Universidades: los contratos con el Estado, bajo la lupa
Cobran por asesorías y hasta servicios de call center.
Diego Cabot
Con 344 convenios, la UBA encabeza el ranking de universidades por cantidad de contratos
Es una monumental “caja de Pandora”. O tal vez sea más conveniente quitar el Pandora de la caja que el Gobierno puso bajo la lupa en su disputa con las universidades. Incluye, al menos, 2566 convenios firmados por alguna agencia, dependencia o empresa pública con una o varias casas de estudios. Auditorías, servicios de call center, investigación de mercado, controles de precios, pasantías, publicación de libros y, por supuesto, muchos que tienen que ver con apoyos técnicos.
Este enorme sistema de contratación nació, y en gran parte funciona, como un aporte genuino de las universidades al Estado. Pero, con el tiempo, la facilidad de procesos y la imposibilidad de controlar a las casas de estudios por la autonomía que esgrimen terminaron por generar una fiesta de servicios que se canalizan por esa autovía. Como sucedió con otras banderas, sobre todo los cuatro gobiernos kirchneristas prostituyeron un sistema de contratación que no se audita y del que apenas se ve una parte.
listó 2500 convenios que, la nacion al menos, estuvieron vigentes en los últimos dos años y que eran parte del gasto público cuando Javier Milei se hizo cargo del gobierno. De hecho, un detalle de esos acuerdos ya está en manos de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
El asunto ha pegado fuerte en el seno de las universidades. Sucede que estos miles de millones de pesos y de dólares –porque hay varios firmados en moneda extranjera– no forman parte del financiamiento de las universidades que está en discusión. De hecho, no se computan en esas partidas que viajan del Ministerio de Capital Humano a las cuentas bancarias de las entidades. Se trata de negociaciones de las universidades con diversas entidades o empresas del Estado que no pasan por la Secretaría de Educación más que para un visto legal, y que nadie audita.
Por ejemplo, las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic –que se construyen en la cuenca del río Santa Cruz– representan el proyecto de obra pública más importante que tiene la Argentina. Miles de millones de dólares financian el plan, que depende de Enarsa. Justamente, esta empresa pública tiene decenas de contratos con universidades y es la titular del de mayor monto.
La investigación de relevó la nacion los años 2022 y 2023. En el primero, Enarsa firmó una prórroga del “Convenio para la inspección de los aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic”, que le había entregado por contratación directa a la Universidad de La Plata, puntualmente a la Fundación de la Facultad de Ingeniería, en 2015. El monto fue de US$2.383.498 por seis meses, a razón de US$397.249 mensuales, según el tipo de cambio de aquel momento, método que se utilizó para hacer comparables las cifras después de más de dos años, con la inflación correspondiente.
Cuando venció la prórroga, se firmó otro convenio hasta 2028. Fue de $7557 millones, que, siempre de acuerdo con la cotización del Banco Central de ese momento, significaban una suma de US$58,13 millones por año. Milei asumió con el contrato vigente y cada año le tiene que pagar a esta institución alrededor de US$10 millones.
En las centrales del sur también tuvo lo suyo la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Desde 2018, la institución asesora para la “validación de ingresos y egresos operativos y costos de financiamiento relacionados con cada período mensual”. El último contrato se firmó el 21 de julio de 2023, por dos meses, y tuvo un costo de 925.000 dólares.
Este cronista llamó a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de La Plata y envió un correo electrónico para conocer detalles del servicio.
“La UNLP ha apoyado técnicamente al comitente desde 2014 y desarrolla las tareas de inspección del contrato desde el acta de inicio de obra en febrero de 2015. La inspección integral de una obra de estas características requiere de un grupo de personas con especializaciones técnicas en disciplinas variadas y con una presencia permanente en el seguimiento de la obra que se ejecuta, tanto en los emplazamientos como en el seguimiento constructivo de los suministros hidroelectromecánicos de origen chino”, consignó Marcos Actis, presidente de la fundación y decano de la Facultad de Ingeniería.
“La inspección de obra a cargo de la UNLP es realizada por un equipo de 100 personas, compuesto por ingenieros/as, técnicos/as y administrativos/as, 60 de las cuales están destacadas en las obras dando seguimiento técnico a la construcción, calidad, higiene y seguridad laboral y ambiente, y unas 40 personas que se ocupan de la administración contractual, la calificación de ingeniería, certificación de obra, etcétera”, detalló en su respuesta.
En Enarsa indicaron que se han puesto todos los contratos sobre la mesa y que varios directores han pedido acceso a los “entregables”, algo así como la contraprestación. De acuerdo con los datos que se compilaron, la empresa pública tiene 22 convenios con universidades. “Hay más –confirmaron en la compañía–. Todos menos uno, que fue por compulsa de precios, fueron contrataciones directas”.
Discrecionalidad
En la empresa también constan varios contratos para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Por caso, Económicas de la UBA fue elegida para la “elaboración de los estudios ambientales” del proyecto. Se firmó el 4 de marzo de 2022, por dos meses, y el monto del convenio fue de US$1,6 millones, siempre a valor del dólar oficial.
