Mar del Plata lidera el ranking de desempleo y teme por la recesión
Último informe del indec La ciudad balnearia cerró 2023 cerca de los dos dígitos de desocupación y luego atravesó una temporada tibia; enorme expectativa por la exploración marina de hidrocarburos
Darío PalavecinoiEl gremio de los gastronómicos alertó a los empresarios que eviten cierres
MAR DEL PLATA.– El incómodo coqueteo de la ciudad con los extremos de desocupación es histórico. Hace casi cuatro años, en plena pandemia, llegó a liderar el ranking con 26%, casi el doble que el promedio nacional. Pasajera constante de ese podio, ahora vuelve a acomodarse en lo más alto con 9,3% y amplia distancia con respecto a otros conglomerados del país. Y una preocupación adicional: el verano fue tibio en movimiento turístico, dejó heridas en todo el abanico de prestadores y proveedores y lo que asoma hacia la temporada baja, en un contexto de recesión incipiente de la economía nacional, no aporta los mejores augurios para una recuperación.
La medición que realizó el Indec atiende el último trimestre de 2023 y no está demasiado lejos del 8,8% que se registró en mismo período de 2022. Esta vez, con el impacto de todas las derivaciones de un período afectado por las definiciones de un año electoral, devaluaciones y la desaceleración de proyectos que suele acompañar cualquier cambio de mando y rumbo desde la casa Rosada.
La mirada más optimista de estos números que preocupan llega desde el municipio. “Es cierto que hay un leve incremento con respecto al mismo trimestre de 2022, pero si tomamos la desocupación durante todo 2023 cerramos con el promedio anual más bajo de la historia”, asegura a el secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro.
El conglomerado Mar del Plata/Batán, que es como mide el Indec este distrito al que se le computa una población económicamente activa de 348.000 personas, tuvo su última expresión de desempleo en dos dígitos durante el tercer trimestre de 2021, con 10,4%. El registro del cierre de 2023 es el que más se le aproxima desde entonces y representa unas 32.000 personas que no tienen empleo, a las que se les suman otras casi 40.000 que lo tienen pero buscan otro complementario y 33.000 más calificadas como “subocupadas”.
Muro advierte sobre la alta presencia del empleo público en otros aglomerados del país. “Aquí es apenas el 10%, el resto es trabajo y mano de obra derivado de una economía pura”, insiste y cita la búsqueda de oportunidades para nuevas inversiones que se instalen en la ciudad.
La lista de proyectos en marcha y con potencial a corto y mediano plazo abarca los más variados rubros. En ese detalle aparecen la avanzada planta de papas fritas congeladas de la holandesa Farm Frites, con una inversión de 70 millones de dólares en el Parque Industrial General savio; desarrollos inmobiliarios de magnitud, y la anunciada primera escala en la ciudad de un hipermercado coto.
Y, por sobre todo, hay una enorme expectativa sobre la exploración de hidrocarburos frente a las costas bonaerenses, que en caso de resultados positivos promete generar un boom de demanda de servicios. El proyecto da sus primeros pasos y se espera que, en caso de resultados positivos, la ola laboral que genere de manera directa e indirecta se vería recién en una década.
Las voces de quejas y advertencia llegan desde la oposición y sectores productivos. La temporada de verano, impactada por los vaivenes de la economía, apenas rasguña la calificación de buena. Muy lejos del récord del anterior verano, último con ayuda del programa Previaje, que motorizó turismo y llevó a que la desocupación del primer trimestre de 2023 cayera a 4,9%, la más baja para el distrito desde 1995.
La Asociación Hotelera Empresaria Gastronómica acaba de emitir un comunicado con preocupación no solo por el bajo rendimiento de este último verano, que estirará su último coletazo a los próximos días con los feriados de semana santa y 2 de abril, sino por lo que significa afrontar lo que sigue con las primeras facturas de aumento de impuestos y servicios públicos.
“Los comercios del sector, en su gran mayoría pymes y empresas familiares, no podrán resistir ni afrontar sus obligaciones y terminarán cerrando sus puertas”, anticipan los directivos de la entidad. sus socios denuncian subas de 120% en alimentos, 400% en impuesto inmobiliario, 150% en tasas municipales y 200% en energía eléctrica. “Todavía falta el gas”, agregan.
El gremio de los gastronómicos y hoteleros salió pronto a alertar que “es apresurado advertir cierres o recortes” y recordó a los empresarios del rubro que “ganaron mucho dinero durante los últimos años”, por lo que anticiparon que “habrá contundente consecuencia legal y gremial” ante eventuales despidos. “De esta salimos juntos”, remarcaron.
José Luis Rocha, dirigente del gremio metalúrgico y al frente de la seccional Mar del Plata de la CGT,entiende que los números preocupan por su dimensión y alcance, pero también cree que “son consecuencia de políticas que no acompañan la generación de empleo ni la producción”.
