La globalización, en retirada
Moisés Naím
Hace unos días los ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales de más de 191 países se reunieron en Washington DC. Esta reunión la organizan anualmente el FMI y el Banco Mundial. Como siempre, mucho más interesantes que los discursos públicos fueron las conversaciones en los pasillos. Este año un fantasma recorrió esos pasillos: el de la desglobalización. La ola global de populismo, las fricciones comerciales, las restricciones a la inversión extranjera y la hostilidad hacia la inmigración han venido ganando terreno. El proteccionismo está en auge.
Esto hay que lamentarlo porque, a pesar de las frecuentes denuncias contra el comercio internacional, la experiencia con el proteccionismo es mucho peor: el empobrecimiento de todos, sobre todo de los más vulnerables. Esto no quiere decir que la globalización carezca de defectos. Entre sus principales fallas están el haber contribuido a la desigualdad en la distribución de la riqueza y los ingresos y el no haber ofrecido, hasta ahora, respuestas a gran escala para contener la emergencia climática. Esto, sin embargo, no debe impulsar a los gobiernos a adoptar posturas proteccionistas y aislacionistas. Más bien hay que trabajar para corregir estos problemas sin perder los beneficios generados por el comercio entre naciones.
Las barreras comerciales, manifestación principal de la desglobalización económica en marcha, se presentan en forma de aranceles y regulaciones que traban el comercio. En Estados Unidos, muchos de los aranceles impuestos por Donald Trump durante su presidencia fueron sigilosamente mantenidos por Joe Biden, prueba de que en este ambiente político nadie se atreve a enarbolar la bandera de la liberalización comercial. En estos tiempos, calificar a alguien de “globalista” es un insulto. La desglobalización afecta a la movilidad de bienes y capitales, y también a la de las personas. El cierre de fronteras y las políticas antimigratorias reflejan otro aspecto de este retroceso. En EE.UU. y Europa se ha instalado un clima político en el que se demoniza la inmigración y se asocian los flujos migratorios con amenazas a la seguridad y a la estabilidad económica. Esto se traduce en un trato más restrictivo hacia los migrantes, quienes a menudo se utilizan como chivos expiatorios de problemas económicos y sociales que nada tienen que ver con ellos. No se trata de tolerar fronteras sin control, aceptar continuas crisis migratorias o esperar que muros, cercas y agentes armados contengan las mareas de inmigrantes.
Estos cambios reflejan una tendencia global: el cierre de fronteras se convierte en un símbolo más de la desglobalización, y quienes más sufren son los más vulnerables, que huyen de crisis humanitarias y colapsos económicos solo para enfrentarse a nuevos obstáculos.
El Brexit, un desaforado acto de auto lesión económica para el Reino Unido, introdujo nuevos controles que impusieron barreras significativas a los exportadores británicos y europeos por igual. Los retrasos en aduanas y los costos adicionales afectan a empresas que alguna vez se beneficiaron del acceso fluido a un atractivo mercado común. En la misma línea, la creciente retórica nacionalista en Europa dificulta cada vez más las inversiones extranjeras, y los fracasos de las políticas migratorias nutren los resultados electorales de los partidos de la ultraderecha radical.
Las consecuencias de la desglobalización se irán acumulando de a poco. El proceso es gradual, e inicialmente nadie detecta cómo se va perdiendo el dinamismo económico y social. A medida que las barreras al comercio, la inversión y la movilidad de personas aumentan, las cadenas de suministro globales se fragmentan, los precios suben y las economías de los países en desarrollo se vuelven más vulnerables. Trabajadores y pequeñas empresas, que dependen de un flujo constante de bienes y capital, se ven atrapados en el fuego cruzado, enfrentando la incertidumbre de un sistema económico cada vez más cerrado y excluyente.
La desglobalización también conlleva un costo social que se verá con el tiempo. Quienes alguna vez prosperaron gracias al comercio internacional enfrentarán el estancamiento, el desempleo y la falta de oportunidades. Los aumentos de costos que aparecen cuando se imposibilita el comercio y se restringe la movilidad humana irán socavando la prosperidad de familias trabajadoras que, muchas veces sin saberlo, dependen de la integración global para su bienestar.
Aún estamos a tiempo de cambiar de rumbo. Revertir estas tendencias y restaurar un enfoque de cooperación internacional, que incluya el comercio, la inversión y la movilidad humana, podría evitar un empobrecimiento generalizado y devolver al mundo a un camino de prosperidad compartida. El reto es reconocer el error que estamos cometiendo antes de que sea demasiado tarde.
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Transparencia financiera y política exterior
Patricio Carmody
El prestigio de una nación es un importante atributo para la implementación de su política exterior. A su vez, la pérdida de reputación se convierte en un obstáculo. La Argentina corría el riesgo de ser mal calificada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debido a posibles atrasos/omisiones en el dictado y la implementación efectiva de leyes para impedir el lavado de dinero –con foco en actividades criminales– y la financiación del terrorismo. Eso hubiera afectado su prestigio y el impacto de su accionar exterior.
El GAFI es una organización intergubernamental creada en 1989 por el G-7, que procura asegurar la transparencia financiera necesaria para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo internacional y la proliferación de armas de destrucción masiva. Incluye a 37 jurisdicciones, como EE.UU., la mayoría de las europeas, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Pero también a China, India, Turquía, Arabia Saudita, Brasil, México, la Argentina, Israel, Sudáfrica, Malasia y Rusia –suspendida por su invasión a Ucrania–. Su reducida Secretaría General está en la OCDE en París.