El sistema se ha consolidado como uno de los principales modos de financiar a las jerarquías de las universidades. El motivo es simple: una vez que se firma un contrato, son las autoridades de las casas de estudios las que deciden quiénes van a trabajar en el proyecto. Esta discrecionalidad y la contratación directa, además de la dificultad para auditar, han terminado por generar un régimen en el que se juegan millones de fondos públicos.
El ranking de las universidades más contratadas lo encabeza la UBA, que, con 344 convenios en la suma de todas sus facultades, es la que tiene más lazos con el Estado. Si se mira en detalle, aparece la Facultad de Ciencias Económicas como la líder, con 131. Le sigue la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que agrupa a todas las regionales y firman cada una por su cuenta, con 198 acuerdos. El podio lo completa la Universidad de San Martín (Unsam), con 173 convenios.
Los objetos de los acuerdos son variados, desde académicos o científicos a comerciales. Por ejemplo, el 5 de agosto del año pasado la Unsam fue contratada para brindar prestaciones de call center en la empresa Nación Servicios por US$3,3 millones, durante un año. Fue la continuación de otro convenio que se había realizado también por 12 meses a cambio de US$2,2 millones.
La Operadora Ferroviaria, una empresa que en julio de 2022 contaba con 24.173 empleados, parece no haber tenido ni uno solo para desarrollar un centro de atención al usuario. Contrató los servicios de la Unsam y, por seis meses, pagó US$663.652. Como no se llegó a tiempo, hubo una prórroga por tres meses (US$337.792,59) y luego otra más por otro trimestre, por US$183.070. Pero tampoco se terminó la consultoría y hubo otra prórroga por un mes, por US$79.499. Pero se agregó otra (US$67.603) y después dos más por el mismo monto. En total, fueron US$1,466 millones para idear un centro de atención.
El segundo contrato más alto es un acuerdo del Ministerio de Educación (ahora secretaría) con la Universidad de José C. Paz. Se trata de un aporte para la puesta en marcha de la carrera de Medicina por US$9,5 millones. Le sigue otro millonario: Nación Servicios contrató a la Universidad de La Matanza por US$5,93 millones para atender el call center de la entidad. Paga un millón de dólares cada 30 días.
Explorar la base de datos es encontrarse con decenas de sorpresas. BICE Fideicomisos, una firma pública que estuvo manejada por La Cámpora durante la anterior gestión, es una verdadera máquina de contratar: alrededor de 66 acuerdos por el concepto “auditoría de obra” fueron suscriptos por la entidad con distintas universidades. También es posible identificar, por ejemplo, 10 cursos de “cuidadores o cuidadoras de adultos mayores” por $11 millones, en 2023, firmados entre el PAMI y la Universidad de José C. Paz.
El PAMI también firmó el 4 de julio de 2023 un contrato con la UBA por dos años, a cambio de $8 millones por mes, “por la confección de la totalidad de los perfiles de los postulantes a prestar servicio”, con el agregado de $15.000 por aspirante preseleccionado. Se calculan 400 interesados por mes y la suma de otros $15.000 por aspirante entrevistado y evaluado, que puede haber hasta 400.
La Biblioteca Nacional no parece dispuesta a realizar la digitalización de libros. Para eso contrató a la Universidad de La Matanza en abril pasado a cambio de US$1,66 millones.
El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) delegó en la UTN la evaluación y el diseño de proyectos de preinversión a cambio de unos US$900.000. El Ministerio del Interior, también con la UTN, entregó un contrato el 29 de junio de 2023 por un servicio de consultoría referido a “un plan integral de seguridad de la información” y la implementación “de un plan de sistema de control de accesos”, por US$901.234.
El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) también confió en la UTN y la contrató el 10 de mayo de 2023. “Diseño y desarrollo de plataforma educativa; la grabación, producción y edición de videos; la confección de un plan de capacitación integral y la efectiva capacitación por parte de la UTN para la formación y profesionalización de los agentes del Orsna”, figura en la descripción de los servicios. El costo fue de US$772.719. se la nacion comunicó con cuatro delegaciones de la UTN, pero ninguna detalló los alcances de los servicios.
Una de las universidades que más llaman la atención por la cantidad de convenios es la Arturo Jauretche, una casa de estudios ubicada en Florencio Varela. La entidad, que se creó en 2010, tuvo entre sus principales impulsores a Carlos Kunkel, un dirigente peronista con fuerte ligazón al kirchnerismo. Por caso, el PAMI la contrató el 17 de julio del año pasado por dos años con renovación automática. ¿El fin? “Constituir un observatorio que tendrá como objetivos fundamentales evaluar el impacto de las políticas de salud implementadas por el instituto y hacer un estado de situación de los derechos humanos de los adultos mayores”. Más allá de que con mirar las noticias es posible entender la situación de los jubilados, el PAMI prefirió pagar US$711.122 para enterarse de una de las problemáticas más claras de la Argentina.
Entre los contratos se destaca también uno de julio de 2022, por US$676.296, con la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda para “relevar la evolución de la ejecución del Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares” e informar “las necesidades de unidades gubernamentales en términos de capacidades técnicas, administrativas y sociales para la conformación, progreso y ejecución de sus proyectos”, entre otros ítems.
