensaje N° 7/2023) en cuanto pretende introducir modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación, sistema normativo que rige la vida cotidiana de las personas en sus relaciones civiles y comerciales”, introduce la carta.
En alusión al Código Civil y Comercial los firmantes de la carta dijeron: “Este Código, estructura vertebral del sistema civil y comercial, no ha generado fuertes polémicas o debates prácticos durante su vigencia; por el contrario, ha brindado seguridad jurídica, respondido a las diversas y dinámicas realidades sociales y, principalmente, ha permitido resolver los conflictos jurídicos sobre la base de las nociones de autonomía, libertad, prevención, solidaridad y responsabilidad, por destacar algunos de sus cimientos más importantes”.
Y desarrollaron por qué afectaría al Código la sanción de este megaproyecto, al decir que “el proyecto de ley en cuestión pretende modificar, entre otros, aspectos significativos relativos a salud mental, a los contratos, a la responsabilidad civil, e introducir el divorcio administrativo sin asesoramiento y patrocinio letrado, todos temas regulados en un sistema normativo que fue resultado de un arduo trabajo colectivo, federal y plural absolutamente democrático; en efecto, además de centenares de debates académicos, involucró 15 audiencias públicas convocadas por el congreso de la Nación, realizadas en diferentes lugares del país con el objetivo de debatir e intercambiar ideas sobre una primera versión del entonces Anteproyecto, fruto de la participación de más de 100 especialistas del derecho y de otras profesiones afines de todo el país, que logró una normativa moderna, acorde con las necesidades sociales y conflictivas sociojurídicas del siglo XXI”.
“Sin dudas, el proyecto de ley ómnibus contradice la sistemática del Código Civil y Comercial de la Nación, incentivando un nuevo foco de conflicto interpretativo con la consecuente inseguridad jurídica que acarrea su reinterpretación por parte de los operadores jurídicos y no jurídicos, y el innegable perjuicio para las personas destinatarias de las normas. La pregunta es si los problemas más acuciantes de quienes habitamos la República Argentina se deben a la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación. A tenor de lo acontecido en estos primeros años de vigencia, tanto desde el desarrollo jurisprudencial y doctrinal, la respuesta negativa se impone”, continuaron.
“A 40 años de democracia, promover debates legislativos serios y profundos es no solo una obligación ética, sino una manda constitucional-convencional en beneficio de la libertad para todos los habitantes de la Nación”, finaliza la carta.

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Cúneo Libarona negó un “pacto de impunidad”
El ministro de Justicia desmintió haber tenido una reunión con Cristina Fernández de Kirchner
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, desmintió ayer las versiones acerca de una reunión con Cristina Kirchner y respondió a las críticas de una parte de dirigentes opositores que lo acusaron de querer llevar a cabo un acuerdo con la exvicepresidenta.
El lunes, entrevistado en TN, el ministro de Justicia aseguró que no conoce personalmente a la exmandataria, que nunca se reunió con ella y que denunciará los casos de corrupción y narcotráfico ante el Poder Judicial.
“Que se quede tranquila la ciudadanía que la corrupción la vamos a perseguir a lo máximo, acá no hay ningún pacto de impunidad”, indicó el funcionario.
El ministro volvió a expresarse en el mismo sentido que lo hiciera en aquella primera entrevista, al afirmar que no es tarea del poder ejecutivo perseguir a funcionarios opositores y que el presidente le pidió expresamente que dejara a los jueces hacer su trabajo sin ningún tipo de interferencias.
La aclaración de Cúneo Libarona se da a pocos días de ser criticado por referentes de la Coalición Cívica como Paula Oliveto, Mariana Zuvic y el exdiputado radical Álvaro Lamadrid, quienes sostuvieron que “los argentinos de bien” que votaron a Milei “no están a favor de un pacto de impunidad con Cristina, ni del perdón a los corruptos”.
Desde su llegada, el gobierno de Milei se mostró lejos de repetir el impulso que había tenido la gestión de Mauricio Macri en las denuncias de corrupción.

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