Llegan los refuerzos, pero no se diluye el recelo entre fuerzas federales y locales
Los efectivos nacionales creen que sus pares de la provincia actúan en connivencia con el delito
Federico Águila
ROSARIO.– Ayer llegaron los refuerzos de fuerzas federales para completar la primera tanda anunciada esta semana por el Ministerio de Seguridad nacional. Son 450 efectivos de la Gendarmería, la Policía Federal y la Prefectura que se desplegarán para fortalecer el nuevo plan de seguridad que coordinaron la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro. En las próximas horas está previsto el arribo del equipamiento prometido por las Fuerzas Armadas, que incluye camionetas, camiones y helicópteros.
De a poco, la ciudad comienza a recuperar su fisonomía habitual tras el estupor por la seguidilla de cuatro asesinatos de trabajadores a manos de bandas narco que desafían al Estado provincial a través de la violencia y el terror. Ahora será el turno de que las autoridades muestren resultados a una sociedad golpeada desde hace años.
Sin embargo, desde la primera vez que desembarcaron las fuerzas federales para reforzar el combate contra el narcotráfico –hace una década– hubo siempre fuerte desconfianza de la Policía de Santa Fe.
En las frenéticas reuniones que se sucedieron desde el domingo se habló de que es momento de la “coexistencia de fuerzas” y de apuntalar el trabajo coordinado. Pero, por lo bajo, los efectivos federales se quejan de los nexos de sus pares provinciales con las bandas narco a las que deberían combatir.
“Los gendarmes no quieren trabajar con la Policía de Santa Fe. Creen que les avisan de los operativos a los criminales y cuando llegan a los lugares ya no queda nada. Por eso la colaboración entre ambas fuerzas es nula”, cuenta a un calificado funcionario la nacion del Poder Judicial provincial.
Los rosarinos no pasan por alto que desde que se declaró la guerra narco en la ciudad casi nunca o nunca hubo bandas abatidas en enfrentamientos. Eso explica, para muchos, la connivencia de ciertos sectores de la policía con el poder narco.
En las reuniones reservadas que esta semana mantuvieron las autoridades nacionales con el gobernador, el tema estuvo sobre la mesa. Le reclamaron a Pullaro que actúe enérgicamente sobre los altos mandos policiales sospechados. Jueces y fiscales venían exigiendo lo mismo desde hace tiempo a los anteriores gobiernos provinciales.
A falta de una reestructuración, el Ministerio de Seguridad nacional le propuso a Pullaro crear nuevas unidades especiales con los policías más confiables. Desde el gobierno provincial le señalaron a Bullrich que en solo tres meses la Policía de Santa Fe pasó de tener una veintena de móviles a cerca de 150 en Rosario. Argumentaron que hubo desidia en los cuatro años de la administración de Omar Perotti y que ahora la pelea es a fondo.
En coordinación con Nación, dividieron a Rosario en ocho zonas calientes. Hasta esta semana, las fuerzas federales operaban en dos. El martes montaron dos controles mientras que la policía local realizó patrullajes y una intervención barrial focalizada en Stella Maris.
Ahora los federales estarán en Empalme Graneros y Ludueña, Tablada, Tío Rolo, Triángulo y Moderno, las zonas más “calientes”.
“Por segunda vez, tenemos que recuperar la vida de la ciudad. Ya nos pasó con la salida de la pandemia, ahora es con la última ola de violencia que vivimos. Tenemos que recuperar la vida cotidiana, la vuelta a clases, el transporte”, dijo a el intendente Rosario, Pablo Javkin.
Ayer, quien volvió a referirse a la situación en Rosario fue el presidente Javier Milei, que en un primer momento señaló al Partido Socialista, que gobernó la provincia de Santa Fe antes del desembarco del peronista Perotti y del radical Pullaro, como responsable de la situación actual.
Habló del “narcosocialismo iniciado con Binner y Bonfatti”, en alusión a Hermes Binner y Antonio Bonfatti, y resaltó: “Poner socialistas en el gobierno no es gratis. Destruyen todo lo que tocan. Es para entender a los responsables del desastre que tiene hoy Rosario”.
Insistió en que desde la Casa Rosada trabajan en una modificación de la ley de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas puedan ir con sus armas al territorio “cuando se constituye un caso de narcoterrorismo” y también manifestó estar dispuesto a construir nuevos penales.
“Estamos pensando en desarrollar cárceles. Hay algunas en medio de la ciudad y tienen mucho valor los terrenos en términos inmobiliarios. Estamos pensando en vender esas cárceles y, con esos fondos, construir nuevas cárceles de máxima seguridad”, indicó, y cerró: “Estamos trabajando en incorporar cárceles privadas”.
