DESDE ADENTRO Y DE LA CONFRONTACIÓN A LA BÚSQUEDA DE CONSENSOS

Las fuerzas del cielo confían en el mercado
Florencia DonovanGeorge Washington y el ministro Luis Caputo

En las malas es cuando se cierran algunos de los mejores negocios. Banco Galicia, por caso, está en conversaciones preliminares para quedarse con la operación local del HSBC. Hace tiempo que el banco de origen inglés espera el momento adecuado para vender su negocio en la Argentina, el único mercado de la región en el que todavía está presente.
Ambas entidades financieras fueron consultadas por y no la nacion quisieron hacer comentarios. Para el Galicia, por su parte, sería la primera adquisición fuerte en décadas. El año pasado, la entidad de capital nacional –líder entre los bancos privados por cantidad de activos– compró la aseguradora colombiana SURA, pero desde 2009, desde que se quedó con Compañía Financiera Argentina, del grupo AIG, que no hacía adquisiciones en el sector bancario.
También en las malas es cuando las empresas que arrastran viejos problemas encuentran mejor receptividad de sus acreedores. Después de cuatro años, esta semana la Justicia evitó la quiebra de Vicentin, al convalidar la propuesta de pago a sus acreedores y el ingreso en la compañía de tres socios estratégicos: Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
Molino Cañuelas (Molca) se ilusiona con correr la misma suerte. El martes, vía Zoom, compartió con los bancos su propuesta para reestructurar su deuda de US$1260 millones, y el miércoles hizo la presentación formal en la Justicia. La empresa ofreció pagar la deuda en dólares, a 20 años de plazo con una tasa de interés de 2% por año durante los primeros 5 años; 2,5% anual los siguientes 5 años; 5% por año, los otros 5, y el 10% los últimos 5. Molca, que es dueña de marcas como 9 de Oro y Pureza, tiene hasta mediados de abril, según la fecha establecida por la Justicia, para llegar a un acuerdo con la mayoría de sus acreedores. Sin embargo, Miguel Ángel Arrigoni, socio de First Corporate Finance, la compañía que asesora a Molca en la operación, considera que es probable que se solicite una prórroga del plazo porque sólo para implementar la propuesta se requerirá de tiempo. Todavía no todos los bancos están convencidos de aceptar.
No hay industria que pueda jactarse de estar pasándola bien. Contra lo que indicaría la creencia popular, hasta a los bancos –grandes ganadores durante la gestión de Sergio Massa– les está yendo mal. Pablo Curat, exdirector del Banco Central, adelanta que, salvo alguna excepción, los balances de todos los bancos de enero y febrero vendrán con pérdidas. “Los balances de los bancos se ajustan por inflación, con una tasa del 20%, mientras que tienen colocados créditos de corto plazo a tasa negativa o pases en el Banco Central al 9% mensual. Adicionalmente, hubo aumentos de sueldo, y creció la mora por la devaluación, sobre todo, en los créditos destinados a empresas”, detalló. El tema fue materia de conversación en los últimos días en las cámaras bancarias. Una paradoja de la Argentina: en los gobiernos peronistas, el valor de los activos argentinos suele desplomarse, pero el cash flow de las empresas es casi siempre positivo. Ya lo dijo Cristina Kirchner en 2012: “los bancos y las empresas nunca ganaron tanta planta como durante mi gobierno”. Ahora, las empresas pierden plata pero se ilusionan con recuperar valor.
Meses desafiantes
Está claro que los meses que vienen serán tanto o más desafiantes para Javier Milei que los que transitó –con un éxito que pocos esperaban, vale reconocer–. Por lo pronto, en materia fiscal, marzo arrancó mal. La recaudación está lejos de alcanzar los valores que estimaban a comienzos de año los técnicos del Ministerio de Economía. Cuanto más baja la inflación menos se recauda. Para poder mantener un superávit primario ya no basta con pisar los pagos a las generadoras de electricidad o con licuar jubilaciones. En Hacienda saben que sí o sí necesitan reinstaurar cuanto antes el impuesto a las ganancias que se había eliminado en campaña. De ahí la importancia de la negociación que hoy comienza con los gobernadores. No sólo las provincias, que están financieramente complicadas, están desesperadas por recuperar ingresos. La administración nacional tiene tanta o más necesidad. Sobre todo si es que Caputo quiere seguir mostrándole el mercado que el superávit fiscal es innegociable.
