Dramática escalada del terror narco en Rosario: envían fuerzas federales
Un nuevo asesinato a sangre fría, el cuarto en cinco días, causó conmoción; la ciudad quedó paralizada y hubo duras condenas de todo el arco político; Milei afirmó: “Son ellos o nosotros”; anuncian el nuevo despliegue
Jaime Rosemberg
La más reciente ola de crímenes del narcotráfico en Rosario, inédita no por el número, sino por su significancia y desafío al poder del Estado, no solo aterrorizó a la sociedad y llevó a los vecinos a encerrarse en sus casas, sino que obligó a una respuesta conjunta del presidente Javier Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro.
El brutal asesinato a sangre fría de un playero, anteanoche, se sumó a los crímenes de dos taxistas y un colectivero la semana pasada, en el contexto de una serie de amenazas contra Pullaro. El gobernador recibió un amplio apoyo de todo el espectro político, y el presidente Javier Milei condenó en duros términos los ataques al advertir: “No vamos a parar hasta que haya justicia. Son ellos o nosotros”.
La Casa Rosada prevé triplicar el despliegue operativo de las fuerzas federales en la ciudad, lo que incluye destinar un centenar de vehículos de las Fuerzas Armadas, incluidos camiones y helicópteros. Los detalles de ese dispositivo especial se conocerán hoy, cuando la ministra Patricia Bullrich, Pullaro y el intendente Pablo Javkin compartan una conferencia de prensa en una Rosario prácticamente paralizada, donde no habrá servicios de transporte público, expendio de combustible ni clases.
La ola de violentos asesinatos con indubitable sello narco que conmovieron a la ciudad de Rosario desencadenó una reacción conjunta de la Casa Rosada y la gobernación santafesina, que no dudaron en sostener la calificación de terrorismo al referirse a los atentados. El gobierno de Javier Milei prevé “triplicar la acción operativa de las fuerzas de seguridad en el territorio” e involucrar a las Fuerzas Armadas en la ciudad santafesina, adelantaron fuentes oficiales, aunque el detalle del funcionamiento de ese dispositivo quedó guardado bajo siete llaves, a la espera de la conferencia que hoy compartirán, en Rosario, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, (UCR) y el intendente local, Pablo Javkin.
La decisión se precipitó antenoche, luego de la brutal ejecución de Bruno Bussanich, un joven empleado de una estación de servicio. La cuarta víctima en una semana marcada por los homicidios de dos taxistas y un chofer de colectivos.
A través de sendos comunicados, la Casa Rosada y la gobernación de Santa Fe anunciaron este domingo la conformación de una junta operativa, que también integrarán el Ministerio Público de la Acusación y la Municipalidad de Rosario, como un intento mancomunado de frenar la ola de violencia.
“Estamos terminando de analizar la puesta en marcha de un nuevo modelo operacional”, afirmó anoche Patricia Bullrich, entrevistada en LN+. La ministra relató que ayer comenzó a funcionar en Rosario un comité con representantes del gobierno nacional, pero no avanzó más. “Mañana [por hoy] vamos a dar a conocer los aspectos operacionales. Por una cuestión lógica no se pueden dar a conocer aspectos de la inteligencia criminal”, cerró.
“Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad”, escribió el presidente Milei al caer la noche del domingo. Luego de ofrecer sus condolencias a los familiares de las víctimas, el Presidente dejó en claro su postura. “No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las fuerzas de seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden”, sentenció. En el medio, el Presidente no abandonó la disputa política: “El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos cuatro homicidios en una semana”.
Hoy, a las 10.15 y desde la sede del gobierno de Santa Fe en Rosario, Bullrich, Pullaro y Javkin darán a conocer detalles de las nuevas medidas de combate directo contra las bandas de narcotraficantes, a quienes ambos gobiernos no dudan en calificar como “terroristas”. También participará de la conferencia de prensa el ministro de Defensa, Luis Petri.
Se prevé “triplicar la acción operativa de las fuerzas de seguridad en el territorio”, con la participación de fuerzas federales, que ampliarán su radio de acción a cuatro zonas peligrosas de Rosario (hasta ahora se ocupaban de dos de ellas). Bullrich también detallará la ayuda en el plano logístico de las Fuerzas Armadas, que según confirmó colaborarán la nacion con la cesión de un centenar de vehículos (entre autos, camionetas, combis y colectivos) y posiblemente también de un helicóptero, si este pedido adicional del Ministerio de Seguridad es atendido.
