SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN....¡¡¡CHORROS !!!

Escándalo con los seguros: se abre una causa penal y Fernández busca despegarse
El Gobierno evalúa presentarse como querellante para impulsar la investigación

La trama de contrataciones con la empresa Nación Seguros y una serie de intermediarios impulsados por el poder político durante la gestión de Alberto Fernández derivó ayer en una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez contra el expresidente.
La denuncia cayó en el Juzgado 11, a cargo del juez federal Julián Ercolini.
El escrito recuerda que, con un decreto, Fernández obligó a la administración pública a contratar todas sus pólizas con Nación Seguros. En la intermediación aparecieron brokers ligados a la política. Uno era Pablo Torres García, un empresario que habría cobrado una comisión varias veces mayor que la del merEn cado; otro era Héctor Martínez Sosa, casado con la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero. Ayer, en diálogo con la nacion, el expresidente negó que hubiera realizado gestiones a su favor y dijo que si Cantero lo hizo no fue con su aval. El gobierno de Javier Milei evalúa presentarse como querellante.
“Yo no pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, que lo dudo, se extralimitó”
Alberto Fernández expresidente
La trama de contrataciones de seguros con la empresa Nación Seguros y una serie de intermediarios que fue montada durante la administración del Frente de Todos ya tuvo un coletazo en los tribunales federales de Comodoro Py. La abogada Silvina Martínez presentó una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fernández y el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano en la que los acusó de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. La denuncia cayó en el Juzgado 11, a cargo momentáneamente del juez federal Julián Ercolini. El expediente todavía no tuvo impulso penal por parte del Ministerio Público Fiscal.
El fiscal federal del caso será Ramiro González, quien subroga la fiscalía de su colega Carlos Rívolo, actualmente de licencia. Ercolini todavía no corrió vista a la fiscalía para que se expida sobre si corresponde abrir o no la investigación.
La práctica denunciada en la Justicia Federal comenzó en 2021 y fue observada y cuestionada por el exfuncionario cordobés y extitular de la Anses Osvaldo Giordano. Cuando asumió el cargo, Giordano pidió que fueran investigadas las razones de un contrato con Nación Seguros para asegurar los créditos a los jubilados. Antes de que asumiera Alberto Fernández, la Anses usaba autoseguros. Y a fines de 2021, el entonces presidente ordenó que todos los seguros estatales debían ser canalizados a través de Nación Seguros, empresa que contrataba, a su vez, a un broker y a empresas privadas. A través del decreto presidencial 823, se dispuso que todas las empresas de seguros debían asegurarse con Nación Seguros. Al frente de la empresa estaba Alberto Pagliano, de extrema confianza de Fernández.
La denuncia a la que accedió se refiere a una nota publicada nacion en el diario Clarín y dice que el artículo revela “un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios”. “Los 20.000 millones de pesos es lo que le paga la Anses al Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos: desde 2011 los venía otorgando sin este seguro”, introduce Martínez en el comienzo del texto que presentó Silvina Martínez en Comodoro Py.
“A su vez –continúa la presentación– Nación subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces superior a la del mercado: 17%. Unos $300 millones mensuales. Allí aparece como intermediario Pablo Torres García, un empresario y broker financiero que habría cobrado una comisión varias veces superior a la de mercado. Y otro broker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero”.
Según publicó Martínez Sosa tiene relaciones comerciales con el expresidente en la actualidad. Y otro de los intermediarios, Pablo Torres García, estaría vinculado a Sergio Massa.
Además, la denunciante sugiere que esta práctica se replicó en otras dependencias del Estado. “Este esquema se replicó en el Ministerio de Seguridad durante la presidencia de Alberto Fernández”, señala. Y detalla: “En los convenios que firmaba el ministerio con Nación Seguros había una cláusula que permitía el negociado: ‘La contratación del seguro objeto del presente Convenio se hará entre el MINISTERIO y NACIÓN SEGUROS – Casa Central, Gerencia de Ventas Canal Organismos Públicos-admitiéndose que el Ministerio pueda generar una designación de un intermediario en caso de considerarlo conveniente para sus intereses”.
Uno de los casos más emblemáticos, según fuentes oficiales, es el de la Gendarmería. El seguro de vida de la fuerza es el de póliza más alta, y Martínez Sosa llegó a percibir el 20%, alrededor de $7.000.000.000, en marzo de 2023.
Según documentos reservados a los que accedió la nacion, la Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Casa de la Moneda, el Ministerio de Seguridad y la Superintendencia de Servicios de Salud, entre otras dependencias, pidieron contratar a Martínez Sosa. El mecanismo implicaba que tenían que solicitarlo desde las propias áreas a Nación Seguros.
El expresidente llegó a la Argentina la semana pasada, luego de pasar dos meses en España. Llegó en medio de las presiones internas para ceder el cargo del PJ Nacional, que actualmente preside. Pero ahora sumó un nuevo frente, no en la política, sino en los tribunales federales.
La práctica denunciada en la Justicia comenzó en 2021 y fue revelada por el exfuncionario Giordano, de la Anses
El Gobierno
Ayer, el gobierno de Javier Milei reveló que analiza presentarse como querellante en la causa que tiene el juez Ercolini sobre los negocios del seguro en el Estado, con el objetivo de impulsar la investigación.
El gobierno nacional hizo un giro a principio de febrero con respecto a su posición frente a las denuncias de corrupción y anunció que volvería a ser querellante. Fue un cambio con respecto al inicio de la gestión, cuando argumentaba que no era función de la Oficina Anticorrupción litigar contra exfuncionarios del kirchnerismo denunciados en la Justicia.
El anuncio del cambio lo expresó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien también dijo que “se está asumiendo” ese papel en las causas. El caso de los seguros puede convertirse en una muestra del giro. Y la Oficina Anticorrupción podría presentarse ante Ercolini como querellante del caso.
Se cobraron comisiones excesivas

