Stornelli logró acceder a los archivos telefónicos del caso del espionaje K
La Cámara avaló su pedido para revisar el contenido del celular del camporista Conu Rodríguez, acusado de inteligencia ilegal
Hernán Cappiello
La pulseada entre el fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por el acceso al celular del exfuncionario kirchnerista Fabián “Conu” Rodríguez, acusado de encargar tareas de espionaje ilegal sobre políticos de su propio espacio, terminó. Y ganó el fiscal. La Cámara Federal resolvió que el juez haga una audiencia con el fiscal, la defensa y los querellantes para acceder a todo el contenido del teléfono y determinar qué archivos están ligados con el caso y cuáles se refieren al ámbito íntimo del acusado.
La Cámara Federal revocó el fallo del juez que le impedía al fiscal ver las evidencias. “La limitación ordenada resulta injustificada”, dijeron los camaristas y señalaron que “el fallo tiene que ser revocado”. No llegaron a anularlo.
El conflicto se dio en el caso en el que el hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y el expolicía federal Ariel Zanchetta están presos por clonar líneas de celular de jueces y realizar averiguaciones privadas sobre políticos, periodistas y magistrados por encargo del camporista Conu Rodríguez y agentes de la AFI.
El juez Martínez de Giorgi mantiene un enfrentamiento con el fiscal desde fin del año pasado, cuando decidió separarlo de la causa. Stornelli apeló y la Cámara Federal le dio la razón y lo repuso en el caso. Luego, el fiscal pidió acceder al contenido del celular de Conu Rodríguez, que le había encargado al expolicía Zanchetta averiguar datos sobre la entonces ministra y hoy diputada Victoria Tolosa Paz.
Martínez de Giorgi le dio acceso a la información, pero nunca se la entregó. Hasta que en febrero pasado le negó la información y dijo que primero iba a evaluar qué datos estaban vinculados al caso y cuáles estaban relacionados con la intimidad del acusado.
Stornelli apeló esa decisión y el fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe pidió apartar al juez, al igual que la querella del diputado Fernando Iglesias, a cargo del abogado Tomás Farini Duggan. La Cámara Federal, ahora con el voto de Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun, ordenó al juez Martínez de Giorgi que haga una audiencia con las partes y se determine allí a qué archivos se puede acceder.
“Se encomendará a la anterior instancia que el ‘procesamiento’ de la información se realice con su presencia, la de la defensa y la de las partes acusadoras, en una audiencia conjunta (llevada adelante de forma tal que permita un control posterior) donde regirá el secreto y donde la totalidad de los elementos descargados de los dispositivos (una vez concretado ello) serán puestos a disposición del director del proceso para que, frente a la compulsa de aquellos, requiera la opinión de la defensa (que ya hizo un listado referido a la pertenencia y contenido de los aparatos) y el control de la fiscalía (a través de su exhibición, de ser necesario) y la querella, con el fin que el juez determine qué curso de acción adopta con relación a cada carpeta o documento concreto (sea excluyéndolo de la instrucción –por manifiestamente ajeno a su objeto– o incorporándolo a esta dando así pleno acceso a las partes para su compulsa adecuada”, señala el fallo de la cámara.
Los camaristas recordaron que el fiscal “posee atribuciones para representar los intereses generales de la sociedad y ejercer la acción penal” y por eso tiene “facultades legales para confrontar los elementos del caso, argumentar sobre ellos y proponer cursos de acción”.
Stornelli y Martínez de Giorgi suman media docena de enfrentamientos relacionados con causas en trámite. En el pasado, el juez avanzó con una causa que pretende poner en tela de juicio las evidencias del caso de los cuadernos de las coimas. De hecho, procesó al expolicía Jorge Jorge Bacigalupo, quien le entregó al periodista Diego Cabot, los cuadernos escritos por el exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno.
El magistrado lo acusó de alterar los cuadernos, lo que es un elemento que favorece a las defensas de los acusados, pues pretenden extender las dudas que hay sobre algunas enmiendas en esos textos a toda la prueba. Y el otro enfrentamiento derivó justamente del hecho de que el juez buscó mediante el rastreo de cámaras de seguridad identificar la fuente periodística de Cabot y provocó el repudio de las entidades de prensa.
