DUDAS Y OSVALDO GIORDANO

La oposición apunta al control de los fondos fiduciarios
El Presidente había prometido eliminar estas “cajas de la política”, pero luego decidió que las administre el ministro Caputo

Laura SerraLuis Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo, acumula cada vez más poder en el gabinete de Javier Milei. Tras absorber las funciones del Ministerio de Infraestructura, la cartera comandada por Caputo tomó por decreto el control de todos los fondos fiduciarios que, según el presupuesto vigente, concentran recursos y bienes del Estado por $3 billones. La oposición, en alerta, advirtió que este cambio de manos en la administración de estos fondos fiduciarios –hasta ahora a cargo de los bancos BICE y Nación– no garantiza una ejecución eficaz y transparente de sus recursos y teme que estos se destinen a contraer más deuda o a cubrir el rojo del Tesoro.
Los fondos fiduciarios suman en la actualidad una treintena. Fueron concebidos como una herramienta para optimizar el financiamiento de distintas políticas públicas –por ejemplo, la concreción de obras públicas o el desarrollo de proyectos productivos de los distintos ministerios–. Por esa razón orbitan por fuera del presupuesto nacional, justamente para esquivar la rigidez de los controles de la administración pública y gozar de mayor flexibilidad en la ejecución de los gastos.
Sin embargo, esta “flexibilidad” fue mal aprovechada por los distintos gobiernos, que convirtieron a los fondos fiduciarios en verdaderas “cajas negras” millonarias de las cuales no rendían cuentas sobre su ejecución.
Hace un mes, Milei había prometido que los eliminaría. “Voy a hacer un decreto que elimine todos los fideicomisos, eso pone nerviosos a muchos”, arremetió el Presidente luego de que la oposición rechazara, en el Congreso, el artículo de la ley ómnibus que le confería al Poder Ejecutivo amplias atribuciones para el manejo de dichos fondos.
Milei, sin embargo, debió dar marcha atrás con su promesa. Sucede que de los más de 30 fondos fiduciarios vigentes solo nueve pueden ser eliminados por decreto. Los restantes fueron creados por ley, por lo tanto solo pueden ser removidos por el Congreso.
Milei optó por la vía más expeditiva: dictó un decreto para que Economía maneje el circuito de los recursos de todos los fondos. Sugestivamente, no puso plazos: el decreto solo establece que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) debe realizar, en 60 días, una auditoría de gestión de los fondos fiduciarios, plazo prorrogable por otro similar.
Sospechas
Según trascendió del Ministerio de Economía, la intención de dicha auditoría es revisar estos fondos, detectar las eventuales irregularidades y desmantelar aquellos que constituyan fuentes de corruptelas. Hizo trascender, a manera de justificación, los supuestos desmanejos en el Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso creado para la urbanización de barrios populares que estaba a cargo de la referente social Fernanda Miño, del MTE, que responde al dirigente Juan Grabois.
Con este escándalo instalado mediáticamente como telón de fondo, el Gobierno desfinanció el FISU y justificó la decisión de cederle a Caputo el control de todos los fondos fiduciarios.
La oposición sospecha que el decreto en cuestión es puro gatopardismo: cambiar para que nada cambie. “Aquí el problema no es quién maneja los fondos fiduciarios, en definitiva siempre estuvo en manos del Poder Ejecutivo a través del Banco Nación o el BICE. Acá la cuestión es qué destino van a tener esos recursos a partir del decreto del Poder Ejecutivo y qué garantía de transparencia tendrá esa ejecución –enfatizó el diputado Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal)–. Da la casualidad de que hay dos fondos fiduciarios que asisten financieramente a las provincias y solventan obras públicas en el interior. ¿Qué va a hacer Caputo con esos fondos?”.
Desde la Coalición Cívica, la diputada María Victoria Borrego también planteó sus reparos. En un proyecto de ley propone crear un marco regulatorio de los fondos fiduciarios para evitar, justamente, el manejo discrecional de sus recursos por parte de los gobiernos de turno. Para ello, insiste, solo deben funcionar aquellos que sean creados por ley, previa evaluación de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
“La falta de normativa específica y clara sobre los fideicomisos genera múltiples excepciones, falta de transparencia y hasta manejo discrecional de fondos públicos. Mientras no haya una ley regulatoria, estas prácticas podrían continuar, más allá de quién sea el ministro de Economía de turno”, alegó la legisladora.
La diputada Silvana Giudice, de Pro –bloque cercano al oficialismo–, cree que es positivo que el manejo de los fondos fiduciarios esté concentrado en el Ministerio de Economía: es más, en un proyecto propone que los excedentes presupuestarios de los fondos fiduciarios y sus remanentes sean utilizados para atender las urgencias de los sectores sociales más vulnerables.
“Es importante darle las herramientas al Presidente para que el ajuste no lo tengan que pagar los jubilados ni los trabajadores. Hay fondos de disponibilidad inmediata, excedentes presupuestarios y remanentes en la mayoría de los 29 fondos fiduciarios capitalizables por el Estado que podrían ser rápidamente redireccionados para que el Poder Ejecutivo los utilice en la atención de las necesidades más urgentes de la población”, sostuvo la legisladora, quien, en su iniciativa, propone además la creación de una auditoría integral que controle no solo la ejecución de los fondos, sino que sus recursos definitivamente lleguen a los beneficiarios

