EDITORIALES,

Populismo originario: incendios para la victoria
Las extorsiones y las tomas de tierras no responden a imperativos éticos, sociales o antropológicos, sino a descarnadas tácticas de acumulación de poder

¿ Qué tienen en común un activista mapuche,Pablo Moyano 

y Juan Grabois?

 Además de alterar el orden público, los tres son funcionales al kirchnerismo, que busca en ellos apoyos diversos para su plan de impunidad.
Ya nos hemos referido desde estas columnas a las tomas de tierras en el conurbano bonaerense, alentadas por Grabois. También, a las extorsiones a empresas realizadas por matones de Pablo Moyano. Y, más recientemente, a las intrusiones y los incendios de casas en Villa Mascardi, Río Negro. Estas últimas tienen lugar en un parque nacional, lo que obligaría a intervenir a la Gendarmería. Ya la gobernadora rionegrina lo dejó claro: “No tenemos un problema con las comunidades mapuches, tenemos grupos que son violentos y que, sobre todo, actúan en territorio federal”. Si no es su jurisdicción, la policía rionegrina no actuará.

¿Qué puede esperarse de la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic? Esta funcionaria, tan pronto asumió su cargo, dispuso una investigación disciplinaria interna en la Gendarmería pues, en su opinión, su actuación fue “a todas luces innecesaria y desmedida” en el caso de la muerte de Santiago Maldonado, al señalar que esa fuerza de seguridad “sabía que ese operativo se había desarrollado por fuera de todo protocolo y doctrina de la institución”. Un rebuscado intento de reabrir el caso, ignorando que las consecuencias casuales jamás pueden ser imputadas a los autores de un hecho remoto.
“¿A todas luces?”. Ahora “las luces” surgen de las llamas que iluminan Villa Mascardi cada noche cuando supuestos mapuches incendian viviendas, sin que nadie lo impida.
En 2015, YPF debió paralizar su producción de petróleo y gas de Loma La Lata y Loma Campana ante el accionar de un grupo de mapuches, liderados por el clan Paynemil. Más tarde, Norma Lucero Pichinao, longko o cacique del pueblo Gününa küna, sostiene que, desde hace más de 5000 años, los tehuelches ya ocupaban la zona de Añelo, donde –casual o causalmente– se desarrollan las perforaciones de Vaca Muerta y donde ellos no residen.
Facundo Jones Huala, el ruidoso líder mapuche, ocupó por la fuerza tierras de la familia Benetton en Chubut, ejerciendo actos de violencia en nombre de la Resistencia Ancestral Mapuche. Fue detenido en Esquel y extraditado a Chile en 2017. El Tribunal Oral de Valdivia lo condenó a prisión por incendio, tenencia ilegal de armas y otros delitos cometidos en ese país.
Cerca de Bariloche, en Villa Mascardi, la comunidad Lafken Winkul Mapu ocupó en 2017 lo que considera territorio “sagrado” y desde allí continúa extendiendo su “control territorial”, amedrentando a pobladores con la quema y destrucción de propiedades ante una vergonzosa inacción gubernamental, a pesar de tratarse de un parque nacional.
Cabe preguntarse cómo resolverían esas situaciones los ancestros mapuches de quienes ahora incendian, dañan y usurpan tierras. ¿Tendrían derechos como los reconoce nuestra legislación? ¿Qué hubieran hecho Calfucurá, Pincén, Yanquetruz, Coliqueo o Sayhueque? ¿Hubieran tenido las gentilezas que hoy brindan las instituciones que trajeron los vilipendiados Cristóbal Colón, Juan de Garay y Julio Argentino Roca? ¿Hubieran tolerado “caciques progresistas” que diesen razón a intrusos y pirómanos de pueblos más originarios que ellos?