Desde el gobierno nacional, en tanto, estimaron que la ola de ataques a civiles es una muestra inequívoca de una “reacción” de las bandas de narcos a los operativos “a lo Bukele” en las cárceles santafesinas. “Extremamos requisas y controles, logramos bajar un 50 por ciento los asesinatos en los primeros dos meses”, afirmó un alto funcionario del ministerio que encabeza Bullrich.
Según el comunicado del gobierno de Pullaro, los narcos “pretenden recuperar los privilegios que tenían las organizaciones criminales dentro de las cárceles: quieren recuperar el delivery, tener celulares, visitas íntimas ilimitadas y, sobre todo, organizar y cometer delitos desde la cárcel”, coincidieron desde la administración provincial.
Entre otros puntos adicionales a abordar, y además de las acciones “operativas focalizadas en zonas vinculadas a las investigaciones en curso”, el comando conjunto acordó la “conformación de un equipo especial de investigaciones con miembros de distintas unidades de fiscalía”, incrementando a la vez la cantidad de policías de servicio, la ampliación de las recompensas para quienes aporten al esclarecimiento de los hechos y “la intensificación de los controles de vehículos y personas” en Rosario y zonas aledañas.
Desde el Ministerio de Seguridad reiteraron, a su vez, que Bullrich dará hoy detalles de la participación de fuerzas federales en Rosario, con la consigna de “no dar marcha atrás” y redoblar el combate contra las bandas criminales.
La confirmación oficial del Gobierno llegó minutos después que el comunicado de Santa Fe. “El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, han conformado un comité de crisis con el objetivo de intervenir en la ciudad de Rosario con las fuerzas de seguridad federales, tras un pedido del gobernador Maximiliano Pullaro”, se inicia el comunicado. Y detalla que la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario “asistirán a la Policía de Santa Fe en el combate contra el narcotráfico”. Hace la salvedad de que las Fuerzas Armadas tendrán una participación limitada en esos operativos, siempre de acuerdo con la normativa vigente.
En el Ministerio de Defensa insistieron en aclarar que los militares no van a participar en el combate contra el narcotráfico y el avance de la criminalidad en Rosario. Las Fuerzas Armadas colaborarán, sostuvieron, en el “apoyo logístico”, en fuerte sintonía con la ofensiva de la ministra Bullrich. Pero no más allá de los márgenes que plantea la ley de seguridad interior.
“El Gobierno está decidido a enfrentar a la mafia del narcotráfico y a los sicarios que instauraron un régimen de muerte y terror en la ciudad de Rosario. No se dará ni un paso atrás. Los rosarinos van a recuperar las calles y la libertad”, dice el texto surgido de Balcarce 50
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Amenaza cumplida: matan a un playero de tres tiros en la cabeza
Bruno Bussanich fue asesinado tras la aparición de un cartel que prometía más víctimas “inocentes”
Germán de los Santos
ROSARIO.– El presagio fue una tela que apareció colgada el sábado al mediodía en uno de los puentes que atraviesan la avenida Circunvalación. El mensaje, sin firma, advertía que iban a “seguir matando inocentes”. Cerca de la medianoche, la amenaza mafiosa se cumplió. Bruno Bussanich, de 25 años, empleado de una estación de servicio Puma del oeste de la ciudad, fue acribillado por un sicario, que dejó una nueva nota, cuyo contenido pareció ser un segundo capítulo del mensaje que apareció colgado en el puente.
Horas antes de que se ponga en marcha el comité de crisis que encabezarán el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, las amenazas contra el mandatario provincial y este nuevo asesinato (el cuarto en una semana contra víctimas ajenas a toda trama criminal) se inscriben en una demostración de fuerza de los grupos narcos que operan desde las cárceles de la provincia, que con sangre pretenden moldear las políticas de Estado desde dentro de los penales. Como si los homicidios no hubiesen bastado como infame mensaje, un hombre a pie disparó cinco tiros contra el complejo penitenciario conocido como Order, en la zona oeste.
Buscan sembrar el terror, y lo consiguieron: la ciudad está prácticamente paralizada. Hoy no habrá clases, ni colectivos ni expendio en estaciones de servicio. Y hasta las 6 tampoco habrá taxis en las calles.
El mensaje premonitorio advertía que el crimen organizado se había convertido en un bloque para desafiar al Estado en su política de “apretar” las tuercas endureciendo los controles dentro de los penales.
La firma de la nota que tiró al suelo el sicario que ejecutó de tres tiros a Bus sa ni ch cuando contaba los ticketsdel cierre de turno en la estación Puma de Mendoza al 7600 decía: “Zona norte, sur y oeste. Unidos”. Aunque todavía no hay certezas sobre quiénes están detrás de estas maniobras “terroristas” –como las definen Pullaro y Bullrich–, el mensaje sugiere que varias bandas criminales se habrían unido para enfrentar las políticas de mayor rigor y restricciones en las cárceles. Sopesan esa teoría en despachos oficiales.
