SOCIEDAD Y EDITORIALES

La trampa de la “justicia emocional” y las sentencias para la tribuna
Parece florecer una tendencia de alto riesgo: se impone una suerte de espíritu vengativo que reivindica algo más parecido al linchamiento que al funcionamiento de un engranaje institucional
Luciano Román
El momento en el que el Senado vota la expulsión de Edgardo KueiderSENADO ARGENTINA
La obscenidad y la indolencia con que muchas veces se ha comportado la dirigencia partidaria engendraron un extendido sentimiento “antipolítica” en buena parte de la sociedad. Es una reacción comprensible, pero a la vez peligrosa, que suele coquetear, además, con inquietantes posiciones antisistema y con una liviana y arbitraria generalización: “son todos iguales”. En ese contexto parece florecer ahora otra tendencia de alto riesgo: la “antijusticia”. Propone una suerte de espíritu vengativo y justiciero, en el que se reivindica algo más parecido al linchamiento que al funcionamiento de un engranaje institucional, siempre más arduo, más lento y más trabajoso.
El clima de hartazgo e impaciencia social se canaliza a través de las redes para crear una atmósfera en la que cualquier procedimiento se confunde con un obstáculo. En la era de la inmediatez, las sentencias tienen que ser instantáneas. El debido proceso no “encaja” con las ansiedades y las expectativas de una sociedad que por momentos parece pedir venganza y justificar las lapidaciones. Se hace, así, una suerte de “justicia emocional”, con veredictos para la tribuna y pronunciamientos exprés.
Puede ser antipático decirlo, pero la resolución del caso Kueider en el Senado va en esa línea. Haberse ceñido al procedimiento resultaba “impopular”: sonaba a blandura, a tibieza y hasta a complicidad. Entonces se lo expulsa sin darle derecho a la defensa y sin esperar al menos el procesamiento judicial. La suspensión y el desafuero no conformaban al “tribunal” de la opinión pública. Las redes pedían más.
Edgardo Kueider al ingresar a la fiscalía en Ciudad del Este
Por supuesto que el sistema debe ser expeditivo en la aplicación de sanciones. Un senador de la Nación que es descubierto in fraganti en un oscuro paso fronterizo con 200.000 dólares que no puede justificar y con excusas que suenan insostenibles no puede conservar su banca, al menos hasta que la Justicia se expida y las cosas queden claras. No hay dudas de que su conducta compromete y avergüenza al Parlamento. Pero ese sistema que se degrada y se deshonra con actitudes y opacidades como las de Kueider debe defenderse con apego a los procedimientos, a las formas y a la rigurosidad de la práctica reglamentaria. Frente a la deshonra, la institución debe exhibir seriedad, razonabilidad y mesura, con una ponderación precisa y justa de los hechos. La suspensión y el desafuero inmediato hubieran sido la respuesta más prudente frente a un estado de evidente sospecha. Pero una mezcla de cinismo, demagogia y oportunismo llevó a una sobreactuación que eludió el debido proceso.
Con pasmosa falta de templanza y de solvencia ética, pero también intelectual, los legisladores suelen votar verdaderos despropósitos si creen que de esa forma halagan al electorado. No importa lo que se debe, sino lo que conviene.
No se trata de Kueider, sino de cómo actúa el sistema cuando se lo pone a prueba. El defensorismo radicalizado que encarnó Eugenio Zaffaroni desvirtuó el concepto de garantismo, apropiándose, como suelen hacer los populismos, de una palabra virtuosa para encubrir extremos y radicalizaciones ideológicas, cuando no intereses, negocios o privilegios. Pero una sociedad que no respeta las garantías se asoma peligrosamente al territorio de la arbitrariedad, el abuso y el primitivismo vengativo. El debido proceso es un derecho de los sospechosos y los imputados, pero sobre todo es un conjunto de reglas inherente a los sistemas democráticos y es, por lo tanto, un bien de toda la sociedad.
Tal vez no sea necesario leer al eximio procesalista italiano Francesco Carnelutti ni estudiar a fondo los códigos rituales, sino volver, simplemente, a aquella premisa básica con la que nos enseñaban en la familia y en la escuela: no hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a vos. Como a nadie le gustaría que le amputaran su derecho a defenderse frente a una acusación o una sospecha, como tampoco que lo expulsaran de su trabajo sin que se sigan los procedimientos correspondientes, no hay que celebrar, sino más bien lamentar, cuando eso le ocurre a otro. Aun cuando creamos, con convicción, que ese otro “lo merece”. Es saludable, desde ya, que “el que las hace las pague”. Pero que las pague como corresponde.
