El Gobierno busca que, en febrero, el boleto de colectivo cueste $270 y el de tren, $160
Es el objetivo de mínima para cada tramo; el lunes próximo empezará a regir el alza de este mes, que ya había sido anunciada
Diego Cabot
En el AMBA, la recaudación por venta de pasajes cubre solo 6% del costo del sistema
Se viene un impacto duro para los millones de usuarios de colectivos y trenes del área metropolitana. El lunes empezará a regir el aumento que se decidió sobre fin de año y que llevará el boleto mínimo de colectivos de los actuales $52,96 a $76,92, es decir, un 45% de incremento. Pero ese mismo día se dará inicio al proceso de revisión integral para tener un nuevo esquema vigente el 1° de febrero. En el Gobierno trabajan con un objetivo claro: los colectivos deberían costar, al menos, $270 por tramo, y el ferrocarril un 60% de ese valor, es decir, $160.
“Nuestro objetivo es colocar la tarifa en valores similares a los del interior. Y con eso no solo me refiero a lo que sucede en provincias como Córdoba o Santa Fe, sino también, en Mar del Plata, donde se viaja en transporte urbano a cambio de $297”, dijo una fuente oficial empapada de la negociación.
En esas oficinas del Ministerio de Infraestructura, que maneja Guillermo Ferraro, y del secretario de Transporte, Franco Moguetta, también se empieza a delinear una fórmula de actualización para que el precio no se desacople de los costos de operación. Pero, a diferencia de lo que estaba vigente hasta diciembre, si bien fue suspendido en agosto –actualización por inflación todos los meses –, el Gobierno intentará que ese revalúo no sea mensual. “No queremos esa indexación; en épocas de alta inflación se hace pesado”, dijo la fuente.
En principio, el lunes empezaría el proceso de audiencias públicas. La idea en el ministerio en materia de transporte automotor es un pedido de aumento para que la tarifa mínima esté en torno de $300. De ahí en más, hay que ver qué se consigue, piensan en el oficialismo. Para el boleto de tren, en cambio, se tomará como referencia el de colectivo. En los papeles preliminares está calculado que, para pasar un molinete y llegar a un andén, habría que desembolsar el 60% de lo que se paga por el medio alternativo, es decir, alrededor de $160. Pero esto no será una regla que se mantendrá, sino todo lo contrario: piensan que, con el tiempo, ambas brechas deberían achicarse y ambos cuadros tarifarios tenderían a igualarse.
Entre la argumentación que mostrará el oficialismo en la audiencia sobresalen algunos números que expresan la catástrofe tarifaria que dejó el kirchnerismo en materia de transporte. Actualmente, la recaudación por pasajes vendidos en los colectivos del área metropolitana aporta apenas 6% del total del costo del sistema, mientras que, en el tren, ese mismo ítem recauda no más del 0,7% del total del desembolso necesario para que las empresas estatales presten el servicio. Para completar el cuadro: hasta hace 22 años, el colectivo no tenía subsidios y los argentinos podían pagar su pasaje. Actualmente, el Estado aporta 1 de cada 10 pesos necesarios para que circulen las unidades.
Si el cronograma se mantiene, en febrero ya estará listo este fuerte aumento de precios del transporte. Entonces, consideran, podrían empezar a bajar los subsidios. Si bien la proporción de aportes públicos versus tarifa cambiará, nadie es tan optimista en el corto plazo. Sucede que también se actualizarán los costos de la explotación, principal queja de los transportistas. No es para menos: para pagar subsidios, el Estado usa un cálculo de explotación con valores expresados en agosto pasado.
De acuerdo con la última resolución que se publicó en ese mes, mediante la que se actualizaron los costos para poner en marcha el colectivo, se estimó que una cubierta de las que utilizan estas unidades se podía reponer en diciembre a cambio de pagar $192.866. Nada más alejado de la realidad, ya que, inflación y de valuación mediante, el precio del producto (FS440 275/80), según un relevamiento de mercado, cuesta $546.737 al contado. Claro que se puede financiar a 60 días, pero el valor se va a $656.080.
