La fórmula jubilatoria del Gobierno no compensa la inflación de enero
Será uno de los capítulos que integrarán la nueva “Ley de bases”; asoma como uno de los temas más conflictivos en el debate
Laura Serra
La discusión de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria promete convertirse en uno de los capítulos más conflictivos de la versión más acotada de “Ley de bases” que el Gobierno enviará al Congreso. La Casa Rosada pretende resolver cuanto antes esta situación ya que, de no sancionarse una nueva fórmula en los próximos dos meses, las arcas del Estado corren serio riesgo de quedar en jaque.
Esta cuestión figura como capítulo V del bosquejo de la nueva “Ley de bases”, que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, anticiparon a los gobernadores el viernes pasado. Allí el Gobierno propone actualizar los haberes jubilatorios de manera mensual (actualmente es trimestral) a partir del mes próximo, más 10 puntos porcentuales en concepto de recomposición por la inflación de enero, mes que hasta ahora no fue computado en las últimas actualizaciones.
En efecto, de acuerdo con la fórmula hoy vigente, los jubilados y pensionados recibirán un aumento de 27,18% a partir de las variaciones de salarios y de la recaudación de la Anses entre octubre y diciembre de 2023. El Gobierno pretende cambiar este mecanismo al incorporar la inflación como único componente para actualizar los haberes. Con una trampa: la cartera de Economía sugiere que la nueva fórmula se aplique a partir de abril tomando como índice de actualización el último publicado por el Indec, que es el de febrero. Ergo, omite incorporar el IPC del mes de enero, que trepó al 20,6%. El Ministerio de Economía accedió a incluir solo la mitad de ese porcentaje, 10 puntos.
En la ecuación del Gobierno para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas, la caída del gasto previsional resulta clave. El último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que dirige Gabriel Esterelles, es contundente al señalar que, en el último bimestre, las jubilaciones y pensiones se redujeron un 33% interanual en términos reales y “dada su participación en la estructura del gasto, fueron las que más contribuyeron a la reducción total”.
Dicho en otras palabras, la licuación (por efecto de la inflación) de los ingresos de los jubilados y pensionados fue lo que permitió, en buena medida, que el presidente Javier Milei y el ministro Caputo puedan exhibir, con bombos y platillos, una reducción general del gasto y superávits gemelos en enero. Sin embargo, esta bonanza difícilmente pueda preservarse si se prolonga demasiado más la aplicación de la fórmula de movilidad actual. De allí la urgencia del Gobierno por modificarla.
En efecto, en un eventual escenario de baja de inflación y rebote de la economía –que es la que imagina Caputo para el segundo semestre– los salarios y la recaudación podrían crecer por encima del costo de vida, con lo cual la ecuación para el Gobierno se revertiría.
Lo advierte bien claro la OPC en uno de sus últimos informes. “En caso de que durante 2024 se verifique una desaceleración de precios, los haberes reales probablemente caigan durante el primer trimestre por el empalme y la aplicación de la fórmula vigente, pero luego comiencen a recuperarse en la medida en que los incrementos en base a inflación pasada sean superiores a los nuevos precios. El efecto final dependerá de cuán pronunciada sea la baja inflacionaria a lo largo del año”, advierte.
En la oposición dialoguista son conscientes de las urgencias fiscales del Estado y, por tal motivo, acompañarán una nueva fórmula indexatoria por inflación a partir de abril. Sin embargo, no aceptarán gratuitamente esta compensación parcial propuesta por el Gobierno por el período de enero. Tanto el proyecto de la Coalición Cívica como el que presentó Pro –impulsado por la diputada María Eugenia Vidal– insisten en que cualquier fórmula ajustable a la inflación que se aplique de ahora en adelante debe contemplar una compensación íntegra por la pérdida del poder de compra de los jubilados y pensionados por la suba inflacionaria de enero.
El bloque Hacemos Coalición Federal, que integra la Coalición Cívica, convocó para este miércoles a sesión especial en la Cámara de Diputados para apurar la discusión del tema. Difícilmente prospere: el quorum está en duda y cualquier proyecto, sin dictamen, necesita de los dos tercios de los votos. Tanto la UCR como Pro consideran que si el Gobierno ya anticipó que enviaría al Congreso una nueva propuesta de actualización de los haberes, resultaría inútil anticipar esa discusión. Eso sí: los bloques opositores conminarán al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a que se constituyan las comisiones para no paralizar la tarea parlamentaria.
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Pichetto pide debatir “sin mentiras” sobre los sueldos de la política
Miguel Pichetto, jefe de bloque de diputados de Hacemos Coalición Federal, le reclamó a Javier Milei que abra un debate “en serio, sin hipocresía ni mentiras”, sobre los sueldos que perciben los integrantes de los tres poderes del Estado y que detenga los ataques al Congreso.
