“Ley de bases bis”, ....FUERTE APOYO EMPRESARIAL.....LAS PROVNCIAS DUPLICARON SU PARTICIPACIÓN EN EL GASTO

La Casa Rosada prepara una “Ley de bases bis” y abre las negociaciones
El Pacto de Mayo prevé, primero, una nueva ley ómnibus de cuatro capítulos claves y un paquete fiscal; definen si convocarán a todos los mandatarios en conjunto o si los llamarán uno por uno

Maia JastreblanskyVillarruel y Cornejo, ayer, en la Vendimia
El “master plan” que anunció Javier Milei en el Congreso para comprometer al resto de la política con sus reformas se viene craneando desde que fracasó la vía del “todo o nada” con la “Ley de bases” de 664 artículos. Algunos libertarios, fascinados con su líder, el viernes decían que “todo estuvo pensado desde el principio” porque fue necesario que Milei les mostrara el látigo a las provincias para llevar a los gobernadores hasta este lugar.
Pero en las provincias dicen que fue necesario que los gobernadores se mostraran abroquelados -como pasó con el episodio de Chubut- para que el Gobierno habilitara la vía del acuerdo. Como sea, el camino hacia el Pacto de Mayo tiene ahora varias etapas a superar, que incluyen una “Ley de bases bis” y un intercambio con cada mandatario provincial para darle forma al pacto fiscal. El “preacuerdo”, en palabras de Milei.
Según pudo reconstruir la nacion de altas fuentes oficiales, la nueva “Ley de bases” que Milei buscará aprobar en las próximas semanas será más acotada que la original. En la Casa Rosada todavía están puliendo los artículos, pero en la mesa chica presidencial se habla de cuatro capítulos: las facultades delegadas al Poder Ejecutivo (allí también se incluirían las privatizaciones y la reorganización administrativa del Estado); las desregulaciones económicas (principalmente el capítulo de hidrocarburos), el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y la nueva fórmula jubilatoria (que implicaría una actualización por inflación desde la sanción de la ley).
El capítulo retenciones no figurará en un gesto para dos gobernadores de peso, como Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Todo este contenido se terminará de ajustar en la “mesa técnica” de la Casa Rosada, donde confluyen el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario legal y técnico, Javier Herrera Bravo; el a
Lo que quieren cerca de Milei es que todos estos puntos estén incluidos en un solo proyecto. “Y se va a votar a libro cerrado, obviamente”, apuntan, para no exhibir ningún signo de debilidad ni ánimo de transacción. Después de varios días de deliberación interna sobre la estrategia legislativa a seguir, finalmente primó la idea de hacer un nuevo ómnibus en lugar de varias leyes puntuales.
La segunda parte del “preacuerdo” hacia la cita de mayo en Córdoba es la del nuevo pacto fiscal. Entre los gobernadores circuló extraoficialmente que podría haber una convocatoria a los 24 mandatarios el lunes 11 de marzo. Sin embargo, cerca de Milei dicen que el método de negociación no está definido. Algunos laderos del Presidente creen que sería más efectivo convocar a los gobernadores de a uno.
Pese a que Milei evitó en su discurso exhibir un perfil “acuerdista”, la novedad de las últimas horas es que la Casa Rosada cambió los términos del ofrecimiento. Si hasta acá la propuesta era “primero la ley y después los fondos”, ahora el jefe del Estado invita a tratar la ley ómnibus y el pacto fiscal en una operación simultánea.
Los gobernadores comenzaron a advertir que los dos fondos que retiró la Nación (el del transporte y el docente) y la situación de las cajas previsionales deberán estar en la ecuación, además de la merma en la coparticipación por el impuesto a las ganancias.
Puentes subterráneos
Si la nueva “Ley de bases” y el paquete fiscal ven la luz, comenzará otra película para darle forma al “pacto” de Córdoba. Milei fijó diez puntos y dio a entender que su contenido se puede corregir. Cerca de él aseguran que el espíritu del acuerdo no será materia de negociación. Si la cita de mayo prospera, el Gobierno enviará al Congreso otra serie de reformas, como la laboral, la política y la previsional.
El “brazo político” de Milei se movió en los últimos días para preparar el terreno para el anuncio del Pacto de Mayo. Un hito clave fue el viaje del ministro del Interior, Guillermo Francos, a Salta, donde mantuvo un encuentro con el gobernador anfitrión, Gustavo Sáenz, y otros cuatro mandatarios, Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy). Allí, el ministro comenzó a deslizar la idea de un pacto más grande.
