“Si el Gobierno quiere el éxito del programa económico, no lo puede hacer con la gente afuera”
Estudió Economía en la UBA y completó una maestría en Desarrollo Económico en la Universidad de Sussex (Reino Unido); fue secretario de Integración Socio Urbana de la Nación (2018-2019) y en su gestión se creó el FISU; es chief policy officer de The Globa Esteban Lafuente
“La AUH reforzada y el Potenciar Trabajo maquillado para mí son insuficientes para pasar febrero, marzo y abril”, evalúa Sebastián Welisiejko, al analizar las políticas de asistencia social del Gobierno. El economista, que fue secretario de Integración Socio-urbana de la Nación (2018-2019) advierte que estabilizar la macro y bajar la inflación son “prioridad número uno” para intentar resolver la pobreza.
Pero critica el ajuste de partidas y la desfinanciación de programas destinados a atender a los vulnerables.“tenemos un problema en los próximos tres meses y tenemos un problema en los próximos 10 años. Ambos me parecen igual de legítimos, y si sos un buen gestor y un buen policy maker, te ocupás de las dos cosas”, plantea el analista, al advertir por las consecuencias del corrimiento del Estado en temas como la primera infancia, la prevención del embarazo adolescente o la política alimentaria. A su vez, critica el desfinanciamiento que decretó el Gobierno para el Fondo de Integración Socio urbana (FISU), el instrumento creado por unanimidad en el Congreso en 2018, y califica como una “oportunidad perdida” a la gestión realizada con este dinero en la gestión de Alberto Fernández.
–¿Por qué fue una “oportunidad perdida”?
–Si quisieras urbanizar todas estas villas del país, calculamos que, cuando el registro abarcaba 4416 barrios, la inversión necesaria era de no menos de US$26.000 millones. Y el Estado Nacional no tiene esa plata para invertir en esto, y no lo va a tener. El modelo en el cual el Estado Nacional le hace una transferencia a una provincia o un municipio para que urbanice una, dos o tres villas tiene las patas muy cortitas. En un año, a esta política quizás se le dedican US$50 o US$60 millones. El año pasado el FISU tuvo un ingreso récord que fue un poco más de eso y fue un montón, en parte por el impuesto PAIS que, dicho sea de paso, es una mala fuente de fondeo, porque es un mal impuesto, es distorsivo y cuando se creó solo iba a durar cinco años. El FISU en cuatro años juntó US$470 millones, que es un montón pero que, respecto de la necesidad total no es tanto. Si salió todo bien, se intervino en 100 villas, pero aparecen 100 nuevas, y hay que recordar que son 5000.
–¿Cuál es su visión sobre el funcionamiento operativo del FISU?
–Es un instrumento financiero para llevar a cabo la política. No es una cosa en sí misma. La política sigue siendo central y el instrumento sigue siendo un buen instrumento. Si hay algo que investigar en términos de transparencia, que se investigue. Y ojalá el Gobierno revea la situación. Si quiere dar de baja los fideicomisos financieros y los fondos fiduciarios de toda la nación, que revea caso a caso. Y la idea del fideicomiso, más que tratar de que sea una caja administrativa para bypassear el accionar de un Ministerio (mucha gente piensa que es eso) es buscar un nuevo modelo de financiamiento que permita escalar la política y que no se corra siempre el problema de atrás. Y eso tenía esencialmente dos objetivos. Uno, poder utilizar los recursos públicos para apalancar otros recursos privados y de mercado, y encontrar una nueva relación para el fondeo y el repago con las provincias y los municipios. Algunos quizás no están de acuerdo, pero la idea era que las provincias pueden participar del repago de las inversiones y que, en vez de dar un subsidio a la provincia que le toque, haya un instrumento financiero accesible, para que se hagan más proyectos. Porque provincias y municipios tienen fuentes para repagar esto, porque terminan transformando un pasivo urbano y social en un activo urbano y social. Si un proyecto sale bien, la provincia va a tener mejores resultados por los próximos años en educación, en salud, en seguridad ciudadana, y va a tener recursos genuinos. No es un crédito para impulsar la planta del Estado. Y los municipios son los amos y señores del ordenamiento territorial. Creo que ofrecerle un instrumento de crédito a muchos es superior a ofrecer posiblemente un subsidio a muy poquitos.
