Para Milei, la inflación se va a “derrumbar como un piano”
Aseguró que los precios seguirán el rumbo del dólar; aceptó dialogar con Kicillof a pesar de las críticas del bonaerense
El presidente Javier Milei aseguró ayer que los gobernadores se resistieron a reducir el déficit, pero se mostró a favor de “hablar con todos”, incluso el bonaerense Axel Kicillof, quien hoy participará de la cumbre de mandatarios.
El Presidente aseguró que la “corrupción” que encontró en el Estado es “mucho más de lo que la gente imagina”. “A mí no me sorprendió”, remató. Luego, al realizar un balance de sus primeros meses, Milei consideró un error haber creído que “podía negociar de buena fe con los gobernadores”.
El Presidente aseguró que había intentado equilibrar las cuentas de las provincias. “Nosotros estábamos dando un punto del PBI para que las provincias equilibraran las finanzas hablaban de ir al déficit cero pero aumentando el gasto público y empezaron a tocar partidas que aumentaban el gasto público y nos llevaba a la hiperinflación”, detalló.
“El círculo rojo sigue leyendo las cosas de manera incorrecta, con los ojos del pasado y leyó nuestra decisión frente a las provincias como una derrota para nosotros, pero era una derrota de las provincias”, expresó. Al ser consultado sobre las críticas del gobernador Axel Kicillof por los fondos para el incentivo docente, Milei lo acusó de “mentir”. “El dinero es fungible, en lugar de poner tanta plata en C5N, en vez de usarla para financiar el aparato de propaganda contra el Gobierno, podría usarla para pagar sueldos”, contrastó.
De todas formas, Milei dijo que no tiene problemas en reunirse con Kicillof, porque asume su papel “como un trabajo”. “Como Presidente estoy obligado a hablar con todos”, explicó.
Luego reconoció que cometió un error al asegurar que el gobierno Alberto Fernández había gastado excesivamente en champagne. “Me llamó Alberto por lo del champagne, me contó que es abstemio, entonces me comí una fake news, validé que era abstemio y pedí disculpas”, admitió.
Milei también reconoció que le pidió a Martín Menem dar marcha atrás con el aumento de las dietas de los legisladores. “Que no me vengan con que la están pasando mal porque hay muchísima gente peor: el 60% de la Argentina es pobre”, argumentó.
El Presidente pronosticó una baja de los precios. Y justificó con ese objetivo el fuerte ajuste que se aplica sobre el gasto público. “Necesitamos frenar la hiperinflación como sea. Eso implicaba un fuerte ajuste fiscal para cortar el grifo de la emisión fiscal. Y como no teníamos reservas, necesitamos hacer un sinceramiento cambiario. Por eso aplicamos un apretón monetario muy fuerte”, dijo Milei.
En ese contexto, interpretó como un indicador muy positivo si la inflación de febrero ronda el 15%, porque incluye el impacto de los aumentos en las prepagas, el combustible y el transporte. “Si ahora la inflación está en torno al 15%, si le restas el efecto de las prepagas, del transporte y el arrastre estadístico, la inflación estaría muy cerca del dígito”, argumentó.
“En algún momento, la inflación se va a derrumbar como un piano”, auguró. Y repitió que tras el saneamiento del Banco Central se levantará el cepo.
Consultado por el impacto de esa inflación sobre los sectores más empobrecidos, Milei reconoció que “este mes va a ser difícil”, pero afirmó que el Gobierno aumentó el gasto social: “Estamos duplicando la AUH, la Tarjeta Alimentar, la asistencia a las mujeres embarazadas, hemos duplicado la ayuda escolar y estamos poniendo en marcha un plan para quienes no pueden pagar la cuota del colegio”. Reiteró su idea de enviar un proyecto de ley para penalizar la emisión para cubrir el déficit. Y, sobre ese tema, consideró que “el anterior fue un gobierno de delincuentes, pero es un tipo de delitos que no está penado”. Milei reiteró que intentará privatizar empresas públicas. “No debería quedar nada en manos del Estado”, enfatizó.