Actores como el propio Francos; el viceministro del Interior, Lisandro Catalán; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y Santiago Caputo, venían haciendo un “poroteo” de los gobernadores que estaban dispuestos a responder a un llamado nacional como el que finalmente hizo Milei.
El caso Chubut, que aglutinó a casi todos los gobernadores detrás de Ignacio Torres, hizo tambalear todos los puentes justo una semana antes de la apertura de sesiones ordinarias. Promediando esta semana, el conflicto se enfrió y Francos recibió a uno de los patagónicos más influyentes, Alberto Weretilneck (Río Negro).
Con su jugada, Milei también logró encolumnar a Martín Llaryora, con quien se había sacado chispas. El Presidente eligió la capital cordobesa para su “pacto refundacional”. Cuando lo anunció, la transmisión del acto enfocó al gobernador con un primer plano. El mandatario, que no sabía nada, asintió con la cabeza

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Fuerte apoyo empresario a la iniciativa del Presidente
Las compañías norteamericanas de la Amcham, la UIA, los bancos, las cámaras de la construcción y el comercio, IDEA y las entidades del campo respaldaron la convocatoria; ponderaron la defensa de la propiedad privada
La propuesta que el presidente Javier Milei hizo a los gobernadores para firmar un pacto que incluya diez políticas de Estado fue apoyada ayer por diversas organizaciones empresarias, que destacaron el sentido económico de la iniciativa.
La primera en manifestarse fue la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham), que consideró la iniciativa como “un paso en la dirección correcta”.
A través de un comunicado, la cámara empresarial estadounidense celebró “la convocatoria de este nuevo contrato político, económico y social, pretendiendo ser las bases para impulsar el desarrollo y la estabilidad económica del país”. Además, calificó el anuncio como “histórico e inédito”, porque “marca un hito significativo en el curso de la política argentina” con el objetivo de lograr “acuerdos sustentables que incluyan a todos los actores”.
“La iniciativa del Presidente al convocar a los diferentes espacios políticos para adherirse a estos principios es un paso en la dirección correcta. La Argentina se enfrenta a una serie de desafíos complejos que van desde fuertes distorsiones macroeconómicas hasta problemas sociales alarmantes. La única forma de superar estos obstáculos y construir un futuro sostenible es avanzando hacia un modelo de país occidental normal”, agregó.
“La reconstrucción de la Argentina es una tarea que nos involucra a todos. Convertir a la Argentina en un país viable depende de nuestra capacidad para superar diferencias y trabajar juntos de manera urgente en la construcción de un futuro sostenible”, sostuvo la Amcham.
Por su parte, la Unión Industrial Argentina (UIA) remarcó “la importancia de la convocatoria presidencial al Pacto de Mayo, pues el diálogo institucional y los consensos son imprescindiblespara la con certación de políticas de estado, con el indiscutible objetivo de garantizar previsibilidad y certidumbre sobre el futuro”.
“Un acuerdo amplio que busque construir los instrumentos para tener una economía ordenada y previsible es la base para desplegar el potencial productivo. Asimismo, un decidido proyecto industrial con un denso entramado pyme y de cadenas de valor es fundamental para lograr un desarrollo federal, integrado e inclusivo”, dijo la UIA.
A su vez, la asociación de bancos Adeba celebró la convocatoria que hizo Milei ante el Congreso y afirmó que “el desarrollo económico e institucional del país requiere acuerdos sobre principios básicos adecuados, que se mantengan a lo largo del tiempo y que enmarquen el accionar de las sucesivas administraciones del gobierno”.
“Ello es una condición necesaria para reducir la pobreza y mejorar los niveles de ingreso de toda la población. El sistema financiero está en condiciones y con disposición para aportar los servicios financieros que el crecimiento económico y del empleo requieren. Cuenta con la solvencia, liquidez, procesos y tecnología para hacerlo”.
También la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) sostuvo que acompaña el “diagnóstico” y el “curso de acción” que planteó Milei en el Congreso. “La entidad aboga por que se profundicen la desregularización, el ordenamiento macroeconómico, la austeridad y el combate de la corrupción; y celebra la convocatoria a un acuerdo nacional en torno a políticas de Estado”, remarcó la entidad en un comunicado.
