FRENO OBRA PÚBLICA, RECLAMOS OPOSITORES

Los gobernadores del norte cuestionaron el freno a la obra pública
Francos asistió a una reunión con los mandatarios, que pidieron reactivar los trabajos y recuperar subsidios al transporte y el fondo docente; disposición para la restitución de Ganancias

Gabriela OrigliaEl ministro del Interior, Guillermo Francos, ayer, en Salta, al llegar a la reunión
CÓRDOBA.– Después de postergar la reunión con todos los gobernadores, el ministro del Interior, Guillermo Francos, participó ayer de la asamblea de la decena de mandatarios que integran el Consejo Regional del Norte Grande. En el temario había puntos que las provincias le vienen reclamando a la Casa Rosada: el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), la necesidad de reactivar la obra pública y los subsidios al transporte y a la energía. También se abordó la cuestión fiscal. Este grupo apoyaría, en general, la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias.
Esa fue, justamente, la señal positiva que se llevó Francos del encuentro en Salta. Allí, los gobernadores y el ministro del Interior acordaron constituir una comisión que integrarán funcionarios provinciales y nacionales con el fin de establecer prioridades de financiamiento para las obras que podrían reactivarse.
La Casa Rosada procura apoyo para la nueva “Ley de bases” y para que la Cámara de Diputados no convalide el rechazo al DNU 70/23 que votó el Senado. Y los gobernadores son claves para que los legisladores que les responden no actúen de la misma manera. En ese contexto, los mandatarios hicieron llegar sus reclamos in situ al ministro Francos, la cabeza visible del ala dialoguista del gobierno de La Libertad Avanza.
“Si hay algo que tiene convencido al gobierno nacional es devolverles a las provincias sus competencias y responsabilidades. Uno de los puntos del Pacto de Mayo es ese: cómo reformamos el régimen tributario en la Argentina para volverlo un régimen federal”, remarcó Francos.
El ministro estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman (quien viene conversando con ministros provinciales), y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.
Entre los gobernadores estuvieron Gustavo Valdés (Corrientes); Leandro Zdero (Chaco) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), tres de los más cercanos a la Casa Rosada. También los “dialoguistas” aunque con algunas observaciones: Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). La asamblea se completó con los abiertamente opositores Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).
El salteño Sáenz –quien desde antes de que Milei convocara al Pacto de Mayo impulsa un “acuerdo nacional”– aseguró que durante la reunión pudieron “transmitir las inquietudes y los problemas” que tiene la región.
El gobernador de Salta también enfatizó que el grupo logró “dejar de lado las banderías políticas, las ideologías”, para ponerse “a trabajar por las necesidades de nuestros pueblos”.
Fuentes del grupo consultadas por indicaron que la nacion los mandatarios insistieron en la necesidad de “ordenar” lo que sucede con la obra pública, porque está paralizada y eso afecta “fuerte” el empleo en las provincias. Instaron a que la Nación “defina” qué seguirá y cómo. Plantearon la “importancia” que tienen para la región los trabajos de la reversión del Gasoducto Norte y el Gasoducto Norte-Norte.
En materia fiscal, ratificaron la necesidad de que Economía pague las deudas del Consenso Fiscal 2023. Desde la asunción de Milei ni siquiera se giran los fondos a valores históricos, con lo que se sigue acumulando deuda.
A diferencia de sus pares patagónicos, que rechazan la restitución de Ganancias (en sus provincias, mineros y petroleros volverían a tributar de manera masiva), los gobernadores norteños aceptan en su mayoría el regreso del impuesto, que es coparticipable y permitiría recuperar los fondos perdidos por la reforma del exministro y excandidato a presidente Sergio Massa (Unión por la Patria), que en su momento fuera apoyada por buena parte de los gobernadores del país.
Apoyo clave
El apoyo de la mayoría de los norteños es clave para que en el Congreso pase ese segmento del paquete fiscal, que además de las objeciones de los patagónicos tiene las del cordobés Martín Llaryora y del santafesino Maximiliano Pullaro. Ambos plantean que el piso debe ser mucho más alto que el que impulsa la Nación con un objetivo recaudatorio.
En el “norte grande”, en tanto, el santiagueño Zamora, quien hasta ahora viene manteniendo un perfil bajo entre los gobernadores opositores, sostuvo: “De esta reunión nos vamos con optimismo. Creemos en el diálogo y este encuentro nos permitió explayarnos y pensar con esperanza cómo podemos superar todos juntos las dificultades que atravesamos”.
“La política se trata del diálogo, de generar consensos, más allá de la responsabilidad de liderar el país en estas circunstancias”, subrayó Francos, al terminar el encuentro, a la vez que ratificó el objetivo del déficit cero. También estuvieron el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, y el administrador del Enohsa (organismo administrador del agua), Bartolomé Heredia.