Cuando se apela a una suerte de decisionismo atropellado, se abre, también, una ventana de chapucería institucional que puede ser contraproducente, además de peligrosa. El fin no justifica los medios. Si a los Kueider no se los echa a través de procesos rigurosos e irreprochables, es posible que mañana, cuando la tribuna ya esté mirando para otro lado, haya que indemnizarlos y pagarles como si fueran víctimas en lugar de victimarios.
Es tentador, por supuesto, aplicar sanciones y quitar privilegios de un plumazo. Suele ser redituable, además, en términos de opinión pública. Y en muchos casos puede ser justa la finalidad que se persigue. ¿Quién podría estar en desacuerdo, por ejemplo, con quitarle la exorbitante doble pensión que cobraba una expresidenta que enfrenta una doble condena penal por defraudar al Estado? Pero el bien hay que hacerlo bien. Hacerlo sin orden judicial, sin la aplicación de una vara uniforme y sin el procedimiento adecuado podría ser más rápido, pero también más riesgoso. Lleva a que la decisión sea jurídicamente vulnerable, en lugar de sólida e incuestionable. ¿No nos terminará costando un retroactivo más caro al cabo de varias apelaciones? El Estado argentino sigue pagando fortunas incalculables por decisiones que algún día fueron aplaudidas, pero que después no pasaron el examen de legalidad.
Cuando se habilita el decisionismo exprés se corre, además, el riesgo de que ese mismo plumazo, que hoy se aplica en una dirección, mañana se aplique en la dirección contraria. La Argentina contemporánea nos muestra la volatilidad y la virulencia con la que cambian los vientos de la opinión pública.
Los réditos cortoplacistas que suelen acarrear estas “decisiones populares” pueden generar, al mismo tiempo, costos mayores, aunque menos perceptibles. Los grandes inversores prestan una especial atención a la vigencia y la solidez de los procedimientos en cada país. De eso depende, al fin y al cabo, la seguridad jurídica. Miran, además, los márgenes de ecuanimidad o de arbitrariedad con los que se maneja el poder, porque a nadie se le escapa que el criterio no es parejo para todos, y que, así como a algunos se los tira a la hoguera sin darles siquiera el derecho a defenderse, a otros se les permite no dar explicaciones ni pagar ningún costo, aunque hayan omitido la declaración de fortunas inexplicables ante la Oficina Anticorrupción, como el jefe de la DGI, o estén sospechados en una fenomenal trama de corrupción, como el ministro de Transporte de Kicillof.
El kirchnerismo expulsó a Kueider por "inhabilidad moral", pero con el objetivo de ubicar en esa banca a una senadora de La Cámpora. Al mismo tiempo Kicillof sostiene en la provincia a un ministro sospechado de corrupción
La sociedad afronta un grave peligro cuando el sistema institucional se pliega a la lógica de las redes y actúa en consonancia con los humores cambiantes de la opinión pública. Por supuesto que la política y la Justicia deben sintonizar las demandas éticas y materiales de la sociedad. Un elevado umbral de insatisfacción exacerbó las reacciones antisistema. Son muchos jueces, muchos legisladores y muchos funcionarios los que engendraron, con sus inconductas y sus negligencias, el desprestigio del sistema y la desconfianza en las instituciones. Pero el desafío pasa por una rigurosa y seria autodepuración, no por una ruptura de reglas y procedimientos que rompan el tejido jurídico y habiliten los linchamientos, dispuestos según la conveniencia y la comodidad del poder.
Así como el Estado debe procurar una mayor satisfacción de las demandas sociales, también le toca el rol esencial de velar por las garantías, la institucionalidad y los procedimientos en tiempos en los que esos mismos procedimientos generan desconfianza. De ese delicado equilibrio depende la calidad de la democracia.
La historia argentina registra épocas en las que la opinión pública “habilitó” y convalidó el enfrentamiento desde el Estado de determinadas amenazas y delitos con técnicas y estrategias “heterodoxas”, por fuera del sistema. Los procedimientos de la Justicia parecían insuficientes, débiles, demasiado lentos y engorrosos. No se trata de arriesgar comparaciones que puedan resultar forzadas, pero tal vez valga la pena recodar que los atajos siempre terminaron en tragedia y que los costos han sido tan altos como dolorosos.
