Biden le está ganando a Trump
Andrés Oppenheimer
Si las elecciones de 2024 resultan ser una revancha de las de 2020 entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, algo que la mayoría de los estadounidenses no quisieran, pero que parece cada vez más probable, Biden tiene las mejores posibilidades de ganar. Es cierto que Biden es un pésimo orador, comete errores frecuentes y tendría 82 años en su primer año en el cargo. Pero también es cierto que a Biden le ha ido bastante bien últimamente y que puede estar en una posición aún mejor el próximo año. Se trate de la Bolsa de Wall Street, la innovación tecnológica, la tasa de desempleo, la recuperación pospandemia, la defensa de los derechos civiles, la lucha contra el cambio climático o la política exterior, Estados Unidos está mucho mejor de lo que estaba cuando Trump dejó el cargo.
Cuando Trump dejó la Casa Blanca había amenazado con retirarse de la alianza militar de la OTAN, se abrazaba con el dictador de Rusia, y los lazos entre EE.UU. y Europa estaban en su peor momento. Biden no solo ha reconstruido la alianza atlántica, sino que ha forjado un frente prooccidental mucho más amplio desde la invasión rusa de Ucrania. Además de restablecer las buenas relaciones con Europa, Biden ha logrado agregar a Japón, Suiza, Finlandia, Suecia y varios otros países previamente neutrales o no comprometidos al frente antirruso. Aun Turquía parece estar girando hacia Occidente, tras su solicitud de ingreso a la Unión Europea y su visto bueno a la entrada de Suecia a la OTAN.
Si uno mira el mundo en términos de alianzas, en lugar de países, EE.UU. hoy lidera la alianza más fuerte que ha capitaneado en muchas décadas. Mientras tanto, China y Rusia están sufriendo crecientes problemas económicos de largo plazo. China ha visto caer su economía de tasas anuales del 10% en las últimas décadas a un 5,2% este año, y su población está envejeciendo rápidamente. La economía de Rusia se está pinchando por todos lados después de la desastrosa invasión rusa de Ucrania. El otrora poderoso dictador ruso Vladimir Putin está debilitado por sus derrotas en el campo de batalla y una reciente rebelión de sus propios mercenarios. Es cierto que EE.UU. podría entrar en una recesión pospandemia, pero la mayoría de los economistas coincide en que será más leve de lo que se temía. La inflación está bajando y se pronostica que los aumentos de las tasas de interés caigan a principios del próximo año, reactivando la economía antes de las elecciones de noviembre de 2024.
La revolución tecnológica más importante del mundo, la aparición de ChatGPT y otros chatbots impulsados por inteligencia artificial, está teniendo lugar en EE.UU. El desempleo se mantiene en 3,6%, una de sus tasas más bajas en décadas. El índice Dow Jones de la bolsa estadounidense ha subido un 16% este año, a más de 35.200 mientras escribo estas líneas. Estaba en 30.900 cuando Trump dejó el poder, en 2021. Y, en cuanto al mapa electoral, las gigantescas leyes de infraestructura y cambio climático de Biden están comenzando a producir grandes inversiones privadas en energías limpias y chips de computadoras en Estados bisagra, como Arizona y Georgia. Tan solo Arizona obtendrá $69.000 millones en nuevas inversiones, dice la Casa Blanca. “Biden ha presidido una explosión de la construcción manufacturera, incluso en todos los estados republicanos”, escribió el columnista de The Washington Post Greg Sargent.
Sin duda, la edad de Biden será un tema en 2024. Trump trataría de retratarlo como un anciano senil, pero el problema es que Trump tendría 78 años si resultara elegido. Y los demócratas tendrían muchos videos para tratar de pintar a Trump como un demente, como cuando sugirió inyectar con un desinfectante a los contagiados de Covid-19. Muchos votantes también lo pensarán dos veces antes de votar por Trump, porque sería un presidente parttime: tendría que pasar una buena parte de su tiempo compareciendo ante varios tribunales por las múltiples acusaciones penales en su contra. Según una nueva encuesta de Quinnipiac, Biden le está ganando a Trump por un 49% contra un 45%. Aún pueden pasar muchas cosas, pero, salvo un problema de salud de Biden, no me sorprendería si esa brecha se ampliara aún más a favor del actual presidente.
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La igualdad ante la ley como derecho superior
Alejandro Itzcovich Griot Abogado, exdirector nacional de la PSA
La Corte Suprema de Justicia de EE.UU. declaró, en un reciente fallo, la inconstitucionalidad de la llamada Affirmative Action, conjunto de medidas y políticas sociales implementadas en la década de 1960 (el 6 de marzo de 1961 el presidente Kennedy firmó la executive order No. 10925) destinado a garantizar cupos en materia de educación y empleo, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de raza en dicho país.
Estas medidas garantizan cupos para los distintos grupos raciales, independientemente de cuestiones de mérito, generando lo que se definió como discriminación inversa, en perjuicio de quienes poseían mejores calificaciones o condiciones objetivas para el ingreso a universidades y puestos de trabajo (mayoritariamente blancos y asiáticos), en beneficio de minorías étnicas (afroamericanos, latinos o pueblos originarios).
En las décadas de 1970 y 1980, este grupo de medidas se comenzó a implementar también en materia de género y orientación sexual. Pero la existencia de esta iniciativa nunca fue pacífica, y en dos oportunidades (en 1978, en Grutter vs. Bollinger, y en 2016, en Fisher vs, University of Texas) la Corte de EE.UU. estuvo a un voto de eliminarla.
Este año, la recientemente conformada mayoría conservadora de este cuerpo modificó en dos causas (Universidad de Harvard y Universidad de Carolina del Norte) los criterios centrales sobre los que se implementen medidas sociales, eliminando la Affirmative Action como se la conoce. Este fallo elimina la raza como parámetro central para el otorgamiento de este tipo de beneficios, sosteniendo que deberá ser reemplazado por datos más duros, como el de pobreza, o el índice de desarrollo humano de los individuos que deseen acceder a cupos de empleo o educación.
En 1994, la Constitución nacional de nuestro país fue modificada por la Convención Constituyente que funcionó en la ciudad de Santa Fe introduciendo una cantidad de modificaciones, entre las que se cuenta la incorporada en el artículo 75, inciso 17, que garantiza una serie de derechos especiales a los pueblos indígenas. Esta norma no solo confronta el carácter liberal y republicano de nuestra Constitución, que establece la igualdad ante la ley como derecho superior, independientemente de la raza o la religión.
Por otra parte, la vaguedad en cuanto a la forma de implementación ha dado lugar a una multitud de ocupaciones violentas y reclamos improcedentes que se han colado por las rendijas de esta deficiente matriz de derechos especiales. En este sentido, los argumentos de la segura modide ficación de la Affirmative Action en EE.UU. nos marcan el camino a seguir respecto del artículo 75, inciso 17, en una eventual y necesaria reforma constitucional. Porque no deberían existir derechos constitucionales especiales por raza o religión.
Los problemas de exclusión, vivienda, empleo y educación que sufre gran parte de nuestro pueblo deben ser enfrentados por políticas sociales concretas del Estado nacional, y estas políticas deben ser comunes e iguales para todos los habitantes del país, independientemente de su religión, raza o color. Y la única medida para otorgar más ayuda, de cualquier tipo, a una persona o conjunto de personas debe ser el verdadero estado de necesidad, sobre criterios objetivos. No sobre el color de su piel.
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