Los militares, más cerca de Villarruel que de Bullrich frente al combate al narco
Sectores internos diferencian el papel de las Fuerzas Armadas y temen las consecuencias de la intervención
Mariano de Vedia
Entre los militares, la vicepresidenta Victoria Villarruel saca ventaja en la pulseada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico. En el ámbito castrense prevalecen las dudas y el rechazo a la intervención en Rosario para frenar el avance de la violencia, advirtieron fuentes castrenses.
Según pudo saber antes de avanzar con el plan de incluir a los militares en las operaciones, a partir de la anunciada reforma de la ley de seguridad interior, el ministro de Defensa, Luis Petri, consultó a los jefes de cada fuerza, y la mayoría puso reparos. Así y todo, la iniciativa impulsada por Petri y Bullrich siguió su curso y llegará al Congreso. “Los reparos son los lógicos, por ahora no hay ley que nos cubra. Con una ley del Congreso es otra cosa”, reveló una alta fuente militar. De esa mirada se desprende que no existe un ánimo de poner piedras en el camino a la posible reforma del marco legal.
“No hay diferentes posturas entre los jefes de las Fuerzas Armadas. Lo importante es darle tiempo al debate democrático. La posición de toda la conducción militar es una sola. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, resumió a la nacion una fuente castrense al tanto de la polémica abierta en el espacio político que gobierna.
“La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70. Los que combatieron el terrorismo están presos”, sentenció sin equívocos Villarruel, en franca oposición a la iniciativa anunciada por los ministros de Defensa y de Seguridad.
Se trata de dos áreas -Defensa y Seguridad- en las que la actual titular del Senado esperaba tener influencia, como prometió Javier Milei en la campaña electoral y admitió la propia vicepresidenta, que tiene un vínculo muy directo con la “familia militar”. Hija de un militar que en los años 70 participó del Operativo Independencia y en 1982 combatió en la Guerra de Malvinas, en 2006 creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), para mostrar la otra cara al discurso que bajaba del poder durante el kirchnerismo. Hoy se opone a que los militares se involucren en el combate al narcotráfico.
La secuela de los 70 sigue siendo un elemento condicionante en la discusión frente a este tema sensible. A 48 años del golpe de 1976, aún permanecen encarcelados en unidades penales 115 militares y efectivos de fuerzas de seguridad y policiales, por las causas judiciales de lesa humanidad, a los que deben sumarse otros 739 que cumplen prisiones domiciliarias. Esos 854, que incluyen a algunos civiles, forman parte de un universo más amplio, marcado por 812 procesados y 1038 condenados.
Los datos fueron aportados a la nacion por la Unión de Promociones, que contabiliza 830 muertos en cautiverio o bajo proceso judicial. “El total de presos políticos alcanza a 2725, dijeron en la institución.
Como informó el miércoles pasado, ya en la campaña Villarruel expuso sus diferencias con Bullrich sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia narco. De acuerdo a lo anunciado por el ministro de Defensa, el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso fortalecerá la cobertura legal de los militares para intervenir en Rosario. Tendrán las mismas atribuciones que las fuerzas de seguridad. Podrán realizar patrullajes y controles de personas y vehículos, proporcionar seguridad a instalaciones por tiempo limitado, intervenir en flagrancia ante la comisión de delitos, dando intervención inmediata a jueces y fiscales.
Petri tiene en carpeta, además, un cambio inmediato de la reglamentación de la ley de defensa nacional, sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín y cuyo espíritu fue modificado con un decreto de Néstor Kirchner en 2006. La ley habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir ante agresiones externas, peor el decreto reglamentario limitó esa atribución a la respuesta de agresiones perpetradas por otros Estados extranjeros, lo que deja afuera la posible intervención ante eventuales atentados terroristas.