–El Gobierno ataca estos fondos y habla de caja negra de la política.
–Creo que también tiene que ver con un método, casi con una cultura que está trayendo el Gobierno, de la confrontación permanente y de aplicar soluciones de shock. Me parece valioso que el Gobierno esté planteando algunas discusiones que no se venían planteando. Veníamos de cuatro años de esencialmente un surfeo del ‘statu-quismo’, con consecuencias muy negativas. Había que llegar a ciertas discusiones y eso es bienvenido. Pero se dan con medidas de amplio espectro; barren con todo por un problema. Seguramente en alguno de los 30 fideicomisos hay irregularidades. ¿Qué hacemos? Barro con todo, y quizás me llevo puesto a los que funcionan bien. Es igual que la política monetaria. Yo también estoy convencido de que la emisión irresponsable genera inflación y que el déficit continuo tiene un efecto muy, muy negativo en los en los fundamentos de la macroeconomía y eso, en definitiva, es el gran originador de la pobreza y lo social. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Hago mejor política monetaria, adopto una nueva regla fiscal? ¿O cierro el Banco Central? Creo que en ese desmantelamiento total de cosas hay un problema. Obviamente, es mucho más difícil hacer mejor política que no hacer nada y dejar crecer todos los problemas, como yo creo que en buena medida hizo el gobierno anterior, o que barrer con todo a lo bestia, como vemos que está planteando en algunos casos el actual gobierno.
–En política social, el Gobierno tiene una disputa con organizaciones sociales que en muchos casos intermedian en los programas. ¿Cuál es su visión?
–Aunque a mucha gente no le guste, cumplen un rol en territorios donde el Estado no llega. Los que tienen un mínimo de territorialidad saben que vas a algún barrio y no se ve nada, no está el municipio o la provincia, pero de pronto hay un merendero de alguna organización social. Te puede gustar más, te puede gustar menos, podés tener mejores sistemas (creo que tienen que ser más transparentes y con mejor gobernanza), pero son jugadores válidos. El Gobierno ahora replanteó, hizo actos hasta políticos diciendo que van a usar más a las iglesias evangélicas o a la Iglesia católica, que también vale. Hay que trabajar con todos los que estén dispuestos a hacerlo de manera transparente.
–¿Cuánto pesa el escenario macroeconómico en estos problemas?
–El origen de los problemas de los que estamos hablando, y de que la gentenecesiteunaayudaalimentaria o programas para mejorar su hábitat tiene que ver con que hace años que la economía argentina está absolutamente rota. Y es el punto central. La estabilización macroeconómica es la prioridad número uno para el crecimiento, la inversión y el desarrollo. A través de los años fuimos normalizando una cantidad de distorsiones y anomalías; el país no crece hace 10 años y casi lo aceptamos pasivamente. Todas esas condiciones que generan altísima inflación hace muchísimos años es la madre de todos los problemas. Hoy bajar la inflación es la prioridad uno. Si no haces eso, la política de contención va a tener que tender a infinito y a nivel Estado vas a tener que gastar todos los recursos en eso. Y eso no tiene solución de continuidad y perdés espacio para hacer las otras políticas. Este esquema te pone todo el tiempo la presión sobre la supervivencia, y eso no puede ser la aspiración ningún país. Entonces, sanear la economía es la prioridad número uno. El reordenamiento macroeconómico está muy bien, porque sin eso no se puede pensar en nada que tenga que ver con mejoras sociales. Ahora, también creo que con eso no alcanza.
–¿Por qué?
