La IA puede sufrir un burnout por la sobrecarga de trabajo que le exigen los humanos
de un mundo a otro. Una búsqueda con un asistente como ChatGPT consume 10 veces más electricidad que una consulta clásica por Google
Carlos A. Mutto
El cerebro humano pesa 1,3 kilos, representa 2% de nuestro peso, utiliza apenas 5% del metabolismo y consume 20% de nuestra energía. A título comparativo, los 8000 data centers del planeta –que alojan servidores, infraestructuras de almacenamiento, equipos de red y otros dispositivos tecnológicos necesarios para el manejo de datos a gran escala– consumieron 350 TWh en 2023, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Esa cifra alucinante representa entre 2 y 3% del consumo energético global.
En su libro Une idée dans la tête (Una idea en mente), el neurólogo francés Stanislas Dehaene confronta la maravillosa maquinaria biológica heredada de Homo sapiens con los interrogantes y las dificultades que plantea la inteligencia artificial (IA). A través de ese recurso didáctico, el científico ilustra con claridad la plasticidad cognitiva del cerebro y sus posibilidades infinitas de aprendizaje, para asegurar que el ser humano no perdió la batalla frente a la tecnología cibernética.
Ese duelo de potencialidades entre la informática y el cerebro coloca en perspectiva la multiplicación de centrales nucleares –en construcción o en proyecto–, que se aceleró en los últimos años como consecuencia de la evolución conjunta de la inteligencia artificial, los data centers y la proliferación de las criptomonedas, tres innovaciones tecnológicas particularmente consumidoras de energía. Para saciar ese consumo, los colosos de la high tech y las finanzas mundiales construirán en los próximos 25 años unos 400 reactores tradicionales, sobre todo en China –líder del sector–, Rusia, la India y Polonia. Además, los expertos prevén una estampida de construcciones de unas 80 minicentrales de reactores modulares (SMR), más pequeños y flexibles, que tienen una potencia variable de 10 a 300 megawatts (MG). Fabricados en forma de módulos en una planta industrial, luego se instalan en el lugar de producción. El costo de cada proyecto oscila en 1000 millones de dólares.
Esos pequeños reactores nucleares modulables (también conocidos por las siglas PRM o SRM) se empleaban tradicionalmente para alimentar la propulsión de submavierten rinos y portaaviones. Pero ahora comienzan a convertirse en una opción para responder a diversas demandas civiles. Desde la instalación del primer SMR comercial, inventado por un equipo de la Universidad de Oregón en 2007, hay casi un centenar de SRM en operaciones, incluyendo una minicentral flotante rusa, Akademik Lomonosov, inaugurada en 2022 en Pevek, en el extremo noroeste de Siberia. En 2026 debe comenzar a funcionar en China el primer reactor de demostración comercial terrestre ACP100 (Linglong One) de 125 MW.
Un despliegue rápido y masivo de SMR podría ser la mejor opción para cumplir con el objetivo de reducir drásticamente las emisiones netas de CO2. Los escenarios más exigentes reclaman entre varios miles y decenas de miles de unidades. Un programa de construcción de esas dimensiones representaría un desafío sin precedentes para la industria nuclear, pero también para las autoridades responsables de la seguridad y sobre todo para la sociedad civil, que mantiene un enorme recelo frente a la energía nuclear y a la gestión de residuos que pueden demorar varios miles de años en desaparecer. La segunda reserva es de orden político porque los pequeños reactores modulares pueden facilitar una rápida proliferación nuclear para uso militar o terrorista.
Los temores relacionados con la seguridad no podrán resistir mucho tiempo frente a la presión de la transición energética, cada vez más urgente para impedir que la temperatura aumente cuatro grados (+ °4) a fin de siglo, como adlos últimos informes del GIEC y del Banco Mundial.
En comparación con las centrales convencionales, el modelo de construcción modular de los SMR permite agregar unidades adicionales a medida que aumenta la demanda. Los partidarios de este sistema invocan, como argumento principal, que su costo total es inferior al de otras fuentes de energía (eólica marina, energía solar térmica, biomasa y energía solar fotovoltaica). El criterio escalonado también puede ser aplicado a la financiación, lo que permitiría amortiguar el impacto económico.