Prestaciones claras y no tanto
Se podrían listar miles de casos, muchos de ellos con prestaciones claras; otras, difíciles de explicar. Pero más allá de justos y pecadores, lo que queda en evidencia es la falta de recursos en empresas, organismos o el propio Estado al punto de que es necesario contratar y contratar. O quizás en esa firma se esconda algún negocio maravilloso para unos y para otros. Todo se contrata.
Un par de ejemplos más. Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) contrató en junio de 2023, en plena gestión de Malena Galmarini, por US$424.525, a la Universidad de San Martín para relevar el “cumplimiento de obligaciones laborales” y llevar adelante el“control de re determinaciones definitiva s de precios ”. La Casa de Moneda también aparece en los listados. Para su proyecto llamado “Fortalecimiento Institucional Imprenta” le pagó US$610.810,81 a la UTN.
Pero, tal vez, todo queda pequeño frente a la contratación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA por parte de la Administración General de Puertos. “Confección de un informe integral de cierre para exponer el estado de situación, desempeño y resultados alcanzados”, dice el convenio al que accedió
Es decir, contrató a una universidad para que le indique cómo había sido su propia gestión. Faltaban 19 días para el cambio de administración. Entonces, la AGP hizo una contratación directa por US$360.589, o lo que era lo mismo en ese momento, $134,5 millones.
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Un faro cultural: cien años de la Biblioteca Argentina para Ciegos
La institución hizo historia con la primera imprenta en braille del país; acaba de celebrar su centenario.
Es una monumental “caja de Pandora”. O tal vez sea más conveniente quitar el Pandora de la caja que el Gobierno puso bajo la lupa en su disputa con las universidades. Incluye, al menos, 2566 convenios firmados por alguna agencia, dependencia o empresa pública con una o varias casas de estudios. Auditorías, servicios de call center, investigación de mercado, controles de precios, pasantías, publicación de libros y, por supuesto, muchos que tienen que ver con apoyos técnicos.
Este enorme sistema de contratación nació, y en gran parte funciona, como un aporte genuino de las universidades al Estado. Pero, con el tiempo, la facilidad de procesos y la imposibilidad de controlar a las casas de estudios por la autonomía que esgrimen terminaron por generar una fiesta de servicios que se canalizan por esa autovía. Como sucedió con otras banderas, sobre todo los cuatro gobiernos kirchneristas prostituyeron un sistema de contratación que no se audita y del que apenas se ve una parte.
listó 2500 convenios que, la nacion al menos, estuvieron vigentes en los últimos dos años y que eran parte del gasto público cuando Javier Milei se hizo cargo del gobierno. De hecho, un detalle de esos acuerdos ya está en manos de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
El asunto ha pegado fuerte en el seno de las universidades. Sucede que estos miles de millones de pesos y de dólares –porque hay varios firmados en moneda extranjera– no forman parte del financiamiento de las universidades que está en discusión. De hecho, no se computan en esas partidas que viajan del Ministerio de Capital Humano a las cuentas bancarias de las entidades. Se trata de negociaciones de las universidades con diversas entidades o empresas del Estado que no pasan por la Secretaría de Educación más que para un visto legal, y que nadie audita.
Por ejemplo, las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic –que se construyen en la cuenca del río Santa Cruz– representan el proyecto de obra pública más importante que tiene la Argentina. Miles de millones de dólares financian el plan, que depende de Enarsa. Justamente, esta empresa pública tiene decenas de contratos con universidades y es la titular del de mayor monto.
La investigación de relevó la nacion los años 2022 y 2023. En el primero, Enarsa firmó una prórroga del “Convenio para la inspección de los aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic”, que le había entregado por contratación directa a la Universidad de La Plata, puntualmente a la Fundación de la Facultad de Ingeniería, en 2015. El monto fue de US$2.383.498 por seis meses, a razón de US$397.249 mensuales, según el tipo de cambio de aquel momento, método que se utilizó para hacer comparables las cifras después de más de dos años, con la inflación correspondiente.
Cuando venció la prórroga, se firmó otro convenio hasta 2028. Fue de $7557 millones, que, siempre de acuerdo con la cotización del Banco Central de ese momento, significaban una suma de US$58,13 millones por año. Milei asumió con el contrato vigente y cada año le tiene que pagar a esta institución alrededor de US$10 millones.
En las centrales del sur también tuvo lo suyo la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Desde 2018, la institución asesora para la “validación de ingresos y egresos operativos y costos de financiamiento relacionados con cada período mensual”. El último contrato se firmó el 21 de julio de 2023, por dos meses, y tuvo un costo de 925.000 dólares.
Este cronista llamó a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de La Plata y envió un correo electrónico para conocer detalles del servicio.
“La UNLP ha apoyado técnicamente al comitente desde 2014 y desarrolla las tareas de inspección del contrato desde el acta de inicio de obra en febrero de 2015. La inspección integral de una obra de estas características requiere de un grupo de personas con especializaciones técnicas en disciplinas variadas y con una presencia permanente en el seguimiento de la obra que se ejecuta, tanto en los emplazamientos como en el seguimiento constructivo de los suministros hidroelectromecánicos de origen chino”, consignó Marcos Actis, presidente de la fundación y decano de la Facultad de Ingeniería.