–Hay dos problemas. Este programa, que viene siendo muy agresivo, ambicioso, rápido y muy de shock, donde el propio gobierno hará una valoración de que el gradualismo no le funcionó a Cambiemos, y la realidad es que hasta el propio FMI le dijo al presidente que este programa sea con la gente adentro y que cuide a los más vulnerables. Y si realmente querés el éxito del programa, no lo podés hacer con la gente afuera. Hay gente que sufre mucho los embates del ajuste, que viene muy golpeada de muchos años. Esa calibración hoy me está preocupando, porque se desarman un montón de estos programas. Duplicar la AUH fue una buena medida, pero eso llega a 2 millones de madres. Y hoy hay una gran población de gente vulnerable, pobre, que está afuera de la órbita de la ayuda del Estado. En lo inmediato está el problema de cómo pasar la rompiente para hacer esa estabilización, por el motivo táctico, que es que tu programa se pueda hacer, o el imperativo de evitar que mucha gente deje de comer. La AUH reforzada y el Potenciar maquillado, para mí son insuficientes para pasar febrero, marzo y abril. Quiero que el programa de estabilización salga bien, que la economía se sane y me preocupa la batería de respuestas.
–Habló de dos problemas. ¿Cuál es el segundo?
–En la urgencia actual quizá tiene menos visibilidad, pero creo que yendo a la cuestión estructural, es algo que vamos a pagar por muchas generaciones. Si se van desmantelando las políticas de transformación, es un gran problema. Si desarmo la integración sociourbana porque elimino el instrumento, lo desfondeo o no hago nada con eso; si desatiendo programas de primera infancia o de prevención del embarazo, quizás zafo y paso uno o dos años, pero las consecuencias del no accionar estatal en esas políticas más profundas las vamos a sentir por generaciones. Y casi como hacedor de política pública o gobernante, para mí eso también es tirar la toalla. Si mi programa es estabilizar la macroeconomía y en el medio dar algunas transferencias, eso es una vara bajísima, de muy poco vuelo. Para el Gobierno parece ser que con ordenamiento económico, crecimiento y más inversión y baja inflación, cuatro cosas con las cuales es imposible estar en desacuerdo, es suficientes para el desarrollo y la integración social. Es la vieja llamada teoría del derrame. Y no creo que eso sea así. Creo que hay una función irrenunciable, no solo desde el Estado, sino también en la articulación con privados de manera inteligente, para generar las políticas de transformación que generen condiciones para superar la pobreza estructural, más allá de los embates de la coyuntura.
–¿Y por qué pasa eso? ¿Es por un foco económico, ideológico?
–Ahí tenemos que entrar en el terreno de la conjetura mental. Me encantaría poder hablarlo con el Gobierno. Los gobiernos están formados por personas y posiblemente haya visiones diferentes. El Presidente es un economista muy dogmático, vive la economía casi como una cuestión de fe y guiado por preceptos que están en libros, muchos de ellos muy antiguos, y tiene un approach ideológico a la economía. En sus discursos habla lleno de tecnicismos, apelando a economistas del siglo pasado. Ahí hay un poco de dogmatismo. Posiblemente crea que el mercado va a solucionar todas estas cuestiones. Es todo tan demodé, tan blanco y negro, que complica la discusión. Creo que el Presidente cree que el libre mercado va a ordenar todo, lo dijo mil veces. Espero que haya alguien en su círculo que le diga: “Si vos querés que esto tenga éxito, hay que mirar otras cosas”
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La cifra, que equivale a 50 veces el haber promedio del sistema previsional, corresponde al ingreso neto de la doble prestación que recibe por decisión del gobierno anterior, en el que fue vicepresidenta, y aun cuando hay un juicio en trámite referido al tema; Macri cobra $4,9 millones y Boudou, $3,47 millones; la lista completa de beneficiarios, según información oficial a la que accedió
Silvia Stang
La expresidenta Cristina Kirchner cobra dos asignaciones vitalicias, consideradas de privilegio, que este mes alcanzaron un monto bruto superior a los $14,5 millones; uno de los beneficios le había sido suspendido, pero ella lo reclamó en la JusticiaEntre la asignación vitalicia por ser expresidenta y la pensión por ser viuda de un expresidente, Cristina Kirchner percibe este mes del Estado nacional $9.448.101,84. Ese es el ingreso neto, es decir, lo cobrado de bolsillo, luego de descuentos. En bruto, la cifra es de $14.548.836,38. Si se observan los beneficios, considerados de privilegio, de manera desagregada, la jubilación es de $8.107.506,01 o $5.264.702,94, en términos brutos y netos, en tanto que la pensión asciende a $6.441.330,37 o $4.183.398,90, respectivamente.
