Se agranda el conflicto en la UCR por la presión del ala dura
Una decena de legisladores quieren que el bloque tome una postura más crítica contra Milei
Delfina Celichini
La desorientación política sacude al radicalismo y lo pone a prueba. Después de los embates discursivos que le propinaron Javier Milei y su tropa libertaria, la UCR reconfigura su posición en el Congreso y debate cómo plantarse frente a un nuevo round parlamentario. Sin reuniones formales, pero con discusiones subterráneas en torno a qué estrategia adoptar, brotan los cuestionamientos al jefe de la bancada, Rodrigo de Loredo, a quien le critican la adopción de una estrategia fallida durante el tratamiento del proyecto de ley ómnibus del Gobierno.
Los reparos no solo llegan del sector más crítico de la administración libertaria, referenciado en Facundo Manes, sino que se manifiestan también en Evolución, el espacio del que surgió De Loredo y que tiene como principal figura al senador y presidente del comité nacional Martín Lousteau.
El delicado equilibrio que tuvo que hacer el jefe del bloque para sortear los ataques directos del oficialismo y, a la vez, diferenciarse del kirchnerismo afectó la confianza de los propios, quienes hoy lo miran de reojo.
El fuego amigo no es nuevo. Los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza), en la vereda opuesta a Lousteau, respaldaron a De Loredo como jefe del nuevo bloque radical unificado y eso sembró las suspicacias.
No obstante, todos se plegaron a la decisión de cohesionar las bancadas, antes divididas en Evolución y UCR, frente a la necesidad de priorizar el pragmatismo y ganar peso específico durante la discusión en comisiones.
Pero tras el naufragio del proyecto de “Ley de bases”, las listas negras de “traidores” publicadas por Milei y los agravios a la dirigencia radical, muchos de los diputados que hasta hacía poco comulgaban con la idea de ayudar al Gobierno, y hasta habían trabajado en ese sentido, comenzaron a adherir a la postura de los más críticos. Manes y el diputado Pablo Juliano, los únicos dos de los 34 del bloque que rechazaron el proyecto del Ejecutivo en la votación en general, se mostraron intransigentes desde el primer momento. Según pudo saber hoy los acompañan 11 legisladores, entre los que se encuentran seis vinculados con Evolución.
Este grupo quiere evitar que en esta nueva etapa parlamentaria, en la que se espera que se retome la discusión de temas espinosos, como una reforma laboral o cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria, la UCR adopte la misma actitud conciliadora que con la “Ley de bases”.
“No va más esa estrategia, fracasó y demostró ser deficitaria; hay que tomar otro camino”, consideró uno de ellos.
A pesar de la puja por imponer un reperfilamiento del bloque, le reconocen a De Loredo su vocación de diálogo. “Ha tenido códigos en la conducción del bloque y respetó a quienes pensamos diferente”, señaló un legislador crítico, aunque subrayó: “Pero el tema es político”.
Nadie en el radicalismo ve por ahora un quiebre. “Sería pegarnos un tiro en el pie”, resumen. Sin embargo, no minimizan las dificultades que el espacio tendrá internamente. “Está muy difícil la convivencia porque la diferencia es central: o sos oposición o sos oficialismo”, resumió un diputado cercano a Manes.
Frente a estas diferencias, la quietud se impuso en el radicalismo esta semana. La agenda del bloque se pausó y no está anunciada una reunión de la bancada para discutir cómo seguir.
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Hay 45 áreas del Estado bajo la lupa por el caso de los seguros
El juez Ercolini pidió que se remitan las pólizas de esas dependencias oficiales y de 28 empresas privadas; esperan la declaración del extitular de la Anses
Hernán Cappiello
Julián Ercolini Juez Federal
El juez federal Julián Ercolini pidió ayer informes a 45 dependencias del Estado, incluidos ministerios y secretarías, para que le remitan todas las pólizas contratadas con Nación Seguros a través de los brokers ligados al poder político. Solicitó también que unas 28 compañías aseguradoras remitan los contratos con los sospechosos.
El juez federal Julián Ercolini pidió informes a 45 dependencias del Estado, incluidos ministerios y secretarías, para que les remitan todas las pólizas de seguros contratadas con Nación Seguros mediante los brokers supuestamente cercanos al expresidente Alberto Fernández. Solicitó también que unas 28 compañías aseguradoras remitan las pólizas emitidas merced a esos intermediarios bajo sospecha.