Además del fantasma de los 70, que lleva a muchos militares advertir que aún hoy están pagando consecuencias por los enfrentamientos contra la guerrilla, varios uniformados advierten sobre diferencias entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad. Altos mandos retirados entienden que las operaciones militares no son disuasivas o preventivas, sino que emplean armas letales. En línea con ese pensamiento, la exposición a eventuales cuestionamientos por las consecuencias de sus acciones es mayor. Ante una consulta de la nacion, un general retirado dijo que existe “frustración desde hace tiempo con el actual gobierno, ya que la familia militar votó con la idea de que Villarruel lideraría el área de Defensa y se designó a un radical de Pro”, expresó. Claro que el pensamiento no es unánime. En el Foro Argentino de Defensa, que promueve el debate sobre los problemas de “un área esencial” y que preside Santiago Lucero Torres, se vive “con preocupación que no haya una visión compartida dentro del Poder Ejecutivo sobre una cuestión tan delicada”
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Entre los militares, la vicepresidenta Victoria Villarruel saca ventaja en la pulseada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico. En el ámbito castrense prevalecen las dudas y el rechazo a la intervención en Rosario para frenar el avance de la violencia, advirtieron fuentes castrenses.
Según pudo saber antes de avanzar con el plan de incluir a los militares en las operaciones, a partir de la anunciada reforma de la ley de seguridad interior, el ministro de Defensa, Luis Petri, consultó a los jefes de cada fuerza, y la mayoría puso reparos. Así y todo, la iniciativa impulsada por Petri y Bullrich siguió su curso y llegará al Congreso. “Los reparos son los lógicos, por ahora no hay ley que nos cubra. Con una ley del Congreso es otra cosa”, reveló una alta fuente militar. De esa mirada se desprende que no existe un ánimo de poner piedras en el camino a la posible reforma del marco legal.
“No hay diferentes posturas entre los jefes de las Fuerzas Armadas. Lo importante es darle tiempo al debate democrático. La posición de toda la conducción militar es una sola. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, resumió a la nacion una fuente castrense al tanto de la polémica abierta en el espacio político que gobierna.
“La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70. Los que combatieron el terrorismo están presos”, sentenció sin equívocos Villarruel, en franca oposición a la iniciativa anunciada por los ministros de Defensa y de Seguridad.
Se trata de dos áreas -Defensa y Seguridad- en las que la actual titular del Senado esperaba tener influencia, como prometió Javier Milei en la campaña electoral y admitió la propia vicepresidenta, que tiene un vínculo muy directo con la “familia militar”. Hija de un militar que en los años 70 participó del Operativo Independencia y en 1982 combatió en la Guerra de Malvinas, en 2006 creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), para mostrar la otra cara al discurso que bajaba del poder durante el kirchnerismo. Hoy se opone a que los militares se involucren en el combate al narcotráfico.
La secuela de los 70 sigue siendo un elemento condicionante en la discusión frente a este tema sensible. A 48 años del golpe de 1976, aún permanecen encarcelados en unidades penales 115 militares y efectivos de fuerzas de seguridad y policiales, por las causas judiciales de lesa humanidad, a los que deben sumarse otros 739 que cumplen prisiones domiciliarias. Esos 854, que incluyen a algunos civiles, forman parte de un universo más amplio, marcado por 812 procesados y 1038 condenados.
Los datos fueron aportados a la nacion por la Unión de Promociones, que contabiliza 830 muertos en cautiverio o bajo proceso judicial. “El total de presos políticos alcanza a 2725, dijeron en la institución.
Como informó el miércoles pasado, ya en la campaña Villarruel expuso sus diferencias con Bullrich sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia narco. De acuerdo a lo anunciado por el ministro de Defensa, el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso fortalecerá la cobertura legal de los militares para intervenir en Rosario. Tendrán las mismas atribuciones que las fuerzas de seguridad. Podrán realizar patrullajes y controles de personas y vehículos, proporcionar seguridad a instalaciones por tiempo limitado, intervenir en flagrancia ante la comisión de delitos, dando intervención inmediata a jueces y fiscales.
