Preocupa a empresarios chinos el futuro de las represas de Santa Cruz
El CEO de Gezhouba le pidió al gobernador Vidal que interceda ante Milei para que se garantice la continuidad de la construcción de las hidroeléctricas Cepernic y Kirchner
Mariela Arias
Prensa santa cruz...Vidal, junto a Zhang Jun, CEO de la empresa china Gezhouba, y Carlos Bergoglio, vicepresidente de Eling, entre otros
El CALAFATE.– Zhang Jun, el CEO de la empresa china Gezhouba, que construye las represas en Santa Cruz, viajó hasta la provincia y solicitó al gobernador Claudio Vidal que interceda ante el gobierno nacional con el fin de tener certezas sobre el futuro de la obra. La preocupación de la empresa china radica en el futuro de la política exterior en materia de negocios que llevará la administración de Javier Milei con China y Rusia, según detallaron fuentes del gobierno santacruceño.
El encuentro entre Zhang Jun y Vidal se da en días en que la relación entre la Argentina y el gigante asiático está bajo la lupa, dado que desde la asunción del nuevo gobierno hubo declaraciones y gestos para dar un giro de la política exterior hacia Estados Unidos, lo cual planteó dudas, entre otros puntos, sobre las represas sobre el río Santa Cruz que se construyen aquí desde 2015 a cargo de un consorcio de empresas, cuyo principal accionista es Gezhouba.
La preocupación de los concesionarios radica en las declaraciones de Milei, quien ha manifestado su oposición a realizar negocios con países que considera “comunistas”, como China o Rusia. En ese contexto, el próximo viernes, la canciller Diana Mondino -quien estuvo en Río Gallegos la semana pasada en su paso a la Antártida- recibirá al embajador de China, Wang Wei, según confirmaron a altas fuentes de la Cancillería. En tanto que las mismas fuentes negaron tajantemente que haya existido algún tipo de contacto con representantes de la oficina Comercial y Cultural de Taiwán, según una versión que circuló en las últimas horas.
Por su parte, poco antes de asumir, Vidal ya se había reunido con Wang Wei en Buenos Aires, donde hablaron sobre la continuidad de las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa. “Estas obras tienen que continuar, ya que es muy importante para que nuestra provincia pueda industrializarse y generar valor agregado”, expresó el santacruceño al termino de esa reunión ocurrida hace cinco semanas.
El lunes, en el Salón de los Escudos de la gobernación, el mandatario santacruceño recibió al CEO de Gezhouba y a Carlos Bergoglio, vicepresidente de Eling (la exElectroingeniería), la empresa argentina que integra la UTE (unión transitoria de empresas) que realiza las obras. Ambos manifestaron el interés en terminar las obras que se realizan sobre el río Santa Cruz y pidieron que el gobernador Vidal realice gestiones con el gobierno de Milei para tener más precisiones por parte del gobierno argentino sobre las represas.
“En concreto, los representantes empresarios expresaron su preocupación por la continuidad de la obra y, fundamentalmente, por la falta de precisiones sobre el rumbo de Enarsa tras las nuevas designaciones, y sobre el financiamiento de las represas. Además, solicitaron al gobernador patagónico sus gestiones con los sindicatos, que llevan adelante medidas de fuerza ante las mismas incertidumbres que aquejan a las contratistas”, detalló un comunicado emitido por la gobernación santacruceña.
El proyecto hidroeléctrico se caracterizó por una sucesión de marchas y contramarchas en su desarrollo. Arrancó en el último año del gobierno de Cristina Kirchner, fue frenado por una cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y revisado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, cuando, además de rediseñar la potencia de las represas, recuperaron sus nombres originales: Cóndor Cliff y La Barrancosa, tras haberse llamado durante cinco años Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, respectivamente. Con el Gobierno de Alberto Fernández volvieron a renombrarse.
En 2021, ante el incumplimiento en los plazos prefijados, el financiamiento entró en suspenso hasta que la Argentina y China llegaron a un acuerdo el año siguiente. Se trata de un acuerdo de enmienda y restablecimiento del contrato de línea de crédito, cuyo monto original asciende a los US$ 4714 millones. Los últimos datos oficiales disponibles indican que las obras tienen un avance cercano al 40 %, en el caso de la represa Jorge Cepernic (ex La Barrancosa), y de 25%, en el caso de la represa Néstor Kirchner (ex Cóndor Cliff).
Con la colaboración de Jaime Rosemberg
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Más de 1000 empleados públicos cobraban planes
Trabajan en la administración del gobernador kirchnerista Ricardo Quintela
Un nuevo caso que involucra irregularidades en torno a los planes Potenciar Trabajo es investigado por la Justicia Federal. En la provincia de La Rioja se conoció que más de 1000 empleados de la administración pública cobraban esa prestación a pesar de trabajar para el gobierno provincial del gobernador kirchnerista Ricardo Quintela.