Sobre una eventual fusión con Mauricio Macri y Pro, dijo que tiene una “excelente” relación con el expresidente y que la confluencia tiene que “surgir naturalmente”. También elogió a Cristian Ritondo, Patricia Bullrich y Luis Petri. En cambio, marcó diferencias con Horacio Rodríguez Larreta: “Cree en cosas que son parte del fracaso de la Argentina”. “No tomó nota de que perdió por la interna por paliza”, ahondó. Milei fue también muy crítico de Gerardo Morales, exgobernador de Jujuy, por el caso de los tuiteros detenidos por hablar de una supuesta infidelidad de su esposa. “Larreta tenía de candidato a vice a Morales y me gustaría que se manifieste sobre los dos chicos que estuvieron presos 50 días porque le dijeron cornudo a Morales”, agregó. “¿Y dónde está el republicanismo de (Martín) Lousteau? No lo vi pronunciarse”. Al tiempo que aseguró que sufrió censura en Jujuy.
Presidente
“en algún momento, la inflación se va a derrumbar como un piano”
“el gobierno anterior fue un gobierno de delincuentes”
“todo lo que podamos privatizar lo vamos a privatizar”
“el círculo rojo sigue leyendo las cosas de manera incorrecta, con los ojos del pasado”
“Los gobernadores buscaban llevarse dos puntos del pBi y empezaron a tocar partidas que aumentaban el gasto público”
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
En la ciudad la inflación bajó más de 7 puntos: 14,1% en febrero
Combustibles, transporte y prepagas impulsaron el indicador
Maia Jastreblansky
El jefe de Gabinete, Nicolás Posse
La inflación en la ciudad de Buenos Aires en febrero fue de 14,1%, más de siete puntos porcentuales menos que en enero, aunque se mantiene por encima del peor número de 2023, según informó la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad. Los rubros que más impulsaron el alza fueron salud (21,1%), por los ajustes en las prepagas, y transporte (21%), por los aumentos de combustibles y del boleto de colectivo. En el primer bimestre la inflación porteña acumula un 38,9%. Puede ser un anticipo del índice nacional.
Dos organismos que hace diez días pasaron formalmente a la órbita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, avanzaron en las últimas horas con un envío grueso de telegramas de despido. El Gobierno desvinculó, con argumentos operativos y políticos, a 200 trabajadores de AySA y a 50 funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). En sintonía con la “motosierra” que constantemente declama Javier Milei, en el Gobierno dicen que se desvincularon empleados que “no cumplían sus tareas”, además de apartar a funcionarios que venían de la gestión anterior.
La baja de contratos en esas estructuras se inscribe en una serie de recortes de personal en distintas sociedades del Estado, que la gestión libertaria pretende ajustar, ya sea para reducir gastos o para prepararlas para una eventual privatización. En la Administración General de Puertos (AGP) hubo 140 despidos en los últimos días. Y en Aerolíneas Argentinas, se abrió un proceso de retiros voluntarios.
En otras sociedades del Estado del área de transporte, como Trenes Argentinos (que tiene alto déficit), ya comenzaron los movimientos internos para ajustar el personal en distintas áreas. Y aún resta conocer lo que pasará con Corredores Viales, que días atrás pasó a la órbita de Posse. En la página web de esa empresa –que gestiona las rutas concesionadas– aún figura como presidente Gonzalo Atanasof, que fue designado presidente de Loterías de la provincia de Buenos Aires.
Un caso aparte es el de Télam, cuyos 700 empleados fueron licenciados por una semana cuando aún el Gobierno no tenía definido, desde lo jurídico, el futuro de la agencia de noticias estatal.
Contratos por 90 días
Los ajustes de personal en las sociedades del Estado son el preludio de una guadaña mucho más importante que se prevé en la administración nacional para fines de este mes.
Es que en todo el Estado hay empleados que a fin de año renovaron sus contratos solo por 90 días y ese período culmina a fines de marzo. El decreto 84/2023 del 23 de diciembre había fijado la caída de todos los contratos de los estatales que habían iniciado sus funciones durante el año pasado, una medida que impactó en unos 7000 trabajadores.
La segunda parte de ese decreto fijó que el resto de los empleados con modalidad de contrato (los que no integran la planta permanente) renovaría su situación por tres meses y sería sometido a un “relevamiento exhaustivo” para que las autoridades evalúen, caso por caso, la continuidad de sus contrataciones.
En todos los ministerios y organismos, los funcionarios de Milei vienen auditando a sus recursos humanos para detectar qué funciones cumplen sus empleados y si asisten a trabajar. Lo que se espera, según distintas fuentes oficiales, es una nueva tanda de bajas masivas en todos los niveles.
“Son varios miles los que se van a ir. Si asisten a su trabajo y tienen tareas asignadas, se quedan. Los que no laburan, se van”, anticipó a un funcionario de la Casa la nacion Rosada que, sin embargo, no pudo detallar cuántos empleados públicos serían cesanteados.
