La Casa Rosada aceptó cambios a pedido de cinco gobernadores
Los mandatarios provinciales cuestionan los artículos sobre biocombustibles y Gabriela OrigliaEl ministro Francos, ayer, con funcionarios provinciales
CÓRDOBA.– Funcionarios de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy y Tucumán reclamaron ayer cambios en los artículos sobre biocombustibles y retenciones incluidos en la ley ómnibus. Fueron los ejes de los planteos que hicieron en una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y con el secretario de Agricultura, Fernando Vilella. Francos aseguró que el corte mínimo establecido para biocombustibles “no se modificará”, pero prometió “realizar enmiendas” en el proyecto.
Aunque las fuentes consultadas por coincidieron en que la nacion el encuentro fue “bueno”, los funcionarios provinciales se fueron sin saber si lograrán los cambios. Esperarán para ver si el Ejecutivo admite modificaciones en el proyecto que está en la Cámara de Diputados. Ya por separado, los gobernadores de esas provincias -quienes son de distintos partidosvienen planteando su posición no solo ante Francos, sino también públicamente.
En el marco de estas deliberaciones para conseguir modificaciones en el proyecto de ley, el jueves, el gobernador Rolando Figueroa recibirá en Villa La Angostura a Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) e Ignacio Torres (Chubut). Se espera la confirmación, aunque descuentan que también será de la partida Claudio Vidal (Santa Cruz). El objetivo principal de la cumbre es “fortalecer la agenda regional y trazar estrategias comunes”.
“Las riquezas naturales, como el petróleo y el gas, están en el centro del debate”, señalaron a desde el gabinete neuquino.
Retenciones
En la reunión por las retenciones y los biocombustibles, los funcionarios provinciales plantearon que aunque entienden la necesidad de la Nación de recaudar más para acompañar el ajuste fiscal, sostienen que debe plasmarse en la iniciativa un camino descendente de las cargas para el complejo de la soja, el maíz y el trigo, mientras que para las economías regionales directamente deben ser cero.
También hay rechazo a la propuesta oficial de delegar al presidente la fijación de las alícuotas durante los cuatro años de gestión. En las provincias entienden que es el Congreso el que debe establecerlas anualmente.
“Se quedó en seguir conversando. Las retenciones son una medida poco grata, pero ellos también tuvieron una devaluación del 110%”, dijeron desde Interior.
Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de Córdoba, y Gustavo Puccini, titular de Desarrollo Productivo de Santa Fe, ratificaron lo que dijeron respecto de los biocombustibles: que los cambios impulsados por la Nación responde a “un lobby de la industria petrolera”. Ambas provincias concentran la producción de biodiésel de soja y bioetanol de maíz y entienden que las cerealeras -que hasta ahora solo podían exportarvendan al mercado interno atenta contra la subsistencia de las pymes del sector.
Francos indicó que durante el encuentro se pudieron “clarificar algunos temas que se habían comprendido mal del proyecto de Ley ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ con relación al corte de bioetanol y de biodiésel, que tienen un fuerte impacto en la actividad de pequeñas y medianas empresas en cada distrito”. “Clarificamos que el porcentaje de corte de biocombustibles establecido en el proyecto ley es un piso que no va a reducirse y acordamos seguir conversando y analizando estos temas, que tienen impacto en las economías regionales de cada provincia”, añadió Francos.
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Villarruel intenta vencer las resistencias y convertir en ley el uso de la boleta única
Hubo objeciones de último momento de partidos provinciales; el kirchnerismo rechaza los cambios y pretende seguir con la lista sábana
Gustavo Ybarra
Los libertarios del Senado, con la vicepresidenta Victoria Villarruel a la cabeza, buscan por estas horas reunir las firmas necesarias para emitir dictamen de comisión y llevar al recinto el proyecto que establece el uso de la boleta única de papel en las elecciones nacionales.
Si bien hay una fuerte corriente de apoyo, la medida todavía no tiene asegurada su sanción. Esto quedó demostrado la semana pasada en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, cuando senadores que los libertarios consideraban aliados pusieron reparos al apuro del oficialismo por sumar una nueva victoria sobre el kirchnerismo y dejar el dictamen listo para debatirlo en el recinto esta misma semana.