En esta causa están secuestradas la computadora y el teléfono celular del expolicía Zanchetta, un agente inorgánico de la AFI que se presentaba como periodista y hacía trabajos de recolección de datos a pedido de agentes de inteligencia y de Conu Rodríguez,
En su celular se encontró un mensaje de Zanchetta donde el expolicía ofreció por Telegram al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade los supuestos chats obtenidos de manera ilegal de los jueces, fiscales y funcionarios del gobierno porteño que viajaron a Lago Escondido, invitados por ejecutivos de Clarín.
En esas conversaciones, el propio Zanchetta afirmó que recibió los supuestos chats de los jueces de parte de personal de inteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y le pasó un link con la información.
El expolicía también le envió información patrimonial de la ministra Victoria Tolosa Paz a Rodríguez, un vocero de La Cámpora, exfuncionario de Télam y de la AFIP. Luego de publicar esa información que apuntaba contra Tolosa Paz en un sitio web, Zanchetta recibió un pago, destaca el expediente.
Tailhade, que fue funcionario de la AFI durante la presidencia de Cristina Kirchner, intercambiaba mensajes con Zanchetta con información sobre jueces. Pero no respondió el chat de Zanchetta sobre los magistrados de Lago Escondido, dijeron fuentes judiciales Tailhade señaló que el mensaje del expolicía –en el que le ofrecía los supuestos chats de Lago Escondido– le llegó cuando en internet ya circulaban esas supuestas conversaciones entre magistrados y funcionarios que viajaron al sur.
Cómo Tailhade está mencionado en la causa, el fiscal que originalmente tenía el caso, Gerardo Pollicita, se excusó, como lo hizo en otros expedientes donde se alude al legislador nacional. Por eso es que Stornelli fue designado para seguir con el caso. Y allí se reanudaron los choques con Martínez de Giorgi. Tailhade se presentó ante el juez diciendo que está a disposición para declarar.
Martínez de Giorgi ordenó allanar la casa y el despacho en la AFIP de Conu Rodríguez y secuestró los teléfonos cuyo contenido, ahora, podrán ver las partes.
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Báez vuelve al banquillo por los negocios en la obra pública de Chaco
El presunto testaferro de la familia Kirchner afronta cargos por evasión tributaria agravada
La pulseada entre el fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por el acceso al celular del exfuncionario kirchnerista Fabián “Conu” Rodríguez, acusado de encargar tareas de espionaje ilegal sobre políticos de su propio espacio, terminó. Y ganó el fiscal. La Cámara Federal resolvió que el juez haga una audiencia con el fiscal, la defensa y los querellantes para acceder a todo el contenido del teléfono y determinar qué archivos están ligados con el caso y cuáles se refieren al ámbito íntimo del acusado.
La Cámara Federal revocó el fallo del juez que le impedía al fiscal ver las evidencias. “La limitación ordenada resulta injustificada”, dijeron los camaristas y señalaron que “el fallo tiene que ser revocado”. No llegaron a anularlo.
El conflicto se dio en el caso en el que el hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y el expolicía federal Ariel Zanchetta están presos por clonar líneas de celular de jueces y realizar averiguaciones privadas sobre políticos, periodistas y magistrados por encargo del camporista Conu Rodríguez y agentes de la AFI.
El juez Martínez de Giorgi mantiene un enfrentamiento con el fiscal desde fin del año pasado, cuando decidió separarlo de la causa. Stornelli apeló y la Cámara Federal le dio la razón y lo repuso en el caso. Luego, el fiscal pidió acceder al contenido del celular de Conu Rodríguez, que le había encargado al expolicía Zanchetta averiguar datos sobre la entonces ministra y hoy diputada Victoria Tolosa Paz.
Martínez de Giorgi le dio acceso a la información, pero nunca se la entregó. Hasta que en febrero pasado le negó la información y dijo que primero iba a evaluar qué datos estaban vinculados al caso y cuáles estaban relacionados con la intimidad del acusado.
Stornelli apeló esa decisión y el fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe pidió apartar al juez, al igual que la querella del diputado Fernando Iglesias, a cargo del abogado Tomás Farini Duggan. La Cámara Federal, ahora con el voto de Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun, ordenó al juez Martínez de Giorgi que haga una audiencia con las partes y se determine allí a qué archivos se puede acceder.