Es razonable que las culturas del pasado no sean juzgadas con criterios modernos, sino con los parámetros que les eran propios. Sin embargo, ese relativismo tiene un límite. Esa neutralidad ética no puede llegar al extremo de justificar conductas ilegales y contrarias a los valores actuales invocando tradiciones de antaño. Y traiciona quien lo hace, si simultáneamente invoca la protección de los derechos que le reconoce el mismo sistema que violenta.
Sus descendientes tienen derechos y beneficios, fruto de la civilización que denigran. En particular, lo previsto en la Constitución nacional, que desde 1994 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizándoles el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Así como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. No de aquellas que pretenden ocupar por la fuerza.
Los integrantes de esas comunidades son argentinos. Y como tales pueden cobrar la Asignación Universal por Hijo, pensiones por invalidez, por familia numerosa, planes para jóvenes y de inserción laboral. Pueden beneficiarse con programas alimentarios, de salud y de viviendas populares, además de acceder a la educación gratuita, al sistema hospitalario, a las redes eléctricas y al congelamiento de tarifas de sus celulares, entre otros. Si esos derechos carecen de vigencia efectiva, están en pie de igualdad con el resto de los argentinos, diezmados por décadas de populismo, profuso en promesas y difuso en efectividades.
Si no se hubiera consolidado la soberanía territorial argentina, ¿a quién pertenecería la Patagonia? Tierra rica en hidrocarburos, pesca, minerales, bosques, lagos y montañas, sería chilena, británica o, quizás, china. Nunca mapuche.
No existirían YPF, ni Loma La Lata, ni Vaca Muerta, ni petroquímica, ni aluminio, ni electrónicos, ni Río Turbio, ni El Chocón, ni Piedra del Águila. Las Malvinas no serían argentinas. Y tampoco el cerro Catedral, el glaciar Perito Moreno, la ruta 40, los chocolates de Bariloche, los viajes de egresados, las manzanas de Río Negro, las frambuesas de El Bolsón, las tortas galesas, las merluzas de Puerto Madryn, las ballenas de península Valdés, la Cueva de las Manos o el Faro del Fin del Mundo, los 1.461.597 km2 de la Antártida, ni Ushuaia. Sin olvidar El Calafate, donde la progenitora de la cineasta tiene sus hoteles, extrañamente rentables y vacíos de pasajeros.
El kirchnerismo alienta reclamos, movilizaciones, actos violentos y tomas de tierras como parte de la estrategia aprendida de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. No por adherir en forma genuina a ninguna de esas demandas, sino para acrecentar apoyos y consolidar un poder hegemónico.
Como el marxismo ha caído en descrédito luego de la desaparición del comunismo en el mundo, el manual aconseja “construir un pueblo” articulando las demandas de cualquier grupo que tenga un reclamo contra el orden establecido. Pueden ser colectivos pacíficos, con banderas semejantes en todo el mundo, como el feminismo, la comunidad LGTB, los ecologistas o los pañuelos verdes. Y también activistas violentos, que defienden intereses sectoriales –incluso espurios, como el Sindicato de Camioneros–, o los “piqueteros “que movilizan a los sectores más pobres de la sociedad. Y allí está el kirchnerismo, participando de sus movilizaciones, juntando firmas para reclutar ingenuos de cualquier espacio, clan o camarilla. Sumándolos a su campaña para la impunidad de la corrupción.
En la Argentina, no se debe permitir que alguien pueda estar fuera de la ley o que haga justicia por mano propia. Es obvio que la tolerancia con las tomas de tierras en el conurbano, con las extorsiones de Pablo Moyano y con los incendios en Villa Mascardi no responden a imperativos éticos, sociales o antropológicos, sino a tácticas de acumulación de poder, descarnadas y ramplonas, o a posiciones ideológicas.

Pero al hacerlo se van demoliendo las instituciones  y las bases intangibles sobre las cuales se construyó la Nación argentina, su educación común, sus industrias, su mano de obra calificada, sus campos sembrados, su orgullo celeste y blanco. Y hasta los mapuches son utilizados por quienes no lo son como instrumentos de un populismo originario, que ocupa campos e incendia viviendas para la victoria.
En la Argentina no se debe permitir que alguien esté fuera de la ley o que haga justicia por mano propia
El kirchnerismo alienta reclamos y actos violentos no por adherir de manera genuina a ninguna de esas demandas, sino para acrecentar apoyos y consolidar un poder hegemónico