REFORMA LABORAL Y ESTRATEGIA

Pymes y productores pidieron a la Justicia que no ponga frenos a la reforma laboral
Fueron recibidos en la Cámara del Trabajo por la jueza María Dora González, presidenta de la sala de feria

Ailén Vila

Un grupo de representantes de pymes, emprendedores y productores se presentó este viernes en la Cámara de Apelaciones del Trabajo y le entregó un petitorio a la presidenta de la sala de feria del tribunal, María Dora González, en defensa de la reforma laboral dispuesta por decreto por Javier Milei, reforma que esa cámara suspendió esta semana con dos medidas cautelares.
En el petitorio, los representantes del grupo que se identificó como Comité PEP (representantes de pymes, emprendedores y productores) afirmaron: “Reconocemos que el DNU representa un cambio de paradigma y entendemos que requerirá un esfuerzo colectivo. No obstante, estamos profundamente convencidos de que, sin estas transformaciones vitales, el pueblo argentino quedará sumido en la más inhumana pobreza”.
El grupo estaba formado por unas 20 personas. Dijeron representar a “quienes han sufrido las graves consecuencias del modelo económico que impera en el país”, que se llevó –afirmaron– “300.000 emprendimientos que proporcionaban empleo a casi dos millones de argentinos que hoy dependen únicamente de planes sociales”.
Los representantes que entregaron el petitorio a la jueza fueron el presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, Rodolfo Llanos, y la presidenta de Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vázquez.
Ambos le relataron a González problemáticas afrontadas por las pymes y cómo sus propias empresas y emprendimientos se vieron afectados por las políticas públicas.
Bada Vázquez habló de sus dificultades con su pyme láctea, asentada en Moctezuma, provincia de Buenos Aires, cuya planta fue bloqueada el año pasado en medio de un reclamo de recategorización de empleados.
El conflicto terminó con el despido de 26 empleados, lo que le generó una serie de sanciones judiciales que afronta hasta hoy.
En la reunión con González, Llanos sostuvo que la mayoría de los firmantes del petitorio “no son votantes de Javier Milei”, pero que ven en el DNU “una oportunidad de poner en blanco a millones de trabajadores que la Confederación General del Trabajo (CGT) no representa ni ocupa y de crear nuevas empresas y trabajos”.
González fue la única jueza de la sala de feria de la Cámara Nacional del Trabajo que votó en contra de suspender el capítulo laboral incluido en el DNU 70/2023. Las medidas cautelares que hicieron lugar a lo solicitado por la CGT y la CTA fueron firmadas por sus colegas Alejandro Sudera y Andrea García Vior.
Llanos y Bada Vázquez le entregaron el petitorio a la jueza y lo firmaron frente a ella. González les dijo que se realizará un informe, levantará un acta y dará cuenta de todo en un acuerdo general, cuando finalice la feria.
La presentación fue esencialmente simbólica en un momento en el que la reforma laboral propuesta por el Gobierno ha generado una gran cantidad de críticas, e incluso motivó la convocatoria a un paro que la CGT programó para el 24 de enero, y al cual se plegarán distintas fuerzas políticas.

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La Casa Rosada planea una estrategia en dos frentes ante los fallos
Los abogados del Estado elaboran las respuestas que la Justicia les pidió en los amparos del contencioso

Candela Ini
Las espadas jurídicas del Gobierno trabajan en las respuestas judiciales a los fallos adversos al mega-dnu para tratar de revertir un escenario hasta ahora adverso.
Sin éxito en la que hasta ahora fue su estrategia para combatir en la Justicia las demandas contra el decreto firmado por Javier Milei, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, buscará que el fallo de la Cámara del Trabajo que dejó suspendida la reforma laboral que incluye el DNU sea revisado por la Corte Suprema de Justicia, y que, a su vez, el fallo dictado anteayer por el juez de feria Enrique Lavié Pico, quien separó los expedientes que estaban concentrados en uno solo, sea revocado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, trabaja con Barra en las presentaciones judiciales. La estrategia de Barra en torno a las demandas que motivó el DNU estaba orientada, en un principio, a buscar que las acciones de amparo presentadas por la CGT y por la CTA fueran tramitadas en el fuero contencioso administrativo y no en el laboral.
Y que incluso dentro de ese fuero todas las demandas fueran acumuladas en un proceso colectivo, en un mismo juzgado.
En principio, el juez titular del juzgado que recibió la primera demanda, Esteban Furnari, concentró los casos en uno solo.
Esa decisión, que parecía favorecer la posición del Gobierno, se frustró con los fallos emitidos los últimos días, primero porque el fuero laboral se declaró competente para avanzar en los análisis de las demandas y dictó medidas cautelares para suspender los efectos del DNU, y también porque fue desactivado el “proceso colectivo” que concentraba todos los casos en el fuero contencioso administrativo.
Son dos los fallos que salieron del fuero laboral en contra del DNU y que pusieron en jaque la estrategia prevista por el Gobierno. El primero fue una medida cautelar, en respuesta al planteo de la CGT, que dejó sin efecto el capítulo laboral incluido en el megadecreto.
El fundamento central fue que no están dadas las condiciones de necesidad y de urgencia para llevar adelante estas reformas sin la participación del Congreso.
El segundo fue firmado un día después por los mismos jueces en respuesta al planteo de la CTA, con el mismo efecto, pero con nuevos argumentos, referidos, especialmente, a la afectación de los derechos laborales causada por el decreto.
Los jueces que firmaron esas sentencias son los camaristas en lo laboral Alejandro Sudera y Andrea García Vior. Aunque esos fallos no implican un pronunciamiento sobre el fondo de las demandas.
Para buscar dejar sin efecto esas medidas cautelares al Gobierno no le queda otra opción que interponer un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revise la decisión.
La Corte ya tiene en sus estrados una causa donde le plantearon la inconstitucionalidad del DNU. Lo hizo el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pero el máximo tribunal no habilitó la feria para tratar ese planteo y dijo que lo iba a resolver en febrero.
El otro frente que se le abrió al Gobierno fue en el fuero contencioso administrativo porque el fallo firmado por Lavié Pico que desarmó el “proceso colectivo” dejó habilitados a distintos jueces del país a revisar la validez del decreto.
Además, en contencioso quedó habilitada la feria en causas que discuten el DNU en su totalidad. Lavié Pico le pidió al Gobierno que presente informes sobre las acciones de amparo que cuestionan la constitucionalidad del DNU y le fijó como fecha límite para responder el 10 de enero. Después, podrá tomar una decisión sobre el futuro del decreto.
El Gobierno buscará que la sala de la Cámara de Apelaciones integrada por los jueces Sergio Fernández y Carlos Grecco revoque el fallo que desarticuló el proceso colectivo y que habilitó a los distintos juzgados del país a avanzar con los amparos presentados contra el DNU.
Ese recurso de apelación es otra de las presentaciones en las que trabajan por estas horas los abogados del Estado, aunque hay procesalistas que advierten que según la ley que reglamenta la acción de amparo (ley 16.986) no contempla como apelable la inscripción de un proceso colectivo ni su desvinculación del Registro de Procesos Colectivos.
Barra buscará que el fallo de la Cámara del Trabajo sea revisado por la Corte Suprema

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