“El número de desocupados es muy alto para Mar del Plata, pero incluye diciembre, con mucho temporario que ya tiene empleo”, dijo el dirigente, pero anticipó que por el resultado que tuvo la temporada alta “es probable que el primer trimestre de este año también tenga indicadores de desempleo muy superiores”.
Miguel Guglielmotti, secretario adjunto de la cGT local y directivo de la Asociación Bancaria, consideró que este fenómeno de desocupación alta en Mar del Plata “es una constante de la última década” y lo relacionó con una “ausencia de políticas públicas que alienten inversiones y el desarrollo de empleo”.
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Lo resolvieron ayer en una reunión conjunta; también presentaron un amparo contra la suspensión de los planes Potenciar Trabajo
Federico González del Solar
El frente que agrupa a distintos sectores de las organizaciones sociales se reunió ayer para profundizar su “plan de lucha” contra el Gobierno y analizar medidas de fuerza de cara a las próximas semanas. Anoche cobraba fuerza la posibilidad de que las organizaciones emprendan una nueva jornada nacional de movilización el miércoles 10 de abril, en lugar del lunes 8 como se analizó en un primer momento.
Aunque los “detalles” de la protesta no estaban “resueltos”, ya que las organizaciones buscarán recuperar la masividad perdida.
El conclave piquetero tuvo lugar en las oficinas que la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) tiene en el barrio de constitución, y reunió a movimientos afines al kirchnerismo, como el Evita o somos Barrios de Pie, con los referenciados en la izquierda, junto a un tercer grupo de organizaciones más independientes.
A mediados del pasado mes, frente a los sostenidos intentos del Gobierno por recortar su influencia en el territorio y hacerlos a un lado en el manejo de los planes sociales, estos grupos decidieron aunar fuerzas, concentrar sus reclamos y constituir un frente amplio de protesta para enfrentar a los libertarios desde las calles.
La del lunes 10 de abril sería una nueva muestra de fuerza de las organizaciones sociales. Manifestarán su rechazo al desfinanciamiento del Fondo de Integración socio Urbana (FIsU), reclamarán la distribución de alimentos para los comedores que manejan y pedirán por la reinclusión de los beneficiarios de planes sociales que fueron suspendidos durante febrero, entre otros reclamos.
Amparo colectivo
Los movimientos sociales también unieron fuerzas en el campo legal. Ayer presentaron un amparo colectivo contra la medida que dispuso el ministerio de capital Humano, a cargo de sandra Pettovello, de suspender más de 20.000 beneficiarios del ex-Potenciar Trabajo, como parte de una extensa auditoría que realiza en todos los sectores del Estado
El ministerio de Pettovello detectó que muchos de los beneficiarios habían realizado viajes al exterior. “no se condice con el estado de alta vulnerabilidad social y económica necesario para ser beneficiario del programa”, esgrimieron en el Gobierno.
“Unos 45.000 trabajadores fueron cesanteados de su pago por haber realizado viajes a países limítrofes por cuestiones personales, enfermedades de familiares, fallecimientos, trámites, etc. En ninguno de los casos se pudo corroborar un cambio en la situación social de las familias suspendidas”, se afirma en un comunicado que difundieron el Polo obrero, el MTL Rebelde, La William cooke, la coordinadora por el cambio social y Libres del sur, entre otras organizaciones.
Los firmantes entienden que se trata de una medida “estigmatizante”.
El amparo busca “impugnar y dejar sin efecto” la suspensión de poco menos de 23.000 planes sociales, como también de las “futuras resoluciones” que contengan “motivaciones análogas”.
“Peticionamos que, de modo cautelar, se ordene el inmediato pago del salario a todos los titulares afectados por la resolución en cuestión”, se agregó en el documento presentado ayer por la mañana.
El texto, que lleva el patrocinio del letrado Eduardo Penello y de la abogada Doris Juana Quispe Juro, luego de enlistar los requisitos y las incompatibilidades para recibir el beneficio, afirma que “en ninguno de los [casos] se menciona la salida del país como un factor incompatible para la permanencia en dicho programa”.
El frente que agrupa a distintos sectores de las organizaciones sociales se reunió ayer para profundizar su “plan de lucha” contra el Gobierno y analizar medidas de fuerza de cara a las próximas semanas. Anoche cobraba fuerza la posibilidad de que las organizaciones emprendan una nueva jornada nacional de movilización el miércoles 10 de abril, en lugar del lunes 8 como se analizó en un primer momento.
Aunque los “detalles” de la protesta no estaban “resueltos”, ya que las organizaciones buscarán recuperar la masividad perdida.
El conclave piquetero tuvo lugar en las oficinas que la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) tiene en el barrio de constitución, y reunió a movimientos afines al kirchnerismo, como el Evita o somos Barrios de Pie, con los referenciados en la izquierda, junto a un tercer grupo de organizaciones más independientes.