“La inspección de obra a cargo de la UNLP es realizada por un equipo de 100 personas, compuesto por ingenieros/as, técnicos/as y administrativos/as, 60 de las cuales están destacadas en las obras dando seguimiento técnico a la construcción, calidad, higiene y seguridad laboral y ambiente, y unas 40 personas que se ocupan de la administración contractual, la calificación de ingeniería, certificación de obra, etcétera”, detalló en su respuesta.
En Enarsa indicaron que se han puesto todos los contratos sobre la mesa y que varios directores han pedido acceso a los “entregables”, algo así como la contraprestación. De acuerdo con los datos que se compilaron, la empresa pública tiene 22 convenios con universidades. “Hay más –confirmaron en la compañía–. Todos menos uno, que fue por compulsa de precios, fueron contrataciones directas”.
Discrecionalidad
En la empresa también constan varios contratos para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Por caso, Económicas de la UBA fue elegida para la “elaboración de los estudios ambientales” del proyecto. Se firmó el 4 de marzo de 2022, por dos meses, y el monto del convenio fue de US$1,6 millones, siempre a valor del dólar oficial.
El sistema se ha consolidado como uno de los principales modos de financiar a las jerarquías de las universidades. El motivo es simple: una vez que se firma un contrato, son las autoridades de las casas de estudios las que deciden quiénes van a trabajar en el proyecto. Esta discrecionalidad y la contratación directa, además de la dificultad para auditar, han terminado por generar un régimen en el que se juegan millones de fondos públicos.
El ranking de las universidades más contratadas lo encabeza la UBA, que, con 344 convenios en la suma de todas sus facultades, es la que tiene más lazos con el Estado. Si se mira en detalle, aparece la Facultad de Ciencias Económicas como la líder, con 131. Le sigue la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que agrupa a todas las regionales y firman cada una por su cuenta, con 198 acuerdos. El podio lo completa la Universidad de San Martín (Unsam), con 173 convenios.
Los objetos de los acuerdos son variados, desde académicos o científicos a comerciales. Por ejemplo, el 5 de agosto del año pasado la Unsam fue contratada para brindar prestaciones de call center en la empresa Nación Servicios por US$3,3 millones, durante un año. Fue la continuación de otro convenio que se había realizado también por 12 meses a cambio de US$2,2 millones.
La Operadora Ferroviaria, una empresa que en julio de 2022 contaba con 24.173 empleados, parece no haber tenido ni uno solo para desarrollar un centro de atención al usuario. Contrató los servicios de la Unsam y, por seis meses, pagó US$663.652. Como no se llegó a tiempo, hubo una prórroga por tres meses (US$337.792,59) y luego otra más por otro trimestre, por US$183.070. Pero tampoco se terminó la consultoría y hubo otra prórroga por un mes, por US$79.499. Pero se agregó otra (US$67.603) y después dos más por el mismo monto. En total, fueron US$1,466 millones para idear un centro de atención.
El segundo contrato más alto es un acuerdo del Ministerio de Educación (ahora secretaría) con la Universidad de José C. Paz. Se trata de un aporte para la puesta en marcha de la carrera de Medicina por US$9,5 millones. Le sigue otro millonario: Nación Servicios contrató a la Universidad de La Matanza por US$5,93 millones para atender el call center de la entidad. Paga un millón de dólares cada 30 días.
Explorar la base de datos es encontrarse con decenas de sorpresas. BICE Fideicomisos, una firma pública que estuvo manejada por La Cámpora durante la anterior gestión, es una verdadera máquina de contratar: alrededor de 66 acuerdos por el concepto “auditoría de obra” fueron suscriptos por la entidad con distintas universidades. También es posible identificar, por ejemplo, 10 cursos de “cuidadores o cuidadoras de adultos mayores” por $11 millones, en 2023, firmados entre el PAMI y la Universidad de José C. Paz.
El PAMI también firmó el 4 de julio de 2023 un contrato con la UBA por dos años, a cambio de $8 millones por mes, “por la confección de la totalidad de los perfiles de los postulantes a prestar servicio”, con el agregado de $15.000 por aspirante preseleccionado. Se calculan 400 interesados por mes y la suma de otros $15.000 por aspirante entrevistado y evaluado, que puede haber hasta 400.
La Biblioteca Nacional no parece dispuesta a realizar la digitalización de libros. Para eso contrató a la Universidad de La Matanza en abril pasado a cambio de US$1,66 millones.
El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) delegó en la UTN la evaluación y el diseño de proyectos de preinversión a cambio de unos US$900.000. El Ministerio del Interior, también con la UTN, entregó un contrato el 29 de junio de 2023 por un servicio de consultoría referido a “un plan integral de seguridad de la información” y la implementación “de un plan de sistema de control de accesos”, por US$901.234.
El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) también confió en la UTN y la contrató el 10 de mayo de 2023. “Diseño y desarrollo de plataforma educativa; la grabación, producción y edición de videos; la confección de un plan de capacitación integral y la efectiva capacitación por parte de la UTN para la formación y profesionalización de los agentes del Orsna”, figura en la descripción de los servicios. El costo fue de US$772.719. se la nacion comunicó con cuatro delegaciones de la UTN, pero ninguna detalló los alcances de los servicios.