Un poster a favor de Luigi Mangione se observa fuera del hotel Hilton Midtown de Nueva York, donde fue el crimen del Ceo de UnitedHealthCare 
Ocurre con frecuencia que una relativa mayoría social pide o justifica la venganza. Vale la pena, como ejemplo, mirar lo que ocurre ahora en los Estados Unidos, donde un crimen en el corazón de Manhattan es percibido por muchos como “un acto de justicia”. El caso de Luigi Mangione expone con crudeza el afán vengativo y justiciero que se potencia, de la mano de las redes sociales, en sociedades occidentales. Muchos lo ven como un “héroe” por haber asesinado a uno de los máximos ejecutivos del sistema de seguros de salud. No creen en el sistema para intervenir frente a eventuales abusos de esas compañías, y la desconfianza llega al extremo de justificar un asesinato a sangre fría. Las encuestas hoy se inclinan a favor de un eslogan que ha ganado las calles: “Liberen a Luigi”. Si el sistema se guiara por las encuestas o buscara sintonizar con el “tribunal de las redes”, la democracia norteamericana retrocedería al tiempo de las cavernas y de la ley de la selva. Ni absoluciones ni condenas por aclamación popular. El procedimiento puede ser lento, trabajoso y aburrido. Pero es lo que asegura, al fin y al cabo, la vigencia y la salud de una sociedad civilizada

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Insfrán: un cacique eternizado
Ante la inminente decisión de la Corte Suprema sobre la reelección indefinida, el gobernador se resiste a soltar el poder que asfixia a los formoseños
El pronunciamiento del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que dictamina la inconstitucionalidad de la reelección indefinida de Gildo Insfrán como gobernador de Formosa es contundente: “Las múltiples reelecciones sucesivas –potencialmente indefinidas– conspiran contra la finalidad propia del Estado de Derecho, pues dado el modo de funcionamiento de nuestras instituciones, la perpetuación en el poder erosiona el principio de separación de poderes”.
Nadie mejor que Insfrán se ha encargado de erosionar hasta los cimientos el sistema institucional de la provincia que maneja con mano de hierro desde hace ya 29 años. Fue reelegido en 2023 por el 70% de los votos y su actual mandato vencerá en 2027, con lo cual sumará 32 años de poder ininterrumpido (serán 40 años si se añaden los dos períodos previos como vicegobernador). Precisamente, el principal argumento de Insfrán es que la ciudadanía de su distrito lo sigue eligiendo y que por eso no merece que le pongan límite alguno. Ya se conocen largamente las razones por las cuales una mayoría cautiva de electores le siguió dando el triunfo: son básicamente ciudadanos rehenes del trabajo estatal, de prebendas y presiones inconfesables por el miedo que les provoca perder lo poco que tienen.
Ese Estado supuestamente “omnipresente”, que lo único que ha perseguido es el beneficio personal de Insfrán, de sus parientes y amigos, se sustenta además sobre reglas de juego electoral que le han facilitado inundar los cuartos oscuros con decenas de boletas colectoras que llevan su imagen, y sobre nefastas prácticas de clientelismo político que se extendieron hasta fuera de las fronteras del país, cooptando ciudadanos extranjeros cuyo voto resultó digitado mediante todas las formas imaginables destinadas a manipular un proceso eleccionario.
Si bien el dictamen de Casal no es vinculante para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya decisión se prevé de forma inminente, representa un antecedente de peso. En un tramo de su escrito, Casal cita al juez de la Corte Carlos Rosenkrantz, que oportunamente sostuvo que tanto quienes fueron parte decisiva de la organización constitucional argentina en su período fundacional como quienes participaron en su reforma más significativa hasta hoy tuvieron una clara preocupación por limitar la concentración del poder y evitar la posibilidad de la perpetuación en su ejercicio mediante reelecciones sucesivas múltiples.
El aberrante caso de la perpetuación de este impresentable caudillo peronista ha sido posible en los hechos por la vaguedad del artículo de la Constitución provincial referido al tema, que establece que el gobernador y el vicegobernador de la provincia duran cuatro años en el ejercicio de sus cargos y “podrán ser reelectos”. Al no especificar un límite de mandatos, la posibilidad de reelección se ha tornado indefinida para ambos cargos. Es precisamente en ese punto en el que Casal basa su dictamen de inconstitucionalidad, pues entiende que, al dejarse abierta la reelección eterna “se aparta de la necesaria periodicidad y renovación del mandato de las autoridades allí previstas, lo que resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 5º de la Constitución nacional”.