De manera sorpresiva para el oficialismo, la rionegrina Mónica Silva, del partido provincial Juntos Somos Río Negro, planteó sus disidencias con la iniciativa. Dijo que prefería un sistema que utilizara boletas distintas para cada categoría en juego en la elección, como tiene Santa Fe, y pidió eliminar “el botón” de voto a lista completa que contempla el proyecto, inspirado en el mecanismo que se aplica en Córdoba. También sostuvo objeciones la neuquina Lucila Crexell, todavía integrada al bloque Cambio Federal, que lidera el salteño Juan Carlos Romero.
A esas disidencias se sumaron los pruritos de los senadores de Unidad Federal, los peronistas disidentes Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), a quienes les molestó la idea de darle un trámite exprés al proyecto y emitir dictamen en una sola reunión sin mayor discusión. Ambos legisladores abandonaron el kirchnerismo en rechazo a la praxis política de los seguidores de Cristina Kirchner, de aprobar todo a las apuradas, y no estaban dispuestos a usar la misma metodología que criticaron y que los llevó a dejar el Frente de Todos. Fue así como, a pesar de los esfuerzos de algunos senadores radicales, que querían avanzar con la firma del dictamen, prefirieron pasar el debate a un cuarto intermedio hasta este miércoles, a las 14, cuando las comisiones se volverán a reunir para continuar con la discusión.
El proyecto de boleta única de papel fue aprobado por la Cámara de Diputados a mediados de 2022 y desde entonces durmió cajoneado por el kirchnerismo en el Senado. Esa parálisis se rompió la semana pasada con el inicio del debate en el plenario de comisiones.
Los esfuerzos de los operadores legislativos libertarios están puestos en conseguir las firmas necesarias para que las comisiones puedan emitir dictamen esta semana. La idea es convencer a los remisos de que apoyen el texto, aunque sea en disidencia, para poder debatirlo en el recinto la semana próxima. Detrás del apuro por sancionar la ley de boleta única hay dos vertientes. Los exintegrantes de Juntos por el Cambio (radicales y Pro, sobre todo) sostienen que esta es una oportunidad de oro para instaurar el mecanismo y vencer la resistencia del peronismo, que se niega en redondo a aceptar el cambio de la papeleta partidaria por una institucionalizada, diseñada y distribuida por la autoridad electoral competente. “En esta cuestión, la modificación del proyecto y su regreso a Diputados en segunda revisión es jugar a favor de los que no quieren que salga nada”, es el argumento con el que intenta este sector convencer a los disidentes para apurar la sanción de la ley.
Por su parte, los libertarios, y sobre todo Villarruel, buscan sumar un nuevo éxito legislativo al ya obtenido en la primera sesión, cuando lograron reunir una mayoría circunstancial de 39 senadores que venció la resistencia del kirchnerismo e impuso la elección de las nuevas autoridades de la Cámara. Para la vicepresidenta, la apuesta tiene un condimento extra. La aprobación de la boleta única le serviría para mostrar que el camino de la concertación es mucho más eficiente que el de las declaraciones altisonantes del Presidente y su vocero, Manuel Adorni, que acusan al Congreso de demorar las propuestas por reclamar cambios y de ir en contra de la “voluntad popular” que les permitió ganar el balotaje.
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Los libertarios del Senado, con la vicepresidenta Victoria Villarruel a la cabeza, buscan por estas horas reunir las firmas necesarias para emitir dictamen de comisión y llevar al recinto el proyecto que establece el uso de la boleta única de papel en las elecciones nacionales.
Si bien hay una fuerte corriente de apoyo, la medida todavía no tiene asegurada su sanción. Esto quedó demostrado la semana pasada en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, cuando senadores que los libertarios consideraban aliados pusieron reparos al apuro del oficialismo por sumar una nueva victoria sobre el kirchnerismo y dejar el dictamen listo para debatirlo en el recinto esta misma semana.
De manera sorpresiva para el oficialismo, la rionegrina Mónica Silva, del partido provincial Juntos Somos Río Negro, planteó sus disidencias con la iniciativa. Dijo que prefería un sistema que utilizara boletas distintas para cada categoría en juego en la elección, como tiene Santa Fe, y pidió eliminar “el botón” de voto a lista completa que contempla el proyecto, inspirado en el mecanismo que se aplica en Córdoba. También sostuvo objeciones la neuquina Lucila Crexell, todavía integrada al bloque Cambio Federal, que lidera el salteño Juan Carlos Romero.