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“Yo no pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”, dijo el expresidente
Fernández buscó tomar distancia del escándalo y aseguró que no llamó a ningún funcionario para impulsar contrataciones en el Estado

Camila Dolabjian
El escándalo de los seguros, que exhibió la acción de gestores vinculados al poder político que cobraban comisiones millonarias en el mercado cautivo del Estado, recayó finalmente en la Justicia y tuvo como denunciado al expresidente Alberto Fernández. Se lo acusa, entre otros delitos, de malversación de fondos públicos, violación de deberes de funcionario y abuso de poder debido a los contratos de gestoría dados de alta durante su presidencia a favor de su amigo, Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada del expresidente, María Cantero.
Múltiples fuentes aseguran que recibieron llamados de Cantero, que acompañó durante 30 años a Alberto Fernández, para promover en diferentes dependencias públicas la designación de Martínez Sosa como productor de sus seguros. De regreso a la Argentina tras su estadía en España, el expresidente buscó tomar distancia, negó que hubiera realizado gestiones con funcionarios para que contrataran a Martínez Sosa y dijo que tampoco le pidió a Cantero, su secretaria, para que lo haga: “Dudo de que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, aseguró Alberto Fernández a la
nacion. Fernández aseguró que el decreto 823 de 2021 que firmó, que dictaba la obligatoriedad de los entes públicos de contratar a Nación Seguros, que fue el mecanismo que hizo aparecer a los gestores sospechados, tenía la intención de terminar con la intermediación. El expresidente argumentó que el decreto indicaba que la contratación debía hacerse de manera directa, para así terminar con el sistema que se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri, el cual, a su entender, había dado lugar a “muchos negocios”.
La práctica denunciada en la Justicia obligaba a las dependencias estatales a canalizar los contratos a través de Nación Seguros, empresa que contrataba, a su vez, a un broker y a empresas privadas, de referentes vinculados a Fernández y Sergio Massa. Entre los intermediarios aparecen Pablo Torres García, cercano a Sergio Massa y Martínez Sosa, esposo de la secretaria del expresidente.
El decreto de Fernández menciona que los contratos debía hacerse mediante convenio interadministrativo. Se prohíbe expresamente la subcontratación de las pólizas, aunque no se hace mención expresa a que no podría haber gestores. Allí aparecían los intermediarios bajo sospecha. Fernández aseguró que “nunca” habló con Martínez Sosa sobre su papel como intermediario en el Estado. Varios de los documentos a los que accedió dan cuenta de que los convenios nacion con Martínez Sosa y otros productores se suscribieron previamente al decreto, pero también hay otros posteriores a la fecha de la decisión presidencial, como los realizados por la Casa de la Moneda y la Superintendencia de Servicios de Salud. Fernández asegura que no estaba en conocimiento de que las áreas requirieran la participación de brokers externos. Ahora, el expresidente asegura que ese negocio iba “en contra” del espíritu del decreto.
Uno de quienes firmaron un convenio posterior al decreto fue Juan José Bahillo, exsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, que respondía políticamente de Sergio Massa. Su área designó a Pablo Torres García, empresario vinculado al exministro de Economía, quien también tenía a cargo la gestión del seguro de la Anses. Fernández dijo a que no tenía la nacion buenas referencias de este productor, es decir, del intermediario que lleva directamente a Massa.
Fernández aseguró que a Martínez Sosa hace “uno o dos años” que no lo ve. Dijo que jamás habló de estos contratos con el gestor y que nunca ocurrió una reunión entre ambos y Alberto Pagliano, conocido de ellos y presidente de Nación Seguros. El expresidente se muestra molesto por las implicancias del escándalo. Y, en defensa de Martínez Sosa, asegura: “No se trata de un Lázaro Báez”. Se refiere a que el empresario tenía un pasado en el mercado de los seguros previo a su aparición como gestor de los negocios que se reprodujeron en el Gobierno bajo la presidencia de Fernández y el desembarco de Massa en el Ministerio de Economía. El expresidente asevera que Martínez Sosa es uno de los productores de seguros más grandes del país y que tuvo negocios con la gestión de Macri.
En una de sus declaraciones juradas, Fernández presenta una deuda con Martínez Sosa. Explica que todavía tiene la deuda y que se trata de un préstamo que tomó de su amigo cuando renunció a la Jefatura de Gabinete de Cristina Kirchner, en 2008. Según su testimonio, el monto total fue de US$20.000, que nunca pudo repagarle, razón por la cual la reportó en su declaración jurada como funcionario cuando cerró el período 2023, cuando seguía vigente.