Un dato curioso: el monto bruto de ambas asignaciones es un 167% más alto que el de un año atrás -aunque de bolsillo cobró un 243% más, porque en febrero de 2023 la cifra fue de $2.752.068,36-; ese es un porcentaje similar al del alza que, en el régimen general de jubilaciones de la Anses tuvieron, si se suma el bono de refuerzo, únicamente quienes cobran el haber mínimo, que este mes es, de bolsillo, $157.541 (lo cobrado efectivamente por Cristina es 60 veces ese monto). Para muchos jubilados que también son de ingresos bajos, la suba interanual de los haberes fue de tan solo 110,9% (incluso fue menor para algunos, porque perdieron un bono en el período), que es lo que arrojó el cálculo de movilidad aprobado en la gestión anterior y en cuya formulación incidió justamente Cristina Kirchner.
Los datos de las asignaciones de la expresidenta y también los de las cobradas por otros expresidentes, exvicepresidentes y por viudas y una hija de exmandatarios fueron obtenidos tras hacer el trámite de solicitud de acceso a la información pública regulado por la ley 27.275. El organismo que respondió el requerimiento es la Anses, que se encarga de gestionar este tipo de asignaciones.
Durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y bajo la gestión de Fernanda Raverta en la Anses, los pedidos de información sobre el tema no habían tenido respuesta favorable. Por eso, desde 2020 y hasta la llegada del gobierno actual fue imposible conocer los montos que el Estado derivaba a estos prestatarios.
Montos de las prestaciones de privilegio de febrero de 2024
Asignaciones vitalicias otorgadas por el régimen de la ley 24.018 correspondientes a expresidentes y exvicepresidentes y herederos
Fuente: Anses, en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública según la ley 27.275, realizada
Con el doble cobro de prestaciones especiales, una cuestión sobre la cual hay abierta una causa judicial –con un expediente que espera un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia-, Cristina es quien más cobra, si se consideran los actuales once beneficiarios de estas asignaciones vitalicias: expresidentes, exvicepresidentes, viudas de expresidentes y una hija de un exmandatario. Las prestaciones surgen de la mencionada ley 24.018, y el proyecto de ley de bases, cuyo tratamiento quedó inconcluso en el Congreso, pretendió derogar el régimen, que desde hace años despierta controversias.
Los montos de las asignaciones
Lo percibido por la expresidenta equivale a casi 50 veces el haber medio previsional neto del sistema de la Anses que, según datos publicados por la exsecretaría de Seguridad Social ronda este mes los $190.000 (netos), incluido en la cuenta el bono de $55.000 cobrado por quienes tienen el ingreso mínimo. El monto neto promedio de las 12 asignaciones vitalicias especiales cobradas por 11 personas equivale, a la vez, a 22 veces ese ingreso medio del régimen regular.
A Mauricio Macri, que ejerció la presidencia entre diciembre de 2015 y ese mes de 2019 se le liquidó este mes una asignación de un importe neto de $4.958.645,09, mientras que la cifra antes de descuentos es de $6.973.574,76. Para quien fue su vicepresidenta, Gabriela Michetti, el ingreso en bruto es de $5.065.859,20 y, el monto en mano, de $3.889.383,02.