A fines de diciembre, el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, había informado que se dieron de baja a otros 4500 trabajadores públicos que eran beneficiarios del programa en 14 provincias.
La nueva investigación es llevada a cabo por la fiscal federal de La Rioja, María Virginia Miguel Carmona, y el juez Daniel Herrera Piedrabuena, que intentan identificar a las 1060 personas que trabajaban en la provincia y cobraban el plan que funciona como asistencia social para trabajadores de la economía informal. Los beneficiarios reciben más de $70.000 en contraprestación de ciertos requisitos, como 60 horas laborales semanales.
Así, se solicitó que los involucrados fueran indagados en orden al delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública nacional.
No obstante, el Ministerio Público Fiscal instruyó a la Justicia para que también se investigue a los funcionarios nacionales que hayan intervenido para la concesión de estos beneficios, según informó el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal.
La instrucción se basa en que podrían haber infringido “la normativa que impide el otorgamiento del mismo a quienes no cumplan con los requisitos legales establecidos, en tanto debieron haber llevado el control y seguimiento correspondiente” para evitar no solo “un perjuicio económico para el Estado Nacional, sino también que el dinero destinado a tal fin sea acreditado efectivamente a aquellos que realmente lo necesitan para subsistir”.
La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó al juez federal riojano que habilite la feria judicial, y cite a las 1060 personas imputadas a prestar declaración indagatoria en orden al delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública.
Se pidió que se suspendan los planes sociales involucrados.
La pesquisa de Marijuan
Esta nueva información va en sintonía con la investigación del fiscal federal Guillermo Marijuan, quien meses atrás abrió una averiguación preliminar después de que trascendieran datos de la AFIP que señalaban irregularidades en más de 250.000 beneficiarios que parecían mostrar incompatibilidades entre los requisitos para recibir el salario social complementario y sus condiciones impositivas, entre otras.
Además se detectó cientos de beneficiariosquehabíanviajadoalextranjero, algunos a destinos de lujo.
Esa investigación derivó en que el fiscal Marijuan denunciara a la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y al dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico por las supuestas irregularidades desprendidas en el otorgamiento del Plan Potenciar Trabajo.
Así, después de una serie de medidas de prueba que incluyeron las declaraciones testimoniales del extitular de la AFIP, Carlos Castagneto, y del exjefe de Gabinete, Juan Manzur, Marijuan cuestionó que de los 253.000 planes del Ministerio de Desarrollo Social solamente haya dado de baja 2243.
A raíz de ello, a fines del año pasado, el Gobierno dio de baja los planes Potenciar Trabajo de 4588 empleados públicos de las provincias de Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
El CALAFATE.– Zhang Jun, el CEO de la empresa china Gezhouba, que construye las represas en Santa Cruz, viajó hasta la provincia y solicitó al gobernador Claudio Vidal que interceda ante el gobierno nacional con el fin de tener certezas sobre el futuro de la obra. La preocupación de la empresa china radica en el futuro de la política exterior en materia de negocios que llevará la administración de Javier Milei con China y Rusia, según detallaron fuentes del gobierno santacruceño.
El encuentro entre Zhang Jun y Vidal se da en días en que la relación entre la Argentina y el gigante asiático está bajo la lupa, dado que desde la asunción del nuevo gobierno hubo declaraciones y gestos para dar un giro de la política exterior hacia Estados Unidos, lo cual planteó dudas, entre otros puntos, sobre las represas sobre el río Santa Cruz que se construyen aquí desde 2015 a cargo de un consorcio de empresas, cuyo principal accionista es Gezhouba.
La preocupación de los concesionarios radica en las declaraciones de Milei, quien ha manifestado su oposición a realizar negocios con países que considera “comunistas”, como China o Rusia. En ese contexto, el próximo viernes, la canciller Diana Mondino -quien estuvo en Río Gallegos la semana pasada en su paso a la Antártida- recibirá al embajador de China, Wang Wei, según confirmaron a altas fuentes de la Cancillería. En tanto que las mismas fuentes negaron tajantemente que haya existido algún tipo de contacto con representantes de la oficina Comercial y Cultural de Taiwán, según una versión que circuló en las últimas horas.
Por su parte, poco antes de asumir, Vidal ya se había reunido con Wang Wei en Buenos Aires, donde hablaron sobre la continuidad de las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa. “Estas obras tienen que continuar, ya que es muy importante para que nuestra provincia pueda industrializarse y generar valor agregado”, expresó el santacruceño al termino de esa reunión ocurrida hace cinco semanas.
El lunes, en el Salón de los Escudos de la gobernación, el mandatario santacruceño recibió al CEO de Gezhouba y a Carlos Bergoglio, vicepresidente de Eling (la exElectroingeniería), la empresa argentina que integra la UTE (unión transitoria de empresas) que realiza las obras. Ambos manifestaron el interés en terminar las obras que se realizan sobre el río Santa Cruz y pidieron que el gobernador Vidal realice gestiones con el gobierno de Milei para tener más precisiones por parte del gobierno argentino sobre las represas.