Otro ejemplo es el gasoil. De acuerdo a esa planilla vigente, el Estado reconoce $362 el litro, mientras que los colectiveros desembolsan más de $800, según se trate de grado 2 o grado 3, y si está dentro del cupo que tienen subsidiado o del que compran por fuera del convenio.
Serán meses complicados para los usuarios hasta que los funcionarios logren avanzar con la estructuración de un nuevo esquema de subsidios sobre la demanda, es decir, los pasajeros, y no sobre la oferta, los empresarios. “Imaginamos que se vendrán tiempos en los que la gente vaya a nominalizar su tarjeta SUBE, porque los atributos, que conceden un 50% de descuento, con estos valores de tarifas se vuelven relevantes. Antes, muchos no hacían el trámite. Ahora, vendrán por sus beneficios”, confían en el Gobierno.
En medio, asoma con fuerza un enorme nubarrón que podría convertirse en tormenta. La pregunta puntual es cómo hará el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para pagar de las arcas provinciales alrededor de $45.000 millones por mes de subsidios. Podrá decir el lector que lo hará de la misma manera que lo hacía. Pero ahí está el punto: ahora ya no recibe los fondos discrecionales que en los últimos cuatro años le envió la Nación. “No vamos a poder pagar los sueldos si no mandan la plata”, dijo un funcionario provincial en una reunión en Infraestructura. “No hay plata”, le contestaron.
Kicillof jamás pagó con fondos provinciales la mitad de los subsidios de los colectivos de su distrito. Allá lejos, cuando los gobernadores peronistas se sentaban a la mesa de negociación del Pacto Fiscal con los ministros del gobierno de Mauricio Macri, brotaba el federalismo entre los mandatarios. Incontinentes de justicia impositiva entre las provincias, impusieron sus mayorías para pegar un fuerte golpe sobre la mesa. Todas debían poner la mitad de los subsidios. Conocían, claro, que el impacto presupuestario para la billetera bonaerense era fortísimo. Con eso condicionaban un poco más al gobierno de María Eugenia Vidal. Lo lograron.
Kicillof jamás puso ese dinero, ni siquiera antes de la cuarentena. Siempre llegó el auxilio de la Nación. Ahora se terminó la ayuda externa discrecional. Al menos, no saldrá del presupuesto del Ministerio de Infraestructura. Pero, claro, el gobernador tiene otras puertas donde tocar. Ya conoce perfectamente que en la Casa Rosada hay lapicera con poder para un cheque de tantos ceros. De hecho, de esa caja, de los fondos discrecionales, se nutrió todos estos años para pagar sin pestañear.
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Se viene un impacto duro para los millones de usuarios de colectivos y trenes del área metropolitana. El lunes empezará a regir el aumento que se decidió sobre fin de año y que llevará el boleto mínimo de colectivos de los actuales $52,96 a $76,92, es decir, un 45% de incremento. Pero ese mismo día se dará inicio al proceso de revisión integral para tener un nuevo esquema vigente el 1° de febrero. En el Gobierno trabajan con un objetivo claro: los colectivos deberían costar, al menos, $270 por tramo, y el ferrocarril un 60% de ese valor, es decir, $160.
“Nuestro objetivo es colocar la tarifa en valores similares a los del interior. Y con eso no solo me refiero a lo que sucede en provincias como Córdoba o Santa Fe, sino también, en Mar del Plata, donde se viaja en transporte urbano a cambio de $297”, dijo una fuente oficial empapada de la negociación.
En esas oficinas del Ministerio de Infraestructura, que maneja Guillermo Ferraro, y del secretario de Transporte, Franco Moguetta, también se empieza a delinear una fórmula de actualización para que el precio no se desacople de los costos de operación. Pero, a diferencia de lo que estaba vigente hasta diciembre, si bien fue suspendido en agosto –actualización por inflación todos los meses –, el Gobierno intentará que ese revalúo no sea mensual. “No queremos esa indexación; en épocas de alta inflación se hace pesado”, dijo la fuente.