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Las viejas recetas renovadas que ya fueron probadas sin resultados concretos
Parte de la estrategia que busca desplegar el Gobierno ya se aplicó en Rosario sin éxito
ROSARIO.– Ayer llegaron los refuerzos de fuerzas federales para completar la primera tanda anunciada esta semana por el Ministerio de Seguridad nacional. Son 450 efectivos de la Gendarmería, la Policía Federal y la Prefectura que se desplegarán para fortalecer el nuevo plan de seguridad que coordinaron la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro. En las próximas horas está previsto el arribo del equipamiento prometido por las Fuerzas Armadas, que incluye camionetas, camiones y helicópteros.
De a poco, la ciudad comienza a recuperar su fisonomía habitual tras el estupor por la seguidilla de cuatro asesinatos de trabajadores a manos de bandas narco que desafían al Estado provincial a través de la violencia y el terror. Ahora será el turno de que las autoridades muestren resultados a una sociedad golpeada desde hace años.
Sin embargo, desde la primera vez que desembarcaron las fuerzas federales para reforzar el combate contra el narcotráfico –hace una década– hubo siempre fuerte desconfianza de la Policía de Santa Fe.
En las frenéticas reuniones que se sucedieron desde el domingo se habló de que es momento de la “coexistencia de fuerzas” y de apuntalar el trabajo coordinado. Pero, por lo bajo, los efectivos federales se quejan de los nexos de sus pares provinciales con las bandas narco a las que deberían combatir.
“Los gendarmes no quieren trabajar con la Policía de Santa Fe. Creen que les avisan de los operativos a los criminales y cuando llegan a los lugares ya no queda nada. Por eso la colaboración entre ambas fuerzas es nula”, cuenta a un calificado funcionario la nacion del Poder Judicial provincial.
Los rosarinos no pasan por alto que desde que se declaró la guerra narco en la ciudad casi nunca o nunca hubo bandas abatidas en enfrentamientos. Eso explica, para muchos, la connivencia de ciertos sectores de la policía con el poder narco.
En las reuniones reservadas que esta semana mantuvieron las autoridades nacionales con el gobernador, el tema estuvo sobre la mesa. Le reclamaron a Pullaro que actúe enérgicamente sobre los altos mandos policiales sospechados. Jueces y fiscales venían exigiendo lo mismo desde hace tiempo a los anteriores gobiernos provinciales.
A falta de una reestructuración, el Ministerio de Seguridad nacional le propuso a Pullaro crear nuevas unidades especiales con los policías más confiables. Desde el gobierno provincial le señalaron a Bullrich que en solo tres meses la Policía de Santa Fe pasó de tener una veintena de móviles a cerca de 150 en Rosario. Argumentaron que hubo desidia en los cuatro años de la administración de Omar Perotti y que ahora la pelea es a fondo.
En coordinación con Nación, dividieron a Rosario en ocho zonas calientes. Hasta esta semana, las fuerzas federales operaban en dos. El martes montaron dos controles mientras que la policía local realizó patrullajes y una intervención barrial focalizada en Stella Maris.
Ahora los federales estarán en Empalme Graneros y Ludueña, Tablada, Tío Rolo, Triángulo y Moderno, las zonas más “calientes”.
“Por segunda vez, tenemos que recuperar la vida de la ciudad. Ya nos pasó con la salida de la pandemia, ahora es con la última ola de violencia que vivimos. Tenemos que recuperar la vida cotidiana, la vuelta a clases, el transporte”, dijo a el intendente Rosario, Pablo Javkin.
Ayer, quien volvió a referirse a la situación en Rosario fue el presidente Javier Milei, que en un primer momento señaló al Partido Socialista, que gobernó la provincia de Santa Fe antes del desembarco del peronista Perotti y del radical Pullaro, como responsable de la situación actual.
Habló del “narcosocialismo iniciado con Binner y Bonfatti”, en alusión a Hermes Binner y Antonio Bonfatti, y resaltó: “Poner socialistas en el gobierno no es gratis. Destruyen todo lo que tocan. Es para entender a los responsables del desastre que tiene hoy Rosario”.
Insistió en que desde la Casa Rosada trabajan en una modificación de la ley de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas puedan ir con sus armas al territorio “cuando se constituye un caso de narcoterrorismo” y también manifestó estar dispuesto a construir nuevos penales.
“Estamos pensando en desarrollar cárceles. Hay algunas en medio de la ciudad y tienen mucho valor los terrenos en términos inmobiliarios. Estamos pensando en vender esas cárceles y, con esos fondos, construir nuevas cárceles de máxima seguridad”, indicó, y cerró: “Estamos trabajando en incorporar cárceles privadas”.