Más allá de los buenos números de enero y febrero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a advertirle ayer al Gobierno que el ajuste no puede caer “desproporcionadamente sobre las familias pobres y trabajadoras”, y que además se debe preservar el poder adquisitivo de las jubilaciones. En otras palabras, no hay más margen para la licuadora. Así, el FMI –que esta semana le habilitó US$8000 millones adicionales a Egipto, que acaba de unificar su mercado de cambios–, se suma a un reclamo que ya se escucha con frecuencia entre las decenas de fondos de inversión que por estos días visitan la Argentina: Milei muestra que tiene un buen diagnóstico y un buen plan, pero sin reformas de fondo no hay estabilización que sea sostenible. Tampoco puede pretenderse que los precios en dólares mejoren si la economía no trabaja sobre sus niveles de productividad. No hay mucho tiempo para postergar las reformas laboral, tributaria, previLa sional y fiscal. Una vez más, teléfono para la política.
Sin reformas de fondo, la industria local difícilmente esté en condiciones de competir con jugadores internacionales. No se trata sólo de abrir la economía y de habilitar importaciones. Eso sólo podría mejorar en algo los precios de corto plazo, pero podría volver a dejar a la Argentina con el problema que no pudo resolver la convertibilidad: el desempleo.
Caro en dólares
“Una sembradora de siete metros, no una grande, está a US$250.000, son 1000 toneladas de soja. Es un montón, en ningún lugar del mundo vale esto. Los fabricantes de maquinaria agrícola se quedaron con un dólar de $360”, se lamentó un productor agrícola, que acaba de visitar Expoagro. La sensación de que los precios están caros en dólares no es exclusiva del campo. Es una preocupación que existe en el Gobierno.
El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó pasar el mensaje esta semana en un encuentro con los CEO de las principales empresas de consumo masivo. La fórmula que enunció fue: primero hay que bajar la inflación, luego crecer y finalmente bajar impuestos. Lejos de amenazar con controles, sin embargo, les advirtió que no había previsto hacia adelante devaluaciones bruscas del dólar, con lo cual tampoco había motivos para descontrolarse con los aumentos. esperanza está por ahora puesta más en las fueras del mercado que en las del Cielo.
Pero es en gran medida la preocupación por la inflación lo que hizo que el Gobierno se decidiera a mantener sin cambios la tasa de ajuste del tipo de cambio (crawl, en la jerga financiera) en un 2% mensual, por algunas semanas más, pese a que la inflación acumulada en los últimos tres meses ya superó el 70%. “Medidos al dólar blue, los bienes ya están algo caros, no así los sueldos –reconoce el economista Fernando Marull–. Pero este nivel de crawl puede generar preocupación en los próximos meses”, reconoció. En el mercado de futuros de dólar, las expectativas son ahora que recién en mayo haya una aceleración de la tasa de devaluación.
Para salarios que, medidos en términos reales, están tan bajos como después de la salida de la convertibilidad, los precios empiezan a hacerse prohibitivos. La caída del consumo en algunas industrias alcanza los dos dígitos, y no hay visos de que vaya a mejorar. Porque a los precios, empieza a sumársele la incertidumbre laboral. ¿Cuánto va a faltar para que empresas que venden poco o nada decidan suspender o achicar su plantilla de empleados? No mucho.