Horas después del crimen de Bussanich se encontró incendiado un Fiat Duna; varios testigos señalaron que un auto similar llevó al sicario hasta la estación de servicio Puma.
La elección de ese blanco no es casual: es fruto de una planificación para paralizar la ciudad. El martes y el miércoles pasado mataron a dos taxistas. Sus colegas hicieron paro. El jueves atacaron a balazos a un colectivo de la línea K, que murió ayer; el gremio de la UTA dispuso un paro que se extenderá hasta hoy. Los gremios y las cámaras que agrupan a las estaciones de servicio dispusieron una medida de fuerza, tras el crimen del playero. Los grupos criminales dejaron sin transporte público a la ciudad y es probable que se resienta la venta de combustible.
Es la primera vez que se ven acciones tan coordinadas del crimen organizado local para torcer una política de Estado. El gobierno de Pullaro emprendió una serie de medidas para restringir las acciones de los miembros de las bandas desde las cárceles, en la hipótesis de que los delitos –crímenes, extorsiones, venta de drogas y aprietes– que se orquestan desde los pabellones repercuten directamente en las calles.
La guerra declarada tensiona la gestión de Pullaro. Durante el sábado se viralizaron a través de WhatsApp varias fake news; la de mayor impacto advertía sobre un eventual toque de queda. Las calles quedaron vacías el sábado a la noche. En ese contexto, minutos antes de la medianoche, ejecutaron al playero.
Uno de los indicios que apuntan a una planificación de actos “terroristas” se inscribe en las armas y las municiones utilizadas. En los dos asesinatosde los taxistas se usó la misma pistola 9 mm, con balas que tenían la inscripción PSF, es decir, Policía de Santa Fe. Con esa arma, el jueves, fue baleada la comisaría 15a, cuatro horas después de que balearan al chofer de la línea K de trolebuses Marcos Daloia, de 39 años, que falleció ayer.
El Gobierno tomó nota de la situación en Rosario y decidió desplegar su propia logística para apuntalar al Ejecutivo provincial en la lucha contra el “terrorismo” narco. El subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, señaló a la nacion que el contingente de gendarmes que reforzará la actual dotación de Rosario empezará a llegar hoy, con unos 150 vehículos –camionetas, camiones y helicópteros– del Ejército. Además, pasarán a controlar cuatro zonas de patrullaje.
La más reciente ola de crímenes del narcotráfico en Rosario, inédita no por el número, sino por su significancia y desafío al poder del Estado, no solo aterrorizó a la sociedad y llevó a los vecinos a encerrarse en sus casas, sino que obligó a una respuesta conjunta del presidente Javier Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro.
El brutal asesinato a sangre fría de un playero, anteanoche, se sumó a los crímenes de dos taxistas y un colectivero la semana pasada, en el contexto de una serie de amenazas contra Pullaro. El gobernador recibió un amplio apoyo de todo el espectro político, y el presidente Javier Milei condenó en duros términos los ataques al advertir: “No vamos a parar hasta que haya justicia. Son ellos o nosotros”.
La Casa Rosada prevé triplicar el despliegue operativo de las fuerzas federales en la ciudad, lo que incluye destinar un centenar de vehículos de las Fuerzas Armadas, incluidos camiones y helicópteros. Los detalles de ese dispositivo especial se conocerán hoy, cuando la ministra Patricia Bullrich, Pullaro y el intendente Pablo Javkin compartan una conferencia de prensa en una Rosario prácticamente paralizada, donde no habrá servicios de transporte público, expendio de combustible ni clases.
La ola de violentos asesinatos con indubitable sello narco que conmovieron a la ciudad de Rosario desencadenó una reacción conjunta de la Casa Rosada y la gobernación santafesina, que no dudaron en sostener la calificación de terrorismo al referirse a los atentados. El gobierno de Javier Milei prevé “triplicar la acción operativa de las fuerzas de seguridad en el territorio” e involucrar a las Fuerzas Armadas en la ciudad santafesina, adelantaron fuentes oficiales, aunque el detalle del funcionamiento de ese dispositivo quedó guardado bajo siete llaves, a la espera de la conferencia que hoy compartirán, en Rosario, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, (UCR) y el intendente local, Pablo Javkin.
La decisión se precipitó antenoche, luego de la brutal ejecución de Bruno Bussanich, un joven empleado de una estación de servicio. La cuarta víctima en una semana marcada por los homicidios de dos taxistas y un chofer de colectivos.