En otras oportunidades, la Corte ha decidido en contra de esa vocación de perpetuidad de muchos mandatarios que –más allá de la violación institucional, ya de por sí gravísima– han convertido su propio empleo público en la base de fortunas injustificables. Paralelamente, han sometido a la población a sus caprichos, generando mecanismos tan nefastos como redituables.
La Corte ya limitó, por ejemplo, las ansias reeleccionistas perpetuadoras de gobernadores de Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Río Negro y La Rioja.
De coincidir el más alto tribunal con el dictamen de Casal, sin embargo, es muy probable que Insfrán acometa acciones tendientes a desoírla o busque caminos alternativos que –estima– podrían garantizarle seguir actuando a su gusto y antojo.
Cabe recordar que, previendo esa declaración de inconstitucionalidad, en octubre pasado, logró que la Legislatura de su provincia aprobara una ley para avanzar con una reforma integral de la Constitución formoseña. Sus acólitos en el Poder Legislativo –tan numerosos como los que le rinden cuenta y pleitesía en el Judicial local– no dudaron en sancionar el proyecto del propio gobernador por el que, bajo el lema de “seguir afianzando el sistema representativo, republicano y democrático”, incluye “nuevas regulaciones sobre los derechos políticos a elegir y ser elegidos, incluyendo la incorporación con jerarquía constitucional de la paridad de género para los cargos electivos legislativos, tanto en el orden provincial como municipal, así como en la conformación de los órganos de los partidos políticos”. Si bien ha deslizado Insfrán que su intención es poner límite a las reelecciones en la reforma constitucional, sus opositores sospechan que lo hará partiendo de la base de que se considere como su primer mandato el primero posterior a la sanción de una nueva carta magna. Es decir, pretendería sumar dos más a los ocho que ya lleva al frente de la provincia.
Resulta tan lamentable como preocupante también que la Legislatura santafesina haya aprobado recientemente un proyecto de ley de reforma constitucional, entre cuyos puntos salientes figura la habilitación de un segundo mandato consecutivo para el gobernador provincial. El proyecto, promovido por el actual mandatario, Maximiliano Pullaro (el dirigente radical que le arrebató la provincia al peronismo compitiendo como parte de la versión local de Juntos por el Cambio), plantea la modificación de más de 40 artículos de la carta magna del distrito, entre ellos algunos de singular relevancia, como eliminar las reelecciones indefinidas para todos los cargos, terminar con los fueros de la política y la incorporación de la ficha limpia dándole rango constitucional, pues ese sistema ya rige en la provincia desde 2022. Podría Pullaro inclinarse por el mantenimiento de un solo mandato para gobernador y vicegobernador, pero parece que la tentación es grande para muchos dirigentes. Cuando logran alcanzar el poder, se resisten a soltarlo.

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Maduro: la represión que no cesa
MADRID.– Venezuela afronta días decisivos. La toma de posesión del próximo presidente, prevista para el 10 de enero, será una cita determinante para el futuro del país, pero también para el tablero geopolítico internacional. El poder sigue en disputa casi cinco meses después de las elecciones del 28 de julio. Nicolás Maduro se declaró ganador sin enseñar las pruebas de los resultados, mientras que su principal contrincante en las urnas, Edmundo González, reivindica un triunfo rotundo en virtud de las actas en poder de la oposición, difundidas públicamente. Sin embargo, se trata de un pulso desigual, ya que el chavismo ha hecho de la represión su única respuesta a la crítica política y al malestar de la población. La concesión del Premio Sájarov a González y a María Corina Machado, principal líder opositora, es una muestra del compromiso de la Unión Europea con la causa democrática en Venezuela. La distinción a la libertad de conciencia corre el riesgo, no obstante, de quedarse en una declaración simbólica. El veterano diplomático, que tuvo que exiliarse en España para evitar la persecución, prometió volver a Caracas para la investidura del 10 de enero. Ahora está por ver hasta dónde está dispuesto a llegar Maduro. González y Machado reclamaron a Europa mayor implicación en un proceso de transición en Venezuela. No existe un camino claro, a corto plazo, que deje entrever alguna cesión de poder por parte de Maduro o una disposición sincera al diálogo. El sistema judicial y carcelario sigue al servicio de la persecución política. Las autoridades tienen la obligación de liberar a los presos de conciencia, como también piden las Naciones Unidas, y abandonar de inmediato la represión.

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