SUMÓ PRESIÓN Y SIGUEN LOS CONTACTOS

La Casa Rosada sumó presión a los gobernadores aliados
Enojado por la postergación de la ley ómnibus, el Presidente ordenó crear una fiscalía anticorrupción que investigue también sobre las provincias
Jaime Rosemberg Con la colaboración de Paula Rossi
Un día después de postergar la sesión prevista en la Cámara de Diputados para el tratamiento de la ley ómnibus, el presidente Javier Milei decidió tensar aún más el vínculo con los gobernadores renuentes a apoyar la suba de retenciones al complejo cerealero y ganadero, junto a otros ejes del paquete fiscal. Los mismos mandatarios que son a la vez vitales para que el proyecto pueda ser aprobado y girado al Senado.
“Tienen que entender que la cosa va en serio. Si no votan las retenciones, se van a socializar los costos del ajuste”, explicaban cerca del Presidente, quien durante la reunión de gabinete en la Casa Rosada, y sin maquillar su molestia, definió la creación de una fiscalía especial para investigar “la corrupción de los funcionarios públicos” pasados y actuales, según explicitó el portavoz Manuel Adorni en conferencia de prensa. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, trasladó el pedido al procurador Eduardo Casal. En un momento de la charla con sus funcionarios, el Presidente habría amenazado con “no dar un solo peso” a los gobernadores, según confirmaron a fuentes con acceso  conversado puertas adentro.
Durante la conferencia, Adorni agregó además que la investigación abarcará “a funcionarios nacionales, provinciales y legislativos”, otro modo directo de tensar la cuerda con los mandatarios provinciales, en especial los pertenecientes a Juntos por el Cambio, que se resisten a avalar la suba de los derechos de exportación, que pasan del 31 al 33% en el caso de la soja.
“Todo lo que ingrese de esas investigaciones [judiciales] va a volver a la gente”, agregaban desde Balcarce 50, aunque supeditaban la efectiva creación de la fiscalía a la aprobación o no de la ley ómnibus, también resistida por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y las facultades delegadas a Milei. El proyecto de fiscalía es, a la vez, un guiño a los sectores del electorado que pedían mayor atención en estas causas al ministro de Justicia, quien había señalado su interés en que la Oficina Anticorrupción no se dedicara a impulsar denuncias.
“El ministro de Justicia va a sugerir en lo inmediato al procurador Eduardo Casal la creación de una fiscalía especializada que se ocupe de investigar la corrupción de funcionarios públicos, especialmente a los que contempla la figura de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados”, anunció el portavoz al ahondar sobre esta iniciativa de la Casa Rosada, que deberá conseguir aprobación judicial e incluye, a simple vista, facultades que hoy tienen la Oficina Anticorrupción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que depende del Ministerio Público Fiscal.
La PIA ya tiene como objetivo “la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional”, según reza en la página web oficial, sin involucrarse con funcionarios provinciales ni legisladores.
“Incluirá a los funcionarios nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Vamos a recuperar todos los bienes producto del delito. Nunca el delito puede producir beneficio”, agregó el vocero.
Intercambios
No se trata, por cierto, de la primera advertencia del Presidente a los mandatarios. Horas atrás, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, había adelantado que de no aprobarse el proyecto de ley haría una fina revisión de las transferencias a las provincias. Adorni precisó, además, que esa revisión abarcaría las partidas “una por una, y sin contemplaciones”.
Ayer, el ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los interlocutores con los gobernadores, defendió a Caputo. “Algunos tomaron lo de ayer como una amenaza a los gobernadores, se generó ahí una polémica. Por ahí lo tomaron de esa manera equivocadamente. Lo que dice el ministro de Economía es: ‘Si yo no tengo esta ley que me permita generar cambios, no solamente en los temas impositivos, sino en toda la actividad desregulatoria que permita ingresos de capitales a la Argentina, y por ende también nuevos ingresos al Estado nacional y a los provinciales, vamos a sufrir más porque tenemos que cortar muchos más gastos”, detalló el titular de la cartera política. La declaración fue una respuesta a diputados de JxC como Rodrigo de Loredo y Miguel Pichetto, que definieron como “aprietes” las palabras del ministro de Economía.
Desde Interior, de todos modos, ponían paños fríos y aseguraban que se trata de “una tensión lógica, tomando en cuenta lo que se está discutiendo”. Confiaban en conseguir número suficiente para aprobar la ley en la Cámara de Diputados y en conseguir no solo el apoyo de los gobernadores de Juntos por el Cambio –creen que Córdoba y Santa Fe no tienen tanto consenso interno–, sino además algunos del PJ. Auguraban que “habrá más gobernadores” que seguirán los pasos del tucumano Osvaldo Jaldo, cuyos diputados apoyaron el dictamen del oficialismo y abandonaron el bloque de Unión por la Patria.
En tren de hacer memoria, cerca del Presidente recordaban que durante el gobierno de Mauricio Macri “el ajuste lo hizo la Nación y los gobernadores no. Ellos reeligieron y Macri no. Eso no va a volver a pasar”, detallaron, a tono con el enojo presidencial. Y en otra velada advertencia a los mandatarios.