A esas disidencias se sumaron los pruritos de los senadores de Unidad Federal, los peronistas disidentes Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), a quienes les molestó la idea de darle un trámite exprés al proyecto y emitir dictamen en una sola reunión sin mayor discusión. Ambos legisladores abandonaron el kirchnerismo en rechazo a la praxis política de los seguidores de Cristina Kirchner, de aprobar todo a las apuradas, y no estaban dispuestos a usar la misma metodología que criticaron y que los llevó a dejar el Frente de Todos. Fue así como, a pesar de los esfuerzos de algunos senadores radicales, que querían avanzar con la firma del dictamen, prefirieron pasar el debate a un cuarto intermedio hasta este miércoles, a las 14, cuando las comisiones se volverán a reunir para continuar con la discusión.
El proyecto de boleta única de papel fue aprobado por la Cámara de Diputados a mediados de 2022 y desde entonces durmió cajoneado por el kirchnerismo en el Senado. Esa parálisis se rompió la semana pasada con el inicio del debate en el plenario de comisiones.
Los esfuerzos de los operadores legislativos libertarios están puestos en conseguir las firmas necesarias para que las comisiones puedan emitir dictamen esta semana. La idea es convencer a los remisos de que apoyen el texto, aunque sea en disidencia, para poder debatirlo en el recinto la semana próxima. Detrás del apuro por sancionar la ley de boleta única hay dos vertientes. Los exintegrantes de Juntos por el Cambio (radicales y Pro, sobre todo) sostienen que esta es una oportunidad de oro para instaurar el mecanismo y vencer la resistencia del peronismo, que se niega en redondo a aceptar el cambio de la papeleta partidaria por una institucionalizada, diseñada y distribuida por la autoridad electoral competente. “En esta cuestión, la modificación del proyecto y su regreso a Diputados en segunda revisión es jugar a favor de los que no quieren que salga nada”, es el argumento con el que intenta este sector convencer a los disidentes para apurar la sanción de la ley.
Por su parte, los libertarios, y sobre todo Villarruel, buscan sumar un nuevo éxito legislativo al ya obtenido en la primera sesión, cuando lograron reunir una mayoría circunstancial de 39 senadores que venció la resistencia del kirchnerismo e impuso la elección de las nuevas autoridades de la Cámara. Para la vicepresidenta, la apuesta tiene un condimento extra. La aprobación de la boleta única le serviría para mostrar que el camino de la concertación es mucho más eficiente que el de las declaraciones altisonantes del Presidente y su vocero, Manuel Adorni, que acusan al Congreso de demorar las propuestas por reclamar cambios y de ir en contra de la “voluntad popular” que les permitió ganar el balotaje.
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Karina Milei recibió a monseñor Ojea en la Casa Rosada
La hermana del Presidente escenificó un guiño a la Iglesia, inquieta por la demora en la designación de embajador en el Vaticano
Jaime Rosemberg
Horas después de que trascendiera la inquietud de la Iglesia por la demora del Gobierno ene fectivizar nombramientos claves como el embajador en el Vaticano y el secretario de Culto, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, llegó ayer al primer piso de la Casa Rosada. Allí lo esperaba Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, con quien sin aviso oficial previo conversaron sobre “la paz social y la atención a los más necesita dos ”, según comentó oficialmente el Episcopado.
“El presidente del Episcopado fue invitado personalmente por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei”, confirmó a través de un comunicado el padre Máximo Jurcinovic, director de la Oficina de Comunicación del Episcopado.
En ese breve texto, se aclaró que la secretaria general “participa con el Poder Ejecutivo en el fortalecimiento de la relación con las organizaciones y sectores representativos de la comunidad”, y que fue en ese contexto en el que“conversaron cordialmente” sobre“la misión de la Iglesia, la paz social y la atención a los más necesitados”.
Monseñor Ojea, en tanto, dio a su interlocutora detalles sobre el “proceso de renuncia a los aportes previstos en la ley 21.950, que comenzó en el año 2018 y finalizó el 31 de diciembre pasado”, y que consistía en aportes estatales a los sueldos de los obispos, a los que la Iglesia renunció en su momento y que dejó de percibir en su totalidad el último día del año pasado.
