domingo, 28 de enero de 2024

NEGOCIACIÓN INTERRUMPIDA Y ALIVIO DEL CAMPO


Los gobernadores expresaron su fastidio con la Casa Rosada
En bloque, los mandatarios menos combativos hicieron público el malestar por las amenazas de un ajuste mayor sobre los fondos provinciales; una relación que se enturbia
Desde que el proyecto de la ley ómnibus de Javier Milei llegó a las puertas del Congreso las tensiones entre el Gobierno y las provincias no pararon de crecer. Los gobernadores se opusieron fervientemente a algunos artículos centrales de la iniciativa, como la suba de los derechos de exportación a diversos sectores de las economías regionales y el cambio de la fórmula de actualización de las jubilaciones.
El desgaste de un mes de discusiones derivó en un malestar que en las últimas horas se hizo inocultable, con una catarata de declaraciones críticas al Gobierno de gobernadores de distintas provincias.
La escalada se gestó a principios de semana. En la reunión de gabinete del martes Milei les dejó una fuerte advertencia a los gobernadores que desde la Casa Rosada se encargaron de difundir: “Si no se aprueba la ley, va a ser peor para todos”. Horas más tarde el ministro de Economía, Luis Caputo, escribió en redes sociales que si algunos artículos económicos de la ley no se aprobaban, se recortarían partidas provinciales. “No es una amenaza”, añadió después de una respuesta dura de legisladores como Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo de Loredo. Anteayer las tensiones empeoraron cuando se filtró que Milei había asegurado en una reunión de gabinete que los iba a dejar “sin un peso”.
Esta actitud enardeció a los mandatarios provinciales que desde diciembre se venían mostrando como posibles aliados del Gobierno.
Alberto Weretilneck, que gobierna Río Negro con su fuerza local, compartió por la red X un mensaje en el que sostuvo que responsabilizar a las provincias por el déficit fiscal “es una falacia”.
“Desde el interior no vamos a aceptar ningún tipo de apriete: vamos a defender a Río Negro y a las provincias patagónicas”, escribió. Además, mencionó la importancia de su provincia sobre la producción del gas y petróleo del país: “En la Patagonia producimos más del 90% del gas y el petróleo del país. Generamos más del 25% de la energía eléctrica que hace funcionar a la Argentina. Tenemos en nuestras provincias los mejores centros turísticos que generan divisas. Tenemos agricultura, ganadería y pesca. Dejen de amenazar y convoquen al diálogo”.
Su colega de Salta, Gustavo Sáenz, apuntó contra el Gobierno y dijo que le molestan “las formas”. “Cuando dice: ‘No vamos a mandarles [plata] a los gobernadores’, en realidad es a los argentinos. Yo no quiero que me mande plata, quiero que se hagan obras. Si entienden cuáles son las obras de infraestructura necesarias que se deben hacer para que el norte argentino crezca y que se le negaron al norte durante 200 años, estoy seguro de que no vamos a necesitar pedir nada a nadie. Pero necesitamos que nos den esa posibilidad”, declaró.
Esta semana el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunió con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo de Loredo, para discutir aquellos artículos que afectan a las provincias: “Las industrias del interior podrían verse muy afectadas con varios artículos que propone la ley ómnibus. Las medidas como gravar a las economías regionales, subir retenciones y desproteger a las pymes del biodiésel atacan directamente a las industrias que invierten, producen y generan empleo en nuestras provincias”, explicó.
Y después se quejó de las advertencias del ministro Caputo de recortarles partidas a las provincias: “La verdad es que me angustia su amenaza, pero yo nunca me voy a poner del lado del gobierno central porque pretenda subordinarnos con la billetera. Vamos a defender la producción de la provincia de Santa Fe y si Caputo piensa de esa manera, nosotros vamos a trabajar para hacerle entender que es un error aumentar las retenciones al campo y a la industria”.
Santa Fe y Córdoba
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dijo que la suba de las retenciones industriales y a la producción agrícola pampeana es innegociable. “Van a reventar el tejido productivo de la Argentina”, advirtió en una entrevista con C5N. “Las retenciones van a producir la pérdida de mercados, el cierre de establecimientos y no tendrán los ingresos fiscales que esperan”, sostuvo, y agregó, con énfasis: “Es un grave error repetir errores del pasado”.
“Nosotros vamos a votar cada uno de los artículos que estemos convencidos de que son buenos para la Argentina, para los cordobeses y para el interior de la patria. Hay artículos que son invotables, que tienen una visión totalmente unitaria de la Argentina y que no tienen ninguna consideración del interior de la patria”, añadió ayer Llaryora en declaraciones a Radio Mitre.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, tuvo una postura similar: “Me manejo por principios, ideas y valores. No me manejo ni reacciono a presiones, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Está claro que el gobierno de Milei dilata muchas decisiones en función de la aprobación o no de la ley ‘Bases’. El proyecto tiene muchas cuestiones que impactan de manera negativa. Haremos todo nuestro esfuerzo para evitar que avancen”.
Ignacio Torres, gobernador de Chubut, manifestó esta semana lo mismo en una reunión con los diputados nacionales Ana Clara Romero y Jorge Ávila: “No vamos a acompañar ninguna medida que pueda perjudicar a nuestro sector productivo”.
Y después agregó: “Yo le digo al Presidente que no tire más de la soga; es la Nación la que tiene que rendir cuentas a la provincia. Venimos aportando más de 300.000 millones de dólares hace más de 100 años. Si nos quieren sacar el Fondo Compensador Docente, no me van a encontrar a mí, nos van a encontrar a todos nosotros yendo a la Casa Rosada”.
El foco de tensión con los gobernadores resultó decisivo para que el Presidente reconsiderara su estrategia.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo contacto con varios de los mandatarios durante la tarde de ayer para sondear la posibilidad de un acuerdo.
Ante la convicción de que iba a ser imposible aprobar la ley tal cual está, se resolvió eliminar el capítulo fiscal (que incluye las retenciones) y abrir una nueva instancia de diálogo sobre ingresos y gastos.
En guardia, los gobernadores esperan ahora señales sobre cómo será el ajuste y cuánto sufrirán sus arcas.