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Osvaldo Giordano. “Cuando vimos los números, era claro que había un problema”
El exfuncionario ordenó no renovar el contrato con la aseguradora de Nación; desde el Gobierno no lo llamaron después de que se develó la trama 

Gabriela OrigliaEl extitular de la Anses Osvaldo Giordano
Osvaldo Giordano estuvo dos meses al frente de la Anses. El presidente Javier Milei lo echó porque su pareja, la diputada nacional Alejandra Torres, votó en contra algunos tramos del proyecto de la ley ómnibus. En ese período al frente del organismo previsional, ordenó no renovar el contrato con Nación Seguros que le costaba al Estado unos $20.000 millones al año. Y destapó un escándalo que no para de crecer, que derivó en denuncias penales por fraude, malversación y abuso de autoridad contra los exfuncionarios de Alberto Fernández en el organismo y contra el propio expresidente. “Cuando vimos los números, era claro que había un problema”, dijo Giordano
La denuncia penal del Gobierno, presentada por el Ministerio de Capital Humano, la Anses y Nación Seguros, apunta principalmente a Federico Alejandro D’Angelo Campos, exdirector general de operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, pero alcanza a cualquier persona o entidad que haya participado en posibles actividades delictivas. La nota de D’Angelo Campos en la que se ordenaba designar a San Ignacio Productores de Seguros y TG Broker como organizadores de contratos de seguros no estaba en el circuito electrónico de Anses, confirmó Giordano a este diario.
–¿Qué les hizo sospechar de las contrataciones con Nación Seguros?
–En la Anses no teníamos información que explicara la trama por detrás del contrato. Vimos los números y detectamos que este era uno de los problemas que teníamos. Lo que hice fue pedir una comparación del costo con los autoseguros, que era lo que hacía antes. Lo que se hizo fue medir lo que costaba Nación Seguros y lo que nos costaría hacerlo nosotros. Era simple, dos columnas de un Excel; se comparó y la brecha era del 40%.
–¿Fue entonces la orden de darlo de baja?
–No darlo de baja sino comunicar a Nación Seguros que no se renovaba e inmediatamente empezar a organizar el autoseguro. El acuerdo vencía a finales de febrero. Estábamos en ese proceso cuando apareció la trama respecto de qué es lo que hacía Nación Seguros con lo que recibía.
–¿Le llamó la atención la decisión de Fernández de contratar todo con Nación Seguros?
–El decreto era general para todas las reparticiones públicas; en el caso de la Anses pasó que rompía una tradición. Siempre se habían hecho autoseguros. La designación del broker lo hizo D’Angelo Campos con una nota que no estaba en el circuito electrónico. La firmó y estaba en Nación Seguros. Eso sí era raro.
–¿Se mantuvo la decisión después de que lo echaron?
–Sí, entiendo que sí. Había algunos en la Anses que sugerían que tratáramos de negociar mejores números pero es muy complejo definir cuál es un precio razonable o no. No es un seguro tan simple, es gente de edad alta. Lo otro era más simple: comparar costos y, al ver la brecha, resolver. No soy un experto en seguros, pero intuía que el autoseguro era mejor en casos en donde hay cientos de miles de créditos. No es que la respuesta mejor siempre sea el autoseguro. En la escala de Anses, es lo lógico.
–Dijo que era uno de los tantos problemas que tenían, ¿cuáles eran los otros?
–Desde el punto de vista administrativo fue muy complejo el tema de recursos humanos. Dimos 510 bajas; el área de recursos humanos estaba “tomada por los muchachos”. Demoramos bastante en identificar y notificar. Además, había contratos de todo tipo. Hay mucho por hacer, como corregir los pagos que se hacen con el Correo Argentino, que es muy obsoleto cuando la gente en su mayoría ya usa billetera electrónica; también hay que mejorar el proceso de verificación del colegio y de la atención sanitaria de los chicos para la AUH. Son millones de personas dando vueltas con papelitos; es un desgaste enorme. Hay oportunidad de mejora por todos lados.
–¿La reforma previsional?
–Es otro nivel. Ya no depende de la Anses; el organismo puede y tiene que aportar la mejor información para que se conozca la situación, pero los cambios y la organización del sistema no corresponden a la Anses.
–¿Lo llamaron desde el Gobierno después de que saltó el escándalo?
–No.

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