Estas medidas de prueba son complementarias de las realizadas el lunes, cuando el juez allanó las casas y oficinas del broker Héctor Martínez Sosa, allegado al expresidente Alberto Fernández –y esposo de su histórica secretaria privada, María Cantero–; de Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, y del empresario Pablo Torres García, todos investigados en esta causa. Allí secuestró teléfonos, computadoras y documentación que está siendo analizada.
Ercolini reúne las tres denuncias que se presentaron en torno a este escándalo: la de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la de la abogada Silvina Martínez, y la de la Coalición Cívica. La hipótesis que se investiga es que a partir de un decreto presidencial que ordenaba al Estado contratar con Nación Seguros las pólizas, intervino Martínez Sosa, un broker allegado a Fernández, que cobraba millonarias comisiones. Martínez Sosa es considerado el mayor productor de seguros del país, con operaciones multimillonarias, y visitó a Fernández en Olivos, incluso durante la cuarentena estricta.
El juez dispuso pedir informes sobre los vínculos con los brokers a 45 dependencias oficiales: Servicio
Geológico Minero Argentino, Estado Mayor General de la Armada, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG), Incucai, Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef ), Radio y Televisión Argentina, la Secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Corredores Viales, la Fábrica Argentina de Aviones, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes (exministerio).
También, Termoeléctrica José de San Martín, Hospital Dr. Baldomero Sommer, Cancillería, Ministerio de Seguridad, Invap, Belgrano Cargas, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Ministerio de Economía, Fundación ArgenINTA, Hospital Lic. Laura Bonaparte, y la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat).
Por último, requirió esos datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Superintendencia de Servicios de Salud, la Secretaría de Agricultura, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Energía Atómica, Gendarmería Nacional Argentina, la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Anses, la Casa de Moneda, el Fondo Nacional de las Artes, el Ministerio de Capital Humano, el Tribunal de Tasaciones de la Nación, Dioxitek SA, la Colonia Montes de Oca, Arsat, Pampa Energía, el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (Cedyat) y la Administración General de Puertos.
Asimismo, el juez envió 28 oficios a empresas aseguradoras para que les remitan las pólizas relacionadas con dependencias del Estado que contrataron mediante estos brokers investigados. Ya contestaron 26 de las empresas, aun antes de que se venciera el plazo para hacerlo. Ercolini recibió de Nación Seguros una nómina de empresas aseguradoras que intervinieron en la asignación de pólizas en créditos otorgados por la Anses y por ello ordenó esa medida para recabar información, más allá de los dos imputados de ese rubro que ya tiene la causa, Martínez Sosa y Torres García.
Ya declaró como testigo en el expediente el actual superintendente de Seguros, Guillermo Pedro Plate, que no dio información saliente para el caso, y está siendo citado el extitular de la Anses Osvaldo Giordano, quien destapó el caso cuando se negó a pagar una comisión de 1700 millones de pesos a brokers. Eran asegurados cautivos, ya que el Estado debía contratar con Nación Seguros y en el medio participaban estas personas, ahora investigadas.
Tras el escándalo, la Anses confirmó ayer que volverá a implementar el “autoaseguro” para cubrir los riesgos de los créditos que otorga a jubilados, pensionados y trabajadores. El cambio se implementó luego de la denuncia del Gobierno contra Federico
Alejandro D’Angelo Campos, el exdirector general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses –actual concejal peronista de Quilmes–, y de la imputación, por parte del fiscal Ramiro González, al expresidente Alberto Fernández.
“En el marco de la resolución 42/2024 publicada en el Boletín Oficial, se determinó la implementación del esquema de autoaseguro a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para los créditos Anses otorgados a jubilados, pensionados y trabajadores, en reemplazo de la cobertura brindada por Nación Seguros SA, cuyo contrato Anses dejó sin efecto”, publicó ayer el Gobierno en la página del organismo en cuestión.
El comunicado precisa: “En ese sentido, luego de un análisis y estudio exhaustivo por parte de esta administración, se definió utilizar el autofinanciamiento para la cobertura del riesgo de muerte de los beneficiarios de los créditos, hasta su liquidación final. Esta decisión resulta conveniente para la Anses desde la perspectiva financiera y supera toda situación irregular que se había constatado con el seguro de vida contratado con Nación Seguros SA”.
La decisión había sido anticipada por Giordano, desplazado de la Anses por Milei tras el fracaso de la ley ómnibus, cuando diputados cordobeses votaron en contra de la reforma, incluida su esposa, Alejandra Torres. Giordano alertó sobre la intermediación innecesaria en los seguros del organismo, que provocaba pérdidas para el Estado. El exfuncionario, ligado al cordobés Juan Schiaretti, ratificó que “la diferencia era grande, de un 40%” entre el contrato con Nación Seguros y el régimen de autoaseguro.