Danza de nombres
En la gestión de Milei, el ajuste del personal avanza rápido mientras la designación de las autoridades superiores (sobre todo subsecretarios) y los funcionarios ejecutivos de alto nivel (directores y coordinadores) en muchas áreas se da a cuentagotas.
Los despidos que se conocieron esta semana en AySA y Enacom combinaron desplazamientos por motivos políticos con cesantías que el Gobierno justificó por presuntas inasistencias o mala conducta. Son dos áreas que en la gestión del Frente de Todos estaban bajo la influencia de Sergio Massa.
En distintas empresas públicas y organismos que dependían del extinto Ministerio de Infraestructura, en tanto, quedaron al frente funcionarios del gobierno de Alberto Fernández que se ajustaron a los nuevos tiempos políticos. En AySA, luego de la corta estadía de Marcelo Papandrea al frente de la empresa en los papeles, lo sucedió como presidente su segundo, Oscar Ferrari.
Pero, tal como publicó
en las cuestiones operativas diarias –en el ajuste de personal y de los recursos– tiene fuerte injerencia Eduardo Endeiza, director general administrativo y operativo de AySA, que supo trabajar para Massa en la Secretaría de Finanzas que comandaba Eduardo Setti. Antes de eso, trabajó en el Senado.
En la Casa Rosada informaron que las 200 cesantías en AySA obedecieron a “personas que presentaban una situación laboral irregular”: ocupaban puestos directivos políticos, no cumplían con sus tareas o contaban con inasistencias injustificadas”.
Respecto a Enacom, el Gobierno desvinculó a 50 funcionarios de la gestión anterior que se desempeñaban como titulares de las delegaciones en las distintas provincias del país. El organismo está intervenido por 180 días con el mandato de hacer una fiscalización. Al frente de esa tarea revisora fue nombrado Juan Martín Ozores, que viene de la actividad privada. Como interventores adjuntos, el Gobierno designó a Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, dos personas de carrera que ya cumplieron funciones en el ente, tanto en la gestión de Mauricio Macri como en el gobierno anterior, cuando el organismo era conducido por Claudio Ambrosini, un hombre fuerte del massismo.
La gestión libertaria tiene como materia pendiente llenar casilleros en organismos que tienen delegaciones en todo el país (como la Anses, el PAMI o Enacom), con amplia llegada territorial. Es una herramienta siempre muy valorada por los gobiernos de turno, que encuentran en esas oficinas un método de pago político o de llegada directa a las provincias con tropa propia. Todavía hay tensiones internas en la cúpula del Gobierno entre quienes quieren darle esa utilidad política y quienes pulsean por nombrar a personal de carrera.
Respecto a los despidos, otras empresas del Estado están haciendo un trabajo de relevamiento del personal para avanzar con los recortes. En Trenes Argentinos (OFSE) hubo pedidos en distintas áreas para responder a la motosierra de Milei. En esa empresa, que ahora quedó en el organigrama del Ministerio de Economía, se dio una metamorfosis llamativa. Su anterior titular, Martín Marinucci (hombre del massismo), fue reemplazado por quien era uno de sus subordinados, Luis Luque.
Hasta 2021, Luque fue concejal del Frente Renovador en San Miguel. Pero ahora debe ajustar su estructura para responder a la máxima libertaria.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
La Casa Rosada no envió a funcionarios para defender el DNU
La comisión bicameral volvió a citarlos para que asistan la semana próxima
La inflación en la ciudad de Buenos Aires en febrero fue de 14,1%, más de siete puntos porcentuales menos que en enero, aunque se mantiene por encima del peor número de 2023, según informó la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad. Los rubros que más impulsaron el alza fueron salud (21,1%), por los ajustes en las prepagas, y transporte (21%), por los aumentos de combustibles y del boleto de colectivo. En el primer bimestre la inflación porteña acumula un 38,9%. Puede ser un anticipo del índice nacional.
Dos organismos que hace diez días pasaron formalmente a la órbita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, avanzaron en las últimas horas con un envío grueso de telegramas de despido. El Gobierno desvinculó, con argumentos operativos y políticos, a 200 trabajadores de AySA y a 50 funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). En sintonía con la “motosierra” que constantemente declama Javier Milei, en el Gobierno dicen que se desvincularon empleados que “no cumplían sus tareas”, además de apartar a funcionarios que venían de la gestión anterior.