Milei deberá probar en las próximas semanas que puede persuadir a la política de que estas reformas son imprescindibles. No está claro que sólo el garrote vaya a funcionar, aunque esa parece ser la estrategia. “Milei está preocupado por sostener el consenso social y el económico o de los mercados, no tanto el político –asegura un ministro del gabinete nacional–. Él cree que si cede demasiado para conseguir el consenso político va a perder los otros dos”.
A pesar del fortísimo ajuste, que redujo salarios y le puso un freno a la actividad económica, es cierto que los índices de popularidad de Milei siguen altos, por encima del 50%, no importa cuál sea la encuesta que se mire. La apuesta del Gobierno es que sólo la mejora en los índices de inflación mantenga elevado el consenso social y en las próximas semanas termine por domar a la política. El problema es que la política es rápida en olfatear debilidad. Los tiempos corren

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El Pacto de Mayo, un giro pragmático de Milei
Sergio Berensztein

El presidente Milei sorprendió al país político hace una semana cuando convocó a firmar, el próximo 25 de mayo, un pacto basado en un conjunto de principios económicos, en especial fiscales y monetarios, y político-institucionales. Se trata de un importante cambio de rumbo en relación con la dinámica de dura confrontación que había caracterizado sus primeras once semanas de gestión y plantea un conjunto no menor de interrogantes de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué nivel de apoyo político y social logrará? ¿Podrá el gobierno finalmente avanzar en su agenda de estabilización y reformas estructurales? ¿Constituirá un punto de inflexión en la forma de administrar el poder en el país? ¿Estamos siendo testigos y protagonistas de un cambio en la cultura política argentina, hasta hoy recelosa y refractaria de los consensos, empezando por el propio presidente?
Luego del fracaso de la “Ley de bases” y de las dificultades que encontraba el DNU 70 para ser ratificado por el Congreso, el Poder Ejecutivo retoma la iniciativa y se muestra en principio más homogéneo. En el transcurso de las interminables negociaciones, los enviados del Presidente (sobre todo Guillermo Francos y Santiago Caputo) terminaban a menudo atrapados en circunstancias complejas que impedían ratificar en detalles prácticos los acuerdos alcanzados con los distintos bloques de diputados o gobernadores frente a los inflexibles criterios imperantes en el círculo íntimo presidencial.
En el nuevo escenario, el Gobierno está en condiciones de mejorar su coordinación interna y de ampliar (y hacer más efectivos) los canales de diálogo. Esto, por ejemplo, se facilita con la incorporación a las negociaciones de Nicolás Posse, el jefe de Gabinete de Ministros, a cargo de ejecutar el presupuesto, quien deberá concurrir en breve al Congreso para brindar sus informes regulares, según dispone el artículo 101 de la Constitución. En rigor, los ejes del Pacto de Mayo podrían servir como tablero de control para estructurar esas presentaciones, de forma tal de monitorear de manera periódica y en tiempo real los avances alcanzados.
Algo similar ocurre con Luis “Toto” Caputo, el ahora “superministro” de Economía, luego de absorber las funciones de Infraestructura y de controlar los millonarios fideicomisos en manos del Estado (que tenderán a disolverse). Desmintiendo a quienes suponían que se trataba de una nueva versión de Jorge Remes Lenicov, el primer titular de la cartera durante la crisis de 2001 bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, que quedó rápidamente desgastado luego de sincerar las principales variables económicas y fue reemplazado por Roberto Lavagna, Caputo está cada día más firme y comparte con el Presidente tanto una especial empatía personal como una absoluta coincidencia respecto del rumbo y el ritmo de las reformas. Mantiene asimismo contacto con los principales protagonistas del sistema financiero global, a los que conoce por su actividad profesional previa. Y hasta recompuso su relación con los organismos multilaterales de crédito, en especial el FMI, que había quedado dañada con su intempestiva salida del BCRA en agosto de 2018.