El juez federal Julián Ercolini pidió ayer informes a 45 dependencias del Estado, incluidos ministerios y secretarías, para que le remitan todas las pólizas contratadas con Nación Seguros a través de los brokers ligados al poder político. Solicitó también que unas 28 compañías aseguradoras remitan los contratos con los sospechosos.
El juez federal Julián Ercolini pidió informes a 45 dependencias del Estado, incluidos ministerios y secretarías, para que les remitan todas las pólizas de seguros contratadas con Nación Seguros mediante los brokers supuestamente cercanos al expresidente Alberto Fernández. Solicitó también que unas 28 compañías aseguradoras remitan las pólizas emitidas merced a esos intermediarios bajo sospecha.
Estas medidas de prueba son complementarias de las realizadas el lunes, cuando el juez allanó las casas y oficinas del broker Héctor Martínez Sosa, allegado al expresidente Alberto Fernández –y esposo de su histórica secretaria privada, María Cantero–; de Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, y del empresario Pablo Torres García, todos investigados en esta causa. Allí secuestró teléfonos, computadoras y documentación que está siendo analizada.
Ercolini reúne las tres denuncias que se presentaron en torno a este escándalo: la de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la de la abogada Silvina Martínez, y la de la Coalición Cívica. La hipótesis que se investiga es que a partir de un decreto presidencial que ordenaba al Estado contratar con Nación Seguros las pólizas, intervino Martínez Sosa, un broker allegado a Fernández, que cobraba millonarias comisiones. Martínez Sosa es considerado el mayor productor de seguros del país, con operaciones multimillonarias, y visitó a Fernández en Olivos, incluso durante la cuarentena estricta.
El juez dispuso pedir informes sobre los vínculos con los brokers a 45 dependencias oficiales: Servicio
Geológico Minero Argentino, Estado Mayor General de la Armada, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG), Incucai, Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef ), Radio y Televisión Argentina, la Secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Corredores Viales, la Fábrica Argentina de Aviones, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes (exministerio).
También, Termoeléctrica José de San Martín, Hospital Dr. Baldomero Sommer, Cancillería, Ministerio de Seguridad, Invap, Belgrano Cargas, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Ministerio de Economía, Fundación ArgenINTA, Hospital Lic. Laura Bonaparte, y la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat).
Por último, requirió esos datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Superintendencia de Servicios de Salud, la Secretaría de Agricultura, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Energía Atómica, Gendarmería Nacional Argentina, la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Anses, la Casa de Moneda, el Fondo Nacional de las Artes, el Ministerio de Capital Humano, el Tribunal de Tasaciones de la Nación, Dioxitek SA, la Colonia Montes de Oca, Arsat, Pampa Energía, el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (Cedyat) y la Administración General de Puertos.
Asimismo, el juez envió 28 oficios a empresas aseguradoras para que les remitan las pólizas relacionadas con dependencias del Estado que contrataron mediante estos brokers investigados. Ya contestaron 26 de las empresas, aun antes de que se venciera el plazo para hacerlo. Ercolini recibió de Nación Seguros una nómina de empresas aseguradoras que intervinieron en la asignación de pólizas en créditos otorgados por la Anses y por ello ordenó esa medida para recabar información, más allá de los dos imputados de ese rubro que ya tiene la causa, Martínez Sosa y Torres García.
Ya declaró como testigo en el expediente el actual superintendente de Seguros, Guillermo Pedro Plate, que no dio información saliente para el caso, y está siendo citado el extitular de la Anses Osvaldo Giordano, quien destapó el caso cuando se negó a pagar una comisión de 1700 millones de pesos a brokers. Eran asegurados cautivos, ya que el Estado debía contratar con Nación Seguros y en el medio participaban estas personas, ahora investigadas.
Tras el escándalo, la Anses confirmó ayer que volverá a implementar el “autoaseguro” para cubrir los riesgos de los créditos que otorga a jubilados, pensionados y trabajadores. El cambio se implementó luego de la denuncia del Gobierno contra Federico
Alejandro D’Angelo Campos, el exdirector general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses –actual concejal peronista de Quilmes–, y de la imputación, por parte del fiscal Ramiro González, al expresidente Alberto Fernández.