Para Pichetto, el Presidente y sus estrategas comunicacionales intentan desviar la atención de la opinión pública con la discusión sobre las dietas de senadores y diputados o su anuncio de dar marcha atrás en las subas de sueldos en el Ejecutivo, un decreto que firmó Milei el mes pasado, en medio del impacto del ajuste fiscal en el poder adquisitivo de la ciudadanía. “Es una cortina de humo. Quieren que la gente no hable de la problemática económica, de los precios, de los supermercados; ahora vienen las facturas de luz y gas”, puntualiza Pichetto ante la consulta de la nacion.
El legislador y excompañero de fórmula presidencial de Macri en 2015 había quedado en la mira de los libertarios por defender el aumento del 30% en las dietas de senadores y diputados.
“Atacar al Congreso permanentemente es un atentado al sistema democrático que pone en riesgo la previsibilidad jurídica de la Argentina”, asegura Pichetto. Y critica a Milei por desentenderse de la suba para los funcionarios del Ejecutivo. “Si no sabe lo que firmó, estamos en problemas”, señala.
–¿Piensa que la nueva ley ómnibus podrá pasar el filtro del Congreso tras la cumbre de gobernadores en la Casa Rosada?
–Ganancias y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria son los temas más conflictivos dentro del escenario de la cámara. El resto de los temas podrían pasar en la medida en que logren un acuerdo.
–¿Eso es posible si Milei sigue con sus ataques a “la casta?
–Que la terminen con agredir al Congreso. Acá hay una política dirigida desde los medios de comunicación, con algunos periodistas que juegan con el Gobierno, para destruir al Congreso. Son suicidas: están destruyendo la imagen del país en el exterior, porque los fondos de inversión que han venido al país la preocupación que tienen es la cuestión de la institucionalidad y cómo va a funcionar el Poder Ejecutivo con el Congreso.
–Milei dijo que se “acabó la joda” y que “con su gobierno los perjudicados van a ser los políticos”. ¿Esto contribuye a la aprobación de la ley ómnibus?
–Esto no sirve. Es el mundo líquido de Twitter, hermano. Es un esquema donde lo que importa es el hecho de parecer disruptivo. Nadie está hablando que la situación no es extrema. Toda la administración pública debería estar subordinada a lo que cobra el Presidente. Esto debería ser así si queremos encarar este tema en serio, sin hipocresía y sin mentiras. ¡Una piba del Renaper no puede ganar lo que gana, sin título, y que nadie diga nada!
La discusión de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria promete convertirse en uno de los capítulos más conflictivos de la versión más acotada de “Ley de bases” que el Gobierno enviará al Congreso. La Casa Rosada pretende resolver cuanto antes esta situación ya que, de no sancionarse una nueva fórmula en los próximos dos meses, las arcas del Estado corren serio riesgo de quedar en jaque.
Esta cuestión figura como capítulo V del bosquejo de la nueva “Ley de bases”, que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, anticiparon a los gobernadores el viernes pasado. Allí el Gobierno propone actualizar los haberes jubilatorios de manera mensual (actualmente es trimestral) a partir del mes próximo, más 10 puntos porcentuales en concepto de recomposición por la inflación de enero, mes que hasta ahora no fue computado en las últimas actualizaciones.
En efecto, de acuerdo con la fórmula hoy vigente, los jubilados y pensionados recibirán un aumento de 27,18% a partir de las variaciones de salarios y de la recaudación de la Anses entre octubre y diciembre de 2023. El Gobierno pretende cambiar este mecanismo al incorporar la inflación como único componente para actualizar los haberes. Con una trampa: la cartera de Economía sugiere que la nueva fórmula se aplique a partir de abril tomando como índice de actualización el último publicado por el Indec, que es el de febrero. Ergo, omite incorporar el IPC del mes de enero, que trepó al 20,6%. El Ministerio de Economía accedió a incluir solo la mitad de ese porcentaje, 10 puntos.
En la ecuación del Gobierno para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas, la caída del gasto previsional resulta clave. El último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que dirige Gabriel Esterelles, es contundente al señalar que, en el último bimestre, las jubilaciones y pensiones se redujeron un 33% interanual en términos reales y “dada su participación en la estructura del gasto, fueron las que más contribuyeron a la reducción total”.
Dicho en otras palabras, la licuación (por efecto de la inflación) de los ingresos de los jubilados y pensionados fue lo que permitió, en buena medida, que el presidente Javier Milei y el ministro Caputo puedan exhibir, con bombos y platillos, una reducción general del gasto y superávits gemelos en enero. Sin embargo, esta bonanza difícilmente pueda preservarse si se prolonga demasiado más la aplicación de la fórmula de movilidad actual. De allí la urgencia del Gobierno por modificarla.