En tanto, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) celebra “la convocatoria al diálogo para alcanzar un acuerdo sobre las políticas de Estado necesarias para transformar a la Argentina. El país requiere de una senda clara en materia económica, con consensos políticos de largo plazo para abandonar este período de estancamiento y decadencia”, afirmó.
La organización IDEA valoró la convocatoria de Milei como “un gesto al que lamentablemente no estábamos acostumbrados en la Argentina y que nos llena de esperanza”. “Adicionalmente, creemos que están bien elegidos los diez puntos y coinciden plenamente con las propuestas que venimos haciendo desde IDEA. Nuestro país necesita en forma urgente encontrar el camino para revertir décadas de deterioro social y económico. Este camino solo es posible con respeto a la propiedad privada”, sostuvo.
En el sector agropecuario no hubo un pronunciamiento conjunto, pero distintos dirigentes salieron a apoyar en forma individual el acuerdo que propuso Milei a las provincias. Para Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural (SRA), la sociedad “tiene la oportunidad de generar un nuevo acuerdo para todos los argentinos”. Por su parte, desde la Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni dijo que hubiera sido “deseable” que Milei incluyera medidas para la producción. Mientras que Horacio Salaverri, de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), consideró “muy importante” que el jefe del Estado describiera “la mala praxis de la política de los últimos 20 años”.

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Las provincias duplicaron su participación en el gasto
En 1990 representaban el 8% del PBI; subieron al 12% en la década menemista; y ahora llegaron al 16%

Francisco OliveraCaputo, el viernes, en Diputados
Domingo Cavallo suele decir que la convertibilidad no era un plan insostenible, pero que lo arruinó el gasto de las provincias. El debate sigue intacto dos décadas después porque la Argentina intensificó desde entonces su voracidad fiscal. Cada vez que pueden, y principalmente desde la discusión con Chubut, Javier Milei y sus funcionarios vuelven sobre lo mismo: el ajuste no debe ser solo atribución del Estado nacional.
Un repaso por la historia reciente indica que la responsabilidad fue compartida, pero que recae algo más sobre los gobernadores: según un informe de la consultora Romano Group, si se toma como referencia el nivel de gasto público que el país tenía en los 80, mientras la Nación lo expandió desde entonces en 5 puntos porcentuales, las provincias lo hicieron en 8 puntos.
Fue una tarea conjunta de consecuencias obvias. Es cierto que, cuando defienden sus necesidades presupuestarias, los gobernadores tienen un punto a favor: con la reforma educativa de 1991 (ley 24.049), las provincias se hicieron cargo de las escuelas secundarias y superiores, concluyeron un proceso de traspaso que se había iniciado en 1977 y, como consecuencia, subieron su participación en el gasto general. Pero, salvo excepciones en determinados momentos, no hubo desde entonces demasiados esfuerzos por ajustarlo.
Al contrario, el gasto siguió creciendo. De acuerdo con el informe de Romano Group, si se toma como punto de partida 1980, el promedio de gasto de las provincias, que hasta 1990 había sido del 8% del PBI, subió a 12% en la década siguiente (19902000) y volvió a trepar al 16% en los últimos 10 años.
Un incremento de 8 puntos porcentuales en 30 años. Y, mientras tanto, el comportamiento de las cuentas de la Nación fue bastante similar, aunque partiendo desde un piso más alto y, por lo tanto, relativamente menos abrupto: era de 20% del PBI entre 1980 y 1990, bajó al 17% en la década siguiente (19902000) y aumentó en los últimos 10 años a 25% del PBI. Un alza de 5 puntos porcentuales. “Todos aumentaron aunque, proporcionalmente, las provincias subieron más que la Nación”, dice Salvador Vitelli, jefe de Research de la consultora.
El resultado es lo que se vio hasta ahora: un desbande fiscal creciente que fue creando inconsistencias macroeconómicas hasta conformar una crisis estructural. El gasto público consolidado, que era del 30% entre los años 1980 y 2000 si se cuentan los tres niveles de la Argentina –nacional, provincial y municipal–, superó el 40% en este siglo.
Contribuyó así a crear un Estado monstruoso, solo sostenible con endeudamiento o, cuando el mercado dejó de tener la voluntad de prestar, con emisión monetaria. El origen de un nivel de inflación que, hace años, está en el podio del mundo. “Si bien luego de los 90 el crecimiento del gasto público llevado a cabo por las provincias se argumentó sobre la base de las transferencias de competencias, tales como educación, el aumento del gasto de estas ha quedado fuera de la discusión –plantea el informe–. Esto principalmente se debe a que en su gran mayoría presentan cuentas públicas favorables; sin embargo, la presencia de fondos de Nación representó en promedio, de los últimos 7 años, 1,1% del PBI entre transferencias corrientes y de capital”.