A través de sendos comunicados, la Casa Rosada y la gobernación de Santa Fe anunciaron este domingo la conformación de una junta operativa, que también integrarán el Ministerio Público de la Acusación y la Municipalidad de Rosario, como un intento mancomunado de frenar la ola de violencia.
“Estamos terminando de analizar la puesta en marcha de un nuevo modelo operacional”, afirmó anoche Patricia Bullrich, entrevistada en LN+. La ministra relató que ayer comenzó a funcionar en Rosario un comité con representantes del gobierno nacional, pero no avanzó más. “Mañana [por hoy] vamos a dar a conocer los aspectos operacionales. Por una cuestión lógica no se pueden dar a conocer aspectos de la inteligencia criminal”, cerró.
“Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad”, escribió el presidente Milei al caer la noche del domingo. Luego de ofrecer sus condolencias a los familiares de las víctimas, el Presidente dejó en claro su postura. “No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las fuerzas de seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden”, sentenció. En el medio, el Presidente no abandonó la disputa política: “El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos cuatro homicidios en una semana”.
Hoy, a las 10.15 y desde la sede del gobierno de Santa Fe en Rosario, Bullrich, Pullaro y Javkin darán a conocer detalles de las nuevas medidas de combate directo contra las bandas de narcotraficantes, a quienes ambos gobiernos no dudan en calificar como “terroristas”. También participará de la conferencia de prensa el ministro de Defensa, Luis Petri.
Se prevé “triplicar la acción operativa de las fuerzas de seguridad en el territorio”, con la participación de fuerzas federales, que ampliarán su radio de acción a cuatro zonas peligrosas de Rosario (hasta ahora se ocupaban de dos de ellas). Bullrich también detallará la ayuda en el plano logístico de las Fuerzas Armadas, que según confirmó colaborarán la nacion con la cesión de un centenar de vehículos (entre autos, camionetas, combis y colectivos) y posiblemente también de un helicóptero, si este pedido adicional del Ministerio de Seguridad es atendido.
Desde el gobierno nacional, en tanto, estimaron que la ola de ataques a civiles es una muestra inequívoca de una “reacción” de las bandas de narcos a los operativos “a lo Bukele” en las cárceles santafesinas. “Extremamos requisas y controles, logramos bajar un 50 por ciento los asesinatos en los primeros dos meses”, afirmó un alto funcionario del ministerio que encabeza Bullrich.
Según el comunicado del gobierno de Pullaro, los narcos “pretenden recuperar los privilegios que tenían las organizaciones criminales dentro de las cárceles: quieren recuperar el delivery, tener celulares, visitas íntimas ilimitadas y, sobre todo, organizar y cometer delitos desde la cárcel”, coincidieron desde la administración provincial.
Entre otros puntos adicionales a abordar, y además de las acciones “operativas focalizadas en zonas vinculadas a las investigaciones en curso”, el comando conjunto acordó la “conformación de un equipo especial de investigaciones con miembros de distintas unidades de fiscalía”, incrementando a la vez la cantidad de policías de servicio, la ampliación de las recompensas para quienes aporten al esclarecimiento de los hechos y “la intensificación de los controles de vehículos y personas” en Rosario y zonas aledañas.
Desde el Ministerio de Seguridad reiteraron, a su vez, que Bullrich dará hoy detalles de la participación de fuerzas federales en Rosario, con la consigna de “no dar marcha atrás” y redoblar el combate contra las bandas criminales.
La confirmación oficial del Gobierno llegó minutos después que el comunicado de Santa Fe. “El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, han conformado un comité de crisis con el objetivo de intervenir en la ciudad de Rosario con las fuerzas de seguridad federales, tras un pedido del gobernador Maximiliano Pullaro”, se inicia el comunicado. Y detalla que la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario “asistirán a la Policía de Santa Fe en el combate contra el narcotráfico”. Hace la salvedad de que las Fuerzas Armadas tendrán una participación limitada en esos operativos, siempre de acuerdo con la normativa vigente.
En el Ministerio de Defensa insistieron en aclarar que los militares no van a participar en el combate contra el narcotráfico y el avance de la criminalidad en Rosario. Las Fuerzas Armadas colaborarán, sostuvieron, en el “apoyo logístico”, en fuerte sintonía con la ofensiva de la ministra Bullrich. Pero no más allá de los márgenes que plantea la ley de seguridad interior.