Mientras la comisión bicameral que tiene a su cargo la revisión de los DNU reclama la presencia de estos dos funcionarios claves, la nueva división de tareas dentro del gobierno entre “halcones” y “palomas” parece ahora más clara y podría facilitar no solo los canales de negociación sino la ejecución de lo que se logre acordar con las partes involucradas. Esto le facilita el trabajo a Francos: algunos gobernadores que reconocían su bonhomía y su “don de gentes” habían quedado frustrados luego de lo que consideraban inconducentes encuentros, en particular en el Consejo Federal de Inversiones. Para jugar eficazmente al “policía bueno” y al “policía malo”, los primeros necesitan mantener la credibilidad. No deja de sorprender, con todo, el uso aceptado de esta metáfora: supone que permite obtener mejores resultados en la interacción con sospechosos de crímenes.
Por otra parte, este nuevo escenario corrobora que detrás de cualquier acuerdo político suele haber algún tipo de contraprestación o compensación económica. En este caso, se trata de una nueva reformulación del impuesto a las ganancias, que en principio volvería a parecerse mucho al que estaba vigente antes de la reforma aprobada el año pasado en el contexto de la campaña electoral.
Algunos gobernadores tomaron distancia de la iniciativa, como Martín Llaryora, para quien la carga tributaria debería caer en los sectores de mayores ingresos. Sería interesante que esto terminara en una propuesta concreta que defina con precisión de quiénes se trataría y mediante qué impuestos se aumentaría la recaudación. Evidentemente, ni el gobierno nacional ni los mandatarios provinciales quieren asumir el costo político que esto implica. Sería una verdadera lástima que el país desaprovechase la oportunidad de debatir, consensuar e implementar una reforma tributaria integral pensada para incentivar la inversión y el crecimiento con umbrales mínimos de equidad y devolviendo a provincias y municipios el lugar que les corresponde para mejorar la eficiencia y el control del gasto. El mecanismo prevaleciente parece agotado: maximizar el gasto y minimizar la recaudación, con un Estado nacional fundido y entrometido en casi todos los renglones del gasto financiado con inflación a niveles subnacional y local. Asumir un papel activo modificaría la ecuación de poder entre los tres estratos de gobierno y alinearía los incentivos de los ciudadanos para controlar quiénes y cuánto gastan y en qué prioridades.
De todas formas, debe enfatizarse una singular paradoja: al Pacto de Mayo propone reducir de manera drástica el tamaño del Estado y llevarlo en torno de los 25 puntos del PBI que tuvo históricamente. Pero para firmarlo se dispone un incremento de la carga tributaria de alrededor de al menos 0,5% del PBI, que caerá sobre la castigada clase media, en especial los ya discriminados trabajadores autónomos.
Si bien en teoría el sistema democrático necesita y supone la existencia de mecanismos permanentes de formación de consensos que descansan en un proceso de deliberación ciudadana activo, plural e integrador, en la práctica eso nunca funcionó en la Argentina. Nuestra cultura política siempre se caracterizó por el imperio del personalismo, el decisionismo, los programas refundacionales y la lógica de la confrontación (valores y comportamientos propios de todas las fuerzas políticas, en todas las regiones y tanto en gobiernos civiles como militares), en contraste con la lógica de las instituciones, la continuidad y mejora gradual de las políticas públicas y la dinámica de los acuerdos. El giro pragmático que llevó a cabo Milei el viernes 1º de marzo implicaría una especie de salto del primer paradigma al segundo.
De todas formas, abundan los precedentes en este sentido, como ocurrió con el propio Perón, que volvió al país siendo “acuerdista” luego de su largo exilio; en la interacción entre el radicalismo y el peronismo renovador al inicio de la transición (que quedó de manifiesto en la crisis de Semana Santa de 1987); en el Pacto de Olivos, que propició la reforma constitucional de 1994; y, sobre todo, en la experiencia del Diálogo Argentino en plena crisis de 2001-02.
Curioso que un líder que tanto reniega del viejo orden partidocrático se encamine a poner en valor las escasas pero proteicas experiencias de acuerdos intraélites.

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