“En el marco de la resolución 42/2024 publicada en el Boletín Oficial, se determinó la implementación del esquema de autoaseguro a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para los créditos Anses otorgados a jubilados, pensionados y trabajadores, en reemplazo de la cobertura brindada por Nación Seguros SA, cuyo contrato Anses dejó sin efecto”, publicó ayer el Gobierno en la página del organismo en cuestión.
El comunicado precisa: “En ese sentido, luego de un análisis y estudio exhaustivo por parte de esta administración, se definió utilizar el autofinanciamiento para la cobertura del riesgo de muerte de los beneficiarios de los créditos, hasta su liquidación final. Esta decisión resulta conveniente para la Anses desde la perspectiva financiera y supera toda situación irregular que se había constatado con el seguro de vida contratado con Nación Seguros SA”.
La decisión había sido anticipada por Giordano, desplazado de la Anses por Milei tras el fracaso de la ley ómnibus, cuando diputados cordobeses votaron en contra de la reforma, incluida su esposa, Alejandra Torres. Giordano alertó sobre la intermediación innecesaria en los seguros del organismo, que provocaba pérdidas para el Estado. El exfuncionario, ligado al cordobés Juan Schiaretti, ratificó que “la diferencia era grande, de un 40%” entre el contrato con Nación Seguros y el régimen de autoaseguro.
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La fiscalía quiere determinar el circuito de pagos; también deben declarar gremialistas
Hugo Alconada Mon
Claudio Albini detenido
Se mueve la “causa Chocolate”. La fiscal Betina Lacki citó a declarar a cuatro de los funcionarios de más alto rango de la Legislatura bonaerense y a dos decenas de empleados de ambas cámaras en la investigación por la defraudación de cientos de millones de pesos de las arcas públicas durante los últimos años.
Deberán declarar los directores de Personal, Pablo Parente –superior directo de Claudio Albini, ya detenido–, y de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados, Eduardo Resiglione, como también el tesorero, Marcelo Auziverría, y los jefes de Servicios Auxiliares, Tomasina Papaleo, y de Registro de Personal, Víctor Vigano.
El objetivo de la fiscal es reconstruir cómo son los procedimientos, en los papeles y en la práctica, que llevan a la designación de empleados en la Legislatura bonaerense y cómo son los circuitos para el pago de salarios con tarjetas de débito, además de determinar las responsabilidades legales –y eventualmente criminales- de las autoridades, funcionarios y empleados.
Lacki citó, en total, a 29 funcionarios y empleados de ambas cámaras, quienes deberán presentarse en los tribunales penales de esta capital entre el martes próximo y el miércoles 10 de abril. Y remitió a la Procuración General bonaerense los resultados de una auditoría que desarrolló la Subsecretaria de Informática.
Los citados como testigos afrontarán, no obstante, el riesgo de quedar imputados en la investigación, como ya ocurrió con los empleados de la Cámara de Diputados que eran titulares de las tarjetas de débito que Julio “Chocolate” Rigau, de Unión por la Patria/Frente Renovador, tenía en sus manos cuando lo detuvieron, en septiembre pasado.
Todos esos presuntos empleados legislativos, con la excepción de uno, terminaron acusados como partícipes en la defraudación a las arcas bonaerenses por, al menos, $800 millones que se desarrolló durante los últimos años. Se los sospecha de mantener una relación laboral con el Estado, en los papeles, pero ser prestanombres o “ñoquis” que aceptaron entregar sus salarios a “punteros” a cambio de recibir obra social y aportes jubilatorios.
Las primeras seis citaciones corresponden a supuestos empleados del Senado bonaerense cuyas tarjetas de débito utilizaron otros dos “chocolates”, Hugo Muguerza y Josefina Ortellado, de Pro/UCR, según corroboró la fiscalía.
Esos seis empleados –Víctor Gabriel Uribe, Daniela Salamanca y Karina Saraqui, Brisa Novillo, Yamila Benzo y Jonathan Villegas– habían pedido en las últimas semanas que no les tomaran testimoniales, solicitaron la asistencia de un abogado y plantearon la eximición de prisión, temerosos de terminar como acusados y detenidos.
La fiscal rechazó el planteo. Lo consideró “antojadizo y sin fundamento, basado en afirmaciones especulativas”, ya que remarcó que dependerá de lo que declare cada citado y recordó que si alguno llegara a autoincriminarse se procederá a suspender la audiencia, se lo relevará del juramento de decir verdad, podrá designar un abogado y sólo se lo podrá acusar luego en base a otras pruebas, pero no por lo que hubiera declarado.