“Se encomendará a la anterior instancia que el ‘procesamiento’ de la información se realice con su presencia, la de la defensa y la de las partes acusadoras, en una audiencia conjunta (llevada adelante de forma tal que permita un control posterior) donde regirá el secreto y donde la totalidad de los elementos descargados de los dispositivos (una vez concretado ello) serán puestos a disposición del director del proceso para que, frente a la compulsa de aquellos, requiera la opinión de la defensa (que ya hizo un listado referido a la pertenencia y contenido de los aparatos) y el control de la fiscalía (a través de su exhibición, de ser necesario) y la querella, con el fin que el juez determine qué curso de acción adopta con relación a cada carpeta o documento concreto (sea excluyéndolo de la instrucción –por manifiestamente ajeno a su objeto– o incorporándolo a esta dando así pleno acceso a las partes para su compulsa adecuada”, señala el fallo de la cámara.
Los camaristas recordaron que el fiscal “posee atribuciones para representar los intereses generales de la sociedad y ejercer la acción penal” y por eso tiene “facultades legales para confrontar los elementos del caso, argumentar sobre ellos y proponer cursos de acción”.
Stornelli y Martínez de Giorgi suman media docena de enfrentamientos relacionados con causas en trámite. En el pasado, el juez avanzó con una causa que pretende poner en tela de juicio las evidencias del caso de los cuadernos de las coimas. De hecho, procesó al expolicía Jorge Jorge Bacigalupo, quien le entregó al periodista Diego Cabot, los cuadernos escritos por el exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno.
El magistrado lo acusó de alterar los cuadernos, lo que es un elemento que favorece a las defensas de los acusados, pues pretenden extender las dudas que hay sobre algunas enmiendas en esos textos a toda la prueba. Y el otro enfrentamiento derivó justamente del hecho de que el juez buscó mediante el rastreo de cámaras de seguridad identificar la fuente periodística de Cabot y provocó el repudio de las entidades de prensa.
En esta causa están secuestradas la computadora y el teléfono celular del expolicía Zanchetta, un agente inorgánico de la AFI que se presentaba como periodista y hacía trabajos de recolección de datos a pedido de agentes de inteligencia y de Conu Rodríguez,
En su celular se encontró un mensaje de Zanchetta donde el expolicía ofreció por Telegram al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade los supuestos chats obtenidos de manera ilegal de los jueces, fiscales y funcionarios del gobierno porteño que viajaron a Lago Escondido, invitados por ejecutivos de Clarín.
En esas conversaciones, el propio Zanchetta afirmó que recibió los supuestos chats de los jueces de parte de personal de inteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y le pasó un link con la información.
El expolicía también le envió información patrimonial de la ministra Victoria Tolosa Paz a Rodríguez, un vocero de La Cámpora, exfuncionario de Télam y de la AFIP. Luego de publicar esa información que apuntaba contra Tolosa Paz en un sitio web, Zanchetta recibió un pago, destaca el expediente.
Tailhade, que fue funcionario de la AFI durante la presidencia de Cristina Kirchner, intercambiaba mensajes con Zanchetta con información sobre jueces. Pero no respondió el chat de Zanchetta sobre los magistrados de Lago Escondido, dijeron fuentes judiciales Tailhade señaló que el mensaje del expolicía –en el que le ofrecía los supuestos chats de Lago Escondido– le llegó cuando en internet ya circulaban esas supuestas conversaciones entre magistrados y funcionarios que viajaron al sur.
Cómo Tailhade está mencionado en la causa, el fiscal que originalmente tenía el caso, Gerardo Pollicita, se excusó, como lo hizo en otros expedientes donde se alude al legislador nacional. Por eso es que Stornelli fue designado para seguir con el caso. Y allí se reanudaron los choques con Martínez de Giorgi. Tailhade se presentó ante el juez diciendo que está a disposición para declarar.
Martínez de Giorgi ordenó allanar la casa y el despacho en la AFIP de Conu Rodríguez y secuestró los teléfonos cuyo contenido, ahora, podrán ver las partes.
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Báez vuelve al banquillo por los negocios en la obra pública de Chaco
El presunto testaferro de la familia Kirchner afronta cargos por evasión tributaria agravada
Hugo Alconada Mon
Lázaro Báez
Tras varias postergaciones, Lázaro Báez se sentó, al fin, en el banquillo de los acusados en Chaco. Afronta cargos por la presunta evasión de decenas de millones de pesos provenientes de la obra pública a través de una de sus constructoras. Y de ser hallado culpable, la condena configuraría el “delito precedente” de otras maniobras delictivas, como la ruta del dinero K.
