EDITORIALES,

El costo social de la impunidad
Cuando los tribunales pierden independencia, el andamiaje constitucional se desmorona, se bombardea la confianza y se hipoteca el futuro
Confianza (en chino)
No se trata solo de la pandemia, sino también de la impunidad. La economía hace agua por los cuatro costados; no solo está perforada por un virus infeccioso de rápida transmisión, sino por uno aún más letal, el virus de la impunidad.
La vacuna y piedra fundamental de la prosperidad colectiva son las instituciones. Las buenas instituciones. Las que incentivan el trabajo, el respeto por el prójimo, el cuidado por los bienes comunes, a honrar la palabra empeñada, a preservar el capital social, a educar a los hijos y velar por los adultos mayores.
¿Cuáles son las instituciones que fertilizan la prosperidad colectiva? Se encuentran en la constitución nacional y, en su conjunto, configuran el Estado de Derecho. Los habitantes no están regidos por la voluntad del gobernante de turno, sino por las leyes, aplicables a todos por igual. Son las libertades personales, como la de ejercer cualquier comercio o industria lícita; asociarse con fines útiles; entrar, salir y transitar por el territorio nacional, y publicar ideas por la prensa sin censura previa. Y el derecho de propiedad, no como garantía estática para convalidar privilegios del pasado, sino como el motor indispensable para impulsar las inversiones a riesgo, la apertura de nuevas empresas, la creación de empleo y los mil frutos de la creatividad humana.
De la constitución nacional también surgen los principios republicanos: la participación ciudadana, la igualdad ante la ley, la división de poderes, la periodicidad de los mandatos, la responsabilidad de los gobernantes, la publicidad de sus actos.

Cuando las instituciones se subordinan a improcedentes fines desaparece el fundamento básico del desarrollo económico: la seguridad jurídica. Y crece su contracara, el riesgo país. cuando los tribunales pierden independencia, todo el andamiaje constitucional se desmorona. Sus disposiciones se hacen inciertas, las leyes pierden univocidad y el autoritarismo irrumpe y salta el cerco constitucional mediante decretos “urgentes y necesarios”, sin debates ni consensos. La política impone así formatos discrecionales: las normas retroactivas, los impuestos confiscatorios, las exacciones patrimoniales, la interferencia en los contratos. En definitiva, una casuística arbitraria bajo el falso rótulo argumentativo del orden público, del interés general o de la emergencia social.

Todo ello incide sobre el orden económico, el empleo en blanco y los niveles de pobreza; sobre la vida diaria de todos los ciudadanos. adiós derechos adquiridos, soberanía de la voluntad personal, respeto por lo pactado. adiós promesas de estabilidad fiscal, de exenciones temporales, de reintegros impositivos, de importaciones liberadas, garantías de repatriación o giros de dividendos. adiós proyectos de largo plazo, Vaca Muerta, energías renovables, explotaciones mineras, marcos regulatorios, inversiones a riesgo, concesiones de obras y servicios. adiós derechos sociales pues, sin prosperidad, estos quedan huecos de contenido y carentes de sustento, como lo vemos con la expansión de la informalidad.
En el último aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, el presidente de la nación convocó a la unión de los argentinos. “Tenemos que reconstruir un país que han dejado aniquilado económicamente; han condicionado el futuro de muchas generaciones y han sumido en la pobreza al 40% de los argentinos: lo digo para entender cuáles son los andes que tenemos que cruzar”, afirmó.
Las palabras de Alberto Fernández fueron veraces, pero ambiguas, como es su característica. Los gobiernos precedentes, comenzando por el de Cristina Kirchner, dejaron una dramática herencia, incluido un gasto público desbordado, que su sucesor, Mauricio Macri, no quiso, no pudo o no supo solucionar por el camino gradualista.
Pero eso es pasado. Lo importante es que ahora tenemos que cruzar los andes. Y que lograr esa proeza requiere del buen funcionamiento de las instituciones. Sin ellas no habrá políticas de reactivación ni medidas sectoriales ni esfuerzos crediticios ni obras municipales ni granjas comunitarias que suplan aquella falencia.