La baja de contratos en esas estructuras se inscribe en una serie de recortes de personal en distintas sociedades del Estado, que la gestión libertaria pretende ajustar, ya sea para reducir gastos o para prepararlas para una eventual privatización. En la Administración General de Puertos (AGP) hubo 140 despidos en los últimos días. Y en Aerolíneas Argentinas, se abrió un proceso de retiros voluntarios.
En otras sociedades del Estado del área de transporte, como Trenes Argentinos (que tiene alto déficit), ya comenzaron los movimientos internos para ajustar el personal en distintas áreas. Y aún resta conocer lo que pasará con Corredores Viales, que días atrás pasó a la órbita de Posse. En la página web de esa empresa –que gestiona las rutas concesionadas– aún figura como presidente Gonzalo Atanasof, que fue designado presidente de Loterías de la provincia de Buenos Aires.
Un caso aparte es el de Télam, cuyos 700 empleados fueron licenciados por una semana cuando aún el Gobierno no tenía definido, desde lo jurídico, el futuro de la agencia de noticias estatal.
Contratos por 90 días
Los ajustes de personal en las sociedades del Estado son el preludio de una guadaña mucho más importante que se prevé en la administración nacional para fines de este mes.
Es que en todo el Estado hay empleados que a fin de año renovaron sus contratos solo por 90 días y ese período culmina a fines de marzo. El decreto 84/2023 del 23 de diciembre había fijado la caída de todos los contratos de los estatales que habían iniciado sus funciones durante el año pasado, una medida que impactó en unos 7000 trabajadores.
La segunda parte de ese decreto fijó que el resto de los empleados con modalidad de contrato (los que no integran la planta permanente) renovaría su situación por tres meses y sería sometido a un “relevamiento exhaustivo” para que las autoridades evalúen, caso por caso, la continuidad de sus contrataciones.
En todos los ministerios y organismos, los funcionarios de Milei vienen auditando a sus recursos humanos para detectar qué funciones cumplen sus empleados y si asisten a trabajar. Lo que se espera, según distintas fuentes oficiales, es una nueva tanda de bajas masivas en todos los niveles.
“Son varios miles los que se van a ir. Si asisten a su trabajo y tienen tareas asignadas, se quedan. Los que no laburan, se van”, anticipó a un funcionario de la Casa la nacion Rosada que, sin embargo, no pudo detallar cuántos empleados públicos serían cesanteados.
Danza de nombres
En la gestión de Milei, el ajuste del personal avanza rápido mientras la designación de las autoridades superiores (sobre todo subsecretarios) y los funcionarios ejecutivos de alto nivel (directores y coordinadores) en muchas áreas se da a cuentagotas.
Los despidos que se conocieron esta semana en AySA y Enacom combinaron desplazamientos por motivos políticos con cesantías que el Gobierno justificó por presuntas inasistencias o mala conducta. Son dos áreas que en la gestión del Frente de Todos estaban bajo la influencia de Sergio Massa.
En distintas empresas públicas y organismos que dependían del extinto Ministerio de Infraestructura, en tanto, quedaron al frente funcionarios del gobierno de Alberto Fernández que se ajustaron a los nuevos tiempos políticos. En AySA, luego de la corta estadía de Marcelo Papandrea al frente de la empresa en los papeles, lo sucedió como presidente su segundo, Oscar Ferrari.
Pero, tal como publicó
en las cuestiones operativas diarias –en el ajuste de personal y de los recursos– tiene fuerte injerencia Eduardo Endeiza, director general administrativo y operativo de AySA, que supo trabajar para Massa en la Secretaría de Finanzas que comandaba Eduardo Setti. Antes de eso, trabajó en el Senado.
En la Casa Rosada informaron que las 200 cesantías en AySA obedecieron a “personas que presentaban una situación laboral irregular”: ocupaban puestos directivos políticos, no cumplían con sus tareas o contaban con inasistencias injustificadas”.
Respecto a Enacom, el Gobierno desvinculó a 50 funcionarios de la gestión anterior que se desempeñaban como titulares de las delegaciones en las distintas provincias del país. El organismo está intervenido por 180 días con el mandato de hacer una fiscalización. Al frente de esa tarea revisora fue nombrado Juan Martín Ozores, que viene de la actividad privada. Como interventores adjuntos, el Gobierno designó a Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, dos personas de carrera que ya cumplieron funciones en el ente, tanto en la gestión de Mauricio Macri como en el gobierno anterior, cuando el organismo era conducido por Claudio Ambrosini, un hombre fuerte del massismo.