Esas discusiones, especulaciones y fervores se acrecientan a medida que la penuria energética amenaza la expansión de los data centers y –por carácter transitivo– conspira contra la evolución de la inteligencia artificial. En seis años, “la demanda de cálculo artificial se multiplicó por un millón, y ahora se decuplica cada año”, confirmó el 14 de mayo Sundar Pichai, CEO de Google. Para evitar que esa penuria se transforme en drama industrial, los gigantes de la high tech, como Amazon, Microsoft, Google y Meta (Facebook, Instagram) y el chino Huawei totalizarán este año una inversión de 200.000 millones de dólares en nuevas infraestructuras (Microsoft piensa incluso en rehabilitar la central de Three Mile Island, en Pensilvania, escenario de un traumático accidente en 1979). La cifra proyectada representa un aumento de 45% con respecto a 2023 y 180% más que en 2019, según Bernstein Research. Ese gabinete de análisis calcula que, debido a la estampida de precios de los procesadores especializados, el gasto en servidores consagrados a la IA se quintuplicará entre 2022 y 2025, y pasará de 25.000 a 125.000 millones de dólares por año. La explicación es simple: una búsqueda a través de un asistente como ChatGPT consume 10 veces más electricidad que una consulta clásica por Google, según a AIE. Un solo bastidor dedicado a la IA en una granja de servidores requiere de seis a nueve veces más de potencia eléctrica que un bastidor de procesadores clásicos dedicado a otros servicios, según Equinix, uno de los mayores operadores mundiales de data centers para empresas y del cloud. Teniendo en cuenta los aumentos del precio de la energía previstos para el futuro, a su CEO, Charles Meyers, le tiembla la mano cada vez que mira la factura: el consumo eléctrico representa el primer rubro de los egresos de sus data centers (de 30 a 50%). Para anticipar esa perspectiva de asfixia, algunas empresas de Corea del Sur y Estados Unidos ya comenzaron a preparar proyectos de campus con minirreactores nucleares modulables de 1 GW.
El consumo energético de los data centers, que actualmente corresponde a 2% de la demanda mundial, se duplicará en 2026, lo que explica las colosales inversiones realizadas por Amazon, Microsoft y Google en España, Alemania Singapur, Francia, Suecia, Japón, Malasia, Gran Bretaña y los Emiratos Árabes Unidos.
“Después de la chispa de la tecnología digital y la llama del cloud, la inteligencia artificial encendió el fuego. El volumen de la demanda y la cantidad de dinero invertida es superior a los capitales movilizados por cualquier otra innovación tecnológica”, según Meyers.
A nivel mundial, las necesidades de electricidad de la IA, los datacenters y los blockchains de criptomonedas pasarán –en total– de 460 TWh en 2022 (2% del consumo global) a 1050 TWh en 2026. Esa cifra equivale al consumo alemán, primera potencia económica europea. En Estados Unidos, donde funciona un tercio de los data centers del planeta, el sector llegará dentro de dos años a 200 TWh; en Europa (16% de los centros), el consumo pasará de 100 TWh a 150 TWh, y solo en China (10% de los data centers) crecerá de 200 TWh a 350 TWh, tanto como el total mundial en 2023.
Frente a esas perspectivas, los expertos temen que la IA pueda sufrir un burnout si no tiene la energía que necesita para responder a la sobrecarga de trabajo que le exigen los seres humanos.
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Ficha limpia: no más demoras
Es de esperar que quienes proclaman el saneamiento de los partidos políticos y la transparencia electoral efectivamente lo demuestren
Semanas atrás, celebramos la sanción de la esperada ley de boleta única de papel (BUP), que introduce cambios importantes en el sistema electoral. Nos referimos también entonces a la importancia de no demorar el tratamiento de otro proyecto largamente esperado: el de ficha limpia, por el cual se modifica la ley orgánica de los partidos políticos.
En una reunión del bloque de Pro con funcionarios del Gobierno, el diputado nacional Cristian Ritondo (Buenos Aires) listó los proyectos por impulsar, entre ellos, el de ficha limpia. Esa voluntad se ha venido topando con la persistente resistencia del peronismo a sancionar normas sobre mayor transparencia electoral y saneamiento de los partidos políticos. Lo mismo había ocurrido previamente con el debate de la BUP, finalmente convertida en ley tras un acuerdo entre el oficialismo, Pro, la Coalición Cívica, la UCR e Innovación Federal. Votaron en contra el kirchnerismo –con excepción del diputado Guillermo Snopek– y legisladores de izquierda.
El proyecto de ley de ficha limpia, apoyado por un amplio número de diputados, establece que no podrán ser candidatos a cargos públicos en elecciones primarias ni en las generales quienes cuenten con una condena judicial en segunda instancia.
La inhabilitación para ejercer cargos públicos en las circunstancias referidas es otro de los puntos principales. De convertirse en ley, sería decisivo a la hora de definir candidaturas. Por ejemplo, si resultara ratificada en segunda instancia la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”, no podría volver a presentarse como candidata en los comicios del año entrante.