Una de las universidades que más llaman la atención por la cantidad de convenios es la Arturo Jauretche, una casa de estudios ubicada en Florencio Varela. La entidad, que se creó en 2010, tuvo entre sus principales impulsores a Carlos Kunkel, un dirigente peronista con fuerte ligazón al kirchnerismo. Por caso, el PAMI la contrató el 17 de julio del año pasado por dos años con renovación automática. ¿El fin? “Constituir un observatorio que tendrá como objetivos fundamentales evaluar el impacto de las políticas de salud implementadas por el instituto y hacer un estado de situación de los derechos humanos de los adultos mayores”. Más allá de que con mirar las noticias es posible entender la situación de los jubilados, el PAMI prefirió pagar US$711.122 para enterarse de una de las problemáticas más claras de la Argentina.
Entre los contratos se destaca también uno de julio de 2022, por US$676.296, con la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda para “relevar la evolución de la ejecución del Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares” e informar “las necesidades de unidades gubernamentales en términos de capacidades técnicas, administrativas y sociales para la conformación, progreso y ejecución de sus proyectos”, entre otros ítems.
Prestaciones claras y no tanto
Se podrían listar miles de casos, muchos de ellos con prestaciones claras; otras, difíciles de explicar. Pero más allá de justos y pecadores, lo que queda en evidencia es la falta de recursos en empresas, organismos o el propio Estado al punto de que es necesario contratar y contratar. O quizás en esa firma se esconda algún negocio maravilloso para unos y para otros. Todo se contrata.
Un par de ejemplos más. Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) contrató en junio de 2023, en plena gestión de Malena Galmarini, por US$424.525, a la Universidad de San Martín para relevar el “cumplimiento de obligaciones laborales” y llevar adelante el“control de re determinaciones definitiva s de precios ”. La Casa de Moneda también aparece en los listados. Para su proyecto llamado “Fortalecimiento Institucional Imprenta” le pagó US$610.810,81 a la UTN.
Pero, tal vez, todo queda pequeño frente a la contratación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA por parte de la Administración General de Puertos. “Confección de un informe integral de cierre para exponer el estado de situación, desempeño y resultados alcanzados”, dice el convenio al que accedió
Es decir, contrató a una universidad para que le indique cómo había sido su propia gestión. Faltaban 19 días para el cambio de administración. Entonces, la AGP hizo una contratación directa por US$360.589, o lo que era lo mismo en ese momento, $134,5 millones.
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Un faro cultural: cien años de la Biblioteca Argentina para Ciegos
La institución hizo historia con la primera imprenta en braille del país; acaba de celebrar su centenario.
Daniel Gigena
En la entidad se dan cursos de lectura y escritura en braille
“Ayuda a todo ciego en toda forma” es el lema de la Biblioteca Argentina para Ciegos (BAC, Pasaje Lezica 3909), institución que hace pocas semanas se convirtió en centenaria. Fue fundada el 18 de septiembre de 1924 por el poeta, docente y violinista ciego Julián Baquero (1888-1942), el oftalmólogo Agustín C. Rebuffo (1872-1947), el periodista y escritor Alberto Larrán de Vere (1897-1968) y la profesora de braille María C. Marchi (1883-1973), en la casa del doctor Rebuffo. En 1925, la organización tiflológica se mudó a un local en la calle Pedernera, en el barrio de Flores (y luego a otro, más grande, en la misma calle, antes de instalarse definitivamente en Almagro en 1933). La misión de la entidad era y sigue siendo promover el acceso a la información para las personas con discapacidad visual, a través de servicios y actividades de carácter cultural, educativas y recreativas.
Años antes de la creación de la BAC, en agosto de 1913, se había sancionado la ley 9339, conocida como “ley Agote”, por su mentor, el médico y diputado Luis Agote, que creó la Institución Argentina de Ciegos con el objetivo de “dirigir, orientar y supervisar” la educación, el trabajo y la ayuda social de las personas con discapacidad visual. Agote y el oftalmólogo Pedro Lagleyse ocuparon cargos en la primera comisión rectora del organismo. Fue reemplazada en mayo de 1939 por el Patronato Nacional de Ciegos.
En 1924, llegaron de Alemania las primeras cien pizarras para copia de libros y, al año siguiente, comenzaron las clases de escritura braille a los ciegos internados en establecimientos dependientes de la asistencia pública. La tarea fue iniciada por María C. Marchi en el Hospital Alvear. Dos años después, se adquirió una imprenta de braille importada de Alemania, la primera en el país y en América Latina, para producir libros que se prestaban (y aún se prestan) a todas las provincias; durante el siglo pasado, los libros en braille se despachaban incluso a otros países. Hoy, los libros en braille se prestan gratuitamente a los socios a través de envío postal o se retiran en la sede de la BAC.
En octubre de 1927, se lanzó el primer número de la revista braille Hacia la Luz, la primera de interés general impresa en braille y distribuida en América Latina. En 1968, comenzó a publicarse Burbujas, para el público infantil; en los años noventa, Con Fundamento, con artículos sobre la realidad social, vida cotidiana y actualidad para adolescentes y jóvenes. Esta última publicación dio paso, en los años 2000, a Braille Joven.