En principio, el lunes empezaría el proceso de audiencias públicas. La idea en el ministerio en materia de transporte automotor es un pedido de aumento para que la tarifa mínima esté en torno de $300. De ahí en más, hay que ver qué se consigue, piensan en el oficialismo. Para el boleto de tren, en cambio, se tomará como referencia el de colectivo. En los papeles preliminares está calculado que, para pasar un molinete y llegar a un andén, habría que desembolsar el 60% de lo que se paga por el medio alternativo, es decir, alrededor de $160. Pero esto no será una regla que se mantendrá, sino todo lo contrario: piensan que, con el tiempo, ambas brechas deberían achicarse y ambos cuadros tarifarios tenderían a igualarse.
Entre la argumentación que mostrará el oficialismo en la audiencia sobresalen algunos números que expresan la catástrofe tarifaria que dejó el kirchnerismo en materia de transporte. Actualmente, la recaudación por pasajes vendidos en los colectivos del área metropolitana aporta apenas 6% del total del costo del sistema, mientras que, en el tren, ese mismo ítem recauda no más del 0,7% del total del desembolso necesario para que las empresas estatales presten el servicio. Para completar el cuadro: hasta hace 22 años, el colectivo no tenía subsidios y los argentinos podían pagar su pasaje. Actualmente, el Estado aporta 1 de cada 10 pesos necesarios para que circulen las unidades.
Si el cronograma se mantiene, en febrero ya estará listo este fuerte aumento de precios del transporte. Entonces, consideran, podrían empezar a bajar los subsidios. Si bien la proporción de aportes públicos versus tarifa cambiará, nadie es tan optimista en el corto plazo. Sucede que también se actualizarán los costos de la explotación, principal queja de los transportistas. No es para menos: para pagar subsidios, el Estado usa un cálculo de explotación con valores expresados en agosto pasado.
De acuerdo con la última resolución que se publicó en ese mes, mediante la que se actualizaron los costos para poner en marcha el colectivo, se estimó que una cubierta de las que utilizan estas unidades se podía reponer en diciembre a cambio de pagar $192.866. Nada más alejado de la realidad, ya que, inflación y de valuación mediante, el precio del producto (FS440 275/80), según un relevamiento de mercado, cuesta $546.737 al contado. Claro que se puede financiar a 60 días, pero el valor se va a $656.080.
Otro ejemplo es el gasoil. De acuerdo a esa planilla vigente, el Estado reconoce $362 el litro, mientras que los colectiveros desembolsan más de $800, según se trate de grado 2 o grado 3, y si está dentro del cupo que tienen subsidiado o del que compran por fuera del convenio.
Serán meses complicados para los usuarios hasta que los funcionarios logren avanzar con la estructuración de un nuevo esquema de subsidios sobre la demanda, es decir, los pasajeros, y no sobre la oferta, los empresarios. “Imaginamos que se vendrán tiempos en los que la gente vaya a nominalizar su tarjeta SUBE, porque los atributos, que conceden un 50% de descuento, con estos valores de tarifas se vuelven relevantes. Antes, muchos no hacían el trámite. Ahora, vendrán por sus beneficios”, confían en el Gobierno.
En medio, asoma con fuerza un enorme nubarrón que podría convertirse en tormenta. La pregunta puntual es cómo hará el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para pagar de las arcas provinciales alrededor de $45.000 millones por mes de subsidios. Podrá decir el lector que lo hará de la misma manera que lo hacía. Pero ahí está el punto: ahora ya no recibe los fondos discrecionales que en los últimos cuatro años le envió la Nación. “No vamos a poder pagar los sueldos si no mandan la plata”, dijo un funcionario provincial en una reunión en Infraestructura. “No hay plata”, le contestaron.