El último encuentro parlamentario para tratar el tema se concretó el mes último, cuando, a instancias del oficialismo y de un amplio abanico de bloques de la oposición dialoguista, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados avanzó en la obtención de un dictamen sobre la base de varios proyectos presentados sobre el tema.
La última vez que se había intentado aprobar uno similar fue en 2019, en vísperas de la asunción del presidente Alberto Fernández. Pero no pudo ver la luz. Componendas y presiones de todo tipo impidieron avanzar.
Una de las autoras de los proyectos actualmente en debate es la diputada Silvia Lospennato (ProBuenos Aires), quien destacó la perseverancia del Movimiento Ficha Limpia –encabezado por Gastón Marra, Fanny Mandelbaum y Gustavo Menna, exdiputado nacional y actual vicegobernador de Chubut– para que el dictamen, con el apoyo de medio millón de firmas ciudadanas, sea finalmente habilitado para ser tratado en el recinto.
“Todos estos años no teníamos el número necesario para que pasara esta ley. Hoy tenemos los diputados para lograr la media sanción”, enfatizó Lospennato, quien enuun meró que al menos media docena de provincias –Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Fe– y unos 40 municipios tienen una legislación similar.
En esa oportunidad, la legisladora radical Karina Banfi (Buenos Aires) explicó que si bien en un primer momento se había barajado la posibilidad de ampliar la ficha limpia a las condenas por otros delitos, finalmente el dictamen se acotó al de corrupción para evitar una eventual judicialización de la ley una vez que se apruebe.
Aunque hasta ayer no se había dispuesto la fecha de la próxima sesión en la Cámara baja, fuentes del Congreso indicaron a la nacion que ficha limpia pasaría a formar parte de ese temario.
“Corrupción o justicia” fue la frase de cierre del alegato del fiscal Diego Luciani en el juicio por la obra pública contra la exmandataria, para quien inicialmente había pedido una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Esperemos que en la próxima sesión de Diputados se logre la media sanción que habilitará el tema para ser tratado en el Senado. Los tiempos corren y los comicios de 2025 están casi a la vuelta de la esquina.
Es de esperar que quienes tanto dentro del Gobierno como del Poder Legislativo han expresado públicamente su convicción de sanear la política y de transparentar los procesos den fe de que realmente quieren lograrlo y lleguemos al año próximo con las dos herramientas indispensables para lograr ese tan ansiado objetivo.
El cerebro humano pesa 1,3 kilos, representa 2% de nuestro peso, utiliza apenas 5% del metabolismo y consume 20% de nuestra energía. A título comparativo, los 8000 data centers del planeta –que alojan servidores, infraestructuras de almacenamiento, equipos de red y otros dispositivos tecnológicos necesarios para el manejo de datos a gran escala– consumieron 350 TWh en 2023, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Esa cifra alucinante representa entre 2 y 3% del consumo energético global.
En su libro Une idée dans la tête (Una idea en mente), el neurólogo francés Stanislas Dehaene confronta la maravillosa maquinaria biológica heredada de Homo sapiens con los interrogantes y las dificultades que plantea la inteligencia artificial (IA). A través de ese recurso didáctico, el científico ilustra con claridad la plasticidad cognitiva del cerebro y sus posibilidades infinitas de aprendizaje, para asegurar que el ser humano no perdió la batalla frente a la tecnología cibernética.
Ese duelo de potencialidades entre la informática y el cerebro coloca en perspectiva la multiplicación de centrales nucleares –en construcción o en proyecto–, que se aceleró en los últimos años como consecuencia de la evolución conjunta de la inteligencia artificial, los data centers y la proliferación de las criptomonedas, tres innovaciones tecnológicas particularmente consumidoras de energía. Para saciar ese consumo, los colosos de la high tech y las finanzas mundiales construirán en los próximos 25 años unos 400 reactores tradicionales, sobre todo en China –líder del sector–, Rusia, la India y Polonia. Además, los expertos prevén una estampida de construcciones de unas 80 minicentrales de reactores modulares (SMR), más pequeños y flexibles, que tienen una potencia variable de 10 a 300 megawatts (MG). Fabricados en forma de módulos en una planta industrial, luego se instalan en el lugar de producción. El costo de cada proyecto oscila en 1000 millones de dólares.