Los dos primeros libros en sistema braille llegaron a la Argentina en 1884: un manual de geometría con algunas ilustraciones y otro de lecturas escolares. Los remitió, desde París, Ana M. del Campillo de Perdriel, presidenta de la Sociedad de Beneficencia, con destino a la Casa de Expósitos, donde se albergaba un pequeño número de ciegos. Desde la fundación de la BAC, los libros fueron transcriptos a mano por copistas, en su mayoría mujeres, que donaban su tiempo a tal fin. A partir de la década de 1990 se utilizan impresoras braille.
A principios de 1887 había arribado de España el maestro ciego Juan Lorenzo y González. Su labor fue el primer intento de enseñanza sistemática a las personas ciegas en el país. En 1892, fue reemplazado por otro inmigrante ciego, el napolitano Francisco Gatti, concertista de piano que había arribado a Buenos Aires dos años antes. En 1902, Gatti fundó en la Argentina la escuela que sirvió de base al Instituto Nacional de Ciegos, en seis habitaciones alquiladas en una vieja casona de Independencia al 1800.
La sede actual de la BAC, en el barrio de Almagro, se inauguró en 1933; el lote del terreno, que formaba parte de la “Quinta de Peluffo”, se pudo comprar en 1927 gracias a una colecta entre vecinos. En 2014, el edificio que ocupa fue declarado Patrimonio Urbano por la Legislatura Porteña, por tratarse de una propiedad construida antes de 1941.
Visitaron el ateneo cultural de la BAC, a sala llena, escritores y artistas como Jorge Luis Borges, Martha Argerich, Rafael Alberti, Edmundo Rivero, Carlos Sánchez Viamonte, Nicanor Zabaletta, Wimpi, Ariel Ramírez y Alejandro Dolina.
Actualmente, la entidad tiene alrededor de 250 socios de distintas generaciones, ciegos y videntes, que abonan una cuota de $ 800; además, recibe un subsidio de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y presta servicios de impresión y audiodescripción a terceros. Produce materiales didácticos como pizarras, punzones y cajas aritméticas, y se imprimen libros y revistas, resúmenes bancarios, facturas de servicios, folletos, menús de restaurantes, calendarios, señalética y programas de mano en braille. Cuenta con una plataforma de préstamo de audiolibros desde la página web.
Una comisión directiva ad honorem, integrada por doce miembros elegidos periódicamente en asamblea de socios, dirige la entidad. El presidente de la comisión directiva es el abogado Miguel Hernán Pereira y el vicepresidente, que está por graduarse de licenciado en Letras, Carlos García. Este año, la BAC recuperó su brío después del letargo impuesto por las restricciones sanitarias que trajo la pandemia
Recientemente, fue una de las “invitadas especiales” de la decimoséptima edición de la Feria del Libro Antiguo, en el Palacio Libertad. Para la ocasión, se llevaron libros en audio y en braille hechos en la entidad, entre otros, un ejemplar de Martín Fierro, de José Hernández, y un ejemplar extraordinario de Fervor de Buenos Aires, de Jorge Luis Borges.
¿Qué tiene la biblioteca, Carlitos?
“Concurro desde 1965, cuando empecé el secundario –dice Carlos Cabrera, integrante de la comisión directiva–. Fue mi fuente de recursos para tener los libros de estudio de las materias del secundario. Si no estaban en braille, me los grababan muy gentilmente; siempre la institución se encargó de que tuviera el material. Después aparecieron las grabadoras y reproductoras de casetes, pero antes los grababan en cintas. La BAC es una de las cosas más importantes que me ocurrió en la vida. Mi madre me sabía decir: ‘¿Qué tiene esa biblioteca, Carlitos, que nunca te veo en casa?’. Porque yo vivía en la BAC. Amo la institución y realmente creo que es un orgullo nacional, porque en 1924 creo que no había una igual ni siquiera en Estados Unidos”.
Para Cabrera, se fueron cumpliendo los objetivos de la BAC desde el primer día. “Acercar la cultura y la información a quienes estamos privados de la vista –dice–. En 2005, los socios me distinguieron como presidente para conducir esta gloriosa entidad. Fue un verdadero privilegio y un desafío. Cuando era adolescente, los mayores me decían: ‘No te alejes de la institución, porque tenés que seguir con la obra’. Y así fue”.
En la BAC se brindan clases de yoga, talleres de lectura, coro, tejido, teatro, cursos de idiomas y braille (en seis clases se aprende lo básico); algunos son presenciales y otros, virtuales. También ofrece un servicio de apoyo educativo, diseñado para complementar las actividades realizadas por las escuelas de educación especial de la ciudad de Buenos Aires. Todos los sábados, a las 18, hay conciertos de música, con entrada libre y gratuita, coordinados por la reconocida pianista y compositora Cecilia Fiorentino.