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Las viejas recetas renovadas que ya fueron probadas sin resultados concretos
Parte de la estrategia que busca desplegar el Gobierno ya se aplicó en Rosario sin éxito
Hugo Alconada Mon y Germán de los Santos
ROSARIO.– Tres combis, cuatro furgonetas, cuatro camionetas, siete patrulleros y un micro se colocaron en la banquina de la autopista que conecta Buenos Aires y Rosario. Identificados con logos de la Gendarmería, no entraron a la ciudad que se desangra. Esperaron el arribo de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Para las cámaras. Para Instagram.
Esta anécdota grafica con elocuencia las dimensiones por las que corren la política y la realidad, que a veces se conectan, y otras, no. Así fue cómo el presidente Alberto Fernández anunció, el 7 de marzo de 2023, que enviaría al Ejército argentino a Rosario como parte de un megaoperativo federal –el octavo en diez años– que prometía dar solución a la crisis de la seguridad de la mayor ciudad de Santa Fe, atosigada por la expansión del narcotráfico y la violencia del crimen organizado. Y un año después, el gobierno de Javier Milei anunció lo mismo, aun a sabiendas de que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en cuestiones de seguridad interior y solo pueden asistir con logística, como máximo. Aquella y esta vez, el objetivo de la Casa Rosada es mostrar “iniciativa” ante la sociedad.
¿Un ejemplo? Anunciaron el envío de un carro blindado de la Gendarmería a las calles más calientes de Rosario. Acaso muchos no lo recuerden, pero ya lo habían enviado en 2017. Es el Spartan, un vehículo de apoyo táctico. Los gendarmes tienen tres y también recorrieron las calles de Buenos Aires durante la reunión del G-20, a fines de noviembre de 2018.
Ahora se anuncia, también, un “comité de crisis” para abordar el drama de Rosario tras los asesinatos de dos taxistas, un chofer de trolebuses y un playero de una estación de servicio, como en 2023 también se anunció un “comando unificado” para abordar lo que ocurría en la tercera ciudad más poblada del país. ¿Por qué se había ordenado entonces? Por un ataque narco al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.
En ese momento, el intendente Pablo Javkin (que sigue al frente del Ejecutivo en Rosario) ya calificaba estas balaceras que tienen por objetivo causar conmoción en la sociedad de un “ataque narcoterrorista”. Pasó un año... Esta semana, cuando lanzó el refuerzo del operativo de despliegue federal, la ministra Bullrich se comprometió a no dejar que “Rosario sea una tierra de narcoterroristas”.
¿Otro ejemplo? Las autoridades anunciaron una recompensa de 10 millones de pesos para quien aporte datos sobre el sicario del playero. Sepa quien lea estas líneas que los narcos ofrecen más dólares (y cash) a elementos corruptos de la política, de la Justicia, de la policía y del Servicio Penitenciario santafesinos, según surge de múltiples investigaciones que se desarrollaron en Rosario durante los últimos años.
El Estado –municipal, provincial y nacional– deberá comenzar a proveer los servicios y cubrir todas las necesidades que afirma que provee, pero que en las calles escasean. Hay zonas donde los capos narco son quienes proveen seguridad, comida y empleo.
El despliegue de gendarmes, prefectos y policías federales corre, pues, por un carril endeble. Porque no se trata de cantidad en el despliegue, sino de calidad, coinciden los expertos en seguridad consultados por la nacion. Por supuesto que cuantos más uniformados recorran las calles, mejor; pero eso no alcanzará para retomar el control de los barrios rosarinos. Se necesitará mucho más.
Primero, requerirá sumar personal calificado. Es decir, expertos en inteligencia, comunicaciones y criminalística que se aboquen a tiempo completo a desentrañar cómo operan los grupos criminales en el terreno, intercepten sus comunicaciones –con la debida autorización judicial previa– y avancen hacia los eslabones medios y superiores que transmiten y que dan las órdenes, en lugar de concentrarse en quiénes ejecutan esas directivas. Hay que ir también por quienes lavan sus ganancias. Y por los corruptos que desde la política y el Poder Judicial protegen a los criminales.
Para avanzar sobre los peces medianos y grandes se requiere, no obstante, de recursos presupuestarios y tecnológicos que hoy no hay. Los políticos celebran que enviarán lanchas “inteligentes” a Rosario, pero callan las falencias informáticas grotescas que afrontan las fuerzas de seguridad. “Alcanza con que alguien mande aun pibe con un revólver viejoy dos balas para hacer un desastre ”, recordó a un comandante la nacion general de la Gendarmería, retirado tras décadas de servicio y mucha, mucha calle. “Claro que hay que evitar que ese pibe haga un desastre, pero tanto o más importante es ir por el tipo que le dio la orden”.