Esos pequeños reactores nucleares modulables (también conocidos por las siglas PRM o SRM) se empleaban tradicionalmente para alimentar la propulsión de submavierten rinos y portaaviones. Pero ahora comienzan a convertirse en una opción para responder a diversas demandas civiles. Desde la instalación del primer SMR comercial, inventado por un equipo de la Universidad de Oregón en 2007, hay casi un centenar de SRM en operaciones, incluyendo una minicentral flotante rusa, Akademik Lomonosov, inaugurada en 2022 en Pevek, en el extremo noroeste de Siberia. En 2026 debe comenzar a funcionar en China el primer reactor de demostración comercial terrestre ACP100 (Linglong One) de 125 MW.
Un despliegue rápido y masivo de SMR podría ser la mejor opción para cumplir con el objetivo de reducir drásticamente las emisiones netas de CO2. Los escenarios más exigentes reclaman entre varios miles y decenas de miles de unidades. Un programa de construcción de esas dimensiones representaría un desafío sin precedentes para la industria nuclear, pero también para las autoridades responsables de la seguridad y sobre todo para la sociedad civil, que mantiene un enorme recelo frente a la energía nuclear y a la gestión de residuos que pueden demorar varios miles de años en desaparecer. La segunda reserva es de orden político porque los pequeños reactores modulares pueden facilitar una rápida proliferación nuclear para uso militar o terrorista.
Los temores relacionados con la seguridad no podrán resistir mucho tiempo frente a la presión de la transición energética, cada vez más urgente para impedir que la temperatura aumente cuatro grados (+ °4) a fin de siglo, como adlos últimos informes del GIEC y del Banco Mundial.
En comparación con las centrales convencionales, el modelo de construcción modular de los SMR permite agregar unidades adicionales a medida que aumenta la demanda. Los partidarios de este sistema invocan, como argumento principal, que su costo total es inferior al de otras fuentes de energía (eólica marina, energía solar térmica, biomasa y energía solar fotovoltaica). El criterio escalonado también puede ser aplicado a la financiación, lo que permitiría amortiguar el impacto económico.
Esas discusiones, especulaciones y fervores se acrecientan a medida que la penuria energética amenaza la expansión de los data centers y –por carácter transitivo– conspira contra la evolución de la inteligencia artificial. En seis años, “la demanda de cálculo artificial se multiplicó por un millón, y ahora se decuplica cada año”, confirmó el 14 de mayo Sundar Pichai, CEO de Google. Para evitar que esa penuria se transforme en drama industrial, los gigantes de la high tech, como Amazon, Microsoft, Google y Meta (Facebook, Instagram) y el chino Huawei totalizarán este año una inversión de 200.000 millones de dólares en nuevas infraestructuras (Microsoft piensa incluso en rehabilitar la central de Three Mile Island, en Pensilvania, escenario de un traumático accidente en 1979). La cifra proyectada representa un aumento de 45% con respecto a 2023 y 180% más que en 2019, según Bernstein Research. Ese gabinete de análisis calcula que, debido a la estampida de precios de los procesadores especializados, el gasto en servidores consagrados a la IA se quintuplicará entre 2022 y 2025, y pasará de 25.000 a 125.000 millones de dólares por año. La explicación es simple: una búsqueda a través de un asistente como ChatGPT consume 10 veces más electricidad que una consulta clásica por Google, según a AIE. Un solo bastidor dedicado a la IA en una granja de servidores requiere de seis a nueve veces más de potencia eléctrica que un bastidor de procesadores clásicos dedicado a otros servicios, según Equinix, uno de los mayores operadores mundiales de data centers para empresas y del cloud. Teniendo en cuenta los aumentos del precio de la energía previstos para el futuro, a su CEO, Charles Meyers, le tiembla la mano cada vez que mira la factura: el consumo eléctrico representa el primer rubro de los egresos de sus data centers (de 30 a 50%). Para anticipar esa perspectiva de asfixia, algunas empresas de Corea del Sur y Estados Unidos ya comenzaron a preparar proyectos de campus con minirreactores nucleares modulables de 1 GW.
El consumo energético de los data centers, que actualmente corresponde a 2% de la demanda mundial, se duplicará en 2026, lo que explica las colosales inversiones realizadas por Amazon, Microsoft y Google en España, Alemania Singapur, Francia, Suecia, Japón, Malasia, Gran Bretaña y los Emiratos Árabes Unidos.
“Después de la chispa de la tecnología digital y la llama del cloud, la inteligencia artificial encendió el fuego. El volumen de la demanda y la cantidad de dinero invertida es superior a los capitales movilizados por cualquier otra innovación tecnológica”, según Meyers.