“El Gobierno está decidido a enfrentar a la mafia del narcotráfico y a los sicarios que instauraron un régimen de muerte y terror en la ciudad de Rosario. No se dará ni un paso atrás. Los rosarinos van a recuperar las calles y la libertad”, dice el texto surgido de Balcarce 50
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Amenaza cumplida: matan a un playero de tres tiros en la cabeza
Bruno Bussanich fue asesinado tras la aparición de un cartel que prometía más víctimas “inocentes”
Germán de los Santos
ROSARIO.– El presagio fue una tela que apareció colgada el sábado al mediodía en uno de los puentes que atraviesan la avenida Circunvalación. El mensaje, sin firma, advertía que iban a “seguir matando inocentes”. Cerca de la medianoche, la amenaza mafiosa se cumplió. Bruno Bussanich, de 25 años, empleado de una estación de servicio Puma del oeste de la ciudad, fue acribillado por un sicario, que dejó una nueva nota, cuyo contenido pareció ser un segundo capítulo del mensaje que apareció colgado en el puente.
Horas antes de que se ponga en marcha el comité de crisis que encabezarán el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, las amenazas contra el mandatario provincial y este nuevo asesinato (el cuarto en una semana contra víctimas ajenas a toda trama criminal) se inscriben en una demostración de fuerza de los grupos narcos que operan desde las cárceles de la provincia, que con sangre pretenden moldear las políticas de Estado desde dentro de los penales. Como si los homicidios no hubiesen bastado como infame mensaje, un hombre a pie disparó cinco tiros contra el complejo penitenciario conocido como Order, en la zona oeste.
Buscan sembrar el terror, y lo consiguieron: la ciudad está prácticamente paralizada. Hoy no habrá clases, ni colectivos ni expendio en estaciones de servicio. Y hasta las 6 tampoco habrá taxis en las calles.
El mensaje premonitorio advertía que el crimen organizado se había convertido en un bloque para desafiar al Estado en su política de “apretar” las tuercas endureciendo los controles dentro de los penales.
La firma de la nota que tiró al suelo el sicario que ejecutó de tres tiros a Bus sa ni ch cuando contaba los ticketsdel cierre de turno en la estación Puma de Mendoza al 7600 decía: “Zona norte, sur y oeste. Unidos”. Aunque todavía no hay certezas sobre quiénes están detrás de estas maniobras “terroristas” –como las definen Pullaro y Bullrich–, el mensaje sugiere que varias bandas criminales se habrían unido para enfrentar las políticas de mayor rigor y restricciones en las cárceles. Sopesan esa teoría en despachos oficiales.
Horas después del crimen de Bussanich se encontró incendiado un Fiat Duna; varios testigos señalaron que un auto similar llevó al sicario hasta la estación de servicio Puma.
La elección de ese blanco no es casual: es fruto de una planificación para paralizar la ciudad. El martes y el miércoles pasado mataron a dos taxistas. Sus colegas hicieron paro. El jueves atacaron a balazos a un colectivo de la línea K, que murió ayer; el gremio de la UTA dispuso un paro que se extenderá hasta hoy. Los gremios y las cámaras que agrupan a las estaciones de servicio dispusieron una medida de fuerza, tras el crimen del playero. Los grupos criminales dejaron sin transporte público a la ciudad y es probable que se resienta la venta de combustible.
Es la primera vez que se ven acciones tan coordinadas del crimen organizado local para torcer una política de Estado. El gobierno de Pullaro emprendió una serie de medidas para restringir las acciones de los miembros de las bandas desde las cárceles, en la hipótesis de que los delitos –crímenes, extorsiones, venta de drogas y aprietes– que se orquestan desde los pabellones repercuten directamente en las calles.
La guerra declarada tensiona la gestión de Pullaro. Durante el sábado se viralizaron a través de WhatsApp varias fake news; la de mayor impacto advertía sobre un eventual toque de queda. Las calles quedaron vacías el sábado a la noche. En ese contexto, minutos antes de la medianoche, ejecutaron al playero.
Uno de los indicios que apuntan a una planificación de actos “terroristas” se inscribe en las armas y las municiones utilizadas. En los dos asesinatosde los taxistas se usó la misma pistola 9 mm, con balas que tenían la inscripción PSF, es decir, Policía de Santa Fe. Con esa arma, el jueves, fue baleada la comisaría 15a, cuatro horas después de que balearan al chofer de la línea K de trolebuses Marcos Daloia, de 39 años, que falleció ayer.
El Gobierno tomó nota de la situación en Rosario y decidió desplegar su propia logística para apuntalar al Ejecutivo provincial en la lucha contra el “terrorismo” narco. El subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, señaló a la nacion que el contingente de gendarmes que reforzará la actual dotación de Rosario empezará a llegar hoy, con unos 150 vehículos –camionetas, camiones y helicópteros– del Ejército. Además, pasarán a controlar cuatro zonas de patrullaje.
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