a proposición del Poder Ejecutivo, en el Senado de la nación se gestan profundas reformas que afectarán la independencia del Poder Judicial, como si el plan de impunidad impulsado por la vicepresidenta fuese un compartimento estanco, sin incidencia alguna sobre el esfuerzo que la población deberá realizar para cruzar los andes.
No es así. El público en general, los trabajadores, los ahorristas, los inversores, los creadores de empleo, los propietarios de empresas grandes y pequeñas observan con temor las amenazas que se ciernen sobre sus contratos y derechos, ahorros y capitales, a medida que en la argentina se pretende arrasar con las instituciones en forma acelerada.
Poco tiene que ver con la pandemia. Sabemos de países cuyos gobernantes han aprovechado el riesgo sanitario para alterar el funcionamiento del Poder Legislativo, paralizar la marcha de la Justicia y otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo. no conocemos antecedentes de alguno que haya definido, en este contexto sanitario y como primera prioridad, una reforma del Poder Judicial para lograr la impunidad de dignatarios imputados por graves delitos contra el Estado.
El Gobierno acusa de irresponsabilidad a quienes concurren a manifestaciones por el peligro de contagios y niega todos los demás peligros que los mueven. Tampoco menciona que el “cepo a la confianza”, al someter al plan de impunidad todas sus instituciones –el valor de la moneda, el ingreso de capitales, la disponibilidad de divisas, el funcionamiento de las empresas, el resurgimiento del empleo y la eliminación de la pobreza– provocará daños mucho más profundos que las concentraciones e impedirá recuperarla.
Encerrados en despachos burocráticos, los funcionarios carecen de instrumentos para dar vuelta las expectativas y revertir el círculo vicioso. Es decir, carecen de autorización para hacerlo, pues ningún programa que implique poner las cuentas fiscales en orden, revisar el sistema de coparticipación o enfrentar los intereses que obstaculizan la competitividad puede ahora encararse. Hacerlo implicaría quebrar las alianzas que el kirchnerismo ha tejido para lograr la impunidad de la vicepresidenta, sus socios y testaferros.

Por esa razón, la marcha de la economía se encuentra jaqueada por un hecho minúsculo, como la compra mensual limitada a 200 dólares, que podría paralizar el funcionamiento de industrias con insumos importados. El ataque a las instituciones constriñe toda la gestión económica al proverbial juego del gato y el ratón, donde el dólar libre hace bailar a la tasa de interés y a las reservas del Banco central al ritmo de sus vaivenes. no se trata de un problema intrínsecamente técnico que puedan resolver los directores de esa institución, el ministro de Economía o su colega de Producción. como tantas veces ha ocurrido, esas autoridades deben temer por su responsabilidad personal en caso de continuar quemando reservas en el caldero de la incertidumbre.
Tampoco hay margen para pedirle yuanes a china para convertirlos a dólares. no es posible pretender defender la moneda cuando todas las medidas bombardean la confianza. Disponerse a cruzar así los andes suena irrazonable. Reducir una gesta patriótica y libertadora a la mezquina y distractiva voluntad de quienes nos gobiernan es, cuando menos, una burla disparatada. Sin caballos ni víveres, con mal tiempo y dudosos pronósticos, ni el propio general San Martín podría pensar en exponer a sus hombres a una muerte tan segura. Más bien, armaría un plan previo. Simple cuestión de estrategia, si realmente estamos hablando de un futuro de libertad y progreso para todos y no de otro cuento chino.
Las buenas instituciones son las que incentivan el trabajo, el respeto por el prójimo, el cuidado de los bienes comunes, la honra de la palabra empeñada, la preservación del capital social, la educación de los hijos y el cuidado de los adultos mayores
Cuando las instituciones se subordinan a improcedentes fines desaparece el fundamento del desarrollo económico
El Gobierno acusa de irresponsabilidad a quienes concurren a manifestaciones por el peligro de contagios y niega todos los demás peligros que mueven a quienes hacen oír su voz
Sin caballos ni víveres y con dudosos pronósticos, ni el General San Martín podría pensar en exponer a sus hombres a una muerte tan segura