Es decir, las provincias no han sido inocentes en la debacle general. Más si se contrasta con el aporte al gasto que suelen tener los Estados provinciales en América Latina, bastante inferior.
Según un informe de la consultora Invecq, que conduce Esteban Domecq, los gastos de las provincias son en la región en promedio de 5,8% del PBI, casi un tercio del de la Argentina, que Invecq ubica ahora en un nivel más alto que Romano Group: en 17,3%. En Bolivia, por ejemplo, este gasto es de apenas 2,5%. En Colombia, de 5%. En Chile, de 0,8%. Y en Brasil, el país en donde mayor incidencia tienen los gobernadores y que supera a la Argentina en gasto público general (50%), los gastos provinciales son del 12,4% del PBI, todavía por debajo del 17,3% argentino.
La duda es qué pasará a partir de ahora, principalmente con aquellas provincias que han quedado en situación más vulnerable con el ajuste del Gobierno, que ya bajó a 0 las transferencias discrecionales desde enero, y las tensiones que quedaron de la pelea con Ignacio Torres y los líderes patagónicos que lo respaldaron. El economista Fernando Marull cree que habrá que prestarle atención a una combinación explosiva: dependencia con el gobierno nacional y fondos destinados a salarios sobre gasto primario en cada distrito. Esa cuenta hace saltar las alarmas sobre provincias como La Rioja, que recibe 21% de transferencias discrecionales sobre todos sus ingresos y destina el 47% de su gasto primario a sueldos. De ahí, seguramente, el inminente lanzamiento de su cuasimoneda y la pretensión de reprogramar un vencimiento de deuda de 26 millones de dólares.
Dado el estilo del Presidente y las restricciones presupuestarias de la Argentina, es muy probable que las fricciones continúen. La incógnita es sin embargo qué es lo que las viene desencadenando. ¿Fueron el anuncio de la reestructuración de deuda riojana o la amenaza de Chubut decisiones netamente económicas o incidieron más la política partidaria y los posicionamientos individuales? El economista Juan José Vázquez, jefe de Research de la consultora Cohen, desconfía. Dice que, según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, la mayoría de los gobernadores no está en una situación tan comprometida de deuda. Hasta noviembre pasado, apunta, La Rioja tenía casi 80 millones de dólares de liquidez en el sistema financiero entre depósitos en dólares, plazos fijos, cajas de ahorro y cuentas corrientes. ¿Podría entrar en default por 26 millones? “Salvo que Quintela esté pensando en un vencimiento que tiene en seis meses, de alrededor de 50 millones de dólares, el escenario no parece por ahora preocupante”, dice.
Todo es posible porque las condiciones cambian. Chubut, por ejemplo, había conseguido en los últimos años bajar su vulnerabilidad y era, hasta el segundo trimestre del año pasado, una de las provincias que tenían superávit fiscal. Es cierto que venía de años muy malos en los que, según un trabajo de Marcelo Capello, economista jefe del Ieral, mostraba un excesivo gasto en personal que llegó al 84% de sus ingresos corrientes en 2020. Pero logró mejorarlo a partir de 2021, principalmente por licuación salarial.
Las miradas están ahora en lo que hará Axel Kicillof, que acaba de exigirles a grandes contribuyentes un adelanto de Ingresos Brutos. Buenos Aires está por ahora en una situación intermedia: las transferencias discrecionales que recibía del gobierno nacional eran 10% de sus ingresos y tiene 47% de gasto en sueldos sobre ingresos.
Según Vázquez, su situación de deuda tampoco parece comprometida. Tanto la deuda pública total bonaerense como la que contrajo con privados eran al segundo trimestre del año pasado del 51% de los ingresos. Vázquez recuerda además que, según los registros del sistema financiero, solo entre octubre y noviembre del año pasado, Buenos Aires duplicó sus depósitos en dólares, que pasaron de 1000 millones a superar los 2000 millones. No debería, por lo tanto, haber riesgos sobre los próximos vencimientos.
Se verá en los próximos meses. Viene un año complicado y no exento de sorpresas. Además de desmedido, el gasto público argentino parece siempre agazapado: explota con las crisis

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