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Rechazan un pedido de Cristina para apartar a un juez y a un fiscal
La expresidenta pretendía que se suspendieran las audiencias de hoy
Hernán CappielloCristina Kirchner, expresidenta

Sala de Casación rechazó el pedido de Cristina Kirchner para suspender las audiencias que se llevan adelante en pos de revisar su condena de seis años de prisión en la causa de Vialidad. La misma negativa recibió su pedido de apartar al fiscal Mario Villar, que había reclamado duplicar su pena, y al juez Diego Barroetaveña, que debe decidir sobre el asunto.
Así lo resolvió ayer la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, presidida por el juez Gustavo Hornos e integrada por los jueces Mariano Borinsky y el propio Barroetaveña. Los magistrados rechazaron la recusación y dispusieron que continúen las audiencias que fueron fijadas en noviembre del año pasado.
Los jueces rechazaron las recusaciones in limine, es decir, sin más trámite. Dispusieron continuar con las audiencias que están previstas para este jueves con las defensas de Mauricio Collareda y Raúl Osvaldo Daruich; para el 7 de marzo, que es el turno de Cristina Kirchner y de José López; el 14 de marzo, con las defensas de Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe; el 25 de marzo, con las defensa de Lázaro Báez y Guillermo Periotti, y finalmente el 4 de abril, con las defensa de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor René Garro.
Tras la última audiencia, los jueces tienen 20 días hábiles para resolver si confirman la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua de la expresidenta, si la elevan o la revocan. Lo mismo con el resto de los condenados. Deben resolver también qué sucede con los absueltos, si se confirma esa absolución o si se revoca.
Las razones que había expuesto la defensa de Cristina Kirchner para recusar al fiscal Villar apuntan a una supuesta pérdida de objetividad. Beraldi afirmó que en el caso de la condena de Vialidad, el fiscal de juicio, Diego Luciani, había expresado que se estaba ante una asociación ilícita que defraudó al Estado y realizó lavado de activos mediante las maniobras del caso Hotesur y Los Sauces.
Sin embargo, Beraldi señaló que en la causa Hotesur y Los Sauces, el fiscal Diego Velasco afirmó que en realidad había dos asociaciones ilícitas. Y que lo propio opinó Villar en ese caso. Por eso, el abogado de la expresidenta aseguró que la fiscalía tiene posiciones contrapuestas acerca de cuántas son las asociaciones ilícitas por las cuales se juzga a Cristina Kirchner.
Beraldi argumentó que para “revertir el archivo dispuesto por el Tribunal Oral Nº5 en el marco de las causas Hotesur y Los Sauces, el fiscal Villar postuló la existencia de dos supuestas asociaciones ilícitas diferenciadas y perfectamente escindibles, mientras ahora en este expediente [Vialidad], para obtener la condena de nuestra asistida, el nombrado afirma que se trata de una única banda criminal comandada por Cristina Kirchner”.
La fiscalía sostuvo en ambas causas que no podían descartarse las hipótesis. Para la defensa, Villar perdió objetividad porque “ha sostenido posiciones antagónicas en las causas a su conocimiento, dirigidas a mantener pretensiones punitivas a todo trance en contra de la expresidenta de la Nación”.
Ahora a los jueces de la Casación señalaron que el cuestionamiento a Villar es parte de la defensa de Cristina Kirchner. “Los aspectos de la exposición señalados por el recusante no son otra cosa que parte de la acusación sobre la cual el recusante está llamado ejercer la defensa, y luego este tribunal a dictar sentencia”, escribieron.
En cuanto al juez Barroetaveña, la defensa de Cristina Kirchner dijo que como intervino en el caso Hotesur y Los Sauces, al revocar el sobreseimiento de la expresidenta ya tomó posición en cuanto a si integró o no una asociación ilícita en esa causa, pues al reabrir el caso se reitera la posibilidad de que la fiscalía plantee esa acusación.
Los jueces de la Casación rechazaron la recusación de Barroetaveña porque dijeron que es extemporánea, es decir, que pasó el plazo para plantearla. Esto es porque el magistrado fue sorteado para el caso Vialidad el día 12 de junio de 2023 y la sentencia de Hotesur y Los Sauces, en la que intervino, fue el 18 de septiembre de 2023.

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