ROSARIO.– Tres combis, cuatro furgonetas, cuatro camionetas, siete patrulleros y un micro se colocaron en la banquina de la autopista que conecta Buenos Aires y Rosario. Identificados con logos de la Gendarmería, no entraron a la ciudad que se desangra. Esperaron el arribo de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Para las cámaras. Para Instagram.
Esta anécdota grafica con elocuencia las dimensiones por las que corren la política y la realidad, que a veces se conectan, y otras, no. Así fue cómo el presidente Alberto Fernández anunció, el 7 de marzo de 2023, que enviaría al Ejército argentino a Rosario como parte de un megaoperativo federal –el octavo en diez años– que prometía dar solución a la crisis de la seguridad de la mayor ciudad de Santa Fe, atosigada por la expansión del narcotráfico y la violencia del crimen organizado. Y un año después, el gobierno de Javier Milei anunció lo mismo, aun a sabiendas de que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en cuestiones de seguridad interior y solo pueden asistir con logística, como máximo. Aquella y esta vez, el objetivo de la Casa Rosada es mostrar “iniciativa” ante la sociedad.
¿Un ejemplo? Anunciaron el envío de un carro blindado de la Gendarmería a las calles más calientes de Rosario. Acaso muchos no lo recuerden, pero ya lo habían enviado en 2017. Es el Spartan, un vehículo de apoyo táctico. Los gendarmes tienen tres y también recorrieron las calles de Buenos Aires durante la reunión del G-20, a fines de noviembre de 2018.
Ahora se anuncia, también, un “comité de crisis” para abordar el drama de Rosario tras los asesinatos de dos taxistas, un chofer de trolebuses y un playero de una estación de servicio, como en 2023 también se anunció un “comando unificado” para abordar lo que ocurría en la tercera ciudad más poblada del país. ¿Por qué se había ordenado entonces? Por un ataque narco al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.
En ese momento, el intendente Pablo Javkin (que sigue al frente del Ejecutivo en Rosario) ya calificaba estas balaceras que tienen por objetivo causar conmoción en la sociedad de un “ataque narcoterrorista”. Pasó un año... Esta semana, cuando lanzó el refuerzo del operativo de despliegue federal, la ministra Bullrich se comprometió a no dejar que “Rosario sea una tierra de narcoterroristas”.
¿Otro ejemplo? Las autoridades anunciaron una recompensa de 10 millones de pesos para quien aporte datos sobre el sicario del playero. Sepa quien lea estas líneas que los narcos ofrecen más dólares (y cash) a elementos corruptos de la política, de la Justicia, de la policía y del Servicio Penitenciario santafesinos, según surge de múltiples investigaciones que se desarrollaron en Rosario durante los últimos años.
El Estado –municipal, provincial y nacional– deberá comenzar a proveer los servicios y cubrir todas las necesidades que afirma que provee, pero que en las calles escasean. Hay zonas donde los capos narco son quienes proveen seguridad, comida y empleo.
El despliegue de gendarmes, prefectos y policías federales corre, pues, por un carril endeble. Porque no se trata de cantidad en el despliegue, sino de calidad, coinciden los expertos en seguridad consultados por la nacion. Por supuesto que cuantos más uniformados recorran las calles, mejor; pero eso no alcanzará para retomar el control de los barrios rosarinos. Se necesitará mucho más.
Primero, requerirá sumar personal calificado. Es decir, expertos en inteligencia, comunicaciones y criminalística que se aboquen a tiempo completo a desentrañar cómo operan los grupos criminales en el terreno, intercepten sus comunicaciones –con la debida autorización judicial previa– y avancen hacia los eslabones medios y superiores que transmiten y que dan las órdenes, en lugar de concentrarse en quiénes ejecutan esas directivas. Hay que ir también por quienes lavan sus ganancias. Y por los corruptos que desde la política y el Poder Judicial protegen a los criminales.
Para avanzar sobre los peces medianos y grandes se requiere, no obstante, de recursos presupuestarios y tecnológicos que hoy no hay. Los políticos celebran que enviarán lanchas “inteligentes” a Rosario, pero callan las falencias informáticas grotescas que afrontan las fuerzas de seguridad. “Alcanza con que alguien mande aun pibe con un revólver viejoy dos balas para hacer un desastre ”, recordó a un comandante la nacion general de la Gendarmería, retirado tras décadas de servicio y mucha, mucha calle. “Claro que hay que evitar que ese pibe haga un desastre, pero tanto o más importante es ir por el tipo que le dio la orden”.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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