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Los dialoguistas ratifican sus disidencias centrales y suman cambios a la ley
El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, se reunió con la UCR y el bloque de Pichetto; acordaron limitar las emergencias y coparticipar el blanqueo, pero se mantiene el rechazo frente a las retenciones y las jubilaciones

Delfina CelichiniJosé Luis Espert, ayer, tras reunirse con opositores
La emisión de un dictamen que se conoció 12 horas después de su firma y que tuvo como acto reflejo la postergación de la sesión fue el preanuncio de una ronda furiosa de tratativas. El oficialismo no cuenta con los votos para aprobar los puntos centrales del proyecto de ley ómnibus y ayer al mediodía un emisario del Poder Ejecutivo salió a la caza de las adhesiones faltantes. Se trata de José Rolandi, vicejefe de Gabinete, quien se reunió en el despacho de la presidencia de la Cámara baja con referentes del radicalismo y el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto para delinear nuevas modificaciones que se plantearán en el recinto.
“La pelota está de su lado. Nos pasamos de colaboracionistas”, bramó un referente radical tras salir del despacho del presidente de Diputados, Martín Menem, quien solo ofició de anfitrión para recibir al funcionario nacional y a los legisladores que definirán el futuro del proyecto de ley. En esta reunión se encontraban los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, Roxana Reyes (Santa Cruz), Soledad Carrizo (Córdoba), y el secretario parlamentario del bloque, Alejandro Cacace.
El propósito de la cumbre fue puntear una por una las más de 170 disidencias que el radicalismo presentó en la firma del dictamen de mayoría y que exigen que sean consideradas durante su tratamiento en el recinto. Durante la reunión con Rolandi se avanzó en algunos puntos; por caso, los dialoguistas lograron que en el texto se elimine la declaración de emergencia en materia sanitaria y previsional, con las consiguientes delegaciones legislativas. Originalmente, el Gobierno pretendía once emergencias. Quedarían siete.
Otro punto importante que se acordó es que lo producido por el blanqueo se va a coparticipar entre las provincias (el proyecto dirigía esos recursos al Banco Central). Este fue un pedido expreso de los gobernadores de Juntos por el Cambio.
Los mandatarios provinciales también reclaman una reconfiguración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS). El Poder Ejecutivo pretende que sus activos sean transferidos al Tesoro, pero los gobernadores, si bien están de acuerdo, reclaman que ese traspaso se realice compensando las deudas de las provincias con el FGS y garantizando que los flujos permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Anses.
El Gobierno, según trascendió, no está de acuerdo con esta petición de los gobernadores. El radicalismo propuso aceptar la consolidación de la deuda del Tesoro con el FGS –que rondaría los US$22.000 millones–, pero que los activos en manos del Fondo no sean transferidos.
Según trascendió, esperan una respuesta del Ejecutivo para hoy o mañana, a más tardar. “La idea es ordenar la sesión en labor parlamentaria el lunes”, deslizaron en la UCR, ya escépticos por los tiempos que da por hecho el oficialismo. El objetivo es que el miembro informante de la sesión, antes de comenzar la votación, mencione las disidencias planteadas en el plenario y proponga tratar un texto ya modificado.
El mismo modus operandi se adoptó con Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Los diputados Juan Brügge (Córdoba), Carlos Fernández (Misiones) y Juan Manuel López (CC-Buenos Aires), se congregaron en el despacho de Menem poco después de la salida de los radicales. Se sumaron José Luis Espert (Avanza Libertad) y los libertarios Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni.
En paralelo, los líderes de estos espacios se reunían en las oficinas de Emilio Monzó y Nicolás Massot, enfrente del Palacio Legislativo, para fijar una postura común frente al hartazgo que imperó después del descalabro del plenario de comisiones. Decidieron abroquelarse y forzar las modificaciones en el recinto.
Minutos después de esta definición, Hacemos Coalición Federal e Innovación difundieron un comunicado en el que subrayaron su intenciónde que el debate en el recinto“sea de cara a la gente, con total honestidad y transparencia, para que no se terminen votando de madrugada y a escondidas cuestiones centrales para el futuro de la Argentina”.
“Hay mucho enojo. Lo de La Libertad Avanza del martes fue un papelón”, confió a un referente la nacion de este espacio, que suma 32 voluntades claves para definir el futuro de la ley ómnibus. Es que los cambios que se comprometió a hacer el oficialismo en las negociaciones previas al plenario de comisiones no se terminaron reflejando en el texto del dictamen. En las vísperas del paro general convocado por las centrales sindicales, el Gobierno se sumó a jugar la batalla simbólica y prefirió emitir un dictamen a cualquier costo antes de allanar y ordenar las voluntades de cara a la sesión.
En estas dos bancadas gravitan los oficialismos de Chubut, Entre Ríos, Misiones, Salta, Córdoba y Río Negro, quienes miran con estupor cómo el Gobierno los amenaza por redes sociales con quitarles partidas presupuestarias mientras los diputados que les responden trabajan para que el megaproyecto logre trascender el ripio de una sesión maratónica.
El incremento de las retenciones a los productos del complejo cerealero y ganadero, así como la disminución del corte de biocombustibles, son los puntos que los mandatarios pretenden retrotraer. Lo mismo con el traspaso de los activos del FGS.
Con cinco gobernadores propios, el radicalismo también presiona por sus intereses. El santafesino Maximiliano Pullaro se encargó de reunirse con las bancadas dialoguistas para fijar sus preocupaciones y llevarse garantías de que no prosperarían. A pesar del diálogo con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y de la propuesta concreta que el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio se encargó de llevarle en persona, ninguno de los siete puntos sugeridos fue tomado en cuenta.
Por eso, en este nuevo round de tratativas, la UCR y Hacemos Coalición Federal volvieron a la carga con sus planteos y dejaron en claro a los libertarios que una gran parte del paquete fiscal, tal cual está escrito, no pasará en el recinto. A su vez, Pro confirmó que acompañará la mayor parte de la iniciativa

Con la colaboración de Laura Serra

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