EDITORIALES

Fraudes estadísticos: otro millonario legado kirchnerista
El peso de nuestra Justicia debería recaer sobre los desaciertos de funcionarios que, por manipular datos del Indec, le ocasionaron graves daños al país
Si los errores se pagan, los que comete una gestión gubernamental los pagamos todos.Lamentablemente, en este mundo globalizado los desaciertos locales trascienden las fronteras y comprometen el patrimonio nacional. Así quedó demostrado con el fallo al que nos condujo la torpe inoperancia de Axel Kicillof en el juicio por la expropiación de las acciones de YPF. Argumentar ruidosamente para la tribuna que sería “estúpido” cumplir la ley de la propia YPF o respetar sus estatutos nos costó más de US$ 16.000 millones.
Como confirmando que la lista de daños puede no parar de crecer, en estos días supimos que, en un fallo de segunda instancia, un tribunal británico determinó que la Argentina debe depositar antes del 5 de abril en Londres unos 337 millones de dólares en concepto de fianza por alteración de las cifras del Indec para reducir el monto de intereses a pagar durante la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La demanda se inició en 2019 y nuestro país apeló un primer fallo en abril de 2023. El monto de indemnización reclamado por cuatro fondos –HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC, Virtual Emerald International Ltd. y Palladian Partners– asciende a 1500 millones de dólares en función de las pérdidas sufridas por haber distorsionado los valores ligados al crecimiento del país. Según la agencia Bloomberg, depositar el referido monto en una cuenta fiduciaria será solo el primer paso para quedar en condiciones de apelar la medida.
Créase o no, los responsables vuelven a ser el estelar Axel Kicillof y el violento Guillermo Moreno. El Indec estuvo intervenido entre 2007 y 2015.
Disfrazar la inflación pasó a ser un ejercicio cotidiano, en particular el Índice de Precios al Consumidor, que claramente condujo también a falsos guarismos sobre el crecimiento de la pobreza. Para aquel entonces, en 2013, siendo ministro de Economía, Kicillof señalaba que medir la pobreza era “estigmatizante”, aunque nada dijo sobre el impacto de multiplicarla. Y así se dejaron de publicar esos datos.
En un intento de evitar pagar el cupón que correspondía a la reestructuración de la deuda de 2005, el tan creativo como irresponsable funcionario, dilecto admirador de Cristina Kirchner, había resuelto también cambiar el año base para calcular el crecimiento del PBI. Se había buscado convencer de ingresar al canje de la deuda a los acreedores promesolicitado un adicional por cada año en el que la Argentina registrara un crecimiento superior al 3%. Qué mejor que ocultar fraudulentamente la más mínima mejora para evitar pagar, una actitud tan cínica como habitual entre funcionarios de baja estofa capaces de creer que el mundo funciona según sus burdas chicanas y maniobras de cabotaje.
Hoy, irritado ante la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, escuchamos reflexionar al gobernador bonaerense sesudamente respecto de que “si cada uno se tiene que arreglar con lo que tiene, nos invita a una sociedad espantosa, a un país en estado de disolución”. En relación con el conflicto entre el gobierno nacional y las provincias, quien no dudó en falsear estadísticas con oscuros fines sigue dando cátedra de ejemplaridad y reclamando racionalidad al afirmar que “el Gobierno viene manoteando recursos de las provincias y parece no estar dispuesto a cumplir con sus responsabilidades y obligaciones”. Curiosamente, uno de los abogados ligados al embargo sufrido por la Fragata Libertad en 2012, Dennis Hranitzky, integra el poderoso estudio que representa a los demandantes. Estiman que sería poco probable que nuestro país pague voluntariamente y prevén que se intente obstruir y retrasar la ejecución. Expertos analistas refieren que una serie de eventos en tribunales internacionales podrían continuar jaqueando nuestras ya castigadas finanzas públicas. Los atribulados ciudadanos debemos exigir que el peso de nuestra Justicia caiga también sobre los responsables de tan millonarios desaciertos.
Un tribunal británico determinó que la Argentina debe depositar antes del 5 de abril unos 337 millones de dólares en concepto de fianza por alteración de las cifras del Indec para reducir el monto de intereses a pagar durante la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner

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Injustificadas detenciones

La detención dispuesta por la Justicia de Jujuy de dos hombres que postearon en redes sociales mensajes referidos a una supuesta infidelidad de la esposa del exgobernador provincial Gerardo Morales ha provocado justificables cuestionamientos entre expertos en derecho.
Nahuel Morandini fue arrestado por publicar un tuit en el que formuló un comentario ofensivo hacia la mujer del exgobernador jujeño, en tanto Roque Villegas fue detenido por repostear en su cuenta de Facebook mensajes sobre la mencionada supuesta infidelidad. Ambos permanecieron en prisión durante 53 días, acusados por lesiones psicológicas a la esposa de Morales y afectación a la identidad de su hija.
Avanzada la causa, el fiscal introdujo contra Morandini una conversación que este mantuvo en un grupo privado de WhatsApp, en la que daría por cierta la infidelidad. De igual modo, la Justicia jujeña había la captura de una mujer, Lucía González, que también había comentado en WhatsApp el citado rumor.
Distintos especialistas en derecho penal y constitucional, como Alejandro Carrió, han sostenido que no debería utilizarse el derecho penal para castigar conductas que, de haber provocado algún daño, deberían ser juzgadas de acuerdo con el derecho civil, que permite reparar el perjuicio mediante indemnizaciones. En tal sentido, consideró “una enormidad” que ambas personas hayan sido privadas de su libertad, algo que juzgó inconstitucional, al tiempo que las imputaciones resultarían “desmedidas”. La constitucionalista María Angélica Gelli coincidió en que la prisión preventiva dispuesta constituye “una exageración”.
Tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han determinado que cuando el ejercitiéndoles cio de la libertad de expresión afecta derechos de terceros, violando su honor, la responsabilidad ulterior debe ser primordialmente civil y solo excepcionalmente penal. En la Argentina, tanto la calumnia como la injuria han sido despenalizadas, por lo que pueden ser pasibles de multas, pero no de prisión.
El exgobernador Morales sostuvo que estamos ante “una conspiración” para dañarlo a él y a su familia, y que el delito en cuestión no es el de tuitear, sino que se relaciona con “la organización, planificación y divulgación de acciones que ha llevado adelante un grupo de personas para instalar la infamia” y “para tornar incierta” la identidad de su hija.
Si bien ningún derecho puede ser absoluto y no corresponde escudarse en la libertad de expresión para calumniar o injuriar, es preciso señalar que la criminalización de la libertad de expresión no resulta admisible y representa un grave peligro para las instituciones.

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