La gestión libertaria tiene como materia pendiente llenar casilleros en organismos que tienen delegaciones en todo el país (como la Anses, el PAMI o Enacom), con amplia llegada territorial. Es una herramienta siempre muy valorada por los gobiernos de turno, que encuentran en esas oficinas un método de pago político o de llegada directa a las provincias con tropa propia. Todavía hay tensiones internas en la cúpula del Gobierno entre quienes quieren darle esa utilidad política y quienes pulsean por nombrar a personal de carrera.
Respecto a los despidos, otras empresas del Estado están haciendo un trabajo de relevamiento del personal para avanzar con los recortes. En Trenes Argentinos (OFSE) hubo pedidos en distintas áreas para responder a la motosierra de Milei. En esa empresa, que ahora quedó en el organigrama del Ministerio de Economía, se dio una metamorfosis llamativa. Su anterior titular, Martín Marinucci (hombre del massismo), fue reemplazado por quien era uno de sus subordinados, Luis Luque.
Hasta 2021, Luque fue concejal del Frente Renovador en San Miguel. Pero ahora debe ajustar su estructura para responder a la máxima libertaria.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
La Casa Rosada no envió a funcionarios para defender el DNU
La comisión bicameral volvió a citarlos para que asistan la semana próxima
Gustavo Ybarra
Tras el desplante del Poder Ejecutivo, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo volvió a citar, ahora para el jueves próximo, a un grupo de funcionarios del Gobierno, encabezados por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para que expliquen las razones y fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 de desregulación de la economía.
La decisión se adoptó después de un arduo debate en el que el oficialismo libertario, con el aval de los representantes de Pro que integran la comisión, resistió los embates del kirchnerismo, que acusó a ambas fuerzas políticas de aplicar maniobras dilatorias para no discutir el DNU del gobierno de Javier Milei y volvió a la carga con su intención de impulsar su rechazo del decreto en los recintos de ambas cámaras legislativas, único mecanismo legal para dejar sin efecto este tipo de instrumentos jurídicos.
De hecho, en un intento por acelerar los tiempos y dar por terminada la discusión en la comisión, la dotación kirchnerista presentó un dictamen de rechazo al DNU 70/23 por “inconstitucional y nulo de nulidad absoluta”, según argumentó el diputado massista Ramiro Gutiérrez.
La semana pasada, la comisión bicameral había votado citar a un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo. Además de Posse y Caputo, la nómina estaba integrada por el ministro de Salud, Mario Russo, y a los secretarios de Transformación del Estado, Armando Guibert; de Agricultura, Fernando Vilella; de Trabajo, Omar Yasin, entre otros.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo hizo oídos sordos al pedido y provocó el reclamo airado desde varios sectores de la oposición. Tras recordarle al presidente de la comisión, el senador libertario Juan Caros Pagotto, que se había jactado la semana pasada de que la bicameral no invitaba sino que citaba a funcionarios, la diputada kirchnerista Vanesa Siley insistió con la postura de Unión por la Patria. “Los plazos (legales) están vencidos, vayan al recinto” a discutir el DNU, exigió.
“El control ex post no es la función constitucional de esta comisión”, argumentó Siley para rechazar la pretensión de los bloques de la oposición dialoguista discutir el DNU 70/23 en la bicameral. Sin embargo, varios minutos después otra representante del kirchnerismo, la diputada Carolina Gaillard, la contradijo al reconocer que “es verdad que se pueden discutir y que los plazos no son perentorios, pero el DNU 70 tiene vigencia y está generando efectos”.
A la queja por la ausencia de los funcionarios se sumó el diputado Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal), quien le reprochó al oficialismo “discutir formalidades” en vez de avanzar con el DNU de Milei. “Si Posse o Caputo estaban ocupados por la reunión con (la reunión de este viernes con) los gobernadores, había 4 o 5 funcionarios más que podrían haber venido”, destacó, antes de preguntar: ”¿Qué, todos tienen problemas de agenda?”.
Massot fue el autor de la moción de volver a citar a los funcionarios reclamados la semana pasada. Pidió hacerlo el martes, pero al final del debate se acordó hacerlo para el jueves próximo. Un grupo de legisladores había elevado una nota para analizar los más de 130 decretos de necesidad y urgencia que quedaron sin tratamiento desde el gobierno de Mauricio Macri y, en particular, los de la administración de Alberto Fernández.