En efecto, en un eventual escenario de baja de inflación y rebote de la economía –que es la que imagina Caputo para el segundo semestre– los salarios y la recaudación podrían crecer por encima del costo de vida, con lo cual la ecuación para el Gobierno se revertiría.
Lo advierte bien claro la OPC en uno de sus últimos informes. “En caso de que durante 2024 se verifique una desaceleración de precios, los haberes reales probablemente caigan durante el primer trimestre por el empalme y la aplicación de la fórmula vigente, pero luego comiencen a recuperarse en la medida en que los incrementos en base a inflación pasada sean superiores a los nuevos precios. El efecto final dependerá de cuán pronunciada sea la baja inflacionaria a lo largo del año”, advierte.
En la oposición dialoguista son conscientes de las urgencias fiscales del Estado y, por tal motivo, acompañarán una nueva fórmula indexatoria por inflación a partir de abril. Sin embargo, no aceptarán gratuitamente esta compensación parcial propuesta por el Gobierno por el período de enero. Tanto el proyecto de la Coalición Cívica como el que presentó Pro –impulsado por la diputada María Eugenia Vidal– insisten en que cualquier fórmula ajustable a la inflación que se aplique de ahora en adelante debe contemplar una compensación íntegra por la pérdida del poder de compra de los jubilados y pensionados por la suba inflacionaria de enero.
El bloque Hacemos Coalición Federal, que integra la Coalición Cívica, convocó para este miércoles a sesión especial en la Cámara de Diputados para apurar la discusión del tema. Difícilmente prospere: el quorum está en duda y cualquier proyecto, sin dictamen, necesita de los dos tercios de los votos. Tanto la UCR como Pro consideran que si el Gobierno ya anticipó que enviaría al Congreso una nueva propuesta de actualización de los haberes, resultaría inútil anticipar esa discusión. Eso sí: los bloques opositores conminarán al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a que se constituyan las comisiones para no paralizar la tarea parlamentaria.
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Pichetto pide debatir “sin mentiras” sobre los sueldos de la política
Miguel Pichetto, jefe de bloque de diputados de Hacemos Coalición Federal, le reclamó a Javier Milei que abra un debate “en serio, sin hipocresía ni mentiras”, sobre los sueldos que perciben los integrantes de los tres poderes del Estado y que detenga los ataques al Congreso.
Para Pichetto, el Presidente y sus estrategas comunicacionales intentan desviar la atención de la opinión pública con la discusión sobre las dietas de senadores y diputados o su anuncio de dar marcha atrás en las subas de sueldos en el Ejecutivo, un decreto que firmó Milei el mes pasado, en medio del impacto del ajuste fiscal en el poder adquisitivo de la ciudadanía. “Es una cortina de humo. Quieren que la gente no hable de la problemática económica, de los precios, de los supermercados; ahora vienen las facturas de luz y gas”, puntualiza Pichetto ante la consulta de la nacion.
El legislador y excompañero de fórmula presidencial de Macri en 2015 había quedado en la mira de los libertarios por defender el aumento del 30% en las dietas de senadores y diputados.
“Atacar al Congreso permanentemente es un atentado al sistema democrático que pone en riesgo la previsibilidad jurídica de la Argentina”, asegura Pichetto. Y critica a Milei por desentenderse de la suba para los funcionarios del Ejecutivo. “Si no sabe lo que firmó, estamos en problemas”, señala.
–¿Piensa que la nueva ley ómnibus podrá pasar el filtro del Congreso tras la cumbre de gobernadores en la Casa Rosada?
–Ganancias y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria son los temas más conflictivos dentro del escenario de la cámara. El resto de los temas podrían pasar en la medida en que logren un acuerdo.
–¿Eso es posible si Milei sigue con sus ataques a “la casta?
–Que la terminen con agredir al Congreso. Acá hay una política dirigida desde los medios de comunicación, con algunos periodistas que juegan con el Gobierno, para destruir al Congreso. Son suicidas: están destruyendo la imagen del país en el exterior, porque los fondos de inversión que han venido al país la preocupación que tienen es la cuestión de la institucionalidad y cómo va a funcionar el Poder Ejecutivo con el Congreso.
–Milei dijo que se “acabó la joda” y que “con su gobierno los perjudicados van a ser los políticos”. ¿Esto contribuye a la aprobación de la ley ómnibus?
–Esto no sirve. Es el mundo líquido de Twitter, hermano. Es un esquema donde lo que importa es el hecho de parecer disruptivo. Nadie está hablando que la situación no es extrema. Toda la administración pública debería estar subordinada a lo que cobra el Presidente. Esto debería ser así si queremos encarar este tema en serio, sin hipocresía y sin mentiras. ¡Una piba del Renaper no puede ganar lo que gana, sin título, y que nadie diga nada!
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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