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Karina Milei se reunió con Menem en el Congreso

Karina Milei almorzó ayer en el Senado con Martín y Lule Menem

Frente a una posible sesión en Diputados el próximo martes para tratar lo que quedó de la ley ómnibus, Karina Milei se reunió ayer con Martín Menem, titular de la Cámara, y su primo Eduardo, conocido como “Lule”, que oficia como asesor. Fuentes parlamentarias señalaron que compartieron un almuerzo en el comedor del Senado, y luego se trasladaron a la Casa Rosada.
El encuentro se dio en medio de la preocupación del Gobierno por conseguir los apoyos necesarios para avanzar con la media sanción del proyecto de ley “Bases”, horas antes de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara el retiro del capítulo fiscal.
Los bloques de la oposición rechazaban en especial lo referido a las jubilaciones y el aumento de las retenciones a los subproductos de la soja. Ayer, el diputado José Luis Espert desmintió que haya tensiones entre Menem y el Presidente.

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Prevén ruido en los mercados, pero en el campo festejan
Analistas advierten que será necesaria una nueva hoja de ruta; alivio porque no subirán retenciones
Para los analistas y operadores del mercado, la decisión oficial de retirar el capítulo fiscal de la ley ómnibus generará ruido en los próximos días en los mercados, al menos hasta que aparezca alguna otra hoja de ruta o se confirme que la conformación de una fuerza parlamentaria aliada que pueda dar al oficialismo “gobernabilidad”. En cambio, en el campo y la agroindustria celebraron la decisión.
Con todo, los economistas destacaron el “pragmatismo” del oficialismo para reconocer que las discusiones se habían trabado. Pero a la vez alertaron que si el Gobierno decidiera avanzar con un “plan motosierra” para equilibrar la pérdida de ingresos proyectados con menores gastos, se podría encontrar con que no queda tanto espacio para ir por ese camino sin asumir riesgos de conflictividad graves.
“La movida oficial es inteligente, pero arriesgada”, para Leonardo Chialva, director de Delphos Investment. “Claramente deja la pelota del lado de los gobernadores: quedarían en offside si ahora no aprueban el resto del proyecto”.
Al respecto recordó que el presidente Milei “ya había alertado que si no querían aprobar las reformas fiscales no le quedaría otra que avanzar con el recorte de gastos” y recordó que “eso sería más doloroso, con lo que creo que lo que buscan es dejar la culpa en la oposición. Así les tiran entonces ahora la iniciativa para aprobar esos mayores impuestos porque, en definitiva, ellos necesitan tanto los mayores recursos como el gobierno nacional”.
Para Gabriel Caamaño, director de Estudio Ledesma, al mercado “no le va a sonar bien que se haya resignado, en principio, la fuerte suba de impuestos con que buscaban allanar el camino al equilibrio fiscal”, en especial porque ir por el lado de un mayor ajuste fiscal es “más lento y dificultoso”.
El economista Salvador Vitelli, de Romano Group, observa, por su parte, “una fuerte decisión del Gobierno por sacar la ley y asegurar un camino para tratar de garantizar esa aprobación que va a ser vendida como una señal de gobernabilidad, mientras se abre a negociación el resto”. Pero a la vez advierte que, en los hechos, “quitar el capitulo fiscal es comprometer el ancla fiscal, aunque el ministro diga que no es negociable, y hay que ver cómo se interpreta en el mercado esto el lunes”.