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El aumento de las jubilaciones por DNU no desactiva los reclamos opositores
La Comisión de Previsión de la Cámara de Diputados citará a funcionarios tras Semana Santa; intentará sacar un dictamen para definir las subas por ley
Laura Serra
Si el Gobierno imaginó que con un decreto de necesidad y urgencia desactivaría el debate que la oposición inauguró el jueves pasado en la Cámara de Diputados para avanzar en una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, se equivocó.
El Poder Ejecutivo apuró en las últimas horas el dictado del DNU 274/2024 con un doble propósito: trazar un camino de transición entre la fórmula hoy en vigencia –que combina variación salarial y la recaudación de la Anses– con la nueva modalidad de actualización por IPC (índice de precios al consumidor) que evite, justamente, que ese empalme resulte demasiado oneroso para las arcas fiscales que con tanto celo cuida el ministro de Economía, Luis Caputo.
El segundo propósito es neutralizar la ofensiva opositora en la Cámara de Diputados, que el jueves pasado había fijado para la tercera semana de abril como plazo máximo para redactar un dictamen con una nueva fórmula de movilidad de los haberes jubilatorios que permita atarlos mensualmente al índice de inflación. Todos los proyectos presentados contemplan que el empalme entre la fórmula hoy vigente y la nueva no perjudique a los jubilados; dicho en otros términos: los opositores pretenden que el Gobierno contemple el poder adquisitivo perdido durante enero, un mes de alta inflación (20,6%).
En esa discusión estaban los legisladores cuando ese mismo día el Gobierno anunció que emitiría un DNU para finiquitar la discusión. Anticipó que los haberes jubilatorios se actualizarían por inflación a partir de abril con una “compensación extraordinaria” entre el 12 y el 14%. La oposición, si bien consideró un avance que la fórmula se actualice mensualmente por IPC, insistió en que la compensación por enero debe ser completa. Finalmente, el Poder Ejecutivo fijó la compensación en 12,5% en el DNU 274/2024.
La oposición no solo cuestionó por insuficiente esta compensación. Además, criticó que el Poder Ejecutivo hubiera avanzado por decreto cuando el Congreso está activo y discutiendo esta cuestión en la Comisión de Previsión y Seguridad Social. “Resta completar entre 8 y 10 puntos en la compensación, por esa razón seguiremos dando la pelea en la Comisión de Previsión –sostuvo el radical Alejandro Cacace–. En ningún caso el haber jubilatorio debería quedar por debajo de la canasta básica del Indec.”
Cacace, secretario del bloque de diputados radicales, acordó con la presidenta de la Comisión de Previsión Social, la también radical Gabriela Brouwer de Koning, mantener en firme el cronograma de trabajo en la comisión. En la primera semana de abril se citará a los funcionarios del área correspondiente para abrir el debate. El objetivo es emitir dictamen durante la tercera semana del mes próximo, aunque un obstáculo amenaza con obstruir el camino al recinto: el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, un fiel ladero del presidente Javier Milei. Sin la venia de esta comisión, el proyecto necesitará una mayoría agravada de dos tercios de los votos para ser aprobado.
La confección del DNU 274/2024 que finalmente dictó el Poder Ejecutivo resultó más compleja de lo esperado. Por lo pronto, la fórmula prometida por actualización mensual por IPC no comenzaría formalmente el mes próximo, sino recién en julio.
Para los tres meses de transición hacia esa fecha el Gobierno diseñó un mecanismo especial de empalme que combina la fórmula hoy vigente –de aplicación trimestral– y la nueva por indexación mensual por IPC. Lo justificó en la necesidad de evitar litigiosidad futura, según reza el decreto.
Así las cosas, los aumentos que se otorgarán en abril, mayo y junio se aplicarán en función de la variación del IPC de febrero, marzo y abril, respectivamente, aunque serán a cuenta del porcentaje de la movilidad a pagar en junio de 2024 según la fórmula actualmente vigente.
En caso de que estos superen el aumento calculado según la fórmula hoy vigente, no se descontará la diferencia, que se considerará incorporada al haber. Si fueran menores a dicho aumento, se abonará la diferencia resultante.
Así las cosas, en abril los ingresos recibirán “un incremento extraordinario equivalente al 12,5%” calculado sobre los haberes de marzo y que serviría como compensación por la inflación del 20,6% de enero. Además, percibirían un 13,2% equivalente a la inflación de febrero (que sería un adelanto de la movilidad que corresponde al mes de junio). Así, el aumento total arroja un 25,7% para el mes próximo.
Para los ingresos de mayo, el DNU establece que se otorgará otro anticipo de la movilidad que corresponda según la ley actual para junio, de un porcentaje equivalente a la inflación de marzo. Y en ese sexto mes del año se aplicará el IPC de abril.
Desde Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer cuestionó el cambio por decreto y enfatizó que debe hacerse por ley.
“Los jubilados siguen perdiendo y son víctimas de nuevas mentiras. El DNU 274 de hoy establece que la actualización por inflación será recién en los haberes de julio”, sostuvo la diputada bonaerense. “La compensación porcentual que fija para abril los sigue dejando afuera de los índices de precios de los meses anteriores. Y los aumentos adelantados serán descontados en junio. Pura trampa –alertó–. El Congreso debe establecer por ley la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones.”
Por su parte, la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) opinó que “la reforma de la fórmula jubilatoria resulta insuficiente frente al impacto de la inflación”.
“Además, las bonificaciones solo benefician a quienes perciben las jubilaciones mínimas, dejando a muchos jubilados con recursos escasos”, aclaró y aseguró: “Continuaremos reclamando para que los jubilados no sean el único sector afectado”, agregó.

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