Petri tiene en carpeta, además, un cambio inmediato de la reglamentación de la ley de defensa nacional, sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín y cuyo espíritu fue modificado con un decreto de Néstor Kirchner en 2006. La ley habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir ante agresiones externas, peor el decreto reglamentario limitó esa atribución a la respuesta de agresiones perpetradas por otros Estados extranjeros, lo que deja afuera la posible intervención ante eventuales atentados terroristas.
Además del fantasma de los 70, que lleva a muchos militares advertir que aún hoy están pagando consecuencias por los enfrentamientos contra la guerrilla, varios uniformados advierten sobre diferencias entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad. Altos mandos retirados entienden que las operaciones militares no son disuasivas o preventivas, sino que emplean armas letales. En línea con ese pensamiento, la exposición a eventuales cuestionamientos por las consecuencias de sus acciones es mayor. Ante una consulta de la nacion, un general retirado dijo que existe “frustración desde hace tiempo con el actual gobierno, ya que la familia militar votó con la idea de que Villarruel lideraría el área de Defensa y se designó a un radical de Pro”, expresó. Claro que el pensamiento no es unánime. En el Foro Argentino de Defensa, que promueve el debate sobre los problemas de “un área esencial” y que preside Santiago Lucero Torres, se vive “con preocupación que no haya una visión compartida dentro del Poder Ejecutivo sobre una cuestión tan delicada”
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Posse extiende su influencia a la AFI y advierten sobre el regreso de “viejas prácticas”
El jefe de Gabinete acumula poder; gobernadores, legisladores y hasta Villarruel sospechan y levantan la guardia
Candela Ini 
William Burns, director de la CIA, con Nicolás Posse
La impronta confrontativa del gobierno libertario para hacer política empezó a ser señalada entre la dirigencia, por ahora en voz baja, a raíz del supuesto regreso de “viejas prácticas”. Ocurre mientras Nicolás Posse acumula poder en la mesa chica de Javier Milei y cuando su influencia se extiende también al área de inteligencia.
Los ataques públicos de los trolls quedaron durante la semana pasada en boca de un sector de la dirigencia política. El gobernador de Chubut, Nacho Torres, los llamó “trolls de la Rosada”. Ya había hablado de agresiones y amenazas en la apertura de sesiones de la Legislatura provincial. La senadora Edith Terenzi, también chubutense, y que votó en contra del DNU 70/23, dijo que hay un grupo de trolls que la amenazaron de muerte.
Antes, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, denunció en una nota con el canal LN+: “Eso alguien lo paga, porque nadie hace trabajos gratis de esa dimensión. Son cientos y ciento de miles de dólares que se utilizan”.
Otro caso, sin matices, fue Juliana Di Tullio, quien no escatimó palabras y dijo públicamente haber sido víctima de espionaje ilegal. “La AFI me pinchó el teléfono”, afirmó la senadora kirchnerista. Di Tullio pidió a la comisión bicameral de seguimiento de tareas de inteligencia que la AFI informe sobre los gastos reservados. El diputado que estuvo a cargo de esa comisión hasta 2023 es el también kirchnerista Leopoldo Moreau.
Entre los opositores se instaló la idea de que hay un “ejército de trolls” pagados por los fondos reservados de la AFI. La central de inteligencia tiene un presupuesto de 15.557 millones de pesos, equivalente al del año pasado, dado que se extendió la ley de presupuesto. Fuentes oficiales dijeron que el régimen de fondos que utiliza hoy la AFI es el mismo que decretó la última interventora del gobierno anterior, Ana Clara Alberdi, en el que el porcentaje de fondos reservados es relativamente bajo. Sin embargo, la AFI de Milei opera sin control: la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, todavía no fue conformada este año. Torres y Di Tullio conocen el mundo de los servicios de inteligencia. Ambos integraron, como senadores, esa estratégica comisión.
Los trolls son la etiqueta visible de un conjunto de denuncias que circulan profusamente en voz baja. Según reconstruyó la nacion de dos fuentes independientes, mientras ardía la interna libertaria, en el entorno de la vicepresidenta Victoria Villarruel se encendieron las alarmas ante la posibilidad de que viejas prácticas ilegales la pudieran estar afectando.