El GAFI realizó 40 recomendaciones en cuanto al blanqueo de capitales y 9 especiales para impedir la financiación del terrorismo. Estas deben ser implementadas mediante las legislaciones locales. Las 40 recomendaciones alientan a los Estados a condenar el blanqueo de capitales y ofrecer herramientas a las autoridades para confiscar los ingresos por el lavado, guardar un registro de las transacciones sospechosas de instituciones financieras y no financieras, verificar la identidad personal de los usuarios de bancos, establecer una unidad de inteligencia financiera (UIF) y cooperar con la persecución internacional del blanqueo de capitales. Las 9 especiales introducen requisitos relacionados con servicios bancarios, como remesas, transferencias telefónicas o por mecanismos alternativos, y con organizaciones sin fines de lucro.
La Argentina evitó estar en la lista gris del GAFI, que si bien no es la lista negra puede restringir inversiones en el país. La clasificación del GAFI sirve como herramienta para que las empresas evalúen el riesgo asociado a las diferentes jurisdicciones. Pertenecer a la lista negra –Irán, Corea del Norte, Myanmar– implica no cumplir los estándares internacionales. Pertenecer a la lista gris coloca a una jurisdicción bajo un mayor monitoreo con el compromiso de resolver rápidamente las deficiencias identificadas. Mónaco y Venezuela fueron incorporadas este año a esa lista, mientras Turquía y Jamaica salieron de la lista en 2024, y Albania, Emiratos Árabes Unidos, Islas Caimán y Panamá lo hicieron en 2023.
La Argentina fue evaluada –mediante la cuarta ronda de monitoreos mutuos– con respecto al lavado de dinero ligado a la corrupción, al comercio internacional y a servicios financieros informales. Por su cooperación internacional en temas de lavado de activos, por su identificación de beneficiarios de cuentas, por seguir transacciones sospechosas y la independencia de la UIF. También por la cantidad de procesamientos y condenas de estos delitos. Se evitó entrar en la lista gris y hubo recomendaciones.
El cumplir con las recomendaciones del GAFI es uno de los elementos para evitar asumir la condición que Maquiavelo le atribuyó a su ciudad en sus Historias florentinas: Florencia no era libre porque estaba corrompida tanto en lo interno como en lo exterior, lo que le impedía practicar un autogobierno
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Dos caras de la basura
Datos difundidos por el Indec reportan una caída del 8,3% en el volumen de residuos recolectados para julio último comparado con el año anterior y del 1,7% respecto de junio. En marzo, el gremio Camioneros había advertido que mientras el año pasado cada camión cargaba 12.000 kilos de basura en promedio, este año se habla de apenas 5000 kilos. Datos de la Ceamse correspondientes a la ciudad de Buenos Aires y a 24 partidos del GBA, Berisso, Ensenada, La Plata y de recolectores de residuos privados permiten confirmar que los volúmenes actualmente descartados son incluso menores que durante la pandemia, lo que refleja el desplome de los consumos, con impacto también en las tareas de recicladores, que ven reducidos sus ingresos.
Informes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación hablan de que el desperdicio alimentario representa el 12,5% de la producción total. En el sector frutihortícola, el porcentaje descartado que nunca llega a consumirse asciende al 45%. La cantidad de alimentos que se tiran en la Argentina alcanzaría para alimentar a 24 millones de personas, esto es diez veces la cantidad de gente que está hoy en situación de indigencia. Inconcebible.
Está claro que no toda la basura es realmente basura. La Red de Bancos de Alimentos nuclea a 20 instituciones de todo el país cuya misión es rescatar alimentos aptos para el consumo que, aunque muchos los consideran desperdicio, bien pueden aprovecharse. El año pasado, alcanzaron los 16 millones de kilogramos de alimentos, traducidos en 46 millones de platos de comida que se distribuyeron a través de 4500 organizaciones sociales. Uno de cada tres niños sufre inseguridad alimentaria y más de 680.000 cuentan con la Red para comer.
El impacto ambiental de esta tarea es igualmente destacable. La recuperación de fruta y verdura en 2023 sirvió para evitar la emisión de más de 2 millones de kg de gases de efecto invernadero y ahorró más de 14 millones de metros cúbicos de agua. Valorar los alimentos es una forma de valorar el planeta.
Cuando se recuerda que llevó 14 años sancionar la llamada ley del buen samaritano –dirigida a propiciar la donación de alimentos al limitar la responsabilidad civil y penal por los daños y perjuicios que pudiesen provocar quienes están en condiciones de entregar mercadería que puede ser aprovechada antes de su vencimiento–, no podemos imaginar que siga demorada la norma que revierta los impedimentos para que restaurantes y hoteles puedan sumarse a esta generosa cruzada. Hay que promover creativamente sistemas que funcionen como incentivo para las donaciones, tanto como que contemplen penalidades para quienes descarten teniendo estas opciones.
Cuando los consumos de gran parte de la población se ven reducidos, y con ello el volumen de basura, más que nunca urge rescatar aquello que puede aprovecharse. Todos podemos sumar nuestro aporte evitando los desperdicios hogareños, postulándonos como voluntarios y siguiendo la nueva tradición de los días 29, que reemplaza los ñoquis por una invitación a colaborar con quienes más lo necesitan: con una contribución de apenas 500 pesos se puede llenar un plato. Los BdA son probados instrumentos para dar respuesta al hambre de tantas personas que dependen de ellos para comer.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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