Mauricio Macri y Gabriela Michetti fueron presidente y vicepresidenta, respectivamente, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019La lista incluye a dos exvicepresidentes que acompañaron a Cristina: Julio Cobos ($5.012.213,05 o $3.861.462,76, según se mire el bruto o el neto) y Amado Boudou, condenado por la Justicia por delitos en la causa Ciccone e inhabilitado para ejercer cargos públicos ($4.244.250,75 en bruto y $3.470.281,01 tras descuentos).
También Adolfo Rodríguez Saá cobra una jubilación considerada de privilegio (no se cumplen requisitos de edad ni de años de aportes, en tanto que los montos son elevados). El puntano ejerció la presidencia de la Nación una semana a fines de 2001, y se le liquidó este mes una prestación bruta de $6.682.948,04, que en mano fue de $4.807.391,73.
María Estela Martínez, expresidenta y además viuda del tres veces presidente Juan Domingo Perón está en la lista, con una y no con dos prestaciones. Tiene una asignación de $3.603.023,94 y $3.342.418,24 en bruto y en mano, respectivamente.
María Estela "Isabel" Martínez de Perón, expresidenta, cobra este mes una jubilación de $3.342.418,24 en términos netosOtras tres beneficiarias fueron esposas de expresidentes y heredaron los cobros mensuales. Bety Nelly Andrés, viuda de Roberto Levingston, presidente de facto entre junio de 1970 y marzo de 1971 ($4.515.205,40 y $4.247.554,45, antes y después de descuentos), e Inés Pertiné, quien estuvo casada con Fernando de la Rúa, presidente entre diciembre de 1999 y la grave crisis de diciembre de 2001 ($4.890.423,28 y $3.767.211,55, bruto y neto). También percibe pensión Zulema Yoma, viuda de Carlos Menem, fallecido en 2021 y presidente entre 1989 y 1999; en este caso se liquidó este mes una prestación de $5.741.434,81 en bruto y de $4.240.974,43 tras descuentos; la pareja se había divorciado en la década del 90, pero en 2020 se anunció que celebrarían un segundo casamiento.
La restante persona de la lista es Amalia Carmen Guido, hija de José María Guido, que ejerció la presidencia entre 1962 y 1963. El beneficio, este mes de $3.534.310,72 (bruto) o $3.397134,17 (neto) fue otorgado en 1999 por el entonces presidente Carlos Menem, meses después del fallecimiento de la viuda de quien fue mandatario.
No están en el listado y, por tanto, no cobran según la Anses estas asignaciones, el expresidente Eduardo Duhalde, ni quienes ejercieron la presidencia durante muy cortos períodos en la crisis de 2001, Eduardo Camaño y Ramón Puerta. Daniel Scioli, exvicepresidente, percibió durante un tiempo una prestación de este régimen, según se consignó en una nota de 2020, pero ya no la cobra.
Los descuentos
¿Qué descuentos tienen las prestaciones llamadas de privilegio? En respuesta a la consultadesde la Anses explicaron que “los beneficios se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias y por los descuentos de obra social, en caso de corresponder”. Por eso, las diferencias entre los brutos y los netos. También aclararon que no existe un porcentaje fijo de descuento por el gravamen sobre los ingresos, debido a que el cálculo de la retención se hace teniendo en cuenta la información sobre deducciones que hay en cada caso.
En el escrito de la Anses, que respondió el requerimiento en tiempo y forma –antes del vencimiento del plazo establecido por la normativa-, no se dan más detalles respecto de cómo se liquida el impuesto, porque, se señala, la información sobre el tributo es en cada caso “remitida por parte de AFIP al organismo para que realice la correspondiente retención y liquidación”.