En la superficie se nota “un ejército de trolls”, como lo denominan quienes denuncian los ataques libertarios en las redes sociales, pero más allá de lo visibles hay quienes -cerca de la vicepresidenta- arriesgan que hay acciones concretas sobre su esfera personal.
Un gobernador del sur también habría recibido, en medio de sus tensiones con el Gobierno y a través de un interlocutor supuestamente ligado a la central de inteligencia, un advertencia antipática acompañada de una “carpeta” con supuesta información.
Dentro de la AFI hay, según revelaron tres fuentes independientes, un grupo de agentes que trabajaron en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). “Es gente de carrera que trabajó en la PSA y a la que fueron a buscar cuando comenzó esta gestión”, dijo a este diario un exfuncionario del área de seguridad. Otra de las fuentes, con trayectoria en el mundo de la inteligencia, agregó que esas personas estarían a cargo de lo que llaman el “trabajo sucio”.
Pero los hilos del mundo del espionaje se mezclan, una vez más, con el mundo judicial. En los tribunales federales de Comodoro Py avanza una investigación penal que apunta, precisamente, a exagentes de la PSA por las supuestas acciones de espionaje a los jueces y exfuncionarios que viajaron a Lago Escondido con empresarios. La causa surgió de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli.
Por una iniciativa oficial, la central de inteligencia pronto concentrará en su sede, a metros de la Casa Rosada, el monitoreo de las direcciones de Inteligencia Criminal (Dinic) y de Inteligencia y Estrategia Militar (Diniem), dos dependencias que, si bien forman parte del Sistema Nacional de Inteligencia que encabeza la AFI, hasta ahora se encontraban bajo la órbita de los ministerios de Seguridad y Defensa.
En el plano institucional, la Agencia Federal de Inteligencia mantiene una agenda de intensos intercambios con la CIA, cuyo titular, William Burns, estuvo en Buenos Aires la semana pasada. Se reunió con Silvestre Sívori en la sede de la AFI y con Nicolás Posse en la Casa Rosada.
Hay quienes interpretan, más allá de las razones oficiales, que con esa reestructura Posse -que tiene una gran ascendencia sobre Sívori- tendrá más herramientas de poder. En las filas oficialistas hay quienes admiten que los cuadros nombrados al frente de las Fuerzas Armadas y de seguridad responden a Posse y no a los ministros de las esas áreas. De su paso por la Corporación América rescató no solo el vínculo con Milei sino también con integrantes de la Fuerza Aérea. De ahí sus contactos con algunos comodoros que ganan terreno en la inteligencia
Dirigentes de distinto signo político dicen que son atacados por un “ejército de trolls”
Deslizan sospechas del financiamiento de esos grupos a través de fondos reservados
La impronta confrontativa del gobierno libertario para hacer política empezó a ser señalada entre la dirigencia, por ahora en voz baja, a raíz del supuesto regreso de “viejas prácticas”. Ocurre mientras Nicolás Posse acumula poder en la mesa chica de Javier Milei y cuando su influencia se extiende también al área de inteligencia.
Los ataques públicos de los trolls quedaron durante la semana pasada en boca de un sector de la dirigencia política. El gobernador de Chubut, Nacho Torres, los llamó “trolls de la Rosada”. Ya había hablado de agresiones y amenazas en la apertura de sesiones de la Legislatura provincial. La senadora Edith Terenzi, también chubutense, y que votó en contra del DNU 70/23, dijo que hay un grupo de trolls que la amenazaron de muerte.
Antes, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, denunció en una nota con el canal LN+: “Eso alguien lo paga, porque nadie hace trabajos gratis de esa dimensión. Son cientos y ciento de miles de dólares que se utilizan”.
Otro caso, sin matices, fue Juliana Di Tullio, quien no escatimó palabras y dijo públicamente haber sido víctima de espionaje ilegal. “La AFI me pinchó el teléfono”, afirmó la senadora kirchnerista. Di Tullio pidió a la comisión bicameral de seguimiento de tareas de inteligencia que la AFI informe sobre los gastos reservados. El diputado que estuvo a cargo de esa comisión hasta 2023 es el también kirchnerista Leopoldo Moreau.
