martes, 29 de octubre de 2024

CARACTERÍSTICAS Y EDITORIAL


La institución presidencial dentro de un régimen republicano
Características. Además del gobierno por decreto y del abuso en la utilización del veto, pareciera que el Presidente quisiera convertir en normalidad la excepcionalidad a la que ha acudido tantas veces en los meses que lleva su gestión
Daniel A. Sabsay


¿ Cuáles son las características que debe reunir la institución presidencial en un sistema republicano? A partir de este planteo podremos observar si el actual presidente, Javier Milei, se acerca a esos estándares o se aleja de ellos. Además del gobierno por decreto y del abuso en la utilización del veto, pareciera que el Presidente quisiera convertir en normalidad la excepcionalidad a la que ha acudido en tantas oportunidades en los meses que lleva de gobierno.
Los decretos de contenido legislativo fueron incorporados al texto de la Constitución nacional (CN) por la reforma de 1994 con la finalidad de evitar su excesivo uso; el expresidente Carlos Menem dictó más de quinientos en sus dos períodos de gobierno. Se trata de tres especies diferentes: los decretos de necesidad y urgencia (DNU), los decretos delegados y los decretos que provienen de la promulgación parcial de una ley que ha sido parcialmente vetada. Éstos están contemplados, respectivamente en los artículos 99, inciso 3; 76 y 80 de la Constitución. En todos los casos el principio general es la prohibición, salvo circunstancias excepcionales. En caso de duda debe estarse por la negativa.
Así las cosas, el presidente Milei hace un uso desmedido de estos decretos, sobre todo de los DNU, valiéndose de las excepciones al principio general que veda su ejercicio. De esta manera sus decisiones, encuadradas en la excepcionalidad, lejos de dar seguridad operan en sentido contrario. El Presidente pareciera desconocer los imperativos constitucionales que se lo impiden.
De esta manera se produce una deformación del sistema republicano de gobierno, que fue definida como “hiperpresidencialismo”, que consiste en una excesiva acumulación de poderes y de prerrogativas en la figura del presidente. A partir del dictado de los tres tipos de decretos de contenido legislativo señalados, el Presidente fue desplazando al Congreso y adquiriendo por sí solo un enorme poder discrecional.
La convención reformadora de 1994 dio cuenta de este fenómeno y, en consecuencia, uno de sus objetivos fundamentales fue “atenuar el presidencialismo”, limitando las facultades del primer mandatario. Fue lo convenido entre los expresidentes Alfonsín y Menem en el Pacto de Olivos, que culminó en la reforma constitucional. Menem, por su parte, lograría la reelección consecutiva. Recordemos que la Constitución, en su texto originario, no permitía la reelección sucesiva, sino que era necesario dejar pasar el tiempo de un período para representarse nuevamente. Los presidentes Roca e Yrigoyen lograron ser reelegidos.
Otro estándar tiene que ver con el comportamiento presidencial, que debe estar despojado de toda descalificación dirigida a quienes no piensan como él. El primer mandatario debe estimular el pensamiento diferente. El liberalismo tiene por principal objetivo la construcción de un gobierno limitado de modo de asegurar a los gobernados el pleno goce y ejercicio de sus derechos. Éstos, a su vez podrán hacer uso de garantías de modo de acudir a la Justicia para que esta haga cesar una situación de limitación, obstrucción o cualquier tipo de entorpecimiento al ejercicio de algún derecho.
Ha sido muy grave la modificación del decreto que reglamenta la ley de acceso a la información pública. Se trata de una forma de censura. Es un acto anticonstitucional y anticonvencional, ya que viola el artículo 32 de la Constitución, y los artículos13 y 14 del Pacto de San José de Costa Rica, que luego de la reforma de 1994 tiene jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 de la Constitución nacional). De esta manera, Javier Milei pone de manifiesto falta de mesura, genera sobresaltos y, lejos de estimular los emprendimientos los paraliza, los congela. Este tipo de actitudes impide el arribo de inversiones. También las dificulta el cambio de decisiones, tanto de fondo como lo que sucede con la permanente remoción de funcionarios. Ha habido casos de personas que luego de ser designadas no han asumido, pues fueron removidas casi inmediatamente después de su nombramiento.
La crítica al pensamiento presidencial no debería llevar a la descalificación de quienes osan hacerla. A diario el Presidente insulta de la manera más grosera y soez. Se expresa a través de palabras descalificatorias, propias del lenguaje de las barras bravas. A aquel periodista que hace una crítica se lo califica de “ensobrado”, y si el crítico es además una persona de cierta edad se lo llama “viejo meado”, entre otros epítetos. También legisladores y respetadas personalidades de la cultura han sido objeto de este tipo de insultos.
Estas actitudes constituyen una clara versión de populismo, en este caso de derecha, de libertarios o de anarcocapitalistas, como los miembros de La Libertad Avanza (LLA), la agrupación del Presidente, se autodenominan. Se trata de construir una “grieta” basada en una antinomia. Se arma una nueva versión de la dupla amigo-enemigo. Es decir, quien no piensa como yo es el antipueblo, pues yo soy el pueblo, el gobernante pueblo.
Se trata de una típica actitud bonapartista, y no nos referimos a Napoleón Bonaparte, sino a su sobrino Luis Bonaparte, quien fundó el tercer imperio. Napoleón III (París, 20 de abril de 1808- Londres, 9 de enero de 1873) fue presidente de Francia de 1848 a 1852 y emperador de los franceses desde 1852 hasta que fue depuesto, en 1870, siendo el último monarca francés. En 1851, Luis Napoleón dio un golpe de Estado, debido a que el período presidencial solo duraba cuatro años. Al año siguiente, en diciembre de 1852, se proclamó oficialmente el Segundo Imperio francés; Luis Napoleón adoptó el nombre Napoleón III. Consideraba que las dos manifestaciones más claras de antipueblo eran el Poder Judicial y la prensa libre, toda vez que algún juez dictase una sentencia que ponía un límite al presidente o cuando un medio de prensa o un periodista emitía críticas a actos presidenciales. Por lo tanto, se los debía limitar, obstruir e incluso perseguir. La expresidente Cristina Kirchner hacía gala de este pensamiento; consideraba que, por lo tanto, estos dos “contrapoderes” debían ser limitados. Curiosamente, el presidente Milei, tan crítico del kirchnerismo, recurre a prácticas que son casi un calco de aquellas.
Quienes han gobernado alejados de los indicadores de mesura a los que venimos haciendo referencia no han logrado buenos resultados. Se ha visto afectada la gobernabilidad como resultado del deterioro del Estado democrático de Derecho; es decir, se le hace un grave daño a la república.
Hacemos votos para que nuestro presidente, que ha obtenido resultados positivos en la macroeconomía, reflexione y, por el bien de su gestión y por sobre todo para el logro de un porvenir venturoso para la Argentina, modifique su conducta. Si así lo hiciera se cumpliría el programa constitucional que asegura el desarrollo en todas las facetas que comprende la vida humana.
El Pacto de Olivos culminó en la reforma constitucional, Menem logró la reelección consecutiva; la Constitución, en su texto originario, no lo permitía
Profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA


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AySA, agua para un solo molino
Bienvenidos los esfuerzos por transparentar lo actuado y castigar a todos los que aún pretenden seguir lucrando con el bolsillo de los argentinos
Como parte del plan motosierra, el Gobierno sigue pasando revista al uso de los recursos del Estado. El listado de compañías cuya privatización se evalúa incluye ocho empresas: una de ellas es Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció gastos innecesarios por 4800 millones de dólares durante la gestión anterior de dicha empresa.
Una irregular compra de vehículos oficiales, realizada en septiembre del año pasado, había sido denunciada entonces por Juntos por el Cambio. Adorni confirmó que se trató de 613 camionetas Renault Kangoo a 42.000 dólares cada una, el triple de su valor real a la fecha de adquisición. Apenas una punta del agua congelada.
En noviembre 2023, la Coalición Cívica denunció a Malena Galmarini, presidenta del directorio de AySA (2019-2023) y esposa del exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa, por irregularidades contractuales en favor de Mauricio Filiberti, dueño de Transclor SA y amigo de su familia, a quien le aseguraron millonarios ingresos designándolo proveedor hasta 2028. Fue acusada por ello de fraude a la administración pública y violación de los deberes de funcionario público. Ella simplemente rechazó las acusaciones, una vez más, denunciando intereses con “fines electoralistas”.
Adorni informó que de los más de 200 millones de dólares destinados a obras un cuarto correspondió a los distritos de Tigre y Malvinas argentinas, drenando fondos para construcciones políticas propias. El financiamiento de actividades deportivas y sociales como el Triatlón Ironman y el Challenger de Tigre también priorizó a municipios afines. Malena Galmarini jugaba con agua, también en el vistoso Carnaval de San Fernando, que junto a otros eventos habría concentrado entre 2022 y 2023 más “gastos innecesarios” por 1,3 millones de dólares.
Respecto de la compra de un edificio en la calle Tucumán que involucró casi 32 millones de dólares, el vocero destacó que se contrataron reparaciones por encima de los 9 millones de dólares, pero la obra nunca se terminó.
La extitular de AySA no pierde oportunidad de criticar al actual presidente. “Yo siempre dije que Olivos te encierra, por eso nunca viviría ahí”, afirmó quien seguramente soñó con una estadía en la quinta que las urnas le negaron, según ella, “por las trampas del balotaje”. No olvidemos el “plan platita” y tantas otras medidas que su proactivo marido llevó adelante –y cuyas consecuencias aún pagamos todos– para catapultarse al poder; empecinado en convencernos de que era “el tipo que necesita la Argentina”, en palabras de su compañera de vida y de fechorías. Lejos de llamarse a silencio y presta para retomar protagonismo, luego del golpe electoral se mostró dispuesta a discutir liderazgos, siendo incluso capaz de reconocer que “la gente se hinchó las pelotas del peronismo”. Para picar en punta, no se privó tampoco de destacar que su marido sacó dos puntos más que Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
Los fuertes lazos que unen a la familia Massa-Galmarini llevaron a Sebastián, hermano de Malena y director del Banco Provincia de Buenos Aires, a atacar al vocero que sinceró que AySA “funcionó como una plataforma de campaña para los funcionarios de turno”. En su descargo describió que se trataría de un “cinismo psiquiátrico”, de “colifas”, pues “algunas (denuncias) ya fueron realizadas y cerradas por inexistencia de delito”. Adorni, por su parte, dejó abierta la puerta: “Todo lo que ocurre con la presunción de corrupción o del mal uso de los fondos públicos que tenga los elementos para judicializarlo se judicializa”.
No terminarán acá las sorpresas al sumergirse en las entrañas de un Estado engordado y destripado por años de malas políticas. Funcionarios y exfuncionarios de dudosa calaña que aún conservan peso e influencia pretenden seguir llevando agua para sus molinos. Bienvenidos los esfuerzos por transparentar lo actuado y castigar a todos los que aún pretenden seguir comiendo del bolsillo de los argentinos. Que el mandato ciudadano se cumpla para que la Justicia haga su trabajo y condene ejemplarmente a quienes corresponda.

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