Kicillof jamás pagó con fondos provinciales la mitad de los subsidios de los colectivos de su distrito. Allá lejos, cuando los gobernadores peronistas se sentaban a la mesa de negociación del Pacto Fiscal con los ministros del gobierno de Mauricio Macri, brotaba el federalismo entre los mandatarios. Incontinentes de justicia impositiva entre las provincias, impusieron sus mayorías para pegar un fuerte golpe sobre la mesa. Todas debían poner la mitad de los subsidios. Conocían, claro, que el impacto presupuestario para la billetera bonaerense era fortísimo. Con eso condicionaban un poco más al gobierno de María Eugenia Vidal. Lo lograron.
Kicillof jamás puso ese dinero, ni siquiera antes de la cuarentena. Siempre llegó el auxilio de la Nación. Ahora se terminó la ayuda externa discrecional. Al menos, no saldrá del presupuesto del Ministerio de Infraestructura. Pero, claro, el gobernador tiene otras puertas donde tocar. Ya conoce perfectamente que en la Casa Rosada hay lapicera con poder para un cheque de tantos ceros. De hecho, de esa caja, de los fondos discrecionales, se nutrió todos estos años para pagar sin pestañear.
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Una familia necesita $745.270 para ser de clase media
Debe tener ingresos de al menos 1,25 veces la canasta básica total
Luján Berardi
La aceleración inflacionaria de diciembre, que según los últimos datos publicados en la Ciudad de Buenos Aires fue de 21,1%, luego de la caída de los programas de congelamiento, controles y acuerdos de precios, a lo que se sumó la devaluación del 54% del dólar oficial y el aumento de los combustibles, repercutió en el repunte de los precios, el nivel de actividad y el consumo.
En este escenario, la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) informó que una familia de cuatro personas (dos mayores y dos menores) necesitó un ingreso total de $745.270 en diciembre para ser considerada de clase media, comprendiendo en ese estrato el hogar cuyos ingresos son de al menos 1,25 de la canasta básica total.
La cifra representa la necesidad de obtener $142.203 más que en noviembre, es decir, el incremento de un mes a otro fue de más de 23%, evidenciando, una vez más la aceleración en el costo de vida de las últimas semanas de 2023, un número que también se condice con los datos y las proyecciones sobre la inflación de diciembre, que, además del dato del lunes, se estima que, a nivel nacional podría rondar entre el 25% y el 30% (el dato sale hoy).
Estos números contemplan los bienes y servicios mínimos para la subsistencia, el conjunto de gastos vinculados con la adquisición o renovación de bienes durables para la vivienda, la salud y otros rubros como la indumentaria. Es que los precios de la canasta básica total (CBT), que sirve para medir la pobreza, y de la canasta básica alimentaria (CBA), que se usa para delimitar la indigencia, van a la par de los movimientos inflacionarios.
“En diciembre la inflación mensual en la Ciudad de Buenos Aires aumentó casi 10 puntos porcentuales respecto a noviembre, llegando al 21,1%. Eso reflejó un salto en las distintas canastas de consumo que, siguiendo la ponderación que hace el gobierno de la Ciudad, se traduce en que, para seguir siendo de clase media, los gastos de ese sector debieron aumentar 23,6%”, indicó Claudio Caprarulo, director de Analytica.
Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, sostuvo: “En principio, plantea niveles de ingresos que surgen de la canasta de consumo típica, que en muchos casos pueden estar muy por encima del ingreso promedio familiar, inclusive en CABA”. Además, recalcó que esta situación empeorará de acá en adelante.
El economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), dijo que estos resultados repercuten directamente en la persistencia de la clase media, como comentó el economista Jorge Colina. “Una canasta básica de $747.000 para la clase media es elevada porque el salario de la persona que está en el medio se acerca a los $400.000, con lo cual está señalando que debería tener por lo menos dos trabajadores formales ganando por lo menos el salario mediano, y el 50% de los trabajadores formales está por debajo de este, entonces el aumento de la canasta básica complica la persistencia de la clase media”, opinó el especialista.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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