Entre los opositores se instaló la idea de que hay un “ejército de trolls” pagados por los fondos reservados de la AFI. La central de inteligencia tiene un presupuesto de 15.557 millones de pesos, equivalente al del año pasado, dado que se extendió la ley de presupuesto. Fuentes oficiales dijeron que el régimen de fondos que utiliza hoy la AFI es el mismo que decretó la última interventora del gobierno anterior, Ana Clara Alberdi, en el que el porcentaje de fondos reservados es relativamente bajo. Sin embargo, la AFI de Milei opera sin control: la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, todavía no fue conformada este año. Torres y Di Tullio conocen el mundo de los servicios de inteligencia. Ambos integraron, como senadores, esa estratégica comisión.
Los trolls son la etiqueta visible de un conjunto de denuncias que circulan profusamente en voz baja. Según reconstruyó la nacion de dos fuentes independientes, mientras ardía la interna libertaria, en el entorno de la vicepresidenta Victoria Villarruel se encendieron las alarmas ante la posibilidad de que viejas prácticas ilegales la pudieran estar afectando.
En la superficie se nota “un ejército de trolls”, como lo denominan quienes denuncian los ataques libertarios en las redes sociales, pero más allá de lo visibles hay quienes -cerca de la vicepresidenta- arriesgan que hay acciones concretas sobre su esfera personal.
Un gobernador del sur también habría recibido, en medio de sus tensiones con el Gobierno y a través de un interlocutor supuestamente ligado a la central de inteligencia, un advertencia antipática acompañada de una “carpeta” con supuesta información.
Dentro de la AFI hay, según revelaron tres fuentes independientes, un grupo de agentes que trabajaron en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). “Es gente de carrera que trabajó en la PSA y a la que fueron a buscar cuando comenzó esta gestión”, dijo a este diario un exfuncionario del área de seguridad. Otra de las fuentes, con trayectoria en el mundo de la inteligencia, agregó que esas personas estarían a cargo de lo que llaman el “trabajo sucio”.
Pero los hilos del mundo del espionaje se mezclan, una vez más, con el mundo judicial. En los tribunales federales de Comodoro Py avanza una investigación penal que apunta, precisamente, a exagentes de la PSA por las supuestas acciones de espionaje a los jueces y exfuncionarios que viajaron a Lago Escondido con empresarios. La causa surgió de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli.
Por una iniciativa oficial, la central de inteligencia pronto concentrará en su sede, a metros de la Casa Rosada, el monitoreo de las direcciones de Inteligencia Criminal (Dinic) y de Inteligencia y Estrategia Militar (Diniem), dos dependencias que, si bien forman parte del Sistema Nacional de Inteligencia que encabeza la AFI, hasta ahora se encontraban bajo la órbita de los ministerios de Seguridad y Defensa.
En el plano institucional, la Agencia Federal de Inteligencia mantiene una agenda de intensos intercambios con la CIA, cuyo titular, William Burns, estuvo en Buenos Aires la semana pasada. Se reunió con Silvestre Sívori en la sede de la AFI y con Nicolás Posse en la Casa Rosada.
Hay quienes interpretan, más allá de las razones oficiales, que con esa reestructura Posse -que tiene una gran ascendencia sobre Sívori- tendrá más herramientas de poder. En las filas oficialistas hay quienes admiten que los cuadros nombrados al frente de las Fuerzas Armadas y de seguridad responden a Posse y no a los ministros de las esas áreas. De su paso por la Corporación América rescató no solo el vínculo con Milei sino también con integrantes de la Fuerza Aérea. De ahí sus contactos con algunos comodoros que ganan terreno en la inteligencia
Dirigentes de distinto signo político dicen que son atacados por un “ejército de trolls”
Deslizan sospechas del financiamiento de esos grupos a través de fondos reservados
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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