Mientras desde el Gobierno preferían el silencio –solo Karina Milei y Ojea participaron de la reunión, que comenzó pasadas las 11 sin testigos–, fuentes eclesiásticas repetían que la demora en los nombramientos –remarcada por en su edición de ayer– inquieta a la Iglesia, y de algún modo retrasa la decisión del papa Francisco, quien en su momento insinuó que podría viajar al país en los primeros meses de este año.
“La designación del embajador es una potestad del Gobierno y la Cancillería. Pero llama la atención que no haya sido nombrado el secretario de Culto, que no es solo del catolicismo, sino de todos los cultos del país”, habían hecho saber voces autorizadas de la Iglesia, sin ocultar su perplejidad. La Secretaría de Culto, que estuvo encabezada por Guillermo Oliveri hasta el 10 de diciembre, está hoy a cargo de Alberto Balboa Menéndez, ex número dos en la embajada argentina en Roma y que participó de la gestión anterior de la Secretaría.
En relación al embajador en el Vaticano, el elegido era el del excanciller de Fernando de la Rúa Adalberto Rodríguez Giavarini, quien después de pensarlo durante una semana declinó el ofrecimiento.
“Lo van a decidir Milei, su hermanayMon dino en breve ”, afirman en el edificio de la Cancillería, y arriesgan que el nombre para llegar a la Santa Sede podría estar incluido en la nómina de embajadores políticos que el Gobierno enviará al Senado en los próximos días.
Horas después de que trascendiera la inquietud de la Iglesia por la demora del Gobierno ene fectivizar nombramientos claves como el embajador en el Vaticano y el secretario de Culto, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, llegó ayer al primer piso de la Casa Rosada. Allí lo esperaba Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, con quien sin aviso oficial previo conversaron sobre “la paz social y la atención a los más necesita dos ”, según comentó oficialmente el Episcopado.
“El presidente del Episcopado fue invitado personalmente por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei”, confirmó a través de un comunicado el padre Máximo Jurcinovic, director de la Oficina de Comunicación del Episcopado.
En ese breve texto, se aclaró que la secretaria general “participa con el Poder Ejecutivo en el fortalecimiento de la relación con las organizaciones y sectores representativos de la comunidad”, y que fue en ese contexto en el que“conversaron cordialmente” sobre“la misión de la Iglesia, la paz social y la atención a los más necesitados”.
Monseñor Ojea, en tanto, dio a su interlocutora detalles sobre el “proceso de renuncia a los aportes previstos en la ley 21.950, que comenzó en el año 2018 y finalizó el 31 de diciembre pasado”, y que consistía en aportes estatales a los sueldos de los obispos, a los que la Iglesia renunció en su momento y que dejó de percibir en su totalidad el último día del año pasado.
Mientras desde el Gobierno preferían el silencio –solo Karina Milei y Ojea participaron de la reunión, que comenzó pasadas las 11 sin testigos–, fuentes eclesiásticas repetían que la demora en los nombramientos –remarcada por en su edición de ayer– inquieta a la Iglesia, y de algún modo retrasa la decisión del papa Francisco, quien en su momento insinuó que podría viajar al país en los primeros meses de este año.
“La designación del embajador es una potestad del Gobierno y la Cancillería. Pero llama la atención que no haya sido nombrado el secretario de Culto, que no es solo del catolicismo, sino de todos los cultos del país”, habían hecho saber voces autorizadas de la Iglesia, sin ocultar su perplejidad. La Secretaría de Culto, que estuvo encabezada por Guillermo Oliveri hasta el 10 de diciembre, está hoy a cargo de Alberto Balboa Menéndez, ex número dos en la embajada argentina en Roma y que participó de la gestión anterior de la Secretaría.
En relación al embajador en el Vaticano, el elegido era el del excanciller de Fernando de la Rúa Adalberto Rodríguez Giavarini, quien después de pensarlo durante una semana declinó el ofrecimiento.
“Lo van a decidir Milei, su hermanayMon dino en breve ”, afirman en el edificio de la Cancillería, y arriesgan que el nombre para llegar a la Santa Sede podría estar incluido en la nómina de embajadores políticos que el Gobierno enviará al Senado en los próximos días.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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