A mediados del pasado mes, frente a los sostenidos intentos del Gobierno por recortar su influencia en el territorio y hacerlos a un lado en el manejo de los planes sociales, estos grupos decidieron aunar fuerzas, concentrar sus reclamos y constituir un frente amplio de protesta para enfrentar a los libertarios desde las calles.
La del lunes 10 de abril sería una nueva muestra de fuerza de las organizaciones sociales. Manifestarán su rechazo al desfinanciamiento del Fondo de Integración socio Urbana (FIsU), reclamarán la distribución de alimentos para los comedores que manejan y pedirán por la reinclusión de los beneficiarios de planes sociales que fueron suspendidos durante febrero, entre otros reclamos.
Amparo colectivo
Los movimientos sociales también unieron fuerzas en el campo legal. Ayer presentaron un amparo colectivo contra la medida que dispuso el ministerio de capital Humano, a cargo de sandra Pettovello, de suspender más de 20.000 beneficiarios del ex-Potenciar Trabajo, como parte de una extensa auditoría que realiza en todos los sectores del Estado
El ministerio de Pettovello detectó que muchos de los beneficiarios habían realizado viajes al exterior. “no se condice con el estado de alta vulnerabilidad social y económica necesario para ser beneficiario del programa”, esgrimieron en el Gobierno.
“Unos 45.000 trabajadores fueron cesanteados de su pago por haber realizado viajes a países limítrofes por cuestiones personales, enfermedades de familiares, fallecimientos, trámites, etc. En ninguno de los casos se pudo corroborar un cambio en la situación social de las familias suspendidas”, se afirma en un comunicado que difundieron el Polo obrero, el MTL Rebelde, La William cooke, la coordinadora por el cambio social y Libres del sur, entre otras organizaciones.
Los firmantes entienden que se trata de una medida “estigmatizante”.
El amparo busca “impugnar y dejar sin efecto” la suspensión de poco menos de 23.000 planes sociales, como también de las “futuras resoluciones” que contengan “motivaciones análogas”.
“Peticionamos que, de modo cautelar, se ordene el inmediato pago del salario a todos los titulares afectados por la resolución en cuestión”, se agregó en el documento presentado ayer por la mañana.
El texto, que lleva el patrocinio del letrado Eduardo Penello y de la abogada Doris Juana Quispe Juro, luego de enlistar los requisitos y las incompatibilidades para recibir el beneficio, afirma que “en ninguno de los [casos] se menciona la salida del país como un factor incompatible para la permanencia en dicho programa”.
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“Dejar atrás lo faccioso es una transformación cultural”
El diputado Hernán Lombardi, que siempre apoyó el cambio de nombre del CCK, cree que el Gobierno tendrá apoyo en el Congreso
“Es un excelente proyecto”, dijo ayer a Hernán Lombardi, poco la nacion después de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara que el Gobierno cambiaría el nombre del Centro Cultural Kirchner. Su declaración no sorprende: fue justamente el diputado, cuando estuvo al frente del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Mauricio Macri, el principal impulsor de esta iniciativa que en sus diferentes intentos hasta ahora no logró concretarse.
“Va a tener todo nuestro apoyo en el Poder Legislativo. De hecho, algunos diputados del Pro ya trabajaban en un proyecto similar. En este momento hay que buscar un nombre que represente a todos y no sólo a una parte de los argentinos. En lo personal, aunque esta es una cuestión colectiva, me gusta el nombre Centro Cultural Argentina. Creo que va en línea con lo que tiene que ser una transformación cultural que deje atrás los comportamientos facciosos”, dijo el diputado a este diario.
En la carpeta donde Lombardi archiva los antecedentes de esta propuesta hay al menos catorce proyectos dirigidos a renombrar el CCK, entre 2015 y 2019.
“Algunos se enfocaban en la cuestión temporal [la cantidad de años que deberían transcurrir desde la muerte de la personalidad en cuestión, en este caso, el expresidente, para que un espacio público reciba su nombre] y otros directamente a apuntaban al cambio de nombre”. De Ernesto Sabato a Luis Alberto Spinetta y de Gustavo Cerati a Independencia, se barajaron diferentes opciones para el que originalmente fuera denominado Centro Cultural del Bicentenario.
Hay dos formas posibles para que el Gobierno avance con la nueva denominación: con un proyecto de ley que modifique la ley original, de 2012, o con un decreto de necesidad y urgencia.
Sobre este aspecto, Lombardi hace una salvedad: “Los decretos de necesidad y urgencia siempre pasan por el Congreso, pero de todas maneras me parece que el mejor camino es una ley y que se debata. Ahora podría estar la mayoría necesaria para que avance porque los argentinos asumimos la necesidad imperiosa de un cambio cultural. La semilla de ese cambio anida en la sociedad”. Y amplió el concepto: “Me refiero a un cambio cultural hacia visiones más abarcativas, porque con esta ley 26.794 el kirchnerismo se quiso asegurar una visión facciosa para el futuro. Y no perpetuar una visión facciosa de los hechos es una contribución al cambio cultural”.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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