Las críticas y cuestionamientos de la oposición fueron rebatidos por el diputado libertario Nicolás Mayoraz, quien destacó la contradicción del kirchnerismo de impulsar iniciativas en la comisión al mismo tiempo que se reserva el derecho a iniciar acciones legales para impugnar la integración de la comisión. El diputado Hernán Lombardi (Pro) avaló la postura del oficialismo y le recordó al kirchnerismo que mantuvo cerrada la comisión durante los últimos dos años. El radicalismo también manifestó su malestar por la ausencia de los funcionarios. “No hay que ser paranoico”, afirmó, en dirección a los legisladores de La Libertad Avanza, el diputado Francisco Monti.
Tras el desplante del Poder Ejecutivo, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo volvió a citar, ahora para el jueves próximo, a un grupo de funcionarios del Gobierno, encabezados por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para que expliquen las razones y fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 de desregulación de la economía.
La decisión se adoptó después de un arduo debate en el que el oficialismo libertario, con el aval de los representantes de Pro que integran la comisión, resistió los embates del kirchnerismo, que acusó a ambas fuerzas políticas de aplicar maniobras dilatorias para no discutir el DNU del gobierno de Javier Milei y volvió a la carga con su intención de impulsar su rechazo del decreto en los recintos de ambas cámaras legislativas, único mecanismo legal para dejar sin efecto este tipo de instrumentos jurídicos.
De hecho, en un intento por acelerar los tiempos y dar por terminada la discusión en la comisión, la dotación kirchnerista presentó un dictamen de rechazo al DNU 70/23 por “inconstitucional y nulo de nulidad absoluta”, según argumentó el diputado massista Ramiro Gutiérrez.
La semana pasada, la comisión bicameral había votado citar a un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo. Además de Posse y Caputo, la nómina estaba integrada por el ministro de Salud, Mario Russo, y a los secretarios de Transformación del Estado, Armando Guibert; de Agricultura, Fernando Vilella; de Trabajo, Omar Yasin, entre otros.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo hizo oídos sordos al pedido y provocó el reclamo airado desde varios sectores de la oposición. Tras recordarle al presidente de la comisión, el senador libertario Juan Caros Pagotto, que se había jactado la semana pasada de que la bicameral no invitaba sino que citaba a funcionarios, la diputada kirchnerista Vanesa Siley insistió con la postura de Unión por la Patria. “Los plazos (legales) están vencidos, vayan al recinto” a discutir el DNU, exigió.
“El control ex post no es la función constitucional de esta comisión”, argumentó Siley para rechazar la pretensión de los bloques de la oposición dialoguista discutir el DNU 70/23 en la bicameral. Sin embargo, varios minutos después otra representante del kirchnerismo, la diputada Carolina Gaillard, la contradijo al reconocer que “es verdad que se pueden discutir y que los plazos no son perentorios, pero el DNU 70 tiene vigencia y está generando efectos”.
A la queja por la ausencia de los funcionarios se sumó el diputado Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal), quien le reprochó al oficialismo “discutir formalidades” en vez de avanzar con el DNU de Milei. “Si Posse o Caputo estaban ocupados por la reunión con (la reunión de este viernes con) los gobernadores, había 4 o 5 funcionarios más que podrían haber venido”, destacó, antes de preguntar: ”¿Qué, todos tienen problemas de agenda?”.
Massot fue el autor de la moción de volver a citar a los funcionarios reclamados la semana pasada. Pidió hacerlo el martes, pero al final del debate se acordó hacerlo para el jueves próximo. Un grupo de legisladores había elevado una nota para analizar los más de 130 decretos de necesidad y urgencia que quedaron sin tratamiento desde el gobierno de Mauricio Macri y, en particular, los de la administración de Alberto Fernández.
Las críticas y cuestionamientos de la oposición fueron rebatidos por el diputado libertario Nicolás Mayoraz, quien destacó la contradicción del kirchnerismo de impulsar iniciativas en la comisión al mismo tiempo que se reserva el derecho a iniciar acciones legales para impugnar la integración de la comisión. El diputado Hernán Lombardi (Pro) avaló la postura del oficialismo y le recordó al kirchnerismo que mantuvo cerrada la comisión durante los últimos dos años. El radicalismo también manifestó su malestar por la ausencia de los funcionarios. “No hay que ser paranoico”, afirmó, en dirección a los legisladores de La Libertad Avanza, el diputado Francisco Monti.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.