El siguiente en la lista de convocados será el director de Legal y Técnica de Diputados, Eduardo Vito Resiglione, quien ya mantuvo un ida y vuelta con la fiscalía. En diciembre había cuestionado un requerimiento de información de Lacki argumentando que era “una injerencia sobre asuntos internos” de otro poder del Estado.
Las testimoniales abarcarán, a continuación, al Tesorero de la Cámara, Marcelo Fabián Auziverría, y otros empleados como Ariel Aiquino, Facundo Améndola y Elbio Lardapide, quien años atrás afrontó un procesamiento por un presunto fraude millonario como director de Contabilidad y Servicios Auxiliares del Ministerio de Salud bonaerense.
Se mueve la “causa Chocolate”. La fiscal Betina Lacki citó a declarar a cuatro de los funcionarios de más alto rango de la Legislatura bonaerense y a dos decenas de empleados de ambas cámaras en la investigación por la defraudación de cientos de millones de pesos de las arcas públicas durante los últimos años.
Deberán declarar los directores de Personal, Pablo Parente –superior directo de Claudio Albini, ya detenido–, y de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados, Eduardo Resiglione, como también el tesorero, Marcelo Auziverría, y los jefes de Servicios Auxiliares, Tomasina Papaleo, y de Registro de Personal, Víctor Vigano.
El objetivo de la fiscal es reconstruir cómo son los procedimientos, en los papeles y en la práctica, que llevan a la designación de empleados en la Legislatura bonaerense y cómo son los circuitos para el pago de salarios con tarjetas de débito, además de determinar las responsabilidades legales –y eventualmente criminales- de las autoridades, funcionarios y empleados.
Lacki citó, en total, a 29 funcionarios y empleados de ambas cámaras, quienes deberán presentarse en los tribunales penales de esta capital entre el martes próximo y el miércoles 10 de abril. Y remitió a la Procuración General bonaerense los resultados de una auditoría que desarrolló la Subsecretaria de Informática.
Los citados como testigos afrontarán, no obstante, el riesgo de quedar imputados en la investigación, como ya ocurrió con los empleados de la Cámara de Diputados que eran titulares de las tarjetas de débito que Julio “Chocolate” Rigau, de Unión por la Patria/Frente Renovador, tenía en sus manos cuando lo detuvieron, en septiembre pasado.
Todos esos presuntos empleados legislativos, con la excepción de uno, terminaron acusados como partícipes en la defraudación a las arcas bonaerenses por, al menos, $800 millones que se desarrolló durante los últimos años. Se los sospecha de mantener una relación laboral con el Estado, en los papeles, pero ser prestanombres o “ñoquis” que aceptaron entregar sus salarios a “punteros” a cambio de recibir obra social y aportes jubilatorios.
Las primeras seis citaciones corresponden a supuestos empleados del Senado bonaerense cuyas tarjetas de débito utilizaron otros dos “chocolates”, Hugo Muguerza y Josefina Ortellado, de Pro/UCR, según corroboró la fiscalía.
Esos seis empleados –Víctor Gabriel Uribe, Daniela Salamanca y Karina Saraqui, Brisa Novillo, Yamila Benzo y Jonathan Villegas– habían pedido en las últimas semanas que no les tomaran testimoniales, solicitaron la asistencia de un abogado y plantearon la eximición de prisión, temerosos de terminar como acusados y detenidos.
La fiscal rechazó el planteo. Lo consideró “antojadizo y sin fundamento, basado en afirmaciones especulativas”, ya que remarcó que dependerá de lo que declare cada citado y recordó que si alguno llegara a autoincriminarse se procederá a suspender la audiencia, se lo relevará del juramento de decir verdad, podrá designar un abogado y sólo se lo podrá acusar luego en base a otras pruebas, pero no por lo que hubiera declarado.
El siguiente en la lista de convocados será el director de Legal y Técnica de Diputados, Eduardo Vito Resiglione, quien ya mantuvo un ida y vuelta con la fiscalía. En diciembre había cuestionado un requerimiento de información de Lacki argumentando que era “una injerencia sobre asuntos internos” de otro poder del Estado.
Las testimoniales abarcarán, a continuación, al Tesorero de la Cámara, Marcelo Fabián Auziverría, y otros empleados como Ariel Aiquino, Facundo Améndola y Elbio Lardapide, quien años atrás afrontó un procesamiento por un presunto fraude millonario como director de Contabilidad y Servicios Auxiliares del Ministerio de Salud bonaerense.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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