Respecto de cómo se definen las asignaciones vitalicias al momento de pedirse el alta, se explicó que, tal como prevé la ley, el monto equivale a “la suma que, por todo concepto, corresponde a la remuneración de los jueces y las juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en el caso de expresidentes, en tanto que para exvicepresidentes se calcula el 75% de esas cifras. Y las pensiones por viudez son del 75% de la prestación original. Para la actualización, en tanto, se siguen las pautas de lo que ocurre con los ingresos de jueces supremos.
La causa por la doble asignación
En el caso de Cristina Kirchner, el monto neto de $9.448.101,84, como ya se consignó, corresponde a la suma de su jubilación y su pensión. La expresidenta cobra ambas prestaciones desde marzo de 2021, cuando la entonces directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, decidió restituirle uno de los beneficios de privilegio, cuyo pago había sido suspendido en la gestión presidencial de Mauricio Macri, con el argumento de que del artículo 5 de la ley 24.018 surge la incompatibilidad del cobro de dos prestaciones a la vez. Ese artículo establece que la percepción de una asignación vitalicia de expresidente “es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio” del derecho a optar por uno de los beneficios.
Néstor Kirchner le entregó el bastón de mando a Cristina Kirchner el 10 de diciembre de 2007; hoy, la expresidenta y viuda de un expresidente cobra dos prestaciones por un total de $9.448.101,84, en términos netosCuando Cristina obtuvo su jubilación como expresidenta (fue en diciembre de 2019, con Alicia Kirchner a cargo de la cartera de Desarrollo Social) ya cobrara pensión como viuda de un expresidente (la propia ley llama “pensión” a esa prestación específica).
En 2017, alegando irregularidades en el trámite de la resolución que le suspendió un beneficio, la expresidenta inició un juicio y reclamó recuperarlo; también solicitó los montos retroactivos acumulados durante el período en que no había recibido la prestación, y pidió que no se le descontara más el impuesto a las ganancias, pese a los elevados montos que recibía mes a mes y pese a que trabajadores y jubilados con ingresos muchísimo más reducidos estaban tributando (más tarde desistió de este último pedido en particular).
En 2021, con el juicio en trámite, la Anses resolvió pagar las dos prestaciones. Desde hace dos años, la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente de resolver una presentación de la exdiputada nacional y actual legisladora porteña, Graciela Ocaña, que pretende ser admitida en la causa y que se declare la nulidad del desistimiento de la apelación que había hecho el organismo de la seguridad social, bajo la gestión de Raverta, tras una sentencia de primera instancia favorable a la expresidenta.
Es decir, forzada por circunstancias políticas, la Anses había apelado una resolución judicial favorable a Cristina, pero luego renunció a esa presentación, pidió que se archivara el expediente y comenzó a pagar la doble y millonaria asignación vitalicia. Si se lograra el objetivo de Ocaña, la causa seguiría su camino en la Justicia.
Acceso a la información pública
En su respuesta al pedido de información por parte de la Anses cita una resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que indica que “una información debe ser considerada de interés público bajo la ley N° 27.275 cuando esté relacionada con ‘la transparencia en la gestión pública’”.
Y agrega que, según los criterios de la mencionada agencia, “los funcionarios públicos o políticos son las figuras públicas con menor expectativa de privacidad”, porque “el ejercicio de una función pública o aspiración a un cargo político necesariamente expone a un individuo a la atención del público (también después de la muerte)”.
La Anses es el organismo encargado de poner al pago las asignaciones vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes, que se rigen por la ley 24.018La nota oficial menciona que la agencia indicó en su momento que, cuando la información requerida sea sobre datos referidos a personas que ya no ejercen cargos, “no puede dejar de advertirse que continúan teniendo relevancia en la esfera pública, por lo que, tal como lo dispone el Decreto Reglamentario N° 206/2017 y el Dictamen N° 9/16 de la entonces Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, su expectativa de privacidad sigue siendo acotada”.
Además, desde el organismo se consideró que el hecho de que en algunos casos quienes cobran sean los herederos de exfuncionarios “es irrelevante a los efectos de decidir si la información requerida debe ser entregada o no”.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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