“Desde muy chica soy usuaria de la biblioteca –cuenta Andrea Grassia a Ahora, a los 38 años, integro la comisión directiva. Siento un orgullo enorme porque esta institución, que comenzó en una época en que el acceso a la información de las personas ciegas era muy restringido, haya llegado a los cien años. Es realmente un hito. Ha transitado y sigue transitando muchos desafíos, en especial económicos; se fue adaptando a los nuevos tiempos y se fue reconvirtiendo con el acceso a las nuevas tecnologías a través de programas lectores de pantallas tanto en computadoras como en celulares y tablets, lo que permite que los libros puedan circular en otros formatos”.
Grassia destaca que la BAC es un lugar de pertenencia para las personas ciegas de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. “La importancia que tuvo en mi vida para afianzar la autonomía en la vida cotidiana y social fue enorme –concluye–. Por ejemplo, gracias al grupo de jóvenes en el que participaba, pude perder el miedo a viajar sola en colectivo. Me da mucha alegría que les sirva a otras personas en la actualidad”.
Trabajan cinco personas, ciegas y videntes; la bibliotecaria de los libros impresos es Inés Griro y el de los audiolibros, Fabián Sagripanti. En noviembre, se realizará una pequeña feria de libros accesibles e inclusivos en la BAC.
La biblioteca está inscripta en la Conabip y afiliada a la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, la Unión Latinoamericana de Ciegos y la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas. Si bien desde la entidad no salen a buscar donaciones de empresas privadas, estas son bienvenidas. El acceso a la cultura y la igualdad de oportunidades es un derecho que siempre hay que reivindicar y apoyar
“Ayuda a todo ciego en toda forma” es el lema de la Biblioteca Argentina para Ciegos (BAC, Pasaje Lezica 3909), institución que hace pocas semanas se convirtió en centenaria. Fue fundada el 18 de septiembre de 1924 por el poeta, docente y violinista ciego Julián Baquero (1888-1942), el oftalmólogo Agustín C. Rebuffo (1872-1947), el periodista y escritor Alberto Larrán de Vere (1897-1968) y la profesora de braille María C. Marchi (1883-1973), en la casa del doctor Rebuffo. En 1925, la organización tiflológica se mudó a un local en la calle Pedernera, en el barrio de Flores (y luego a otro, más grande, en la misma calle, antes de instalarse definitivamente en Almagro en 1933). La misión de la entidad era y sigue siendo promover el acceso a la información para las personas con discapacidad visual, a través de servicios y actividades de carácter cultural, educativas y recreativas.
Años antes de la creación de la BAC, en agosto de 1913, se había sancionado la ley 9339, conocida como “ley Agote”, por su mentor, el médico y diputado Luis Agote, que creó la Institución Argentina de Ciegos con el objetivo de “dirigir, orientar y supervisar” la educación, el trabajo y la ayuda social de las personas con discapacidad visual. Agote y el oftalmólogo Pedro Lagleyse ocuparon cargos en la primera comisión rectora del organismo. Fue reemplazada en mayo de 1939 por el Patronato Nacional de Ciegos.
En 1924, llegaron de Alemania las primeras cien pizarras para copia de libros y, al año siguiente, comenzaron las clases de escritura braille a los ciegos internados en establecimientos dependientes de la asistencia pública. La tarea fue iniciada por María C. Marchi en el Hospital Alvear. Dos años después, se adquirió una imprenta de braille importada de Alemania, la primera en el país y en América Latina, para producir libros que se prestaban (y aún se prestan) a todas las provincias; durante el siglo pasado, los libros en braille se despachaban incluso a otros países. Hoy, los libros en braille se prestan gratuitamente a los socios a través de envío postal o se retiran en la sede de la BAC.
En octubre de 1927, se lanzó el primer número de la revista braille Hacia la Luz, la primera de interés general impresa en braille y distribuida en América Latina. En 1968, comenzó a publicarse Burbujas, para el público infantil; en los años noventa, Con Fundamento, con artículos sobre la realidad social, vida cotidiana y actualidad para adolescentes y jóvenes. Esta última publicación dio paso, en los años 2000, a Braille Joven.
Los dos primeros libros en sistema braille llegaron a la Argentina en 1884: un manual de geometría con algunas ilustraciones y otro de lecturas escolares. Los remitió, desde París, Ana M. del Campillo de Perdriel, presidenta de la Sociedad de Beneficencia, con destino a la Casa de Expósitos, donde se albergaba un pequeño número de ciegos. Desde la fundación de la BAC, los libros fueron transcriptos a mano por copistas, en su mayoría mujeres, que donaban su tiempo a tal fin. A partir de la década de 1990 se utilizan impresoras braille.
A principios de 1887 había arribado de España el maestro ciego Juan Lorenzo y González. Su labor fue el primer intento de enseñanza sistemática a las personas ciegas en el país. En 1892, fue reemplazado por otro inmigrante ciego, el napolitano Francisco Gatti, concertista de piano que había arribado a Buenos Aires dos años antes. En 1902, Gatti fundó en la Argentina la escuela que sirvió de base al Instituto Nacional de Ciegos, en seis habitaciones alquiladas en una vieja casona de Independencia al 1800.