Para su colega Adrián Yarde Buller, de Facimex Valores, el anuncio generará inquietud en el mercado por el simple hecho de que “el grueso de la Ley Ómnibus no tenía mayor impacto macro en términos de resolver las cuestiones más inmediatas, con excepción del capítulo fiscal que se está removiendo”.
El analista Juan José Vázquez, de Cohen, considera que el hecho de que el Gobierno “separe el capitulo fiscal de la ley ómnibus en general va a desacelerar los tiempos que pretendía alcanzar para el blanqueo, la moratoria, la reforma de Ganancias y Bienes Personales, lo que no será buena noticia para el mercado”.
“Lo bueno, acota, es que de antemano se sabía que iba a ser muy complicado que la ley ómnibus fuera tratada o aprobada en un todo rápido, como de hecho las actuales paridades de los bonos harddollar estaban descontando”. Para el consultor financiero Salvador Di Stefano, el anuncio es “desconcertante” y lo dejó “preocupado”. “Significa que están caídos todos los acuerdos que se venían logrando con los gobernadores”, traduce. “Ahora se entiende el despido del ministro Ferraro y que se haya transferido a Caputo el control de los gastos de capital para negociar con el lápiz rojo en la mano en relación con los envíos discrecionales a las provincias”.
El economista Fernando Marengo rescata que se haya “ratificado el compromiso de eliminar el déficit financiero”. “Ese compromiso es clave ya que la Argentina cae siempre en crisis recurrentes por vivir gastando más de lo que recauda el Estado, y después verse obligada a buscar la forma de financiar eso, que casi siempre termina mal”.
Claro que entiende que para que eso sea creíble el Gobierno debería blanquear en algún momento cuáles son las medidas alternativas que planea “para eliminar ese déficit fiscal”.
En este sentido un informe de Consultatio recordó ayer que, dado el desbarajuste fiscal heredado, el espacio para hacer muchos más recortes es acotado. “Las jubilaciones y salarios no pueden licuarse mucho más, por lo que cualquier ahorro por ese lado debiera venir por un ajuste de cantidades que no es viable”, explican. Allí es cuando recuerdan que el “plan motosierra” tiene límites.
En tanto en el sector del agro, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, consideró que la medida “es una buena señal” y destacó: “ponderamos la actitud del Gobierno que haya decidido retirar el capítulo fiscal que incluía retenciones a diversas producciones”. El ruralista recordó que desde hacía semanas venían expresando que la suba de los DEX “no es el camino que tienen que adoptar los nuevos funcionarios”.
El presidente de Ciara-cec, Gustavo Idígoras, sostuvo que la decisión del ministro Caputo es muy positiva. “Como industria exportadora valoramos el enorme esfuerzo que está haciendo el Gobierno y la capacidad que ha tenido de revisar esta medida, que claramente tenía un altísimo nivel de rechazo de todos los sectores exportadores y también de muchas provincias y legisladores”, puntualizó. Además, señaló que creen que “este eselcaminocorrecto”.yañadió:“hay que trabajar, apoyando al Gobierno, para avanzar en un plan económico que permita el crecimiento con un fuerte desarrollo exportador. Desde Ciara-cec felicitamos al Gobierno por la revisión de la medida”.
Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, dijo que a primera vista la decisión del Gobierno es “muy acertada” y consideró que “los derechos de exportación son medidas contraproducentes con los objetivos pretendidos de incentivar la producción y generar empleo genuino”.

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