A nivel mundial, las necesidades de electricidad de la IA, los datacenters y los blockchains de criptomonedas pasarán –en total– de 460 TWh en 2022 (2% del consumo global) a 1050 TWh en 2026. Esa cifra equivale al consumo alemán, primera potencia económica europea. En Estados Unidos, donde funciona un tercio de los data centers del planeta, el sector llegará dentro de dos años a 200 TWh; en Europa (16% de los centros), el consumo pasará de 100 TWh a 150 TWh, y solo en China (10% de los data centers) crecerá de 200 TWh a 350 TWh, tanto como el total mundial en 2023.
Frente a esas perspectivas, los expertos temen que la IA pueda sufrir un burnout si no tiene la energía que necesita para responder a la sobrecarga de trabajo que le exigen los seres humanos.
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Ficha limpia: no más demoras
Es de esperar que quienes proclaman el saneamiento de los partidos políticos y la transparencia electoral efectivamente lo demuestren
Semanas atrás, celebramos la sanción de la esperada ley de boleta única de papel (BUP), que introduce cambios importantes en el sistema electoral. Nos referimos también entonces a la importancia de no demorar el tratamiento de otro proyecto largamente esperado: el de ficha limpia, por el cual se modifica la ley orgánica de los partidos políticos.
En una reunión del bloque de Pro con funcionarios del Gobierno, el diputado nacional Cristian Ritondo (Buenos Aires) listó los proyectos por impulsar, entre ellos, el de ficha limpia. Esa voluntad se ha venido topando con la persistente resistencia del peronismo a sancionar normas sobre mayor transparencia electoral y saneamiento de los partidos políticos. Lo mismo había ocurrido previamente con el debate de la BUP, finalmente convertida en ley tras un acuerdo entre el oficialismo, Pro, la Coalición Cívica, la UCR e Innovación Federal. Votaron en contra el kirchnerismo –con excepción del diputado Guillermo Snopek– y legisladores de izquierda.
El proyecto de ley de ficha limpia, apoyado por un amplio número de diputados, establece que no podrán ser candidatos a cargos públicos en elecciones primarias ni en las generales quienes cuenten con una condena judicial en segunda instancia.
La inhabilitación para ejercer cargos públicos en las circunstancias referidas es otro de los puntos principales. De convertirse en ley, sería decisivo a la hora de definir candidaturas. Por ejemplo, si resultara ratificada en segunda instancia la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”, no podría volver a presentarse como candidata en los comicios del año entrante.
El último encuentro parlamentario para tratar el tema se concretó el mes último, cuando, a instancias del oficialismo y de un amplio abanico de bloques de la oposición dialoguista, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados avanzó en la obtención de un dictamen sobre la base de varios proyectos presentados sobre el tema.
La última vez que se había intentado aprobar uno similar fue en 2019, en vísperas de la asunción del presidente Alberto Fernández. Pero no pudo ver la luz. Componendas y presiones de todo tipo impidieron avanzar.
Una de las autoras de los proyectos actualmente en debate es la diputada Silvia Lospennato (ProBuenos Aires), quien destacó la perseverancia del Movimiento Ficha Limpia –encabezado por Gastón Marra, Fanny Mandelbaum y Gustavo Menna, exdiputado nacional y actual vicegobernador de Chubut– para que el dictamen, con el apoyo de medio millón de firmas ciudadanas, sea finalmente habilitado para ser tratado en el recinto.
“Todos estos años no teníamos el número necesario para que pasara esta ley. Hoy tenemos los diputados para lograr la media sanción”, enfatizó Lospennato, quien enuun meró que al menos media docena de provincias –Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Fe– y unos 40 municipios tienen una legislación similar.
En esa oportunidad, la legisladora radical Karina Banfi (Buenos Aires) explicó que si bien en un primer momento se había barajado la posibilidad de ampliar la ficha limpia a las condenas por otros delitos, finalmente el dictamen se acotó al de corrupción para evitar una eventual judicialización de la ley una vez que se apruebe.
Aunque hasta ayer no se había dispuesto la fecha de la próxima sesión en la Cámara baja, fuentes del Congreso indicaron a la nacion que ficha limpia pasaría a formar parte de ese temario.
“Corrupción o justicia” fue la frase de cierre del alegato del fiscal Diego Luciani en el juicio por la obra pública contra la exmandataria, para quien inicialmente había pedido una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Esperemos que en la próxima sesión de Diputados se logre la media sanción que habilitará el tema para ser tratado en el Senado. Los tiempos corren y los comicios de 2025 están casi a la vuelta de la esquina.
Es de esperar que quienes tanto dentro del Gobierno como del Poder Legislativo han expresado públicamente su convicción de sanear la política y de transparentar los procesos den fe de que realmente quieren lograrlo y lleguemos al año próximo con las dos herramientas indispensables para lograr ese tan ansiado objetivo.
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