Sujeto al régimen de la prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires, Báez participó en la primera audiencia oral a través de la plataforma Zoom, a diferencia de su socio en la firma Sucesores de Adelmo Biancalani, el otrora senador nacional por el Partido Justicialista, Fabio Biancalani, quien sí se presentó en la sala donde el Tribunal Oral Federal desarrolla el juicio.
La apertura del juicio se postergó para el 22 de este mes, cuando el presunto testaferro de la familia Kirchner y Biancalani coincidieron de manera virtual con el expresidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, otro de los lugartenientes de Báez, el contador Claudio Bustos, y el abogado Jorge Chueco, que al igual que Báez ya afrontan otras condenas.
La acusación contra los cinco acusados se centra en las presuntas maniobras delictivas con facturas truchas que habrían desarrollado a través de la constructora Sucesores de Adelmo Biancalani, con un perjuicio para el fisco estimado en decenas de millones de pesos, cifra que está sujeta a una actualización sustancial.
En ese sentido, Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani llegaron a la instancia oral con embargos por $52 millones cada uno con el fin de cubrir, de ser hallados culpables, la cifra que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estimó hace años que habrían evadido en los impuestos a las ganancias e IVA mediante el uso masivo e intensivo de facturas apócrifas, en tanto que Chueco sobrelleva un embargo de $3 millones.
Durante la primera audiencia, las defensas plantearon objeciones a las que deberán responder en la próxima audiencia del juicio, fijada para este jueves 29, el fiscal federal, Federico Carniel, y los abogados de la AFIP, organismo que participa en el proceso como querellante.
Tanto para Báez –que ya acumula dos condenas penales en los casos Vialidad” y ruta del dinero K–, como Mendoza y Bustos, la pesquisa que se desarrolló durante años en Chaco representa una de las tres grandes investigaciones judiciales que afrontaron por la presunta evasión a escala multimillonaria que habrían desarrollado durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
En Bahía Blanca, el juez federal Walter López da Silva los procesó como miembros de una presunta asociación ilícita fiscal destinada a cometer delitos en perjuicio de las arcas públicas por más de $673 millones y los embargó por $120 millones. Pero la Cámara Federal con asiento en esa ciudad revocó el procesamiento de Báez, a mediados de 2021, tras concluir que él y sus alfiles ya eran investigados por esos mismos hechos en Buenos Aires. Tras esa decisión, el juez solo remitió a juicio oral a los empresarios bahienses que trabajaron para el dueño de Austral Construcciones.
En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, procesó a Báez, Mendoza y Bustos en marzo de 2018 por la presunta evasión de al menos $ 70 millones a través de Austral Construcciones, y elevó a juicio oral a Báez y a sus hijos Martín, Leandro y Luciana, como también a Mendoza, Bustos, Chueco, César Andrés y otros alfiles. Todos deberán afrontar la instancia oral ante el Tribunal en lo Penal Económico N° 3, que por estos días avanza con la concreción de medidas de prueba suplementarias.
El expediente que tramita ante la Justicia Federal en Chaco se inició, cabe recordar, con una denuncia de la AFIP, cuyos sabuesos detectaron irregularidades y presuntos delitos multimillonarios al revisar los libros contables de la constructora Sucesores de Adelmo Biancalani, en la que Fabio Biancalani continúa como accionista minoritario.
En septiembre de 2020, el juez federal subrogante Enrique Bosch procesó a Báez y los demás acusados a pedido del fiscal federal Patricio Sabadini. Estimó que había pruebas suficientes sobre “la existencia de operaciones interempresas –controlada y controlante– con facturaciones importantes por servicios que a la postre no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la AFIP”.
Esas facturaciones, según estimó Bosch –quien preside el tribunal oral que juzgará a Báez, aunque se excusó de intervenir– “sirvieron en definitiva para simular operaciones y justificar movimientos importantes de fondos entre empresas buscando claramente la justificación patrimonial en la controlada y la inyección de fondos provenientes de la obra pública”
Tras varias postergaciones, Lázaro Báez se sentó, al fin, en el banquillo de los acusados en Chaco. Afronta cargos por la presunta evasión de decenas de millones de pesos provenientes de la obra pública a través de una de sus constructoras. Y de ser hallado culpable, la condena configuraría el “delito precedente” de otras maniobras delictivas, como la ruta del dinero K.