“En concreto, los representantes empresarios expresaron su preocupación por la continuidad de la obra y, fundamentalmente, por la falta de precisiones sobre el rumbo de Enarsa tras las nuevas designaciones, y sobre el financiamiento de las represas. Además, solicitaron al gobernador patagónico sus gestiones con los sindicatos, que llevan adelante medidas de fuerza ante las mismas incertidumbres que aquejan a las contratistas”, detalló un comunicado emitido por la gobernación santacruceña.
El proyecto hidroeléctrico se caracterizó por una sucesión de marchas y contramarchas en su desarrollo. Arrancó en el último año del gobierno de Cristina Kirchner, fue frenado por una cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y revisado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, cuando, además de rediseñar la potencia de las represas, recuperaron sus nombres originales: Cóndor Cliff y La Barrancosa, tras haberse llamado durante cinco años Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, respectivamente. Con el Gobierno de Alberto Fernández volvieron a renombrarse.
En 2021, ante el incumplimiento en los plazos prefijados, el financiamiento entró en suspenso hasta que la Argentina y China llegaron a un acuerdo el año siguiente. Se trata de un acuerdo de enmienda y restablecimiento del contrato de línea de crédito, cuyo monto original asciende a los US$ 4714 millones. Los últimos datos oficiales disponibles indican que las obras tienen un avance cercano al 40 %, en el caso de la represa Jorge Cepernic (ex La Barrancosa), y de 25%, en el caso de la represa Néstor Kirchner (ex Cóndor Cliff).
Con la colaboración de Jaime Rosemberg
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Más de 1000 empleados públicos cobraban planes
Trabajan en la administración del gobernador kirchnerista Ricardo Quintela
Un nuevo caso que involucra irregularidades en torno a los planes Potenciar Trabajo es investigado por la Justicia Federal. En la provincia de La Rioja se conoció que más de 1000 empleados de la administración pública cobraban esa prestación a pesar de trabajar para el gobierno provincial del gobernador kirchnerista Ricardo Quintela.
A fines de diciembre, el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, había informado que se dieron de baja a otros 4500 trabajadores públicos que eran beneficiarios del programa en 14 provincias.
La nueva investigación es llevada a cabo por la fiscal federal de La Rioja, María Virginia Miguel Carmona, y el juez Daniel Herrera Piedrabuena, que intentan identificar a las 1060 personas que trabajaban en la provincia y cobraban el plan que funciona como asistencia social para trabajadores de la economía informal. Los beneficiarios reciben más de $70.000 en contraprestación de ciertos requisitos, como 60 horas laborales semanales.
Así, se solicitó que los involucrados fueran indagados en orden al delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública nacional.
No obstante, el Ministerio Público Fiscal instruyó a la Justicia para que también se investigue a los funcionarios nacionales que hayan intervenido para la concesión de estos beneficios, según informó el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal.
La instrucción se basa en que podrían haber infringido “la normativa que impide el otorgamiento del mismo a quienes no cumplan con los requisitos legales establecidos, en tanto debieron haber llevado el control y seguimiento correspondiente” para evitar no solo “un perjuicio económico para el Estado Nacional, sino también que el dinero destinado a tal fin sea acreditado efectivamente a aquellos que realmente lo necesitan para subsistir”.
La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó al juez federal riojano que habilite la feria judicial, y cite a las 1060 personas imputadas a prestar declaración indagatoria en orden al delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública.
Se pidió que se suspendan los planes sociales involucrados.
La pesquisa de Marijuan
Esta nueva información va en sintonía con la investigación del fiscal federal Guillermo Marijuan, quien meses atrás abrió una averiguación preliminar después de que trascendieran datos de la AFIP que señalaban irregularidades en más de 250.000 beneficiarios que parecían mostrar incompatibilidades entre los requisitos para recibir el salario social complementario y sus condiciones impositivas, entre otras.
Además se detectó cientos de beneficiariosquehabíanviajadoalextranjero, algunos a destinos de lujo.
Esa investigación derivó en que el fiscal Marijuan denunciara a la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y al dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico por las supuestas irregularidades desprendidas en el otorgamiento del Plan Potenciar Trabajo.
Así, después de una serie de medidas de prueba que incluyeron las declaraciones testimoniales del extitular de la AFIP, Carlos Castagneto, y del exjefe de Gabinete, Juan Manzur, Marijuan cuestionó que de los 253.000 planes del Ministerio de Desarrollo Social solamente haya dado de baja 2243.
A raíz de ello, a fines del año pasado, el Gobierno dio de baja los planes Potenciar Trabajo de 4588 empleados públicos de las provincias de Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
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