La sede actual de la BAC, en el barrio de Almagro, se inauguró en 1933; el lote del terreno, que formaba parte de la “Quinta de Peluffo”, se pudo comprar en 1927 gracias a una colecta entre vecinos. En 2014, el edificio que ocupa fue declarado Patrimonio Urbano por la Legislatura Porteña, por tratarse de una propiedad construida antes de 1941.
Visitaron el ateneo cultural de la BAC, a sala llena, escritores y artistas como Jorge Luis Borges, Martha Argerich, Rafael Alberti, Edmundo Rivero, Carlos Sánchez Viamonte, Nicanor Zabaletta, Wimpi, Ariel Ramírez y Alejandro Dolina.
Actualmente, la entidad tiene alrededor de 250 socios de distintas generaciones, ciegos y videntes, que abonan una cuota de $ 800; además, recibe un subsidio de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y presta servicios de impresión y audiodescripción a terceros. Produce materiales didácticos como pizarras, punzones y cajas aritméticas, y se imprimen libros y revistas, resúmenes bancarios, facturas de servicios, folletos, menús de restaurantes, calendarios, señalética y programas de mano en braille. Cuenta con una plataforma de préstamo de audiolibros desde la página web.
Una comisión directiva ad honorem, integrada por doce miembros elegidos periódicamente en asamblea de socios, dirige la entidad. El presidente de la comisión directiva es el abogado Miguel Hernán Pereira y el vicepresidente, que está por graduarse de licenciado en Letras, Carlos García. Este año, la BAC recuperó su brío después del letargo impuesto por las restricciones sanitarias que trajo la pandemia
Recientemente, fue una de las “invitadas especiales” de la decimoséptima edición de la Feria del Libro Antiguo, en el Palacio Libertad. Para la ocasión, se llevaron libros en audio y en braille hechos en la entidad, entre otros, un ejemplar de Martín Fierro, de José Hernández, y un ejemplar extraordinario de Fervor de Buenos Aires, de Jorge Luis Borges.
¿Qué tiene la biblioteca, Carlitos?
“Concurro desde 1965, cuando empecé el secundario –dice Carlos Cabrera, integrante de la comisión directiva–. Fue mi fuente de recursos para tener los libros de estudio de las materias del secundario. Si no estaban en braille, me los grababan muy gentilmente; siempre la institución se encargó de que tuviera el material. Después aparecieron las grabadoras y reproductoras de casetes, pero antes los grababan en cintas. La BAC es una de las cosas más importantes que me ocurrió en la vida. Mi madre me sabía decir: ‘¿Qué tiene esa biblioteca, Carlitos, que nunca te veo en casa?’. Porque yo vivía en la BAC. Amo la institución y realmente creo que es un orgullo nacional, porque en 1924 creo que no había una igual ni siquiera en Estados Unidos”.
Para Cabrera, se fueron cumpliendo los objetivos de la BAC desde el primer día. “Acercar la cultura y la información a quienes estamos privados de la vista –dice–. En 2005, los socios me distinguieron como presidente para conducir esta gloriosa entidad. Fue un verdadero privilegio y un desafío. Cuando era adolescente, los mayores me decían: ‘No te alejes de la institución, porque tenés que seguir con la obra’. Y así fue”.
En la BAC se brindan clases de yoga, talleres de lectura, coro, tejido, teatro, cursos de idiomas y braille (en seis clases se aprende lo básico); algunos son presenciales y otros, virtuales. También ofrece un servicio de apoyo educativo, diseñado para complementar las actividades realizadas por las escuelas de educación especial de la ciudad de Buenos Aires. Todos los sábados, a las 18, hay conciertos de música, con entrada libre y gratuita, coordinados por la reconocida pianista y compositora Cecilia Fiorentino.
“Desde muy chica soy usuaria de la biblioteca –cuenta Andrea Grassia a Ahora, a los 38 años, integro la comisión directiva. Siento un orgullo enorme porque esta institución, que comenzó en una época en que el acceso a la información de las personas ciegas era muy restringido, haya llegado a los cien años. Es realmente un hito. Ha transitado y sigue transitando muchos desafíos, en especial económicos; se fue adaptando a los nuevos tiempos y se fue reconvirtiendo con el acceso a las nuevas tecnologías a través de programas lectores de pantallas tanto en computadoras como en celulares y tablets, lo que permite que los libros puedan circular en otros formatos”.
Grassia destaca que la BAC es un lugar de pertenencia para las personas ciegas de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. “La importancia que tuvo en mi vida para afianzar la autonomía en la vida cotidiana y social fue enorme –concluye–. Por ejemplo, gracias al grupo de jóvenes en el que participaba, pude perder el miedo a viajar sola en colectivo. Me da mucha alegría que les sirva a otras personas en la actualidad”.
Trabajan cinco personas, ciegas y videntes; la bibliotecaria de los libros impresos es Inés Griro y el de los audiolibros, Fabián Sagripanti. En noviembre, se realizará una pequeña feria de libros accesibles e inclusivos en la BAC.
La biblioteca está inscripta en la Conabip y afiliada a la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, la Unión Latinoamericana de Ciegos y la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas. Si bien desde la entidad no salen a buscar donaciones de empresas privadas, estas son bienvenidas. El acceso a la cultura y la igualdad de oportunidades es un derecho que siempre hay que reivindicar y apoyar
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