Sujeto al régimen de la prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires, Báez participó en la primera audiencia oral a través de la plataforma Zoom, a diferencia de su socio en la firma Sucesores de Adelmo Biancalani, el otrora senador nacional por el Partido Justicialista, Fabio Biancalani, quien sí se presentó en la sala donde el Tribunal Oral Federal desarrolla el juicio.
La apertura del juicio se postergó para el 22 de este mes, cuando el presunto testaferro de la familia Kirchner y Biancalani coincidieron de manera virtual con el expresidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, otro de los lugartenientes de Báez, el contador Claudio Bustos, y el abogado Jorge Chueco, que al igual que Báez ya afrontan otras condenas.
La acusación contra los cinco acusados se centra en las presuntas maniobras delictivas con facturas truchas que habrían desarrollado a través de la constructora Sucesores de Adelmo Biancalani, con un perjuicio para el fisco estimado en decenas de millones de pesos, cifra que está sujeta a una actualización sustancial.
En ese sentido, Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani llegaron a la instancia oral con embargos por $52 millones cada uno con el fin de cubrir, de ser hallados culpables, la cifra que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estimó hace años que habrían evadido en los impuestos a las ganancias e IVA mediante el uso masivo e intensivo de facturas apócrifas, en tanto que Chueco sobrelleva un embargo de $3 millones.
Durante la primera audiencia, las defensas plantearon objeciones a las que deberán responder en la próxima audiencia del juicio, fijada para este jueves 29, el fiscal federal, Federico Carniel, y los abogados de la AFIP, organismo que participa en el proceso como querellante.
Tanto para Báez –que ya acumula dos condenas penales en los casos Vialidad” y ruta del dinero K–, como Mendoza y Bustos, la pesquisa que se desarrolló durante años en Chaco representa una de las tres grandes investigaciones judiciales que afrontaron por la presunta evasión a escala multimillonaria que habrían desarrollado durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
En Bahía Blanca, el juez federal Walter López da Silva los procesó como miembros de una presunta asociación ilícita fiscal destinada a cometer delitos en perjuicio de las arcas públicas por más de $673 millones y los embargó por $120 millones. Pero la Cámara Federal con asiento en esa ciudad revocó el procesamiento de Báez, a mediados de 2021, tras concluir que él y sus alfiles ya eran investigados por esos mismos hechos en Buenos Aires. Tras esa decisión, el juez solo remitió a juicio oral a los empresarios bahienses que trabajaron para el dueño de Austral Construcciones.
En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, procesó a Báez, Mendoza y Bustos en marzo de 2018 por la presunta evasión de al menos $ 70 millones a través de Austral Construcciones, y elevó a juicio oral a Báez y a sus hijos Martín, Leandro y Luciana, como también a Mendoza, Bustos, Chueco, César Andrés y otros alfiles. Todos deberán afrontar la instancia oral ante el Tribunal en lo Penal Económico N° 3, que por estos días avanza con la concreción de medidas de prueba suplementarias.
El expediente que tramita ante la Justicia Federal en Chaco se inició, cabe recordar, con una denuncia de la AFIP, cuyos sabuesos detectaron irregularidades y presuntos delitos multimillonarios al revisar los libros contables de la constructora Sucesores de Adelmo Biancalani, en la que Fabio Biancalani continúa como accionista minoritario.
En septiembre de 2020, el juez federal subrogante Enrique Bosch procesó a Báez y los demás acusados a pedido del fiscal federal Patricio Sabadini. Estimó que había pruebas suficientes sobre “la existencia de operaciones interempresas –controlada y controlante– con facturaciones importantes por servicios que a la postre no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la AFIP”.
Esas facturaciones, según estimó Bosch –quien preside el tribunal oral que juzgará a Báez, aunque se excusó de intervenir– “sirvieron en definitiva para simular operaciones y justificar movimientos importantes de fondos entre empresas buscando claramente la justificación patrimonial en la controlada y la inyección de fondos provenientes de la obra pública”
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